La entrada Neuquén: Los productores cierran filas ante una nueva ocupación de un campo por parte de los mapuches se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Diario Río Negro informó en las últimas horas que una comunidad mapuche llamada Fvta Xayen (Paraje Tratayen) tomó posesión de tierras de la zona de Vaca Muerta porque aseguran que les pertenecen. Se trata de un área que se denomina “Los Algarrobos”, que está ubicada a 18 kilómetros de Añelo.
“La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para garantizar el cumplimiento de la Ley. Convalidar desde la política con un silencio los convierte en cómplices de la ilegalidad y desprecio a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”, definió la Federación de Productores de frutas, que reclamó una decidida intervención oficial.
“En este caso se trata de un lote privado, que cuenta con título de propiedad desde 1976, hoy se encuentra inscripta la sucesión. Por los lotes afectados atraviesan gasoductos, por lo que la familia Galván ha cobrado la servidumbre correspondiente, sin oposición de ningún tipo, hasta este momento”, afirmó el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara.
Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, confirmó a Bichos de Campo que las tierras que ahora son reclamadas por la comunidad mapuche pertenecen a una histórica familia de productores de apellido Galván, que tiene los títulos de propiedad desde los años 70. “Esta gente viene como siempre a hablar de las tierras ancestrales y pone esa condición para aprovecharse de las cosas. El Estado y la justicia muchas veces apañan esto y no actúan como deben actuar.”, se lamentó.
Los mapuches acusan al productor Galván, de haber logrado “a través de una relación fraudulenta con los poderes del momento” acreditar su propiedad hasta la orilla del río Neuquén. Desde esa perspectiva, esos títulos incluyeron una serie de islas que se utilizaban para la crianza de ganado por parte de la comunidad.
Informa el Río Negro que “los mapuches denuncian que el privado ingresó por la fuerza a las tierras, usando máquinas que avanzaron sobre sitios de parición, pastoreo y importancia cultural. Señalaron que el lugar es considerado ‘eltuwe’, o sea, cementerio de los antepasados. También resaltaron que en el área se encuentran los pilares, que son restos arqueológicos que fueron resguardados por los mayores de la comunidad”.
Para los productores más formalizados de la región, en cambio, no hay mucho por debatir. “Desde la Federación brindamos nuestro acompañamiento a la Familia productora damnificada y nos manifestamos en alerta ya que estas usurpaciones ponen en vilo a las actividades productivas dejando vulnerable a quienes apostamos y trabajamos en la producción”, se indicó en un comunicado.
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]]>La entrada La usurpación de una chacra en el Alto Valle dejó entrever la triste situación que afrontan las fincas productoras de peras y manzanas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por desgracia esta no es la primera toma que afronta la familia Tarifa, que ya perdió seis hectáreas en un predio adjunto, a manos del mismo grupo de invasores. El lote que ahora está en disputa tiene siete hectáreas y está ocupado por 150 familias, que desde hace tiempo venían presionando a las hermanas, según las denuncias.
“La familia tenía peras y manzanas. La gente de acá les prendió fuego la chacra, les han robado postes y alambres. En este momento tienen plantas chiquitas de manzanas y el resto lo han destinado a maíz y alfalfa”, contó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, a Bichos de Campo. Desde el primer momento, la Federación se psuo al servicio de las damnificadas.
Del conflicto participó incluso la intendenta de Allen, Liliana Martín, quién se reunió con los representantes de la toma para acercarles copias del título de propiedad y de los planos de la Dirección de Catastro, pero éstos se negaron a recibirlos.
En este punto podría pensarse que se trata de una nueva situación provocada por el déficit habitacional del país, aunque Hernández sostiene que el verdadero motivo es otro.
https://twitter.com/FederacionFrut1/status/1435261852238426117
“Se usa la toma de tierras como un medio de venta inmobiliario. Toman los terrenos y luego se los venden a otros. Se ha hecho una costumbre en el período de elecciones porque en estos momentos nadie se atreve a sacarlos por temor a perder votos. La Justicia después no los saca más”, dijo a este medio. Y a continuación agregó que “como Federación defendemos la propiedad privada, más allá de que sea o no productiva, de que la estén o no trabajando; es propiedad privada y se tiene que respetar”.
Es allí donde reside el quid de la cuestión: muchas chacras se han abandonado y muchos frutales se han erradicado debido a la baja sostenida en los rendimientos de la fruta –que es un 20% menor al rendimiento de otros países del hemisferio sur-, acompañada de una baja inversión, lo que genera un círculo vicioso de baja calidad y escaso retorno económico que, finalmente, termina con la salida de las fincas del circuito productivo.
Si entre 2008 y 2010 había entre 8000 y 9000 productores primarios activos en la región, es decir, que vendían su producción a terceros, hoy quedan alrededor de 1200 en todo el Alto Valle. “Los lugares que se toman son lugares elegidos, y mucho tiene que ver con el tema inmobiliario. Acá, en la zona del Alto Valle, supo haber entre 60.000 y 70.000 hectáreas en producción bajo riego. Hoy por hoy no creo que haya más de 30.000. Lo demás se ha abandonado o loteado”, explicó a Bichos de Campo José García, productor y presidente del Consorcio de Riego de General Roca.
El sistema de riego es provincial, aunque se encuentra manejado por un consorcio de productores. Por cada hectárea se paga un canon de riego anual que en promedio está en 5000 pesos. Aquellos lotes que han dejado de producir, han dejado también de pagarle al sistema. Este dato no es menor ya que eso genera un aumento de costos para quienes sí siguen aportando y dependiendo del riego.
