La entrada Ahora son los productores los que acusan al Mocase de estar detrás de las tomas de campos: “Cortan alambrados y meten adentro 100 o 150 personas” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Dirigentes rurales de la provincia mantuvieron el miércoles una reunión con el ministro de la Producción, Julián Mandrile, por este tema. “Estuvimos reunidos tres horas y media, y fue muy receptivo”, contó Juan Pablo Karnatz, histórico dirigente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas, que forma parte de CRA. En ese encuentro, el funcionario fue acompañado por el secretario de la Producción, Pablo Fuentes, y por abogados de la dependencia.
Del lado de la producción, además de Karnatz, estuvo entre otros Uriel Bricoe, vicepresidente de FAAS y titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de los Departamentos Rivadavia, Aguirre y Mitre (Apadram), que es la zona donde más conflictos por las ocupaciones de campo se están registrando.
Como resultado de este cónclave, “el ministro gestionó una reunión con el fiscal general de la provincia, Luis Alberto de La Rúa, y dio la orden de que este tema se solucione”, dijo Karnatz (foto),
El ruralista agregó que “en Santiago venimos pidiendo la creación de la policía rural sin resultado positivo alguno. Se necesita de ese cuerpo porque la policía no puede estar en las ciudades y el campo a la vez”, explicó.
Karnatz dijo que le llevaron al ministro Mandrile todas las pruebas de diferentes ocupaciones de campos por parte del Mocase. De esa agrupación nacida en los años 90 justamente para evitar el desalojo de comunidades campesinas, el dirigente de CRA dijo que “no es manejado por pueblos originarios” y que “atentan contra la seguridad, la propiedad y la posibilidad de producir”.
Luego explicó cuál sería el modus operandi de esta entidad: “Cortan alambrados y los postes con motosierras, y meten adentro del campo a 100 o 150 personas. Entonces no se puede seguir produciendo y mucho menos fumigando, lo que impide el desarrollo de la producción en una zona donde estaba creciendo mucho el algodón de la mano de los buenos precios y donde también se estaba desarrollando la ganadería”.
Los productores esperan que la reunión el fiscal general de la provincia se concrete a inicios de la semana que viene, que los pueda recibir el gobernador Gerardo Zamora y que pronto se le de solución a este problema. El Mocase, sin embargo, cuenta con sólidos lazos con el gobierno provincial y también ha colocado funcionarios en la estructura de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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]]>La entrada La usurpación de un campo en Gualeguaychú vuelve a movilizar a grupos de productores entrerrianos se publicó primero en Bichos de Campo.
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El incidente se inició el 12 de noviembre, pocos días después de que la familia del ex ministro de Agricultura del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, inaugurara en el otro extremo de la provincia, en la localidad de La Paz, un monolito recordando que se había cumplido un año de la intrusión en su estancia de un grupo de militantes del Proyecto Artigas, ligados al dirigente social Juan Grabois. En aquella ocasión quien lideró la toma fue la hermana menos de los Etchevehere, Dolores, pero a los pocos días los instrusos fueron desalojados por orden de la justicia.
El caso de los Robles no parece tener ningún contenido político, pero despertó una serie de adhesiones por parte de las entidades de productores que están preocupados por posibles avances sobre la propiedad privada.
El propio Etchevehere fue parte de la manifestación frente a la tranquera de Gualeguaychú, junto a su hermano Juan Diego, director de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos; el senador nacional del PRO Alfredo De Ángeli, el diputado provincial Nicolás Mattiauda; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, Domingo Veronesi; y varios dirigentes de otras entidades rurales.
Informó el diario El Argentino de Gualeguaychú que eran más de 50 personas las que se convocaron desde las 11 de la mañana frente a la tranquera del campo, en la que hay un cartel que dice “no pasar propiedad privada”. Allí la familia Robles decidió poner un nuevo candado “para que los ‘ocupas’ no puedan abrir la tranquera desde adentro”. Cuando ingresaron al predio, según la denuncia, los intrusos rompieron el candado original que era de los abuelos de los hermanos Robles.
Las entidades del campo que acompañan el reclamo decidieron enviarán una nota al juez para solicitarle una pronta solución del conflicto.
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]]>Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.
El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.
“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.
“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.
Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.
En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.
Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.
Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.
“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.
Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.
“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.
Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.
El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.
Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.
En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.
En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.
Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.
“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.
Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.
Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.
“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.
En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.
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]]>La entrada La tensión por las tomas de tierras se trasladó a Misiones, donde un diputado nacional organizaba cortes de ruta para presionar a un juez que ordenó un desalojo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Cuenta el sitio Economis que el diputado nacional del Frente de Todos por Misiones, “Héctor “Cacho” Bárbaro, “fue descubierto organizando y dando instrucciones a un grupo de personas para realizar un corte de ruta este lunes y presionar al Gobierno provincial a que compre tierras privadas que fueron ocupadas por organizaciones sociales hace unos días”.
“Tenemos que movilizarlos el lunes, no sé si lunes y martes. El lunes vamos a presentar la apelación para anular el juicio, la propiedad está a nombre de Keslar, está inscripto en catastro, tienen título de propiedad”, asegura el diputado Bárbaro en una serie de mensaje de audio que se difundieron el domingo a la noche. Se refiere concretamente a una chacra que fue tomada y luego desalojada por orden judicial.
