“Este año entrante me toca asumir un trabajo que no es nada sencillo, aún con la amenaza de la pandemia por el Covid 19. Nuestro trabajo será el de seguir en la registración de trabajadores y empleadores en el sector rural, y todo esto sería imposible sin el trabajo conjunto de las dos partes que integramos el Directorio”, indicó el flamante presidente.

La presidencia de RENATRE alterna año a año entre el sector de los empleadores y los trabajadores. En la nueva comisión directiva acompañarán a a Buser los siguientes dirigentes: Orlando Marino como vicepresidente, en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA)M José Liguen como tesorero y Carolina Llanos como secretaria, ambos en representación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y los directores Adrián Luna Vázquez en suplencia de Marcos Williams Prim de CRA. También estarán Abel Guerrieri, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y José Voytenco y Jerónimo Pérez de la UATRE.

Voytenco, secretario general del gremio, es justamente quien cedió el puesto de presidente. “A pesar de continuar en pandemia, hemos avanzado en la registración de los trabajadores rurales y empleadores de todo el país, pero sabemos que queda mucho por hacer y que aún hay mucho trabajo no registrado en el campo argentino”, aclaró.

En 2021 en total se realizaron 1.118 fiscalizaciones, relevando cerca de 8 mil trabajadores y detectando también situaciones de explotación laboral, trabajo infantil prohibido y trabajo adolescente no protegido.

“La fiscalización es una de las acciones más importantes para nuestro organismo. Buscamos desarrollar acciones en el campo, por lo que se adquirieron nuevos vehículos para facilitar el trabajo en territorio con las dificultades que implican los accesos a los establecimientos rurales con el fin de que no haya trabajadores sin registrar”, destacó el secretario general de la UATRE.

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Destacó el trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, el Ministerio de Trabajo de la Nación, los distintos ministerios de trabajo provinciales y la UATRE, “buscando la erradicación del trabajo infantil, el trabajo adolescente no protegido, y de la explotación laboral”. En ese sentido, contó que el Renatre otorgó más 500 prestaciones a trabajadores detectados en esta situación.

Del ciclo que concluye, “también hay que destacar la eliminación de la incompatibilidad de la Prestación por Desempleo con el cobro del programa intercosecha. Esta resolución, constituyó un hecho de justicia social, destinado a ampliar la protección social de los trabajadores rurales”, según declaró Orlando Marino, próximo vice del RENATRE.

Otro punto del balance fue que “tuvimos una gran gestión en capacitaciones, con un total de 92 jornadas, 65 a distancia, y 27 presenciales, con 5.879 asistentes”, según afirmó el Director Jerónimo Pérez.

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José Liguen, Director del Registro, agregó que “el trabajo de modernización y digitalización del Registro es constante. Se renovó este año más de un 80% del parque informático a fin de mejorar la atención de los trabajadores rurales y los empleadores. A su vez, se están fortaleciendo las delegaciones provinciales en materia de infraestructura nos encontramos remodelando las delegaciones de Santa Fe Sur y Santiago del Estero y se preveé la construcción de  la nueva sede en General Roca, Río Negro, reforzando la presencia territorial”.

Entre los hitos de 2021 también se subrayó el aumento interanual del 96% de la Prestación por Desempleo, con un monto máximo de 21.600 pesos, alcanzando el salario mínimo vital y móvil. Además se implementó el pago a través de CBU como único medio de cobro de la prestación. “Si el trabajador no posee cuenta bancaria, el RENATRE le tramita la apertura de la misma en el Banco Nación”, destacó Voytenco.

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Esa doble injusticia fue destacada duranta un seminario realizado por la Oficina en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contó con la participación de especialistas del gobierno, del sector empresario y del sector sindical, y que puso foco los adolescentes, el acceso al trabajo decente y el desafío de la protección de esa población. El evento se realizó en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

María Natalia Gadea, que es jefa del Observatorio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), contó que una de las falencias del sistema es que “la gran mayoría de las acciones están enfocadas en los trabajadores registrados”, y que es este sentido se omite muchas veces a los tyrabajadores rurales adolescentes. “Una de las grandes problemáticas que tienen las personas de 16 o 17 años por las altas tasas de no registro”, reconoció.

La referente de la SRT detalló: “En 2017 había tres millones de personas de esas edades, de las cuales 240 mil trabajaban y en el sistema de riesgos de trabajo teníamos 7 000 registrados”. Era el equivalente a menos del 3% del total.

Pero Gadea añadió: “Desde esa fecha hasta la actualidad, ese registro ha ido disminuyendo: en 2018 eran alrededor de 5 000; en 2019, cerca de 4 000; y el año pasado llegó a 2 862 personas”. Suponiendo que la masa de comparación continúe siendo la misma (y hasta podría haber crecido, por el salto de los indicadores de pobreza), esa última cifra equivale a solo 1,2%.

Guillermo Federico Zone, que se desempeña como inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), confirmó que en el ámbito rural hay “muchas familias de escasos ingresos donde los adolescentes y muchas veces los niños también, necesitan ayudar con el trabajo a completar su canasta básica y eso está naturalizado”.

