“Este año entrante me toca asumir un trabajo que no es nada sencillo, aún con la amenaza de la pandemia por el Covid 19. Nuestro trabajo será el de seguir en la registración de trabajadores y empleadores en el sector rural, y todo esto sería imposible sin el trabajo conjunto de las dos partes que integramos el Directorio”, indicó el flamante presidente.

La presidencia de RENATRE alterna año a año entre el sector de los empleadores y los trabajadores. En la nueva comisión directiva acompañarán a a Buser los siguientes dirigentes: Orlando Marino como vicepresidente, en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA)M José Liguen como tesorero y Carolina Llanos como secretaria, ambos en representación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y los directores Adrián Luna Vázquez en suplencia de Marcos Williams Prim de CRA. También estarán Abel Guerrieri, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y José Voytenco y Jerónimo Pérez de la UATRE.

Voytenco, secretario general del gremio, es justamente quien cedió el puesto de presidente. “A pesar de continuar en pandemia, hemos avanzado en la registración de los trabajadores rurales y empleadores de todo el país, pero sabemos que queda mucho por hacer y que aún hay mucho trabajo no registrado en el campo argentino”, aclaró.

En 2021 en total se realizaron 1.118 fiscalizaciones, relevando cerca de 8 mil trabajadores y detectando también situaciones de explotación laboral, trabajo infantil prohibido y trabajo adolescente no protegido.

“La fiscalización es una de las acciones más importantes para nuestro organismo. Buscamos desarrollar acciones en el campo, por lo que se adquirieron nuevos vehículos para facilitar el trabajo en territorio con las dificultades que implican los accesos a los establecimientos rurales con el fin de que no haya trabajadores sin registrar”, destacó el secretario general de la UATRE.

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Destacó el trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, el Ministerio de Trabajo de la Nación, los distintos ministerios de trabajo provinciales y la UATRE, “buscando la erradicación del trabajo infantil, el trabajo adolescente no protegido, y de la explotación laboral”. En ese sentido, contó que el Renatre otorgó más 500 prestaciones a trabajadores detectados en esta situación.

Del ciclo que concluye, “también hay que destacar la eliminación de la incompatibilidad de la Prestación por Desempleo con el cobro del programa intercosecha. Esta resolución, constituyó un hecho de justicia social, destinado a ampliar la protección social de los trabajadores rurales”, según declaró Orlando Marino, próximo vice del RENATRE.

Otro punto del balance fue que “tuvimos una gran gestión en capacitaciones, con un total de 92 jornadas, 65 a distancia, y 27 presenciales, con 5.879 asistentes”, según afirmó el Director Jerónimo Pérez.

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José Liguen, Director del Registro, agregó que “el trabajo de modernización y digitalización del Registro es constante. Se renovó este año más de un 80% del parque informático a fin de mejorar la atención de los trabajadores rurales y los empleadores. A su vez, se están fortaleciendo las delegaciones provinciales en materia de infraestructura nos encontramos remodelando las delegaciones de Santa Fe Sur y Santiago del Estero y se preveé la construcción de  la nueva sede en General Roca, Río Negro, reforzando la presencia territorial”.

Entre los hitos de 2021 también se subrayó el aumento interanual del 96% de la Prestación por Desempleo, con un monto máximo de 21.600 pesos, alcanzando el salario mínimo vital y móvil. Además se implementó el pago a través de CBU como único medio de cobro de la prestación. “Si el trabajador no posee cuenta bancaria, el RENATRE le tramita la apertura de la misma en el Banco Nación”, destacó Voytenco.

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“Se me ocurrió hacerlo para el tractor que maneja la embolsadora durante la cosecha. Así, cuando se está haciendo el bolsón se puede guiar el tractor a control remoto. Es para cosas simples, para que el tractorista pueda guiarlo desde otro tractor y, por ejemplo, trabajar de a dos tractores”, relató Príncipe a Bichos de Campo.

Luego de egresar del secundario con un título de técnico en producción agropecuaria, el joven cordobés no se amigó de forma inmediata con la idea de hacer una carrera universitaria y optó por trabajar varios años con su padre Hugo como contratista. Junto a él y al resto de sus hermanos ofrecían servicios de siembra y de cosecha.

“Hoy en día hay un cierto problema que es que no se consigue gente que quiera ir al campo, y menos para ir a una embolsadora, que es un trabajo que no tiene buena paga. Es más difícil conseguir gente para ese tipo de cosas”, sostuvo Príncipe.