El desalojo se registró el viernes 18 por orden del juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción III de San Vicente, en una causa por usurpación impulsada por personas que viven en Santa Fe. Lo que al parecer Bárbaro ordenada a sus militantes era que actuaran en contra de la decisión judicial.
“El lunes tenemos que convocar a la gente al juzgado, a todos, a los que podamos, y después nos vamos a cortar la ruta, después al Concejo Deliberante a entregar un petitorio ahí, al intendente (Fabián Rodríguez de San Vicente), a todos, tenemos que movernos, si no esto se va a enfriar la sopa, ustedes no van a poder entrar”, dice Bárbaro en referencia a las tierras desalojadas. Bárbaro reconoce, en el audio, que esa chacra “es propiedad”, es decir que tiene dueños, por lo que alienta a las personas a “volver” a ocupar las tierras para forzar a una compra por parte del Gobierno.
“Van a venir a jodernos de vuelta, ahí le vamos a apretar al Gobierno para que compre las tierras, que me haga las casitas, que me haga todo de vuelta”, afirma legislador nacional insistiendo que “si no hacemos esta movida, vamos a ir pa trás”, anticipando que la justicia va a demorar y “la Carlota va a terminar cerrando todo y ustedes no van a poder volver” a las tierras, según informó Economis. Bárbaro, que en algún tiempo formó parte del Partido Agrario pero ahora milita en las filas del Frente para Todos, convocó a que lleven a todos “a los tíos, a los parientes, a la abuela, al que venga” al juzgado y al corte de ruta, incluso menciona que utilizarán una combi para trasladar a la gente.
El diputado Bárbaro estaría desde el martes en esa zona organizando la defensa de las 14 familias expulsadas de la chacra tomada. Entre otras alternativas, le había anticipado a Plan B que una de ellas puede ser que “el Estado provincial compre las tierras y las ceda a las familias”.
“Se trata de familias que viven desde hace años, que construyeron sus casas, plantaban tabaco y yerba, no son usurpadores”, se defendió Bárbaro, que admitió que el audio era de el y estaba interviniendo para ayudar a estas familias a que recuperaran las tierras. Bárbaro también admitió que la chacra en cuestión es, efectivamente, propiedad de una familia Kessler de Santa Fe.
Después de viralizado el audio del diputado nacional, Silvia Gross, una de las propietarias afectadas por las tomas de tierras en Misiones, pidió que “se haga un juicio político” al legislador por alentar usurpaciones. La mujer, integrante de Vecinos Autoconvocados, y propietaria de una chacra usurpada en 2017, también reveló en una entrevista concedida a Red Ciudadana, que el diputado Martín Sereno fue quien mandó a intrusos a tomar sus tierras e “incluso se quedaron con un salto que ahora se llama Salto Sereno”.
Este lunes, el Partido Agrario -del que proviene Bárbaro- presentó un recurso de nulidad del desalojo ordenado por Casco. Desde esa agrupación coincidieron con el diputado en que “se está defendiendo una ocupación y no una usurpación”.
“Son 160 mil hectáreas privadas las que están en esta condición. No son usurpaciones, son ocupaciones. La diferencia es fundamental. Cuando no hay delito sino posesión, las cuestiones de propiedad se definen en el ámbito civil mediante una acción de reivindicación, jamás por la vía penal. Este no es un tema que alcance exclusivamente a las 14 familias”, señalaron en el partido Agrario.
Como sea, la tensión es visible. Informa Plan B que grupos de productores rurales, empresarios y vecinos autoconvocados quieren pedir un juicio político contra el diputado Bárbaro por su defensa de una intrusión en la chacra de Montecarlo.
“Los más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de Misiones, integrantes de Autoconvocados contra Delitos Rurales, ante las declaraciones amenazantes y violentas del diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro contra un juez que tuvo la valentía de defender el principio de Propiedad Privada y convocando a ciudadanos para volver a tomar dichas tierras configurando un claro delito, repudiamos la conducta por ir contra los principios de la Constitución Nacional”, explicaron en un escrito, difundido por las redes sociales. Se trata de un movimiento de productores que comenzó a reunirse en los últimos meses preocupados por la creciente ola de inseguridad en la zona de chacras.
Fotos: Economis, Misiones On Line y Plan B
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]]>La entrada Derecho a réplica: El Mocase desmiente estar sacando campesinos de sus tierras y explica por qué se reclama la restitución de un campo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La respuesta enviada por el Mocase Vía Campesina se remite especialmente a un conflicto puntual que había sido mencionado en la crónica: el de María Acosta, de Sumampa, quien denunció públicamente intentos de desalojo de su campo en el paraje La Guayaca, del cual tiene título de propiedad por 299 hectáreas. “Desde hace dos años empezamos a tener problemas con el Mocase”, afirma en este video en el que cuenta su versión de los hechos. Incluso hace referencia a un enfrentamiento con militantes del Mocase el 5 de mayo pasado.
Frente a este caso, el Mocase Vía Campesina envió estas aclaraciones, que afirma que los usurpadores son en realidad la propia María Acosta y Daniel Humberto Vivas. Strapazzón considera que las denuncias de la asamblea forman parte de una campaña para “deslegitimar” a su organización.
