La empresa comandada por el empresario Federico Trucco tuvo un año plagado de noticias y avances en su operatoria. Uno de sus hitos sucedió en marzo de este año cuando compró el 6% de la firma de agricultura molecular dedicada a las proteínas vegetales Moolec Science Limited. En aquel entonces sus papeles en Wall Street subieron 75% en tan solo un día. Es que esta operatoria le valió la euforia de los inversores, ya que marca en cierta manera el continuo desarrollo de la empresa para incursionar en nuevos negocios y mejores tecnologías.

Luego, en abril traspasó voluntariamente sus acciones desde la Bolsa de Nueva York, donde comenzó a cotizar en 2019, hacia el Nasdaq. Según explicaron desde la empresa esta operatoria se concretó para continuar posicionándose como una empresa de tecnología ahora también para los inversores.

Peor sin lugar a dudas el gran hito de este año fue la aprobación técnica en Brasil de la harina proveniente del trigo transgénico HB4 tolerante a la sequía. De todas formas la empresa no exportará ni podrá vender semillas, grano o harina de trigo mientras resuelve cuestiones regulatorias.

Mientras tanto, la cadena de comercialización local y de Brasil que incluye a acopiadores, molinos y exportadores solicitan medidas para evitar una posible “contaminación” del trigo convencional que se está cosechando con esa variedad transgénica sembrada por Bioceres. Una vez más, el gran escollo a sortear es el rechazo de organizaciones ambientalistas y algunos consumidores del producto transgénico.

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En paralelo, mientras continúa la polémica en Argentina y Brasil, la empresa comenzó los trámites de desregulación de ese OGM en Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Colombia, Indonesia, Sudáfrica y Australia, para poder acceder a esos mercados con esta tecnología en el futuro próximo.

Más allá de cualquier polémica, nada afectó el desempeño de sus papeles en Wall Street y la firma actualmente es una de las recomendadas para comprar por los expertos en portfolios de inversión. El desarrollo de la biotecnología y las nuevas formas de producir alimentos, es una de las tendencias en el mundo y Bioceres es pionera en este segmento en América Latina.

En este contexto, los proyectos del líder de la empresa parecen ir mucho más allá del negocio agrícola. Trucco incluso detalló en una entrevista que entre sus planes se encuentra la posibilidad de incursionar en el sector medicina regenerativa.

De cualquier manera, el 2022 parece asomarse como otro año importante para esta empresa, en donde la tecnología HB4 será el tema recurrente.

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Rivara aclaró que, en lo que respecta a la tecnología en general y la biotecnología en particular, “sostenemos nuestro apoyo total a la actividad”, dado que “la conjunción de necesidades de la demanda con propuestas tecnológicas del lado de la oferta dan sostén y sustento al avance y aumento de la producción para satisfacer demandas cada vez mayores”.

Sin embargo, realizada esa salvedad, el presidente de la Federación de Acopiadores afirmó que “no tiene sentido la tecnología sobre productos que no sean demandados” en referencia al trigo HB4.

“El agravante es que si, por cualquier circunstancia, no se cumpliera con protocolos muy estrictos de aislamiento total de las 200.000 toneladas de trigo HB4 que se producirían en esta campaña y se produjera cualquier filtración y contaminación de los trigos convencionales, los perjuicios económicos serían impensados, pudiendo hasta llegar a considerar a nuestro país como un origen no confiable y derrumbarse la demanda”, advirtió.

“Exigimos un sistema de garantías a cargo de Bioceres, con suficiente capacidad para resarcir al mercado de los perjuicios que pudiera ocasionar cualquier filtración no deseada”, solicitó Rivara.

Por último, el representante de los acopiadores dijo que lamentaba “el acompañamiento irrestricto del gobierno, a través de Cancillería y el Ministerio de Agricultura, a la empresa Bioceres, tanto en el desproporcionado volumen de siembra como en la negación de tomar responsabilidades ante potenciales perjuicios a terceros”.

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El tema genera una nueva grieta dentro del sector.

En este escenario apareció una posición para calentar la polémica: El ex secretario de Agricultura del primer kirchnerismo (2003 a 2007), Miguel Campos, quien se mostró a favor de liberación de este evento transgénico, pero cuestionó la forma elegida por las autoridades para hacerlo. El HB4 fue habilitado comercialmente en octubre de 2000, pero “condicionado” a una autorización semejante por parte de Brasil, que todavía no sucedió. En medio, se sembraron las mencionadas 53 mil hectáreas bajo un sistema especial de preservación.