Con los años empezó a interesarse en la electrónica y en programación, y comenzó a ofrecer servicios a terceros para el mantenimiento de toda aquella maquinaria vinculada a la agricultura de precisión. Incluso comenzó a realizar colocación de equipos como los monitores de siembra.

“Al tractor lo armé pensando en hacerlo para la venta. Por suerte hay mucha gente interesada y estoy armando para tener un cierto stock y hacerlo en serie. Lo hice todo de cero. Fui comprando ciertos componentes electrónicos y toda la parte de ingeniería la diseñe yo”, contó el joven.

Aunque la pandemia alteró un poco el cronograma, Joel terminó por anotarse en una carrera vinculada a la programación en la ciudad de Córdoba, para perfeccionar sus conocimientos.

“Yo creo que en la mayoría de las escuelas deberían brindar herramientas de robótica, programación y electrónica. Yo salí con un título en producción agropecuaria y no tenía ni idea de lo que era un cable o un foco.  Muchos a lo mejor no quieren seguir estudiando, porque no encuentran algo que les guste, y esta es una de las herramientas que abre muchísimas puertas. En programación y electrónica hay muy poca gente y puestos de trabajo sobran”, aseguró Príncipe.

La colocación de uno de estos equipos demora menos de dos horas y tiene un costo aproximado de 100.000 pesos, teniendo en cuenta los materiales y la mano de obra. El control remoto funciona a pila y tiene suficiente autonomía para trabajos largos, mientras que el aparato adosado al tractor se alimenta de la batería de este.

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Pero al parecer un decreto no alcanza para modificar comportamientos sociales ni pautas culturales, y mucho menos en un país en el cual cerca de la mitad de la población es pobre y percibe esos beneficios sociales desde hace años. La población más vulnerable sigue temiendo perder esos ingresos por aceptar un trabajo formal.

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Jorge Pazos, del área economías regionales de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), dijo que este tipo de producciones zafreras demandan anualmente de 600 mil trabajadores y que -bien entrada la primavera- está faltando nuevamente la mano de obra en actividades que ingresaron en época de cosecha.

“No conseguimos personal para las cosechas de cítricos, de té, de arándanos y pronto arranca la de cerezas. Lo cierto es que la medida (de la complementariedad de ingresos) no llega a los trabajadores por temor a perder los beneficios y eso hace que estemos en serias dificultades para conseguir mano de obra”, indicó el directivo.

El dirigente de CAME aclaró no están en contra de la continuidad de los planes sociales ni nada parecido. Consideró que el problema actual está en la comunicación y en la falta de confianza de los trabajadores.

“Antes del decreto hubo casos de trabajadores que se desacoplaron de los planes para formalizarse y luego cuando quisieron volver a cobrar el plan tardaron mucho tiempo en ser incluidos. Eso no alienta la formalización y terminan percibiendo que a los planes como beneficios mayores al de trabajar”, explicó Pazos.

Por otro lado, consideró que “desde hace tres generaciones se viene perdiendo la cultura del trabajo. Es un tema cultural que llevará tiempo revertir”.

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Pero las cosechas no entienden de los tiempos políticos ni sociales y así se estima que mucha fruta podría volver a quedar tiradas en las chacras por la falta del personal necesario para su recolección. Este año ya quedaron, por ejemplo, naranjas en el suelo en muchos campos citrícolas, al tiempo que la gente se quedaba sin trabajo.

En tal sentido, el productor entrerriano Víctor Hugo Pezzellato confirmó que están quedando cítricos sin levantar del campo: “Sucede porque no se consigue personal,  no se completan las cuadrillas. Además estamos en la temporada del arándanos así que la poca gente que hay se reparte entre las dos actividades”, indicó desde el Noreste de Entre Ríos.

Al respecto, confirmó Pazos: “Hoy no conseguimos gente para trabajar. Evidentemente el instrumento pensado para la gente más necesitada atenta contra la actividad privada, que requiere del recurso humano para llevar adelante su trabajo y el funcionamiento de las empresas. Necesitamos que el Estado recree la cultura productiva porque estas actividades dan trabajo y generan fuentes de divisas, ya que en su mayoría están vinculadas a la exportación”.

El dirigente señaló que es necesario difundir que los planes sociales son compatibles con el empleo formal y “defender el trabajo como forma de vida y que no sea a través de los planes”.