“La flia. Godoy, hoy miembros del MOCASE, viven desde 1965 en 500 has del Paraje La Guayaca, siempre fueron poseedores, con un gran trabajo en sus tierras, producción caprina, bovina, etc. Hoy esta familia está compuesta por la Sra. Carolina Godoy de 82 años de edad, sus dos hijos y su yerno.
En el año 2011 Daniel Humberto Vivas y Maria Acosta tomaron de hecho, sin iniciar acción judicial alguna, 200 has que eran parte de la posesión de la flia. Godoy, dejándolos a estos en 300 has. Los usurpadores decían que le habían comprado el título dominial a una persona de apellido Argañaraz, que sería heredero del titular registral. Claro está que estas personas de apellido Argañaraz abandonaron la posesión, sin realizar por décadas ningún tipo de mejoras y se habría limitada a transferir el título a Vivas y Acosta, que sin reclamar por vía judicial su derecho, tal como lo establece la ley, tomaron de hecho esta parte del territorio en el que vive la familia Godoy.
Desde ese momento hasta el día de hoy, Betty y Marcos Godoy, hijos del matrimonio que llegó en 1965, fueron víctimas de innumerables agresiones físicas y verbales por parte de Vivas, Acosta y sus empleados. Como así también sufrieron destrozos en sus bienes. Todos los hechos fueron denunciados en su momento sin recibir ninguna respuesta por parte del Poder Judicial.
Los Godoy se contactaron con unos abogados locales, quienes les iniciaron una prescripción adquisitiva de dominio por las 300 has que les quedaban, este juicio nunca avanzó más que de la presentación de la demanda.
El 13 de julio del 2019, Vivas y Acosta tomaron de nuevo de hecho, sin iniciar ninguna acción judicial, 100 has más del campo cuya posesión ostenta la flia. Godoy.
Vivas y Acosta han amenazado y lesionado a Betty Godoy, en el transcurso de esos días para tomar esa fracción del campo, todo esto fue oportunamente denunciado con sus correspondientes pruebas. El 20 de septiembre del 2019 las partes fueron citadas a Salidas Alternativas del Ministerio Publico Fiscal y firmaron un acta acuerdo en la que se comprometían, sin reconocer hechos ni derechos, a cesar en las agresiones y a someter la discusión al fuero civil.
Es así que el 25 de octubre del 2019 la flia. Godoy, ya con el equipo jurídico del MOCASE, interpuso un interdicto de retener la posesión. EXPEDIENTE Nº 671746 – AÑO 2019 – AUTOS: GODOY BETTYNOEMI Y OTROS.- c/ VIVAS HUMBERTPO DANIEL Y OTRO s/INTERDICTO DE RETENER LA POSESION.- BENEFICIO DELITIGAR SIN GASTOS.- Que se tramita en el juzgado de la DRA. INFANTE DEL CASTAÑO, SONIA A – Secretaría de Procesos, Col. De Jueces 2. En este expediente constan todas las pruebas de la posesión de los Godoy, las denuncias e informes de la Secretaría de DDHH y del Comité de Crisis, ambos organismos visitaron el lugar.
Los demandados Vivas y Acosta no se presentaron en el juicio civil, por lo que fueron declarados en rebeldía, mediante decreto del 14 de febrero de 2020. El último acto procesal antes del decreto de la feria judicial extraordinaria (por la emergencia sanitaria) fue el pedido de apertura de la prueba por parte de la parte actora.
El 26 de marzo de 2020, Vivas y Acosta, violando el ASPO se trasladaron desde Sumampa (donde tienen su domicilio) hasta La Guayaca y comenzaron una construcción. De este hecho se dio aviso a la policía de Sumampa (por incumplimiento del aislamiento obligatorio) pero no se obtuvo ninguna respuesta. El día 17 de abril, María Acosta increpó a los hermanos Godoy mientras realizaban tareas propias de la producción, los amenazó e intento lesionarlos.
El mismo 17 de abril se envió la denuncia penal al Ministerio Publico Fiscal, recayendo la misma en el Fiscal Miguel Torresi, quien ordenó una prohibición de acercamiento de Vivas y Acosta hacía la familia Godoy. La comisaría de Sumampa tarde casi 72 horas en notificar a los denunciados. En el transcurso de esas horas continuaron amenazando y hostigando a la familia Godoy.
El 6 de mayo, mientras la flia. Godoy trabajaba en su territorio fueron increpados por Acosta, su hijo y otro empleados, estos cargaban armas de fuego, y con un cuchillo hirieron a una persona que se encontraba ayudando a los Godoy. Vivas y Acosta denunciaron a Betty Godoy en la Comisaría de Sumampa, el personal de esta dependencia, contrariamente a lo suele hacer ante la denuncia de los Godoy, acudió de inmediato al campo en La Guayaca.
Estos hechos fueron denunciados en el juicio civil, solicitando la habilitación de la feria y una medida cautelar de NO INNOVAR, escrito que se ingresó por Mesa de Entrada virtual el día 8 de mayo, según acuse de recibo n°1599.
Ante el reclamo del MOCASE, el gobierno provincial envió una comisión especial de la policía para constatar los hechos q se estaban denunciando y la situación en el campo, esto fue el día 9 de mayo. Paralelamente, ese mismo día, mediante el sistema de denuncias web del Ministerio Publico Fiscal se ingresaron las denuncias de Betty Godoy en contra de Acosta y compañía por este último ataque. Según consta denuncias n° 405-2020 y 408-2020.