“En General Roca, por ejemplo, si la hectárea deja de ser productiva, debe seguir pagando o desempadronarse, es decir, renunciar al sistema de riego de por vida. Eso sale 100 veces el canon de riego, es decir 500.000 pesos; es una traba para evitar que se desempadronen las chacras y se achique aún más la actividad”, indicó García.
Esas tierras, que sí tienen dueño, entran en un estado de abandono ante la baja rentabilidad de la actividad y la migración de los más jóvenes hacia los centros urbanos; las plantaciones quedan así inmersas en un descuido hasta que se pierden. Es en ese contexto es que empieza a jugar la presión del sector inmobiliario.
“La autorización de un loteo la tiene que dar el gobierno provincial. Hay una ley que indica que tienen que tener el libre deuda de la chacra. La mayoría, por no decir todas, habilitan los loteos para hacer barrios privados o casas quinta. Esa gente podría irse más lejos, hacia hectáreas desocupadas junto a las bardas, y es lo que impulsamos, pero no tenemos mucha ayuda del gobierno”, expresó con pesar García.
Y como si esto fuera poco, a la rapiña inmobiliaria hay que sumarle la petrolera, ya que muchos productores recibieron la visita de empresas que buscan explotar el gas y el petróleo que hay debajo de sus pies, para lo que les ofrecen alquilar algunas parcelas. Por esa situación no es extraño ver fincas con peras y manzanas, y una boca de extracción pegada al lote.
Este es parte del contexto que atraviesa a varias localidades del Alto Valle, entre ellas a la ciudad de Allen, que, si bien carga con el título de “Capital Nacional de la Pera”, refleja ahora una falta total de planeamiento territorial y de promoción de la actividad frutícola.
Fotos: Juan Thomes – Diario Río Negro
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]]>La entrada Nuevas apuestas y viejos problemas para el grupo Benetton: Las usurpaciones de campos en el sur congelan una fuerte inversión en la industria forestal se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La fragilidad social, económica y política de la Argentina se empecina en mostrar siempre la hilacha, y hay problemas viejos que recrudecieron estos años y que actúan como freno para nuevas inversiones en el país del holding Edizione SRL, que agrupa los negocios de los Benettón en el mundo. El principal escollo son las usurpaciones de campos que el grupo sufre desde hace casi dos décadas en la zona cordillerana.
Agustín Dranovsky, el CEO local del grupo, no oculta que por eso mantienen en duda una inversión para construir un aserradero que en principio debería servir para procesar localmente la madera de las 10 mil hectáreas de pinos que la compañía implantó hace más de 25 años en sus estancias de Chubut y Río Negro, y que ya están llegando a su madurez productiva. La inversión estimada sería de por lo menos 2 millones de dólares en una etapa inicial.
“Nosotros ya estamos en condiciones de procesar la producción forestal propia. Sería un proyecto único en la zona: un aserradero en la primera etapa, con la aspiración de poder generar luego productos madereros de mayor sofisticación. Esta inversión generaría muchos puestos de trabajo en la zona de la Cordillera, ratificando el compromiso histórico del grupo con las comunidades donde opera”, indicó Dranovsky, en una entrevista concedida a Bichos de Campo.
El proyecto forestal de la Compañía de Tierras se comenzó a diagramar en 1992, ni bien se produjo el desembarco de los Benettón en el país. Los pinos, sobre todo de la especie Ponderosa, fueron ocupando superficie en aquellas áreas de las estancias cordilleranas del grupo donde no era posible criar ganado o desarrollar pasturas. Ya hay árboles que han llegado al momento de corte y se necesita pronto del aserradero. Pero en el grupo hay dudas grandes: “Hay cuestiones relacionadas a la seguridad de las operaciones y de las hectáreas forestadas que se están estudiando antes de continuar el proceso”, reconoce la propia compañía en un informe.
-¿Qué quiere decir esto?- le preguntamos a Dranovsky.
El joven ejecutivo, de poco más de 40 años y que tiene a cargo negocios distribuidos entre Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, no oculta que existe una gran preocupación por las usurpaciones de campos que ha padecido no solo esta empresa sino muchos otros productores -y hasta organismos como el INTA- en la zona cordillerana. Allí el grupo Benettón tiene 4 estancias: Leleque (Chubut), Montoso (Chubut), Maitén (Chubut y Río Negro) y Pilcañeu (Río Negro) que ocupan un total de 356 mil hectáreas. Esquel está el sur. Bariloche al norte.
Allí secrían ovinos para lana y carne, además de unos 4.000 vacunos de la raza Hérefod, hay una cabaña de esa raza y otra de ovejas Merino. Y está la forestación de las 10 mil hectáreas, a punto caramelo para el aserradero. Pero…
“Antes el problema de tomas de campos parecía ser solo de Benettón, pero todo fue escalando. Si bien los grupos que protagonizan las usurpaciones no son los mismos, el modus operandis es muy semejante y nadie les pone un freno”, se lamentó el CEO local del grupo, que reclama sobre todo a la justicia, “que avance en lo que dice la ley y haga los desalojos correspondientes”.
En casi todos los casos, Benetton tiene fallos judiciales a favor, pero que no se ejecutan.
La vieja Compañia de Tierras, que no había sufrido conflictos de este tipo desde su creación en 1889, sufrió la primera toma en 2002. En ese caso, se confirmó la propiedad y primero hubo un desalojo judicial, pero el mismo grupo de gente volvió a ocupar el predio en 2007, luego de la sanción de la Ley 26.160, que ordenó suspender los desalojos de comunidades indígenas y ordenó un relevamiento de las tierras ocupadas por ellas, que todavía (quince años después) no ha concluido. La Ley se viene prorrogando cada cuatro años.