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Esta palabra entre comillas es uno de los primeros puntos que destaca Maró Guerrero, directora de la ONG en la Argentina: “Claro que el trabajo dignifica y brinda valores, pero en un marco de formalidad, de condiciones adecuadas y de buen trato, es decir, un trabajo decente”, enfatiza. “Pero cuando hablamos de trabajo infantil o de adolescentes en condiciones de precariedad, es todo lo contrario y contra eso luchamos”.

Muchas veces, quizás por una cuestión cultural o de hábitos de otras épocas, el trabajo de niños y niñas se minimiza y hasta se ven con resquemor las férreas iniciativas para erradicarlo, porque se tiene la sensación de que se está perdiendo el aprecio al trabajo, o que se fomenta que los jóvenes no hagan nada. Muy lejos de estas ideas está el accionar de Desarrollo y Autogestión, ya que pone especial énfasis en generar las condiciones para que ningún niño ni ninguna niña trabaje y promover puentes entre la educación y el empleo, promoviendo la inclusión educativa y dando la posibilidad de que los alumnos de los últimos años del secundario hagan prácticas en escenarios laborales reales, acompañados y cuidados para garantizar la función educativa.

“Conectamos, articulamos. Queremos que los chicos conozcan a los empresarios y que no los vean como el enemigo, que tengan un acercamiento distinto al mundo del trabajo, a la formalidad y que vean que es posible acceder, con derechos”, aclara Maró.

“Abrimos la oportunidad para que todos los chicos y chicas de secundario empiecen a pensar en el mundo del trabajo y tengan un plan; en las empresas capacitamos personas que se convierten en tutores para recibir y guiar a esos alumnos y que los acompañen en la práctica diaria en coordinación con los docentes de la escuela. Luego, una vez de vuelta en la escuela, se reflexiona sobre la experiencia y es muy pero muy enriquecedora para todos: los chicos conocen sus derechos y ven que el trabajo puede ser un lugar de aprendizaje, y de realización si se realiza en condiciones adecuadas, y las empresas ven que hay mucho talento y ganas disponibles para el trabajo, a la vez que sienten que están ayudando a alguien, que están contribuyendo con su formación”.

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-¿Por qué hay tanto trabajo infantil en el sector agropecuario?

-Es en el todo el mundo: en este sector trabajan el doble de chicos que en otros sectores. En la Argentina el 10% de los chicos de entre 5 y 15 años trabaja en distintas actividades. Entre adolescentes la tasa es del 31,9% y la tasa en zonas rurales para los dos rangos de edad sube a 19,8% y 43,5%. Hay muchas razones que explican el trabajo infantil y adolescente: la situación económica de las familias y el trabajo precario de los adultos es determinante. Sin embargo, también tiene que ver con lo cultural ya que en las pequeñas unidades productivas toda la familia apoya la producción. Pero cuando eso se traslada a un gran campo donde hay un empleador que “emplea” a toda la familia, por ejemplo, para la cosecha, y la labor de la familia es parte de una cadena mayor, esto es trabajo infantil y está sancionado con prisión por las leyes argentinas. Otro factor es que en las zonas rurales es más difícil el acceso a la educación, ya que a veces hay que viajar muchas horas para llegar a la escuela y no siempre es posible, entonces los chicos quedan más “expuestos trabajar” porque no hay opciones de educación y recreación.

-También está la mayor demanda de mano de obra para las cosechas…

Así es, y en este tema hay una cierta ambigüedad en la ley. En la Argentina se puede trabajar desde los 16 años pero cumpliendo ciertas condiciones, como ir a la escuela, tener un apto médico para la actividad, una autorización de los padres, que no sean más de 36 horas semanales y que la actividad no sea nocturna ni en domingo.

-Hasta aquí todo es claro…

-Pero es que la norma no termina en esto. Por ejemplo, hay actividades que están prohibidas por ser peligrosas, en condiciones difíciles o si implican “labores repetitivas” (la lista se puede ver aquí). Y entonces ya no es tan claro, porque más allá de lo evidente, como trabajar en altura o con productos químicos: ¿qué es peligroso? ¿qué es una tarea repetitiva? En este punto en las cosechas se genera ambigüedad porque hay clima extremo y tareas repetitivas. Por eso se necesitan definiciones más precisas para que las empresas sepan a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede dentro de su actividad productiva.