La familia Godoy a pesar de haber recurrido a las instancias judiciales como legítimos poseedores del territorio en el que viven, aun no encontraron protección debida para sus derechos.
Vivas y Acosta no se presentaron en el juicio civil a discutir su derecho al territorio y no respetan las medidas dictadas por la fiscalía, como así tampoco la comisaría de Sumampa actúa a tiempo.
El día 25 de mayo por la noche, se escucharon tiros que venían de las 200 has que ocupan Vivas y Acosta.
El día martes 26 de mayo se realizó la constatación por parte de la Oficial de Jusiticia Veroni Najar, quien constató las mejoras que existen en el territorio de la familia Godoy y se entrevistó con estos. Además se pudo constatar las pruebas de los ataques que vienen realizando Vivas. Se los notifico a Vivas y Acosta, no encontrándose ninguno en el domicilio, una vez más en clara violación del ASPO.
El 28 de mayo Vivas se presenta en el juicio civil.
El día sábado 13 de junio pasado a las 15:00 hs. aproximadamente, Daniel Vivas junto a otras personas se movilizó en una camioneta blanca a orillas del alambre que se encuentra a 200 metros de la vivienda de la familia Godoy. Los días previos jueves y viernes en el horario entre las 14 y las 15 hs. Daniel Vivas estuvo en dicho alambrado junto a los perros que ha dejado ahí, impidiendo de esta forma que la familia Godoy realiza el trabajo de pastoreo con los animales.
Al día de la fecha aun esperamos, con innumerables pedidos de que se avance en la causa civil, alguna respuesta para la familia Godoy, MIENTRAS DANIEL VIVAS Y MARIA ACOSTA HAN ARRENDADO SU CAMPO A UN PRODUCTOR DE LORETO QUE LLEVO SUS ANIMALES. CLARO QUE ESTA QUE NI VIVAS NI ACOSTA VIVEN EN LA GUAYCA, POR EL CONTRARIO, VIVEN EN LA CIUDAD DE SUMAMPA, TAL COMO SE ACREDITO CON SUS DNI´S Y EL INFORME DE LA OFICIAL DE JUSITICIA EN 2020.
En un segundo caso denunciado por la Asamblea Santiagueños en defensa de la Tierra el 16 de junio pasado está referido a un segundo conflicto que mantiene la familia de Raúl Báez por un campo en La Totorilla, otra zona de la provincia. Sobre ese caso, Strapazzon se limitó a enviar a esta redacción el siguiente video:
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]]>La entrada Natalio Iglesias no tuvo la suerte de los Etchevehere: Le usurparon 1.200 hectáreas y la justicia de Santiago del Estero nunca intervino se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>De todo eso fue víctima Natalio Iglesias, vicepresidente de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, quien hace unos años perdió un campo ubicado en la localidad El Quemado, departamento Pellegrini, Santiago del Estero.
“Ese campo lo adquirió mi padre y fue usurpado en 2009/2010. Estaba metido el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) con apoyo del gobierno nacional, del kirchnerismo. Los abogados nos dijeron que también había gente del conurbano bonaerense”, explicó el productor.
Escuchá la nota completa a Natalio Iglesias:
Se trata de un establecimiento que suma 1.200 hectáreas. La familia Iglesias se presentó ante la Justicia con el título de propiedad correspondiente y las constancias del pago de los impuestos, pero su reclamo no prosperó.
“Nos presentamos incluso con los antiguos propietarios, que todavía vivían ahí. El vecino que intentó evitar que entraran al campo fue baleado en una pierna. Cuando fuimos a tratar de desalojar estaban con topadoras sacando alambres. Básicamente perdimos el campo. La justicia de Santiago no se expidió sobre el tema”, señaló.
El productor y dirigente dijo que el suyo no es un caso aislado, que hay muchos otros productores damnificados en la región y que por eso “desde la Asociación de Productores de Legumbres, junto con Sociedad Rural Argentina, Prograno y Federsal, entre otros, estamos viendo si convocamos a crear un grupo anti-toma basado en el ámbito de los jueces, los fiscales, las fuerzas vivas y el sector privado que sabrá primeramente si lo usurpan o no”, indicó.
Iglesias dijo que en el norte del país hay tierras fiscales “que se pueden colonizar”.
“Se necesita organizar grupos para colonizar tierras estatales (con el tamaño suficiente), que les permita tener una escala productiva, porque lamentablemente el productor chico y mediano no puede acceder a la propiedad”, indicó.
Lo de la escala de cada emprendimiento es un tema crucial en estos planes de colonización. “Los chicos y medianos estamos desapareciendo”, explicó Iglesias, que pidió bajar la presión fiscal y desarrollar una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria que pueda evitar que “los desmanes (del clima) no te dejen a la vera del camino”.
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]]>La entrada En segunda instancia, la justicia le dio la razón a los Etchevehere y ordenó el desalojo del campo intrusado por militantes de Juan Grabois se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Castagno, en segunda instancia, hizo lugar a las apelaciones presentadas tanto por los fiscales de la ciudad de La Paz como por la defensa de los Etchevehere. Como había anunciado tras una larga audiencia que fue televisada e incluyó la presentación de todas las partes en litigio, lo que hizo ahora es leer directamente una larga sentencia, en la que explicó las razones objetivas que la llevaban a ordenar el desalojo de los ocupantes actuales del campo.