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Campos, en este confuso escenario, Campos resalto que el ministro de Agricultura tiene la capacidad de autorizar estos eventos sin depender de otras opiniones. “Siempre que considere que son buenos para el sector, no necesita ningún aporte o mandato, tiene la capacidad para liberar el evento que considere apropiado. Así fue como se liberó la primera soja RR en la gestión de Felipe Solá en los 90″, recordó. El mismo Campos, en su gestión, autorizó el maíz transgénico NK603, rompiendo la “política espejo” que había aplicado el gobierno de la Alianza, en la que no aprobaba nada que no estuviera también avalado por la Unión Europea.

El ex secretario de Agricultura, de todos modos, recordó que aún en este tipo de decisiones “hay estamentos públicos que no son vinculantes aunque sí importantes, como la Conabia, el Senasa y los mercados, cada uno da su opinión. Pero el ministro puede o no tenerlas en cuenta”.

Para Campos, entonces, el trigo HB4 era “perfectamente liberable”.

“Se cuestiona que es un producto para consumo humano directo cuando se lo consumo como harina y es lo mismo que pasa con la soja transgénica, que está en un montón de variantes alimenticias”, explicó.

Escuchá la entrevista con Miguel Campos:

A su criterio, los puntos de este proceso que se deben cuestionaron son otros. ¿A qué se refería? A la forma en que se flexiblizó la multiplicación de la semilla y además que su liberación no debió quedar sujeta ad referéndum de lo que diga otro país, en este caso Brasil.

“Nadie cuestiona la flexibilización de la multiplicación que fue previa a la liberación, y que se hizo adrede para incrementar la capacidad de producción del evento no liberado que fue avalada por los funcionarios. Lo vidrioso e ilegal fue haber flexibilizado el evento así”, indicó Campos. Es decir, se sembró a gran escala a pesar de haber sido aprobado de modo condicionado. Esto es lo que alimenta los temores a una contaminación.

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Con respecto al segundo punto criticado, el ex funcionario consideró que este OGM “era liberable pero no ad referendum de ningún país. Si se considera que es bueno, pues se libera y los países lo aceptarán o no. Es un riesgo que hay que correr, como se corrió en soja, maíz y con las variedades de colza y otras crucíferas liberadas para resistir al glufosinato de amonio a las que les agregaron al HB4”.

El ex secretario de Agricultura, que actualmente se desempeña como consultor, agregó que este segundo evento en el trigo de Biocerees -la resistencia al glufosinato- traería beneficios al sistema porque permite incluir en la cadena de control de malezas a un nuevo herbicida que frene la perdida de eficacia del glifosato, y que lleva al uso de un gran número de agroquímicos”.

Allí Campos no pudo evitar meterse en otra polémica: Dijo que como agroquímicos deben ser llamados esos insumos, ya que “no son ni fitosanitarios ni agrotóxicos”, como dicen fabricantes y ambientalistas.

Frente al brete, Campos consideró que se debería seguir avanzando en la liberación del trigo HB4, y que si se quisiera se podrían segregar otras diferentes variedades de trigo para poder cumplir con las demandas de los mercados.

“Que aparezcan productos con resistencia a los herbicidas va a permitir la rotación de agroquímicos y eso va a mejorar el sistema. Acá dependíamos de un solo herbicida (glifosato) y así nos fue, tuvimos que ir agregando otros para complementar la resistencia a las malezas y así, luego de 30 años se termina usando un cóctel de herbicidas mayor para compensar la falta de eficacia del glifosato”, advirtió.

Consideró que esto ayudará a responder a las exigencias de una demanda que pide menos uso de estos productos: “que aparezcan otras moléculas es importante para bajar el uso de herbicidas que es lo que pide el mundo. No digo que haya que eliminarlos, pero sí minimizar la cantidad de moléculas. Hoy se usa casi la misma cantidad que antes de que aparezca el glifosato en escena”.