Maró cuenta que desde la ONG que dirige accionan con una estrategia multiactoral en territorio para prevenir el trabajo infantil donde municipio, escuela, empresa y posta de salud trabajan en equipo porque se parte de la premisa de que este tema es una problemática social y no solo de la familia o de las empresas o del Estado.

“Cuando se encuentra a un chico trabajando alguien avisa y se activa un proceso para sacarlo de esa situación y para protegerlo; se trata de ayudar a la familia a resolver ese problema y nos ponemos a pensar juntos”, describe. “Por eso fomentamos que haya centros de estudios para que los chicos vayan fuera del horario escolar o lugares donde las madres puedan dejar a sus hijos para ir a trabajar, entre muchas cosas. Cualquiera se puede contactar con nosotros, nos buscan privados y también el Estado para colaborar en la solución de este tema”. Bichos de Campo tomó conocimiento de su trabajo a partir de la decisión de todo el sector productor de arándanos para trabajar en la erradicación del trabajo infantil en ese cultivo.

Durante la pandemia, cuando los chicos no podían ir a la escuela, desde Desarrollo y Autogestión junto con diferentes comunas, municipios y empresas productoras de arándano, armaron lo que se llama “Puntos Jóvenes”, que eran (y son, porque quedaron y se usan) lugares con computadoras y tutores para acompañar y asistir a los chicos, tanto en tareas de estudio como en desarrollar otras actividades que a ellos los motivara, como un taller de realización de video o de redes sociales. Esta iniciativa fue clave porque a las empresas les dio la posibilidad de apoyar a las comunidades de donde provienen sus trabajadores y a la vez evitar el trabajo infantil porque los chicos tenían una actividad para hacer, más allá de que no fueran “a la escuela”.

Junto con las empresas también han desarrollado sistemas de cumplimiento social para prevenir, monitorear y atender el trabajo infantil, que están implementando con 11 empresas y en 5 Comunas y Municipios de Concordia y de Tucumán. Las empresas generan campañas de concientización apoyadas en cartelerías, talleres y videos, y aportan a los servicios educativos de su comunidad. Tienen un sistema interno para controlar y monitorear la entrada de menores de edad en los campos. El sector pionero en estas prácticas es el de la producción de arándanos, a punto tal que dicen de sí mismo: “Nuestro sector se transformó”. (En breve, una nota sobre esta conversión).

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“Es así, cuando una empresa ve las cosas buenas que pasan, no hay vuelta atrás”, dice Maró con emoción. “Por un lado mejora el modelo de negocio porque permite mostrar al cliente que la producción es responsable y a la vez, desde lo humano, la empresa se siente bien. Ver que ese chico que había abandonado la escuela vuelve a tener un futuro es emocionante, sobre todo porque se tiene la convicción de estar contribuyendo a resolver el problema de raíz. Pueden además demostrar que están cumpliendo con la ley, como corresponde”.

-Seguro que todavía hay muchos que dicen: “Yo trabajé de chico y acá estoy”. ¿Qué se les responde?

-Que no es el sufrimiento lo que dignifica sino un trabajo decente y en el momento adecuado, y que el hecho de que uno haya sufrido y a pesar de eso haya salido adelante, no significa que esa es la única manera de obtener un logro. Quizás cuando alguien dice esta frase la mejor respuesta es: “Imaginate hasta dónde podrías haber llegado si no hubieras tenido que trabajar de niño”.

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Esa doble injusticia fue destacada duranta un seminario realizado por la Oficina en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contó con la participación de especialistas del gobierno, del sector empresario y del sector sindical, y que puso foco los adolescentes, el acceso al trabajo decente y el desafío de la protección de esa población. El evento se realizó en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

María Natalia Gadea, que es jefa del Observatorio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), contó que una de las falencias del sistema es que “la gran mayoría de las acciones están enfocadas en los trabajadores registrados”, y que es este sentido se omite muchas veces a los tyrabajadores rurales adolescentes. “Una de las grandes problemáticas que tienen las personas de 16 o 17 años por las altas tasas de no registro”, reconoció.

La referente de la SRT detalló: “En 2017 había tres millones de personas de esas edades, de las cuales 240 mil trabajaban y en el sistema de riesgos de trabajo teníamos 7 000 registrados”. Era el equivalente a menos del 3% del total.