En 2015 hubo una nueva ocupación de tierras, pero esta vez protegonizado por un grupo mapuche denominado RAM. Luego de un proceso plagado de errores, la justicia no actuó hasta ahora. En 2019 se registró un tercer episodio, con el mismo resultado: los fallos judiciales confirman que los campos pertenecen al grupo desde su origen, pero no se dispone el desalojo.
En total, entre Leleque y Maitén, los Benettón tienen inhibidas de poder utilizar entre 3 mil y 4 mil hectáreas. Pero el ejecutivo aclara que “nuestra principal preocupación no es tanto el no poder disponer de las propiedades sino que son situaciones violentas y peligrosas. Llevamos hechas más de 60 denuncias penales por cortes de alambrados, por carneadas y robo de hacienda. Hubo ataques a nuestros trabajadores, nos incendiaron cinco puestos, se ejerció violencia sobre los puesteros. Es dificil de calcular finalmente la superficie afectada por las usurpaciones, que decidís no utilizar más en realidad porque no queres exponer a nadie de la empresa. Pero tampoco querés abandonar un campo que te pertenece. Así que todo forma parte de un conflicto dificil de administrar”, confesó Dranovsky.
En una segunda nota sobre el grupo contaremos cómo está reorganizando el resto de sus negocios en la Argentina. El de la región cordillerana, por ahora, es claramente el más problemático de todos. Pero las estancias más grandes del grupo no están ubicadas allí sino en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, donde Benetton posee más de medio millón de hectáreas de las 920 mil que lo convierten en el mayor propietario de tierras de la Argentina.
-¿Y en Santa Cruz no tienen problemas con la ocupación de campos?- le preguntamos al CEO.
-No, allí sucede todo lo contrario. Ahí vemos un potencial enorme de producción, pero hay muchos campos que no están en producción y hasta se están despoblando. Esto sucede porque una familia en la actividad ovina necesita de un mínimo de 3.000 a 4.000 ovinos para sobrevivir, y eso demanda tener una superficie de por lo menos 20 mil hectáreas. No son millonarios los que tienen esa superficie y lamentáblemente, por los altos costos de producción que se enfrentan allí, muchos no pueden sostenerse.
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]]>La entrada Rechazo de investigadores y productores por la avanzada política para repartir las tierras del INTA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Las luces de alarma comenzaron a encenderse entre productores y dentro de la propia comunidad de investigadores del INTA. Incluso, se supone que esta ofensiva surgiría en una reunión que debían mantener este martes el Consejo Directivo de ese organismo tecnológico con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. La preocupación es mayúscula pues la avanzada sobre las tierras públicos de ese instituto no es fruto de la crisis social sino de intereses poco claros de la clase política.
“Habiéndose tomado conocimiento por redes sociales, y posteriormente por autoridades institucionales, de la media sanción de un Proyecto que implica la expropiación de una parte de la EEA Catamarca, emplazado en Sumalao, Valle Viejo, afectando dicho predio a otras finalidades, expresamos nuestra profunda preocupación por el tema”, señaló un comunicado del Consejo Regional del INTA para Catamarca y La Rioja.
El proyecto en cuestión fue aprobado en la última sesión maratónica del jueves pasado que mantuvo el Senado, y con votos del oficialismo y también de la oposición. Quien logró que sus pares, votaran este despojo al INTA, que debería ceder esas 30 hectáreas gratuitamente a la Provincia de Catamarca, fue Dalmacio Mera, del Frente para la Victoria, quien tiene mandato hasta el próximo 9 de diciembre.
La regional del INTA en esa zona del país mostró sorpresa por el desenlace legislativo y explicó que en ese lugar funcionan “laboratorios de suelo, aceites y grasas, oficinas, invernaderos, salones de usos múltiples, galpones, entre otras numerosas infraestructuras en las que se desarrollan gran cantidad de investigaciones, algunas de ellas de larga tradición y con valiosos resultados pasados, presentes y futuros tienen sede operativa y funcional en ese espacio”.
También hay plantaciones de olivos, higueras y nogales, que constituyen “colecciones históricas” y que significan una “reserva genética estratégica” de dichos cultivos.
En el INTA regional se conocía el proyecto en ciernes, El 18 de diciembre de 2020 y el 4 de mayo de 2021 se mencionó en reuniones la existencia de este proyecto de expropiación que involucraba una parcela de aproximadamente 20 hectáreas que se emplaza en el kilómetro 4 de ruta provincial 33. Pero en dichas reuniones las autoridades locales manifestaron su inquietud por la pérdida del patrimonio institucional. “Nada hacía suponer el avance del mismo, atendiendo los procesos institucionales subsiguientes”, explicaron.
En un informe del INTA, solicitado a la presidenta del organismo, Susana Mirassou, por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado, que impulsó esta iniciativa, quedó aclarado que “si en la actualidad no se llevan adelante actividades de investigación precisamente en la referida parcela, es a consecuencia de un demorado proyecto de perforaciones e infraestructuras para adecuar el terreno a efectos de investigación”.
En la reunión del 4 de mayo también se barajó la idea de trasladar las instalaciones a un nuevo “cluster” a emplazarse en la Escuela de Nueva Coneta. Pero esa iniciativa está muy verde al parecer.