La magistrada le dio credibilidad a todos los documentos presentados por la defensa en esta causa, que habían sido inicialmente desestimados por el juez Héctor Flores, cuyo fallo solo dilató los días de desalojo. Desde la toma han pasado 13 jornadas. En todas ellas fue creciendo el voltaje político alrededor de esta toma.
El ex ministro y presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se instaló junto a sus hermanos en la tranquera de acceso al campo. Allí se sucedieron dos movilizaciones de productores inquietos por este avasallamiento de la propiedad privada; una marcha de militantes sociales que apoyaron la toma protagonizada por el Proyecto Artigas; un enorme despliegue policial para evitar incidentes entre ambas partes; y múltiples episodios de tensión. Algunos que llegaron al grotesco.
En la lectura de la sentencia, Castagno fundamentó básicamente que, más allá de que pudieran corresponderle algunos derechos hereditarios que no se estaban dirimiendo en ese juicio, el ingreso de Dolores Etchevehere y de 40 militantes del denominado Proyecto Artigas al predio rural el pasado 15 de octubre fue realizado “de modo absolutamente inconsulto” con los propietarios legales del establecimiento de unas 1.300 hectáreas, la empresa Las Margaritas SA. Por eso ordenó el “reintegro inmediato” del campo a esa firma.
La firma de la familia Etchevehere maneja ese campo desde los años 70, entre otros establecimientos en la provincia de Entre Ríos. En 2009, cuando murió el padre del ex ministro, Luis Etchevehere, la hermana díscola inició una serie de reclamos y denuncias. Según la versión de la familia, este litigio haría concluido en 2018, cuando se llegó a un acuerdo extrajudicial para el reparto de las propiedades. Luego Dolores habría vendido los bienes recibidos a una empresa llamada Mirus.
Pero la jueza, más allá de tomar en consideración esas pruebas, aclaró terminante que no estaba en discusión si a Dolores Etchevehere le correspondía todavía parte de la herencia o si había sido defraudada por su propia familia, como ella sostiene. Dijo Castagno que lo que se discutía allí era una intrusión en bienes que eran de otros. Y por eso ordenó el desalojo. En las próxima horas se sabrá si será de modo pacífico o si requerirá el uso de la fuerza pública.
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]]>La entrada Al final en Santa Elena hubo más policías que productores y militantes de los movimientos sociales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los ánimos estaban caldeados a media tarde, porque en la tranquera del campo acampa la familia Etchevehere y muchos productores temerosos de que esta sea una avanzada contra la propiedad privada, pero desde las 16 se esperaba la presencia de militantes de los movimientos sociales que apoyan esta toma y el nacimiento en el lugar de una colonia agroecológica. Grabois estuvo al frente de una numerosa marcha frente a la Sociedad Rural de Palermo. Pero se esperaban que llegaran muchos de los suyos hasta el norte de Entre Ríos.
Por fortuna, desde el mediodía hubo un gran despliegue de la Policía provincial en el lugar, y las cosas no pasaron a mayores. Todo terminó sin incidentes ni violencia, más allá del odio mutuo que destilan ambos sectores en las consignas y en las declaraciones. Que oligarcas versus pueblo. Que estancieros frente a pequeños campesinos. Que vagos con sueldo del Estado versus a sufridos productores atribulados de impuestos.
Finalmente la gran cantidad de efectivos policiales desplegados en el lugar superó con creces tanto la cantidad de productores como la de activistas apoyando el Proyecto Artigas, que no fueron más de 150 personas. Unos y otros estuvieron separados por unos 300 metros de distancia y un alambrado policíaco infranqueable y seguramente costosísimo.