Pero Gadea añadió: “Desde esa fecha hasta la actualidad, ese registro ha ido disminuyendo: en 2018 eran alrededor de 5 000; en 2019, cerca de 4 000; y el año pasado llegó a 2 862 personas”. Suponiendo que la masa de comparación continúe siendo la misma (y hasta podría haber crecido, por el salto de los indicadores de pobreza), esa última cifra equivale a solo 1,2%.

Guillermo Federico Zone, que se desempeña como inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), confirmó que en el ámbito rural hay “muchas familias de escasos ingresos donde los adolescentes y muchas veces los niños también, necesitan ayudar con el trabajo a completar su canasta básica y eso está naturalizado”.

“A mí me ha tocado en el abordaje territorial encontrarme con trabajo adolescente y en la totalidad de los casos, ninguno estaba cumpliendo con los requerimientos que demanda la legislación laboral”, reveló.

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De acuerdo con este especialista, la mayoría de los trabajadores adolescentes viven en lugares urbanos marginales. “Muchas veces encontramos en la provincia de Mendoza muchos cultivos intensivos de cortos períodos de tiempo. Entonces se trasladan desde otras provincias o países y viven en cuadrillas, donde los jóvenes quedan al cuidado de sus hermanos más chicos o haciendo tareas domésticas, o a veces también para completar el ingreso en las familias, van a ayudar a los padres”.

En este escenario, María Belén Noceti, que es investigadora del Conicet, razonó sobre las motivaciones que tienen los jóvenes para salir a la búsqueda de trabajo:e van desde la necesidad de subsistencia, la autonomía progresiva, gastos no priorizados en los hogares, consumos simbólicos, hasta la ayuda a terceros.

En el cierre del seminario, la directora de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral del Ministerio de Trabajo, Silvia Kutscher, planteó que los desafíos de ese organismo son: “¿Cómo acercamos información a los adolescentes, población y empleadores? y ¿cómo actualizamos el listado de tareas penosas para el trabajo adolescente?”.

Kutscher, de ese modo, reconoció que el Estado debe reescribir “un listado lo más digerible posible” respecto a qué pueden y no hacer los adolescentes que trabajan en el agro, debido a que “la poca claridad que tiene el listado” actual no contribuye a su aplicación.

Foto de portada: Lucio Boschi / OIT 2021

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Es en ese marco que este viernes la Red de Mujeres Rurales (RMR), una agrupación conformada por más de 100 organizaciones distribuidas en todo el territorio nacional, lanzó la campaña “Manos Rurales”, con el fin de recorrer la diversidad presente en los quehaceres de la ruralidad argentina y destacar el potencial de la acción colectiva.

Las mujeres y niñas rurales representan más de un tercio de la población mundial. En América Latina y el Caribe viven 58 millones de mujeres rurales. Si bien el 43% de la fuerza de trabajo rural corresponde a mujeres, a nivel territorial muy pocas de ellas reciben ingresos por su labor y poseen como consecuencia un limitado acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los servicios.

Según los datos brindados por ONU Mujeres, las mujeres rurales “garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades, generan resiliencia ante el clima y fortalecen las economías. Sin embargo desigualdades de género tales como leyes y normas sociales discriminatorias limitan su pleno potencial, situándose muy por detrás de las mujeres urbanas y los hombres”.

Es con eso en mente que la campaña Manos Rurales pretende impulsar la visibilizarían del trabajo rural de las femineidades, construir vinculaciones, iniciativas y contenido valioso para incidir en la toma de decisiones en el ámbito público y privado.

Nos acercamos al #DíaInternacionaldelasMujeresRurales. Lo celebraremos recorriendo los diversos quehaceres en donde tomarán protagonismo nuestras #ManosRurales.

Te invitamos a seguir la nueva campaña en nuestras redes @redmrurales pic.twitter.com/sZiZ6bdmak

— Red Mujeres Rurales (@redmrurales) October 14, 2021

“Estar entrelazadas ofrece la oportunidad de la co-creación de proyectos, llegando a lugares que nadie ocupa, abriendo puertas a todas las mujeres que desean sumar su mirada para transformar la sociedad”, señalaron desde RMR.

A continuación agregaron: “Esas manos rurales se manifiestan a seguir soñando con desarrollar sus vidas vinculadas a la ruralidad, con equidad en el acceso a los derechos, para crecer, realizarse y ser felices en el ámbito donde cada una elige vivir, siendo protagonistas de su propio destino”.