Florencio Gordillo Dávila, que es el presidente del Consejo Regional INTA Catamarca La Rioja, firmó en este contexto una carta expresando que “rechazamos categóricamente la expropiación y/o traslado de la Estación Experimental INTA de Sumalao”.
Otras voces comenzaron a hacerse oír frente a esta ofensiva, que parece perseguir intereses más electorales que de otro tinte.
En un comunicado, la Federación Agraria Argentina expresó “su honda preocupación ante los avances de legisladores del Frente de Todos, que intentan expropiar tierras del INTA en distintos puntos del país”.
“Hubo una primera embestida con tierras del INTA de Salta. Y en estos días vemos cómo prospera en el Congreso de la Nación un segundo avasallamiento que pretende quitar terrenos de Catamarca de dicho Instituto. En el mismo acto en que vacían al INTA, golpeando seriamente nuestra soberanía tecnológica, nos dejan desprotegidos a miles de pequeños y medianos productores de todo el país, que necesitamos de la tecnología y los desarrollos del INTA para ser competitivos y hacen peligrar fuentes de trabajo de profesionales del Instituto. No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, señaló el presidente de FAA, Carlos Achetoni.
Según el razonamiento de la organización agropecuaria, los do sproyectos esgrimen en sus fundamentos razones inherentes al acceso a la vivienda o a la educación de las personas. “Sin embargo no explican por qué se eligen esos lotes que pertenecen al INTA para expropiar”, interrogó.
El presidente de FAA también destacó que las tierras que se buscan expropiar no se usan actualmente “como resultado de la falta de recursos, que es una decisión del Estado, y no de los investigadores y extensionistas del Instituto.
“Es una profecía autocumplida. No dan recursos para trabajar, y luego quieren expropiar por ser tierras supuestamente ociosas”, ironizó Achetoni.
En rigor, en su campaña electoral el Frente de Todos había prometido que se iba a impulsar en el Congreso una ley que, muy lejos de las expropiaciones, iba a financiar las investigaciones del INTA creando un fideicomiso con parte de los recursos que se generan por la tasa de importaciones. Por ley esa plata debería ir directamente al organismo de investigación, pero por arte y parte de la buroicracia, siempre termina fugándose hacia el Tesoro nacional, y solo regresa al INTA en cuentagotas.
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]]>La entrada El mayor peligro estaba en el Congreso: El Senado le dio media sanción a un proyecto para quitarle tierras de investigación al INTA Catamarca se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ahora la rapiña de tierras del INTA empezó a consumarse desde el lugar menos sospechado: el propio Congreso Nacional. Y es que en la última sesión maratónica del jueves se aprobó, con votos del oficialismo y de la oposición, un proyecto que le quitaría al INTA un generoso lote ubicado en Sumalao, una localidad que quedó pegada a San Fernando de Catamarca, la capital provincial, por la expansión del éjido urbano. Tanto creció que hay un nuevo barrio llamado “INTA Sumalao”.
“Transfiérase a título gratuito a la Provincia de Catamarca el inmueble que detenta el Estado Nacional, ubicado en la ruta provincial 33 Kilómetro 4, Sumalao, departamento de Valle Viejo, Provincia de Catamarca. Matrícula catastral 16-24-17-7580, Folio Real 135, inscripto el 25/01/1941”, dice el proyecto que votaron en esa sesión ómnibus los senadores, y que ahora -con media sesión- va camino a Diputados.
El campo depende de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA que tiene un perfil de investigación volcado a las actividades intensivas bajo riego (frutales y hortalizas) en zonas áridas y las actividades ganaderas que suelen hacer los productores de dicha región (caprinos, ovinos y camélidos). El campo que quedó en la mira se destina “principalmente a las actividades con rumiantes menores y citricultura”.
Quien logró que sus pares, los senadores, aprobaran el jueves esta silenciosa transferencia de un activo tan valioso fue Dalmacio Mera, del Frente para la Victoria, quien tiene mandato hasta el próximo 9 de diciembre. El objetivo que expone este legislador para llevar a cabo la “transferencia” del campo (que ni siquiera permitirá al desfinanciado INTA contar con una compensación económica como para reubicar sus instalaciones) es casi insólito: “Se trata de una zona de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”.
En realidad, y debido a la falta de políticas de planificación territorial por las que este senador nunca parece haberse preocupado, lo que sucedió en Sumalao es lo mismo que amenaza la paz del INTA en muchas otras localidades, que es que las poblaciones han crecido desordenadamente hacia las zonas rurales, acorralando luego a productores e investigadores. En Pergamino, por ejemplo, los investigadores del INTA quedaron en medio de la zona de prohibición dispuesta por la justicia para la aplicación de agroquímicos. Es decir, no pueden experimentar con dichos insumos.
Lo más grave es que no parece haber reacción de la conducción nacional del INTA frente a esta avanzada que sufren sus investigadores en muchas regiones. Silencio de radio frente a este tipo de casos.
¿Y qué propone hacer el senador Mera en esos campos en casos de que prospere la iniciativa en Diputados? Lo contó él mismo en un video para sus redes sociales:
“La idea que persigue la transferencia es incluir el extenso inmueble al radio urbano, a fin de evitar molestias para la población y otorgarles beneficios como la construcción de una escuela, un centro deportivo y espacios verdes. Criterios de sustentabilidad aconsejan desplazar del inmueble el funcionamiento de INTA y así diseñar una localidad, donde el vecino sea el principal beneficiario”, explica el senador peronista sin tomarse la molestia ni siquiera de pensar una alternativa para las actividades del INTA.