Amplio despliegue de policías para controlar que no pase nada a las cuatro, hora en la que se anunció una movilización de militantes sociales hasta Casa Nueva, el campo de la familia Etchevehere. Dolores ya avisó a algunos colegas que no saldrá a la tranquera. pic.twitter.com/VnT1fFJlXX
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 26, 2020
Por ahora hay más de cien policías para detener a solo este puñado de manifestantes. Pero es temprano. pic.twitter.com/bMn3XFImMY
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 26, 2020
La policía de Entre Ríos corta el camino de acceso a Santa Elena a unos 200 metros del acceso al campo de los Etchevehere. Está claro que la decisión es evitar enfrentamientos, si llegan las columnas de Grabois. pic.twitter.com/PXLPvKkS4n
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Vista del campamento de los productores, del otro lado del cerco policial. Va a imponerse una buena distancia con los.manifestantes. pic.twitter.com/PI8A4yRAVL
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Son los primeros que llegaron a la marcha. Reclaman la devolución de 70 hectáreas de la escuela agropecuaria vecina a Casa Nueva que, afirman, fueron usurpadas por la familia del ex ministro. pic.twitter.com/ENFB0B5UZC
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Llegó la caravana de autos que se armó en Santa Fe y Paraná. No son más de 25/30 autos. Pero muy ruidosos. pic.twitter.com/MrScv6N7ZS
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Estado de situación pic.twitter.com/HlGBEZ0tAr
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Son muchísimas las organizaciones sociales que han mandado uno, dos, tres o cinco enviados cada una. Es difícil ponerse de acuerdo sobre quienes van a hablar. Se decide hacer una asamblea para "recuperar la voz". El único acuerdo es que se leerá un mensaje enviado por Dolores. pic.twitter.com/VVcX93h4Ws
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El reclamo sobre las tierras que tenía la escuela agrotécnica -70 hectáreas y un aljibe-, se mezcla con la consigna de reforma agraria. Pero como los que llegaron de afuera no son tantos, algunos lugareños se hacen escuchar y reclaman a Etchevehere la devolución de esos lotes. pic.twitter.com/1y1EHjSd5J
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Sueños. pic.twitter.com/Z9AAogFqyL
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Este es el calzado de los principales referentes de la movilización a favor de Dolores y el proyecto Artigas. Están ultimando detalles de la marcha y vienen de arreglar que todo será pacifico con la policía. pic.twitter.com/uG8Fe9lUaK
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Finalmente aquí no son mucho más que 150 personas las que se manifiestan a favor de la toma del campo. Se hace surco rápido para que pase una ambulancia. pic.twitter.com/gNuNDhi5V8
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 26, 2020
Se imponen los reclamos lugareños y todos se trasladan al frente de la escuela agrotécnica. Esto habilita un nuevo capítulo de la serie para Netflix.. qué pasó con las tierras de la escuela? Ya tenemos material para la temporada dos de la serie. pic.twitter.com/LnPUHo7N7I
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La UTT trajo algunas verduras para que los integrantes del Proyecto Artigas que tomaron la estancia de la familia Etchevehere "no pasen hambre mientras esté secuestrados allí adentro por la patota". Ahora no saben cómo entregarán ese alimento y sufren algunas bajas en el camino. pic.twitter.com/0mEdlBBIJ8
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Remeras pic.twitter.com/o4lQpTAb7c
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Atardecer de un campo sembrado de policías… pic.twitter.com/Ro8TRaJqRf
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Es un conflicto familiar… pic.twitter.com/LbQlSTnn6O
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Este era el famoso aislamiento? pic.twitter.com/4OKL7Mj07K
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"No está sola, Dolores no está sola…" pic.twitter.com/OHEOaDHaVC
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Y Dolores que saluda a 500 metros de distancia, puño en alto, junto al referente del MTE Rural Lautaro Leveratto. pic.twitter.com/4mTzL7JMps
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Otra anécdota: la camioneta que trajo los alimentos al lugar, escoltada por la policía, terminó la descarga y salió a tranco rápido, con tan mala pata que se clavó en una zanja llena de barro. Cuando la sacaron, los gauchos se burlaban: "¿Ves pajarón? Para eso servían las 4×4".
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 27, 2020
Fin de este capítulo
La entrada Al final en Santa Elena hubo más policías que productores y militantes de los movimientos sociales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Delante de una pequeña multitud, Etchevehere anunció que acampará frente a su estancia hasta que llegue el desalojo de los militantes de Grabois se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Allí, en el lugar donde duerme desde hace al menos una semana, frente a la entrada del campo familiar que fue tomado por su hermana menor Dolores y un centenar de militantes del Proyecto Artigas, ligados a Juan Grabois, el ex ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, prometió permanecer en el acampe hasta que la justicia haga justicia, o lo que es decir hasta que la justicia desaloje a los “delincuentes” que ocuparon esa propiedad privada, la propiedad familiar.
"Este es un delito cometido por delincuentes que nos quieren engañar con un cuento", dice ahora Luis Miguel Etchevehere. pic.twitter.com/uel2meN4M9
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
El acto, multitudinario para lo que podía esperarse (solo fue motorizado por las entidades rurales de la provincia de Entre Ríos), fue corto y contundente: en un momento llovía mucho. Los oradores bajo una maltrecha carpa hecha con el plástico de silobolsas usados fueron sucediéndose y repitiendo más o menos lo mismo: que los productores ven esta toma como una avanzada grave contra la propiedad privada y que, para peor, parecen convencidos de que los usurpadores cuentan con apoyo del gobierno.
Uno de los dirigentes lee un comunicado de la mesa de enlace nacional. Pide respeto a la Constitución, a las leyes y a la propiedad privada. Acusa al Poder Ejecutivo de ser parcial y pide "es hora de recuperar la cordura". pic.twitter.com/wtAcVbiPY4
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Que se recupere la cordura, que actúen los jueces sin presiones y que el gobierno recupere la imparcialidad que debería tener ante estas situaciones de tomas de tierras fue el pedido principal. Uno de los dirigentes leyó un comunicado emitido minutos antes por la Mesa de Enlace Nacional, que todos estos días estuvo haciéndose la distraída porque la figura del ex ministro macrista no les cae demasiado simpático. Con la escalada y advirtiendo el malhumor que se estaba apoderando de los productores, no quedó más remedio que pronunciarse. Lo mismo le sucedió al Mellizo Alfredo De Angeli, ícono del conflicto de 2008, hoy senador del PRO. En segunda línea, estuvo participando de la protesta.