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Lo explicó bien el periodista especializado Ismael Bermúdez en una nota del diario Clarín: “Como un incentivo a la formalización, los trabajadores temporarios o de trabajo permanente discontinuo del sector agropecuario registrados ante la Seguridad Social comenzarán a cobrar desde noviembre las asignaciones familiares, con el complemento que duplica esos valores. Así el salario familiar por hijo de 5.063 pesos mensuales será de 10.126 pesos por mes para esos trabajadores rurales”.

¿Medida electoral? Como sea, con esta decisión de la ANSES este grupo de trabajadores rurales quedará en igualdad de condiciones con los trabajadores formales de ingresos familiares más bajos (hasta 78.454 pesos) y con los  monotributistas de las categorías A, B y C.

La Resolución 200/2021de la ANSES establece el siguiente anexo con los rangos y montos de Asignaciones Familiares para los casos contemplados por el Decreto N° 514/2021:

Aquel decreto establecía que “los trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme a la Ley 26.727, y para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20.744, percibirán las Asignaciones Familiares (…) que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)”.

“A tales efectos, se abonará, en las condiciones y los términos que fijen las normas complementarias, una suma dineraria adicional para alcanzar dicho objetivo”, recordó la circular de la ANSES.

Interpretando la letra fría de esta normativa, Bermúdez recordó que “actualmente, si no están registrados, esos trabajadores cobran la AUH (5.063 pesos por hijo) y eventualmente la Tarjeta Alimentaria. De esta manera, si son formalizados por sus empleadores siguen percibiendo el beneficio, con el valor incrementado”.

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Por eso desde el año 2017 el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) viene llevando adelante el Programa CRECER (Centros Renatre de Cuidado y Educación Rural), dedicado a la generación de espacios de contención para niños, niñas y adolescentes.

“Los centros están pensados para que los niños puedan asistir y los padres puedan estar disponibles para aceptar el trabajo. No sólo es una política a favor del cuidado de las infancias, sino a favor de la igualdad de las oportunidades de género”, señaló Daniela García, coordinadora del área de Capacitación y Formación del Renatre.

“Cuando hay familias con niños,  uno siempre tiene que pensar que el rol de cuidado lo cumple la madre. Esta  política permite la igualdad de oportunidades”, explicó a Bichos de Campo.

Los centros se adecuan a las necesidades inidentificadas en el territorio. Esa versatilidad fue la que, en parte, le permitió al programa continuar funcionado durante el inicio de la pandemia. Algunos ofrecen una jornada completa para niños de diferentes franjas etarias, en donde se brinda apoyo escolar, además de asistencia alimentaria; otros funcionan a contraturno y reciben a los niños una vez que finalizaron su jornada escolar, mientras que algunos trabajan como guarderías, recibiendo a niños de entre 0 y 3 años.

El primer proyecto se ejecutó en la zona del NOA y funciona durante el verano, época en donde el receso escolar dificulta que los padres encuentren un lugar apropiado donde dejar a sus hijos durante las jornadas de trabajo en la cosecha tabacalera.

El éxito del programa le permitió al Renatre proyectar la extensión del servicio a la actividad arandanera en Entre Ríos y Tucumán, y a la yerbatera en Misiones.

“Renatre trabaja en dos vertientes: detener el trabajo infantil existente y prevenir, por otro lado, que éste ocurra en primer lugar. Por su ley de creación, el Renatre tiene poder de policía para fiscalizar”, indicó García.

Como organismo tripartito, en el que participa el sector empleador, los trabajadores y el Estado, el Renatre cuenta con el apoyo del ámbito público y del privado. “Recientemente el Ministerio de Trabajo anunció mediante la resolución 477/2021 el lanzamiento del Programa Buena Cosecha, en donde la acción del Renatre es tomada por el gobierno nacional como referencia, ya que tiene los mismos objetivos del Programa CRECER. Es por eso que nosotros estamos en plenas tratativas para generar la articulación necesaria y que el Estado, a través de las diferentes dependencias provinciales, pueda sumarse a nuestras iniciativas o podamos generar nuevas”, contó la Secretaria.