El predio que se le quitaría al instituto de investigación agropecuaria de la forma más legal posible -con una ley del Congreso, nada menos-, está ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 33. Tampoco parece tener muy claro el senador catamarqueño qué hacer en ese extenso terreno rural.
Mera habla apenas de crear un incierto “centro tecnológico, educativo y de esparcimiento” y le otorga a la provincia de Catamarca un plazo de 10 años para hacerlo. Pero no dice cómo.
Si todo sale bien, la zona quedaría mejor que Disney World. Es que el senador aspira a ” lograr que todos los comportamientos humanos vinculados con lo económico, lo ambiental y lo social generen un sistema de patrones de desarrollo innovadores y estilos de vida creativos, que satisfagan al ciudadano y sus necesidades elevando su bienestar sin afectar el ambiente y sin comprometer generaciones futuras”. Tomá mate.
Parece haber una orden de ir por las tierras del INTA. En junio pasado, otro legislador nacional del Frente de Todos -insólitamente de la Provincia de Buenos Aires- llamado Carlos Américo Selva presentó un proyecto para sacarle para sacarle la mitad de las tierras al INTA Salta, en el departamento Cerrillos, a 10 kilómetros de la ciudad capital. El objetivo también allí era muy difuso, pues el diputado planteaba la necesidad de realizar un “programa de desarrollo urbano” sobre esas 534 hectáreas. Esta iniciativa fue rechazada por la propia comunidad.
34045 dictamen de comisiones sobre pyto de MERA 1104-20 (1)La entrada El mayor peligro estaba en el Congreso: El Senado le dio media sanción a un proyecto para quitarle tierras de investigación al INTA Catamarca se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada “Soy el Grabois misionero”, dijo el diputado Héctor ‘Cacho’ Bárbaro. Y añadió: “Si hay que expropiar tierras desde el Estado para darle a la gente, yo estoy de acuerdo” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Qué fue lo que ocurrió? Trece familias fueron expulsadas de un campo por las fuerzas policiales luego de que los legítimos dueños –una familia de apellido Keslar, de la provincia de Santa Fe, que adquirió dichas tierras en 2006- reclamaran que estaban allí de forma ilegal. Si bien el juez de la causa, Gerardo Casco, encontró legítimos los documentos de los Keslar, las familias denunciaron que el procedimiento fue ilegal y que no fueron avisadas de la denuncia judicial.
Por su parte, el diputado Bárbaro aseguró que la policía allanó lotes en otra parte del terreno, que contaba con carpas “sospechosas”, y que las familias desalojadas, en cambio, se encontraban en un sector en el cual habían construido casas, tenían tendido eléctrico, ganado y hasta una escuelita rural.
“Esa gente tiene energía eléctrica que le bajo el Estado, son productores tabacaleros que plantan tabaco para una empresa como Massalin Particulares, que no te entrega nada si vos no les presentás algún boleto comprable. En el audio yo le digo a esa gente que los iba a acompañar. Fuimos al juzgado, pedimos una copia del expediente, vimos que era una barbaridad y el juez sacó licencia y se fue al carajo porque vio que se había mandado una cagada”, señaló.
-¿Qué hay detrás de los audios que circularon?- le preguntamos al diputado nacional.
-En Misiones hay mucha problemática de tierras, de la propiedad privada y de la fiscal. Hay muchísimos productores, pueblos enteros, que hoy están viviendo arriba de una tierra de la cual no son propietarios. Incluso yo tengo una tierra hace 25 años que no tiene la titularización.
-¿Usted tiene tierras que no son suyas?
-En 1992 compré unas tierras que un tipo me vendió, que eran privadas. Las compré, empecé a plantar yerba y nunca nadie me las reclamó. Son de una empresa que nadie sabe dónde está. Entonces si mañana vienen y me quieren sacar de ahí arriba, muerto me van a sacar. Yo planté esa yerba, yo trabajé la tierra y yo soy el dueño de la tierra, no él que tiene el título de propiedad.
A continuación y volviendo a referirse al caso de Montecarlo, Bárbaro afirmó: “Todos sabemos que una usurpación es cuando alguien entra violentamente. Acá había gente que vivía hace diez años pagando lo que debía. No hay usurpación. En última instancia el juez debería hablar de reivindicación de la tierra”.
-Pero si había un título de propiedad, y teniendo en cuenta que no tenían autorización para estar allí, ¿no considera que las personas que vivían ahí fueron efectivamente usurpadores en un primer momento?
-Ahí no te voy a negar que puede ser que en su momento, cuando ellos entraron, eran intrusos o como quieras llamarles. Pero toda la provincia de Misiones es así.
-¿Eso alcanza como justificación?
-Hoy es un delito porque está de moda esta discusión de la derecha. En Misiones hay pueblos enteros arriba de tierras de tipos que nunca las reclamaron porque ni saben que tienen la propiedad allá, porque murieron los abuelos y quedaron los nietos. ¿A vos te parece que eso es justo? No, no es justo. Más allá de la discusión de la propiedad de la tierra, hay más de 40 años de estar viviendo arriba de esa tierra.
-En este caso particular un juez dio una orden judicial. ¿No hubiera sido mejor esperar por otro proceso legal?
-El desalojo fue injusto. La policía le dijo al juez incluso que había gente con hijos, mujeres embarazadas, etc. y el juez insistió. En 15 minutos se rompieron sueños y la vida de estas familias. ¿Está bien que no se notifique a la gente que hay un juicio de desalojo? Un violador o un asesino tienen derecho a una defensa, esta gente no lo tuvo. Estaban labrando la tierra el día que vino la policía. Reventaron todas las casas, ¿a vos te parece bien eso?