“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hace un llamado para que la Argentina transite por el camino del respeto a la Constitución, las leyes, el orden y la paz social. La irrupción en la propiedad privada sin claridad en sus derechos y de manera prepotente pone en crisis la seguridad jurídica, precipitando una crisis institucional, mostrando un Estado y una Justicia complaciente, que no conduce a la solución”, dijo el comunicado de la Mesa de Enlace leído frente a una mojada “multitud” que estaba fascinada con tanta lluvia.
"Estamos acá todas las noches. Si quieren venir a buscarnos que vengan. Dejen de amenazar por los medios de comunicación", afirma el ex ministro, que por primera vez involucra a Cristina Kirchner de estar detrás de la toma de su campo. pic.twitter.com/tJAwjXwot3
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Flanqueado por su familia y por los dirigentes de las cuatro entidades rurales de Entre Ríos (la única entidad que formalmente no adhirió fue Federación Agraria, pero había productores federados que hablaron en nombre de ella sobre el escenario), Etchevehere dijo que permanecerá en el lugar todo el tiempo que sea necesario, hasta que se ordene el desalojo de la estancia Casa Nueva, que su abuelo compró en los años 70.
El juez Raúl Flores, que el viernes dictó un falló que impidió el desalojo de los militantes de Grabois, argumentando que Dolores tenía derechos hereditarios sobre la propiedad y que podía invitar a quien quisiera, hizo lugar esta noche a la apelación que presentaron no solo los abogados de los Etchevehere sino también los fiscales, que están convencidos que esto se trata de una usurpación. Cumplido este trámite, ahora se sorteará un nuevo juez que deberá inspeccionar las pruebas y expedirse. Posiblemente el nuevo fallo se conozca esta misma semana.
La policía trae una nueva notificación para la familia Etchevehere, que la rechaza como todas las anteriores. La verdad que suena ridícula… Intima a qué busquen una fórmula de convivencia dentro de los ambientes comunes con los de Proyecto Artigas, los que ocuparon el campo. pic.twitter.com/tJ3ouVxlFK
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Parece el mundo del revés. Los que duermen en una carpa reclamando derechos que creen son los suyos son Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos, integrantes de una de las familias más poderosas de la provincia de Entre Ríos. Los que están dentro de su estancia familiar son los militantes del denominado campo popular.
Habla uno de los Etchevehere. Cuenta como fue la usurpación de campo familiar y la gente grita "juiira". pic.twitter.com/uocC2Imvyi
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Más allá de la postal de lucha por sus derechos que encarna el ex ministro de Mauricio Macri, muchos de los productores que marcharon hasta acá no le tienen demasiada simpatía y lo dicen a viva voz cuando alguien se los pregunta. Es otra cosa lo que los mueve, no necesariamente la empatía con esta familia. Es el temor a que después de esta toma signa más, y nadie esté a salvo de este rapto repentino de una reforma agraria. Lo dice con todas las letras José Colombatto, el presidente de FARER, que agrupa a las rurales entrerrianas. Tienen temor en terminar como Venezuela o Cuba.
Jose Colombatto, presidente de FARER, dice que faltan tres años de gobierno, pero ya da por descontado que "van por todo". pic.twitter.com/2blwphxWwu
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Ante una pregunta de Bichos de Campo, Luis Miguel desmiente que esté sobreactuando las situaciones por interés de actuar en política. Pero en su discurso se ocupa de mencionar muy duramente la pasividad del gobernador Gustavo Bordet. Y por primera vez menciona a Cristina Kirchner. “No le tenemos miedo a Grabois. Tampoco le tenemos miedo a Cristina Kirchner”, enfatiza.
Aunque denuncian todos y todo el tiempo que la mano del gobierno está detrás de esta toma (de hecho hubo funcionarios participando en la defensa de los militantes que están dentro del predio, en todos los discursos se cuidaron de atacar la figura del presidente Alberto Fernández, quizás con la secreta esperanza de que reaccione e imponga cierta mesura y equilibrio, al menos entre sus funcionaria. La excepción fue Leonor de Etchevehere, la madre del ex ministro y de Dólores, quien ironizó justamente sobre la falta de definiciones respecto de la propiedad priovada por parte de Alberto, el gobernador Bordet y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el “de la colita”.
Leonor maneja la ironía. Pregunta a la gente si el presidente Alberto Fernández defendió la propiedad privada, "porque yo no lo oí". También crítica por lo mismo al gobernador Bordet y al ministro Basterra, "el de la colita". pic.twitter.com/RDdPKWJO5N
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Mientras los Etchevehere claman que resistirán en su improvisado campamento montado en el acceso mismo al lugar ocupado, y hay militantes de Grabosi que “usan nuestros baños” dentro del coqueto casco de la estancia Casa Nueva; mientras la justicia abre una nueva instancia para discernir sobre este caso complicado, pues tiene ribetes de pelea familiar pero con alto voltaje político; los productores agropecuarios en buen número y bajo la lluvia mostraron su malestar con esta situación. Pero lo hicieron en paz. Del otro lado del candado que impide la entrada o salida de vehículos del lugar (salvo que lo permita el juez Flores), no había ninguno de los presuntos intrusores. Y eso ayudó a que la movilización transcurriera en paz.