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¿Y por qué se iban a mandar la parte? Porque Bichos de Campo publicó el texto completo de la Resolución 535/2021 el mismo día en que fue firmada por Serrano, es decir el 15 de octubre pasado. La explicación oficial en aquel momento fue que esa norma no debía publicarse en el Boletín Oficial porque involucraba a una sola empresa (Bioceres). Pero el 17 de noviembre, un fallo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 3 ordenó a INASE a hacer pública toda la información referida al trigo HB4, incluyendo los lugares donde está sembrado.

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Hace unos días, el INASE había informado a la cadena triguera (que está preocupada porque se produzca un caso de contaminación del trigo convencional con esa variante transgénica, que pueda afectar la colocación del cereal en los mercados) que el trigo HB4 ocupa exactamente poco más de 52 mil hectáreas (de las cuales ya se había cosechado un 15%) sobre un total de 370 lotes agrícolas. De todos modos, todavía no se conoce la ubicación exacta de cada uno de ellos.

Más allá de mandarnos la parte, la publicación ahora de la mencionada Resolución secreta confirma lo que se había informado entonces. En principio, que ante la presión de la cadena la Comisión Nacional de Semillas (Conase) había ordenado crear “la Comisión de Auditoría de Trigo HB4 en el ámbito de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Dirección Nacional de Articulación Federal del INASE”. Ese es la oficina del Estado que debe ocuparse de evitar esa posible contaminación, asegurando que ni una espiga de ese trigo se escape de los campos sembrados por Bioceres bajo convenios especiales con unos 250 productores.

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No es lo único establecido por aquella resolución. También se estableció que:

• La Comisión especial “estará integrada exclusivamente por agentes del referido Instituto Nacional”. Lo primero que hará es recibir información de parte de Bioceres, a la que se le otorgó un plazo de cinco días para informar sobre “el inventario actual de existencias en cada una de las plantas de procesamiento y/o lugares de almacenamiento con georreferencia de su ubicación. Deberá informar material clasificado, no clasificado, descartes y materiales de purga”.
• El INASE debía primero conocer dónde estaba almacenado el trigo HB4 cosechado en la campaña previa sobre unas 7.000 hectáreas. De ese grano, le permitiría a Biocerees “conservar hasta un 20% en calidad de semilla, debiendo identificar, en este caso, lugar de almacenamiento y condiciones del mismo, a fin de permitir su control y verificación”.
• La norma define con claridad que “todo material que no se encuentre incluido en el artículo que antecede (es decir en el 20% mencionado), deberá ser desactivado en su poder germinativo y/o procesado, debiendo informarse a la Comisión el lugar de procesamiento, cronograma de trabajo y destino del mismo, en un plazo que no exceda de los 10 días”.
• Respecto del nuevo material sembrado en la campaña 2021/22 (las mencionadas 52 mil hectáreas), Bioceres también debía informar en cinco días todos los lugares de siembra.
• La compañía también debería acreditar ante la nueva Comisión “un cronograma de cosecha que contendrá, como mínimo, el establecimiento a cosechar, superficie a cosechar, fecha de inicio de tareas, contratista que interviene, cosechadora o cosechadoras afectadas, y cualquier otro dato de interés” sobre este proceso.
• A la vez se exigía de la empresa con sede en Rosario, “un plan detallado de preservación de identidad y confinamiento, que contenga asimismo un plan de contingencia que prevenga y remedie las posibles fugas de material”.
• “Las plantas que se involucren en el procesamiento y almacenaje de Trigo HB4 deberán estar exclusivamente dedicadas al manejo de este material, no pudiendo procesar otro trigo convencional”, se estableció.
• En el caso de esta cosecha, Bioceres sería obligada a desactivar la mitad de la cosecha esperada y solo podrá utilizar como reserva de semilla el otro 50%.

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“Todo esto nació mal”, apunta el veterano ante la primera pregunta de Bichos de Campo, orientada a indagar si no estamos frente a una de las grandes discusiones idiotas que solemos mantener los argentinos. En rigor, lo que arrancó siendo una buena noticia (la Argentina desarrolló un trigo transgénico que puede soportar mejor el estrés hídrico o la falta de lluvias) parece haberse convertido en una catástrofe nacional (Bioceres y el Ministerio de Agricultura se vieron obligados a instrumentar un costoso sistema de control para evitar que ese trigo contamine al resto de la cosecha). Cosa de Mandinga.