Sobre este punto el legislador agregó que dentro de los audios que circularon, él le había mencionado a las familias la alternativa de reunirse con el gobierno provincial y el propietario para comprar las 40 hectáreas en cuestión, ya que no estaban tomadas las 200 hectáreas que tiene en total el campo.
“Cuando yo digo vamos a apretar al gobierno para que resuelva la situación es porque el gobierno no fue a ver a esas 13 familias. Las dejaron tiradas como perros”, sostuvo.
-¿Qué piensa del juicio político que le quieren hacer?
-Estoy dispuesto a que me echen, no tengo problema. Pero yo voy a seguir defendiendo a esos pequeños productores. Yo no nací diputado. Que hagan todo el juicio político que quieran hacer. Los macristas de derecha quieren seguir concentrando la tierra en unos pocos y la verdad es que tenemos que cambiar. Yo me iré con la mirada alta, defendiendo a los humildes.
Hacia el final de la entrevista Bárbaro se refirió a esta discusión que se viene dando en la provincia de Misiones, sobre la falta de tierras para los hijos de los colonos, que impacta en la actividad productiva y que muchas veces es la causa de que migren a las ciudades: “La tierra está para trabajarla, no para que esté improductiva. Si hay que expropiar tierras desde el Estado para darle a la gente y pueda producir alimento, que es lo que plantea Juan Grabois, yo estoy de acuerdo. El estado tiene que expropiar, hacer un plan de colonización de la tierra y de la producción de alimentos”.
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]]>La entrada En medio de la disputa de sus hijos, Leonor Etchevehere afirma: “A Dolores la han convencido de una idea loca” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Obviamente que estoy muy dolida y apenada porque a Dolores la han convencido de una idea loca. Del otro lado no hay nada que puedan explicar. ¿Qué va a venir a decir Grabois? ¿Qué el campo es de él? Estamos hace 50 años sentados acá”, dijo Leonor en exclusiva a Bichos de Campo, luego del acto que se realizó frente a la tranquera de ingreso a la estancia, en apoyo a la familia.
Como presidenta de la sociedad intrusada, Las Margaritas SA, la madre de los Etchevehere fue la primera en reclamar el desalojo del predio “para recobrar la normalidad existencial y productiva del lugar”. Sin embargo, el viernes pasado el juez Raúl Flores dictó un fallo que impide sacar a las personas que ahora ocupan la estancia Casa Nueva. Ahora la defensa de los Etchevehere y la fiscalía han apelado y se espera que un nuevo juez tome el caso.
En medio de este tire y afloje, donde el clan Etchevehere pone sus reflectores sobre la falta de decisión del gobierno de Alberto Fernández y del gobernador provincial Gustavo Bordet, Leonor Etchevehere se preocupa por el efecto que esto tendrá en el campo, aunque confía en que pronto llegará la resolución.
“No es solamente un patrimonio, es parte de nuestra vida. Hace nueve días que está a la deriva. No nos dejan entrar con alimento para nuestra hacienda. Es un perjuicio moral y económico. Es un establecimiento que está vivo, con animales, sembradíos y pasturas”, señaló.
Mirá la entrevista que Bichos de Campo realizó en exclusiva:
-¿Ésto es sólo política?- le preguntamos.
-Ellos entraron enarbolando la bandera de Grabois, obviamente que es política. Y si faltaba algún requisito, en una audiencia que debía ser familiar estuvo presente la señora Donda y dos personas pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación que firmaron con un sello del Ministerio.
-¿Qué opina sobre la falsificación de la firma?
-Es un disparate olímpico. El juez tiene que pedir un perito antes de decidir y ver si es cierto o si no es cierto. No se comprobó nada. Esta gente no pudo presentar un sólo papel, sólo palabras. No pudieron presentar un documento que atestiguara que ellos podían tener acceso a ese campo. Absolutamente nada. Nosotros presentamos un bibliógrafo de pruebas con nuestro escribano y abogado. Si van al registro de la propiedad de La Paz y preguntan de quién es, el registro de la propiedad de La Paz dice que esto pertenece a las Margaritas SA.
-¿Cómo explica entonces el fallo del juez?
-El juez pidió disculpas. Lo cual anula lo que él había dicho. Si el juez pide disculpas, porque no entiende al ser juez de familia, el mismo está diciendo que todo lo anterior no es válido.
-¿Qué espera usted? ¿Qué la justicia revierta el fallo inicial y corrija la situación?
-Yo creo que la Justicia tiene que estudiar los papeles, la documentación, la escritura, tiene que profundizar el tema lo más rápido posible y si hay otra persona que presente un mejor derecho del que tenemos nosotros, lo vamos a acatar.
Mientras los abogados de la familia Etchevehere se encargan de llevar adelante la apelación al fallo dictado por Flores, y se espera el resultado del sorteo que instaure un nuevo juez para rever las pruebas, el Proyecto Artigas anunció para hoy nuevas movilizaciones a favor de la toma de tierras.
Movimientos sociales se reunirán frente a la Rural de Palermo y frente a la entrada de Casa Nueva, en el mismo acceso donde se encuentran acampando los Etchevehere y productores de la zona.