La gente desconcentra en paz luego de los discursos. El acto fue corto pero contundente. pic.twitter.com/pS4cdCg65j
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 25, 2020
Pero la tensión volverá a renacer este lunes, porque el Proyecto Artigas anunció una movilización de los movimientos sociales que avalan esta toma frente a la Rural de Palermo, en Buenos Aires, pero también en Santa Elena, enfrente de la misma tranquera de acceso a la estancia bajo litigio, en la que este domingo se reunieron los productores. Los Etchevehere ya han avisado que estarán allí, acampando, que no se moverán mientras esperan que se vuelva a pronunciar la justicia, esta vez a su favor.
La entrada Delante de una pequeña multitud, Etchevehere anunció que acampará frente a su estancia hasta que llegue el desalojo de los militantes de Grabois se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada A pesar de la evidencia y el fastidio de todo el agro, la justicia rechazó el desalojo del campo de los Etchevehere se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En este marco, el magistrado propuso a las partes (por un lado Leonor, la madre de Etchevehere, y sus tres hijos varones, y por el otro la menor de la familia, Dolores, quien ingresó hace una semana al campo juinto a 40 militantes del denominado Proyecto Artigas) a “pensar una solución pacífica y armónica”. El ex ministro de Macri desechó esa posibilidad y avisó que apelarán lo que consideran una usurpación del campo, un delito penal.
Descargá aquí la Resolución ETCHEVEHERE
Según el fallo, Dolores Etchevehere “probó en la audiencia que fue declarada también heredera” de los predios en discusión, por lo cual le reconoció ciertos derechos sobre ellos. El magistrado remarcó que el ingreso al predio fue “pacífico y sin violencia” y que la denuncia contraria no indicó ni probó “un hecho violento más que el número de personas” presentes.
El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia cuando el jueves de la semana pasada se produjo la irrupción del predio ppor parte de 40 personas, a bordo de 12 vehículos. Desde ese día la familia pidió el desalojo a la justicia, pero este trámite recién se activó cuando el miércoles se realizó una marcha de productores entrerrianos al lugar. Unas 48 horas después se conoció el fallo y los productores continuaban montando guardia en el acceso al campo.
La figura clave para saber si Dolores Etchevehere sigue siendo dueña de parte del campo intrusado es el abogado Santiago Yofre, que lamentablemente se negó de modo amable a responder mis preguntas amparándose en el "secreto profesional". Fue su apoderado al menos hasta 2019.
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 23, 2020
Dolores Etchevehere anunció que busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo “agroecológico”. El abogado de esa agrupación y también de la mujer es Juan Grabois, un dirigente cercano al actual gobierno. En las gestiones judiciales hubo varios funcionarios nacionales actuando en defensa de los presuntos intrusos.
Según los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y un grupo de unas 40 personas ingresaron a “Casa Nueva”, y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el lugar. Allí realizaron trabajos en la tierra y les comunicaron a los trabajadores del lugar donde no podían dirigirse ni transitar, impidiendo “el normal trabajo e intimidándolos”.
La fiscalía había adjudicado “violencia y engaño” por parte del grupo encabezado por Dolores, pero según el juez no se probó “otro hecho violento más que el número de personas”, por lo que luego aclaró que “en realidad fue pacífico y sin violencia”.
A mi me enseñaron que hay que ser humilde en la victoria. La justicia ya falló. Con humildad, le pido, señor @lmetchevehere, que se termine la violencia. Dolores y @ProyectoArtigas están dispuestos a convivir en la tierra que co-poseen. Eso nos va a hacer bien a todos.
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 23, 2020
Los abogados querellantes habían denunciado un “engaño” para poder ingresar y “darse a conocer como heredera”; pero el juez recordó que los empleados “saben que los patrones son la familia Etchevehere” y que la propia fiscalía probó que Dolores también “fue declarada heredera”.
Por ende, “no hubo tal engaño en el proceder, y no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una heredera de don Luis Etchevehere”, agregó en el fallo.
El juez Flores dedujo que los herederos omitieron “inventariar el inmueble donde se asienta el campo Casa Nueva” y a la fecha “no hay partición”, por lo que los hermanos son “condóminos y dueños por igual por todos los bienes hasta que culmine el sucesorio”.
Además, destacó que “eso dejaría en pie” una asamblea societaria en la cual Leonor Barbero Marcial y sus hijos, le cedieron a Dolores 129 hectáreas del campo Casa Nueva.
La socia mayoritaria de Las Margaritas SA es Leonor BM de Etchevehere ( MUJER ). Administraba pacíficamente el campo cuando 40 violentos lo usurparon. Alberto Fernández apoya la toma de Grabois con el aparato estatal. https://t.co/bUZaP5JNWe
— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 23, 2020
Finalmente, el juez resaltó que la disputa familiar por la herencia “no puede ser resuelta en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado”. Además indicó que “no ha podido ser acreditado” el delito y por ello no puede ser “válidamente despachada la medida cautelar de desalojo”.
“Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde el derecho de las familias me lleva a la necesidad de ofrecer pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces”, concluyó el juez.
Durante toda la semana hubo un rechazo masivo de las organizaciones y cámaras de la producción agropecuaria a este tipo de usurpaciones de tierras rurales. El malestar agropecuario no parece haber incidido en absoluto en esta decisión judicial.
La entrada A pesar de la evidencia y el fastidio de todo el agro, la justicia rechazó el desalojo del campo de los Etchevehere se publicó primero en Bichos de Campo.
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