Actualmente los centros se encuentran distribuidos entre las provincias de Tucumán, en las localidades de Sargento Moya, Santa Lucía y próximamente en León Rouges; en Misiones, en El Soberbio y Carahunco; en Salta, en las localidades de Cerrillos, La Merced, La Falda, La Florida, El Puerto, Pulares, Peñaflor, Las Paltas, La Rotonda de Chicoana, El Mollar, Las Moras, El Bañao y la zona centro de El Carril; en Jujuy, en Palpalá, Carahunco, Cnel. Arias, Ovejería, San Vicente; en San Juan, en Médano de Oro; y en Entre Ríos, en Colonia Ayuí.

Este año además se incursionó en la apertura de dos centros nuevos, que a diferencia de los anteriores estarán abiertos durante ocho meses de corrido y destinados exclusivamente a la contención de adolescentes, brindando actividades una vez por semana. Algunos de los centros llegan a recibir entre 100 y 400 chicos en las temporadas de trabajo.

“Además del combate y la prevención del trabajo infantil, RENATRE tiene la función esencial de promover el trabajo decente y registrado. Cuando vos te encontrás con una familia donde el padre, la madre o ambos poseen un trabajo en blanco y con un salario digno, es mucho más probable que ese niño no tenga que incurrir en situaciones de trabajo. La lucha contra el trabajo informal es vital para contribuir a erradicar el trabajo infantil”, afirmó García.

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Por ahora se sabe que esta compatibilidad abarcará los principales planes sociales lanzados en los últimos años por el Gobierno (como la AUH o Argentina Trabaja), que esta compatibilidad se aplicará a partir del 1° de septiembre próximo y que tendrá una vigencia de dos años. Es decir, hasta fines de agosto de 2023.

Firmado por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el decreto establece que “es prioritario asegurar la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado mediante la compatibilidad de la percepción de los beneficios de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado en las modalidades de contratación temporarias del sector rural”.

Finalmente por decreto, el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural registrado

Ahora bien… ¿Cómo se logra esa compatibilidad?

En el articulado del decreto, que seguramente necesitará de resoluciones reglamentarias por parte de las autoridades laborales, se establece que la posibilidad de seguir cobrando los planes sociales que brinda el Estado sumando ese ingreso a los de un trabajo rural registrado, es decir “en blanco” y con todos los papeles, estará vigente solo para trabajadores temporarios. No para trabajadores permanentes en el sector agropecuario.

La definición correcta de los beneficiarios es: “Aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 26.727 y su modificatoria, y las que sean contratadas para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.

Esto es, en el primer caso, corresponde aplicar el Régimen de Trabajo Agrario aprobado en 2011, y los artículos hacen referencia a :

• ARTICULO 17. Contrato de trabajo temporario. Habrá contrato de trabajo temporario cuando la relación laboral se origine en necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o de las restantes actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, así como también, las que se realizaren en ferias y remates de hacienda. Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización de tareas ocasionales, accidentales o supletorias.
• ARTICULO 18. — Trabajador permanente discontinuo. Cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o demás supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 17, será considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo. Este tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones, salvo aquellos expresamente excluidos en la presente ley.

Luego el nuevo decreto define que “los trabajadores y las trabajadoras que sean contratados o contratadas bajo alguna de las modalidades enunciadas percibirán las asignaciones familiares correspondientes”, según los establecido, “siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, las que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social. A tales efectos, se abonará, en las condiciones y los términos que fijen las normas complementarias que se dicten, una suma dineraria adicional para alcanzar dicho objetivo”.

Es decir que los trabajadores rurales deberán cobrar como mínimo el valor de la AUH (actualmente es 4.504 pesos mensuales) si son contratados y cubiertos por el Régimen de Asignaciones Familiares establecido por dicha ley.

“Cuando dejen de estar cubiertos o cubiertas por el régimen general de asignaciones familiares contributivo y/o por lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 592/16, tendrán derecho a la percepción de las asignaciones universales correspondientes al inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificaciones, siempre que reúnan los requisitos pertinentes y se asegurará la continuidad de la cobertura prestacional”.

En este caso se hace referencia a un subsistema no contributivo compuesto por la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, destinados respectivamente a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en el país que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

La nueva normativa además define que los beneficiarios de otros planes sociales, como “Potenciar Trabajo” o “Argentina contra el Hambre”, “podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas” si son contratados para prestar tareas en un establecimiento rural.

En otros casos, el Ministerio de Trabajo deberá todavía “establecer las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas y planes referidos y con programas sociales y de empleo nacionales vigentes o que se instituyan en un futuro, que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social”.