“Lo que nos alarmó este año fue la propia explicación de Bioceres diciendo que había sembrado 55 mil hectáreas de trigo HB4. Esas 55 mil hectáreas para ensayos convengamos que parece un poco mucho. Estamos hablando de 200 mil toneladas más o menos de trigo que podría convertirse en semilla y eso alcanza para sembrar 2 millones o más de hectáreas. Eso causó una gran conmoción porque ahí se prendieron todas las alertas!”, nos explicó Dente. La Federación de Acopiadores que él integra forma parte de un frente con los molinos y los exportadores de cereales, que advierte que lo que parecía un avance podría terminar provocando perjuicios a la cadena triguera.

Ese frente fue el que forzó a las autoridades de Agricultura, que en octubre de 2020 aprobaron el trigo HB4 pero condicionado a un aval semejante desde el gobierno de Brasil (que todavía no sucedió), a montar ahora un fenomenal operativo para evitar casos de contaminación desde esas 55 mil hectáreas sembradas con la variedad transgénicas al resto de la producción que surja de 7 millones de hectáreas sembradas con el cereal convencional. Todo a las apuradas, cuando ya está encima la cosecha.

“Tiene que haber protocolos muy estrictos porque frente a un grano que pueda contaminar el resto, la tolerancia de recibo es cero para el trigo común. Y además no tiene ninguna diferenciación a simple vista. Entonces es muy fácil que inconscientemente, involuntariamente, se produzca algún canal de contaminación. Esperemos que eso no ocurra”, afirmó Dente.

Mirá tona la entrevista:

La semana pasada, según contó el asesor de los Acopiadores, el MInisterio de Agricultura y la propia Bioceres presentaron al resto de la cadena el plan de trabajo para evitar ese posible caso de contaminación, que sería muy dañino para la reputación y las posibilidades comerciales del trigo argentino ante el resto del mundo.

“No hay peor cosa que se comente en el mundo que la Argentina podría llegar a tener un trigo contaminado. Sería como la aftosa, un horror desde el punto de vista de prestigio e inclusive de precios de esa mercadería”, advirtió el acopiador, que resaltó que “el mercado del trigo es un mercado no OGM (genéticamente modificado)”.

Para Dente, a esta altura de las circunstancias, “no solo hay que ser muy bueno sino sobre todo demostrar que uno es muy cuidadoso”.

Las explicaciones de las autoridades no dejaron del todo tranquilos a los acopiadores, que ven imposible segregar ese cereal modificado cuando llegue a los silos de la cadena comercial. Dente, en ese sentido, manifestó que todos los controles deben realizarse en el lugar de la cosecha del trigo HB4,que son unos 370 lotes en total en todo el país. Allí el cereal modificado debería quedar inmovilizado.

Dente también dijo que la cadena triguera no tiene por qué hacerse corresponsable de los controles, pues “el trigo HB4 es de Bioceres y además está prohibido”.

En este sentido, contó que le exigieron a Bioceres que informe primero dónde está ubicado cada lote del trigo (la información está en poder del Instituto Nacional de Semillas y fue difundida parcialmente en las últimas horas pero sin esas precisiones). Pero además reclamaron que la empresa de biotecnología contrate una certificadora que de cuenta de que se están haciendo bien las cosas.

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“Yo me imagino que un protocolo de esta naturaleza, tan riguroso como este, debe estar certificado, es lo más elemental”, indicó Dente, que de todos modos ironizó que “parece que no hay certificadora”.

-¿Y entonces qué hacemos? ¿Quemamos todo?

-De alguna manera estamos obligados a creer que los protocolos van a funcionar. Pero para poder creer, el que los organiza tiene que dar señales claras- reclamó Dente, que insistió en que Bioceres se niega a dar a conocer la posición exacta de los lotes y no cuenta con una certificadora independiente.

El acopiador afirmó que este es el momento de “meterle con todo” a los controles, “para tener la tranquilidad nosotros y además para defender la calidad del trigo argentino. Estamos en defensa del prestigio de nuestro trigo, aislando todo esto”.

-A esta altura, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿El Estado debería revisar la autorización al trigo HB4 que otorgó en su momento?