“A mí me ha tocado en el abordaje territorial encontrarme con trabajo adolescente y en la totalidad de los casos, ninguno estaba cumpliendo con los requerimientos que demanda la legislación laboral”, reveló.

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De acuerdo con este especialista, la mayoría de los trabajadores adolescentes viven en lugares urbanos marginales. “Muchas veces encontramos en la provincia de Mendoza muchos cultivos intensivos de cortos períodos de tiempo. Entonces se trasladan desde otras provincias o países y viven en cuadrillas, donde los jóvenes quedan al cuidado de sus hermanos más chicos o haciendo tareas domésticas, o a veces también para completar el ingreso en las familias, van a ayudar a los padres”.

En este escenario, María Belén Noceti, que es investigadora del Conicet, razonó sobre las motivaciones que tienen los jóvenes para salir a la búsqueda de trabajo:e van desde la necesidad de subsistencia, la autonomía progresiva, gastos no priorizados en los hogares, consumos simbólicos, hasta la ayuda a terceros.

En el cierre del seminario, la directora de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral del Ministerio de Trabajo, Silvia Kutscher, planteó que los desafíos de ese organismo son: “¿Cómo acercamos información a los adolescentes, población y empleadores? y ¿cómo actualizamos el listado de tareas penosas para el trabajo adolescente?”.

Kutscher, de ese modo, reconoció que el Estado debe reescribir “un listado lo más digerible posible” respecto a qué pueden y no hacer los adolescentes que trabajan en el agro, debido a que “la poca claridad que tiene el listado” actual no contribuye a su aplicación.

Foto de portada: Lucio Boschi / OIT 2021

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Lo explicó bien el periodista especializado Ismael Bermúdez en una nota del diario Clarín: “Como un incentivo a la formalización, los trabajadores temporarios o de trabajo permanente discontinuo del sector agropecuario registrados ante la Seguridad Social comenzarán a cobrar desde noviembre las asignaciones familiares, con el complemento que duplica esos valores. Así el salario familiar por hijo de 5.063 pesos mensuales será de 10.126 pesos por mes para esos trabajadores rurales”.

¿Medida electoral? Como sea, con esta decisión de la ANSES este grupo de trabajadores rurales quedará en igualdad de condiciones con los trabajadores formales de ingresos familiares más bajos (hasta 78.454 pesos) y con los  monotributistas de las categorías A, B y C.

La Resolución 200/2021de la ANSES establece el siguiente anexo con los rangos y montos de Asignaciones Familiares para los casos contemplados por el Decreto N° 514/2021:

Aquel decreto establecía que “los trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme a la Ley 26.727, y para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20.744, percibirán las Asignaciones Familiares (…) que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)”.

“A tales efectos, se abonará, en las condiciones y los términos que fijen las normas complementarias, una suma dineraria adicional para alcanzar dicho objetivo”, recordó la circular de la ANSES.

Interpretando la letra fría de esta normativa, Bermúdez recordó que “actualmente, si no están registrados, esos trabajadores cobran la AUH (5.063 pesos por hijo) y eventualmente la Tarjeta Alimentaria. De esta manera, si son formalizados por sus empleadores siguen percibiendo el beneficio, con el valor incrementado”.

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“Se trata de un proyecto de ley que busca que los trabajadores rurales que tengan algún beneficio no lo pierdan con el blanqueo. Se terminará el problema de las altas y bajas”, explicó a Bichos de Campo el diputado por el Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro.

La iniciativa del misionero ya contaría con el apoyo de Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja; Sergio Massa, presidente de esa Cámara; y Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación.

“El problema que tenemos hoy con el trabajador rural es que el que está cobrando una asignación, se da de alta y luego por ahí no cobra durante dos meses el beneficio. No hay una continuidad y no es práctico. Al final no quiere blanquearse porque pierde. Inclusive pierde la tarjeta alimentar”, aseguró el legislador.

Aún así, Bárbaro distribuyó las culpas y afirmó que parte de la responsabilidad también los tienen los sectores productivos, como el yerbatero, ya que pagan poco.

“Tenemos que empezar a discutir con los distintos sectores porque tenemos hoy 150.000 trabajadores temporales en negro. Más allá de los planes, de la incompatibilidad, no es sólo por ese motivo que no se consiguen trabajadores. También puede ser por los malos pagos.”

Indicó en este sentido que actualmente se paga 3.000 pesos por tonelada de yerba y que el trabajador sólo obtiene un 10% de ese monto. “Para sacar mil kilos tenés que hamacarte dentro de un yerbal”, dijo.

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El diputado confirmó que se realizarán negociaciones con las distintas provincias que concentran el mayor índice de trabajo rural temporario y llamó al diálogo. “Si vos facilitás que esos tipos se registren, el Estado dejará de pagar los aportes y el patrón es quien los pagará. Es una mejora para el Estado. Si sale esta ley termina el problema”.

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