¿Y qué sucede con los planes sociales que dependen de provincias y municipios? No hay nada dicho todavía, porque el decreto de Fernández solo invita a esas jurisdicciones “a adoptar los términos del presente decreto o a dictar medidas de idéntico tenor respecto de la compatibilidad de los Planes y Programas Sociales y de Empleo locales con el trabajo registrado de los trabajadores”. Incluso se invita a adherir a la Ciudad de Buenos Aires, donde no existe el trabajo rural.

El decreto también encomendó al Ministreio de Trabajo y al Renatre (el Registro Nacional de Trabajadores Rurales), “evalúen las modificaciones necesarias a los fines de adecuar la normativa vigente a los objetivos establecidos”.

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La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), pidieron además la inhibición general de bienes de esos empresarios y que se traben embargos por más de 22 millones de pesos para garantizar la reparación a las víctimas.

El pedido de procesamiento de los directivos de la empresa Satus Ager fue solicitado al juez Carlos Villafuerte Ruzo, por ser considerados coautores del delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas, en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas.

Estas causas se iniciaron a partir de inspecciones lanzadas contra el sector semillero en 2010 y 2011, en el peor momento de la relación entre el sector agropecuario y el gobierno de Cristina Kircher tras el conflicto por las retenciones móviles. La AFIP realizó varios operativos por aquellos años, incluida esta causa contra Satur Ager. Vale decir que tras estos acontecimientos, la industria semillera actualizó muchas de sus prácticas en la contratación de trabajadores migrantes para el desflore de maíz.

Informó la agencia Télam que los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se ordene el inicio de una investigación patrimonial a todos los imputados de haber participado en la captación de trabajadores, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero. Según esta denuncia, una vez en el campo esos hombres debían trabajar “de sol a sol” y “en condiciones infrahumanas: sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos”.

Según la investigación, los hechos tuvieron lugar en los campos “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, durante diciembre de 2010 y enero de 2011, y la causa se inició a raíz de una inspección y posterior allanamiento realizados por el Municipio de Ramallo.

En esta larga causa judicial, en diciembre de 2018 el Juzgado Federal de San Nicolás dictó los sobreseimientos de los imputados, pero en febrero de 2020, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución. En el trámite, la fiscalía sostuvo que detrás de la contratación de las víctimas está “la presunción de que, por las condiciones de pobreza en las que viven, aceptarán condiciones que otros trabajadores rechazarían”.

En aquel momento los trabajadores llegaban hasta el lugar de trabajo en micros provistos por la empresa y varios de ellos dijeron que desconocían las características, el tiempo de trabajo y el monto de la remuneración por las tareas que debían realizar. “Todos los testimonios son elocuentes en cuanto a la necesidad económica que atravesaban, su nulo o bajo nivel de escolarización, siendo incluso varios de ellos directamente analfabetos”, indicó la fiscalía.

En la denuncia se argumentó que los trabajadores debían realizan jornadas que oscilaban entre las 10 y las 14 horas diarias, mientras el pago era por hectáreas y podían realizar una determinada cantidad por semana, aunque los obligaban a repasar cada hectárea una y otra vez, y por ende la paga se reducía drásticamente.

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Las víctimas eran alojadas en precarios “trailers” y en galpones de chapa, en condiciones de hacinamiento: “aproximadamente 80 empleados vivían en una casilla prearmada totalmente construida de chapas con piso de tierra, camas cuchetas estilo militar, sin ningún tipo de alumbrado”.

La provisión de agua funcionaba con molinos de viento, ante cuya ausencia los trabajadores debían subir a hacerlo girar: “teníamos que acarrear el agua desde el molino en tachos de glifosato que cortábamos” en los que también “lavamos los platos, la ropa, entre otras cosas”, señaló una de las víctimas.

Por otro lado, se relató que los días en que no podía llevarse adelante la tarea de desflorado debido a condiciones climáticas adversas los trabajadores no recibían pago alguno, y la empresa les reducía la remuneración mediante “descuentos” por la compra de elementos para la higiene y de ropa adecuada para el trabajo.

“Como se ve, no se trata de una u otra mala condición aislada, tampoco de uno u otro indicador de explotación; se trata de una situación general del trabajo en los campos que refleja una decisión deliberada de explotación para la maximización de las ganancias”, concluyeron el fiscal Di Lello y la Protex.

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