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]]>La entrada ¿Qué dice la denuncia? La familia Etchevehere pidió a la justicia el desalojo de los intrusos y argumenta que Dolores vendió su parte del campo en 2018 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Bichos de Campo pudo acceder a una copia de la denuncia presentada este jueves por Leonor Etchevehere, en su carácter de presidente del directorio de Las Margaritas SA, la empresa propietaria del campo, contra los ocupantes de la estancia. La denuncia penal no menciona ni a Dolores ni a Grabois. Carga la responsabilidad de la toma sobre un hombre llamado Facundo Taboada, que sería el coordinador del Proyecto Artigas, la organización que promueve la instalación en estas tierras bajo disputa de una colonia agroeológica con pequeños productores ligados al MTE Rural.
En el escrito, la madre del ex ministro alega ser la legítima propietaria del “predio rústico denominado Establecimiento Rural “Casa Nueva”, (ubicado en la ruta acceso a la Ciudad de Santa Elena, sobre la mano izquierda, a unos 1.000/1.500 metros de la ruta 12., con entrada de madera, pintada de blanco, con un cartel que dice Casa Nueva”.
La denuncia penal es “por delitos de acción pública contra el Sr. Facundo Taboada y contra todos aquellos que, cualquiera fuera su grado de participación, hayan formado parte (y formen) en la comisión de hechos antijurídicos que, en aproximación típica, precipitarían en el delito de usurpación (Art. 181, inciso 1º del C.P.)”. También se le imputan a Taboada “el delito de amenazas calificadas por un contexto de violencia de género”.
Siempre según la versión de Las Margaritas SA, “a las 11.08 (del jueves), aproximadamente, el Encargado del Establecimiento Casa Nueva, Ángel Martínez, se comunica telefónicamente a la administración informando que estaban intrusando el campo”. También describe que “ingresaron más de quince vehículos al casco sin autorización, con gente a bordo y carpas en sus manos”. Los intrusos luego “ingresaron a la casa principal, el escritorio y los galpones, siempre con gestos y tono verbal de marcada violencia y autoritarismo”.
“A uno de los intrusos, que vestía remera color amarilla, se le vio nítidamente la portación de un arma de fuego en la cintura, incluso dos de ellos hacían mención a armas que portarían, seguramente para acentuar el sentido intimidante sobre los empleados del establecimiento”, define la denuncia.
La versión detallada a la justicia contrasta notablemente con la que difundió el denominado Proyecto Artigas en sus redes sociales. También con la versión que dio a conocer anoche el propio Grabois. Bichos de Campo habló con Lautaro Leveratto, referente del MTE Rural y participante de la acción. Este dirigente aclaró que era “falsa” la versión de que haya habido armas de fuego, y que en todo momento se movieron con tranquilidad y de modo pacífico, en compañía de Dolores Etchevehere. Según esta versión, la hija menor de la familia -que desde hace años mantiene una pelea judicial con sus hermanos- donó el 40% de la parte que le corresponde de esa estancia, para la fundación de la colonia agroecológica.
https://twitter.com/ProyectoArtigas/status/1317097480631291908?s=20
Pero la denuncia judicial expone otra cosa diametralmente distinta: “A la casera, Sra. Ramona Rodríguez, el señor Facundo Taboada no sólo que la insultó con epítetos irrepetibles sino que le arrancó por la fuerza su celular, cuando advirtió que ella se había comunicado con uno de mis hijos, inmediatamente al acto usurpatorio, y la tomó por el cuello, ejerciendo fuerte presión y zarandeándola con mucha violencia, lo que constituye claramente, un hecho independiente de violencia de género”, define Leonor.
El mencionado Taboada, según la denuncia en poder de los fiscales, seria “oriundo de la provincia de Buenos Aires” y “manifestó en todo momento que venían a ocupar el campo y que no necesitaban ningún permiso para hacerlo, ni de la Sociedad Anónima titular de la explotación, ni de la policía, ni de la justicia. Que así eran y serán las cosas a partir de ahora en la Argentina”.
La madre de Dolores y Luis Miguel, como presidente de la sociedad intrusada, reclamó que “se adopten las medidas de desalojo del predio de todos los intrusos, a los fines de recobrar la normalidad existencial y productiva del lugar y de las personas que allí desempeñan cotidianamente sus tareas rurales”.
Adicionalmente, en su contraataque contra Grabois y quienes tomaron el campo familiar, fuentes de Las Margaritas difundieron un documento según el cual Dolores ya había vendido en 2018 la fracción de la empresa familiar que ahora dice haber donado al Proyecto Artigas.
Según este documento, que va acompañado de un acta notarial que certificaría que efectivamente la firma corresponde a la hermana díscola de los Etchevehere, la empresa compradora que figura en ese documento que ahora la familia Etchevehere esgrime para pedir a la justicia el desalojo de los intrusos es Mirus SA, una constructora e inmobiliaria con domicilio en Pilar que fue creada en 2014. Dolores también vive en ese partido bonaerense.
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]]>La entrada Dolores, la hermana del ex ministro Etchevehere, donó tierras para hacer una colonia agroecológica con Juan Grabois. Su familia denunció una usurpación se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Dolores ha decidido donar el 40% de su herencia a las organizaciones campesinas como reparación histórica del daño provocado por su familia”, informó desde su cuenta de Facebook el MTE Rural, que es el liderado por Grabois. El propio dirigente, cercano al Papa Fraqncisco, confirmó la ocupación “absolutamente legal y pacífica” del predio donado por la menor de los Etchevehere.
Muy diferente es la versión de la familia.
Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Óscar Sobko
— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 15, 2020
Las Margaritas SA. denuncia usurpación en uno de sus campos. “En el día de la fecha un grupo de 40 desconocidos en una decena de autos, liderados por Facundo Taboada, ingresaron por la fuerza, con armas en su poder, al establecimiento rural Casa Nueva, propiedad de Las Margaritas SA, ubicado en el Departamento La Paz, Entre Rios”, denunciaron los hermanos Etchevehere.
Según esta versión de los sucesos, “los agresores amenazaron al personal que trabaja en el lugar y mencionaron que estaban tomando el campo en nombre de Juan Grabois. Las autoridades de la empresa, frente a la violacion de la propiedad privada, radicaron la denuncia por usurpación en la fiscalía de La Paz a cargo del Dr Oscar Sobko y pusieron en conocimiento de los hechos a las mas altas autoridades del ejecutivo provincial y a la Policía de Entre Ríos”.
Pero la hermana del ex ministro de Macri insiste en que se trata de una donación de tierras que le pertenecerían. De hecho, ella misma dice que firmó junto a los integrantes del denominado “Proyecto Artigas”, que cuenta con el patrocinio letrado de Grabois, el acta de fundación de “la Comunidad Rural Organizada Artigas” en Entre Ríos. Esta comunidad fundará una colonia agroecológica “sobre las tierras que legalmente corresponden a Dolores”, se explicó.
En la difusión del hecho, el MTE Rural replica un testimoinio de la propia Dolores Etchevehere:
“Hoy luego de once años de investigación, denuncie e impunidad, es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos conta mi, pero también contra muchas otras personas víctimas del poder e incluso, contra el Estado”, dice Dolores en el video, donde apunta en concreto contra sus hermanos Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel, el más expuesto políticamente de los tres.
Este encono familiar no es nuevo, pues Dolores viene denunciando judicialmente a sus familiares desde hace años en la justicia. Los acusa básicamente de “administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral” desde las empresas del grupo familiar en Entre Ríos.
La novedad es que ahora, según informa la propia Dolores, el caso Etchevehere ha quedado en manos del abogado y lider social. Sobre Grabois ella dijo: “Nos reunimos. Juan me hizo muchas preguntas y me pidió pruebas”.
Ella también contó que el grupo Artigas está conformado por abogados ambientalistas y productores agroecológicos. Desde una flamante página web, en su primer comunicado, fechado este jueves 15 de octubre, ese grupo informó que “hoy recuperamos una porción de la Estancia Casa Nueva, perteneciente a la familia Etchevere, en Paraná, Entre Ríos”.
“Estas tierras se encontraban indebidamente ocupadas por los hermanos varones de la familia que haciendo uso ilegal de la misma despojaron a su propia hermana. También usurparon 70 hectáreas de una escuela agrotécnica de la zona, cometieron sendos delitos de trata y explotación laboral, violencia de género, evasión fiscal, falsificación de firmas, contaminación ambiental y corrupción que están siendo presentados ante la justicia en base a la información proporcionada por Dolores”, se añadió.
Hoy recuperamos de manera absolutamente legal y pacífica un extenso campo de la familia Etchevehere para el @ProyectoArtigas junto a Dolores Etchevehere que ha cedido el 40% para reparar el daño que causó su familia.
Video completo: https://t.co/Q86RsvFMFg pic.twitter.com/NxQ1X6DsRR— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 15, 2020
El Proyecto patrocinado por Grabois define que “la tierra dónde hemos iniciado el Proyecto Artigas pertenece, por derecho hereditario, a Dolores Etchevere quien se encuentra presente y forma parte del proyecto . Se trata del 25% de todo el acervo hereditario de los Etchevere que Dolores ha donado por escritura pública en un 40% para este proyecto reparador, ecológico y comunitario. También se ha decidido restituir inmediatamente las 70 hectáreas pertenencientes a la escuela agrotécnica”.
El comunicado da a entender que Dolores se encuentra en el lugar y que la toma de tierras ha sido pacífica.
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]]>La entrada Villa Mascardi: La comunidad Lafken Winkul Mapu continúa con la toma de tierras en la zona y ya ocupó el predio de Gas del Estado se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Diego Frutos, vecino de la zona y dueño de la cabaña La Cristalina, que fue saqueada e incendiada en agosto pasado, logró registrar los destrozos al interior del predio de Gas Natural que linda con su propiedad. “De noche están talando los árboles del bosque nativo para vender la madera. Escuchamos los ruidos de motosierras y los estruendos porque son árboles centenarios”, dijo a Bichos de Campo.
Según Frutos, quienes controlan el predio intentaron poner vigilancia pero la comunidad los recibió con una apedreada y el plan desistió. “Como revancha han tirado los árboles que están al lado de las cabañas. En el corte le han dado inclinación justamente para que caigan arriba de los techos y destruirles las cabañas a ellos”, comentó.
El temor de los vecinos está en el apoyo que la comunidad mapuche parece recibir de las autoridades de seguridad nacionales, y en las represalias que podrían recibir al hacer las denuncias correspondientes. “Nadie los vigila, están dele talar árboles y cargar madera. Ya tienen un arreglo con transportistas que pasan por la ruta. La política y Gendarmería evidentemente les dan el visto bueno”, indicó Frutos.
Por su parte, Clarisa Montenegro, autoridad de la comunidad Lof Wiritray –la comunidad original de la zona y a quien la Lafken Winkul Mapu le disputa los territorios- señaló a Bichos de Campo que están al tanto de los destrozos. “Están haciendo estragos. La misma gente de parques nacionales los ha visto pero hace la vista gorda.”
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