-Frente  a esta emergencia el Estado tiene que estar muy encima de Bioceres y asegurar que se van a cumplir con todos los protocolos. Tiene que haber un seguimiento muy estricto de qué se va a hacer con esos granos. Y en última instancia habrá que mandar a destruirlos. Si no.. ¿a título de qué queda tanto trigo en el mercado? ¿Cuál es el valor que puede tener hasta tanto no esté aprobado? Ahí es donde nosotros enfatizamos que el trigo es de Bioceres y la responsabilidad es de Bioceres.

-¿Qué quieren decir con esto?

-Que frente a cualquier contaminación que pudiera llegar a haber la responsabilidad originaria es de Bioceres. Pero también van a tener que cuidarse mucho los funcionarios que están encargados del contralor de este proceso, porque si mañana llegara a haber algún problema, con perjuicios importantes, cada uno va a querer sacarse la responsabilidad de encima. Es un proceso donde tanto Biocerss como las autoridades que autorizaron hacer ensayos de tanta magnitud, van a tener que cuidarse de que el protocolo cierre perfectamente bien.

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Dente agregó que los Acopiadores reclamaron tanto a Bioceres como al gobierno que tomen “seguros de caución” o “pongan garantías particulares”  aceptando hacerse cargo de la responsabilidad por todo este proceso. “No puede ser que al mismo tiempo que decís ‘esto no va a pasar’ no te hagas cargo por si llegara a pasar”, explicó.

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Para empezar se conoce ahora con precisión, a partir de la difusión de un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, el INASE (Instituto Nacional de Semillas) y la propia Bioceres, que no son 55.000 las hectáreas sembradas con el HB4 (pensando en producir semillas para cuando se libere) sino 52.755 hectáreas, y que casi la mitad de ellas están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Para tener una dimensión, vale decir que estas siembras equivalen a más de 2 ciudades de Buenos Aires enteras, ya que se estima que la capital federal ocupa unas 22 mil hectáreas, el equivalente a 22 mil manzanas de 100 x 100 metros.

De toda la superficie sembrada en los meses de invierno ya se han cosechado unas 7.000 hectáreas, el 14% del total, con rindes más bien pobres pues hasta ahora se obtuvieron solo 8.700 toneladas. De todos modos, es lo habitual en las provincias del norte, que son las que primero se trillan. Los números se irán engrosando a medida que avance la recolección cada vez más al sur. Suponiendo que el promedio sea finalmente igual al nacional, de unos 3.000 kilos por hectárea, estamos hablando de casi 160 mil toneladas. En silobolsas de 200 toneladas cada uno, habrían falta unos 800.

Se sabe dónde está ubicado cada lote de trigo HB4 y está es la condición inicial para montar ahora un estricto programa de control, que pueda evitar la fuga de esa variedad y un potencial episodio de contaminación que pueda perjudicar al resto del cereal producido en la Argentina, cuyo principal destino será la exportación. Se espera una cosecha cercana a las 21 millones de toneladas, y de ese volumen los argentinos solo consumiremos unas 6,5 millones.

El Ministerio de Agricultura apuró este esquema de control un poco por las exigencias de la cadena comercial (acopios, molinos y cerealeras rechazan el HB4 con el argumento de que el consumidor, aquí y en el mundo, no quiere un trigo transgénico) pero otro poco para cubrir sus propios pifies. Esa cartera aprobó la innovación de Bioceres en octubre de 2000, pero condicionó la venta de semillas a que Brasil (principal mercado del cereal argentino) también lo aceptara. Esto no sucedió o mejor dicho sucedió a medias (pues el vecino país solo aprobó la harina de trigo HB4). Por lo tanto, sigue estando prohibido sembrar el HB4.

¿Y entonces? ¿Por qué hay más de 52 mil hectáreas sembradas? Porque el INASE autorizó a la empresa INDEAR (formada por Bioceres y el Conicet) hacer esta expansión para comenzar con la producción de la semilla que sería vendida en caso de una aprobación. Por eso ahora es el propio organismo el que debe cuidar también sus propias espaldas. Si hubiera una contaminación que nadie desea, sería de algún modo corresponsable.

Hacia fines de la semana pasada, Agricultura reunió a toda la cadena triguera para presentar su plan para evitar esta desgracia. Y en las últimas horas se conocieron detalles del sistema que ya se está ejecutando, porque la cosecha ya comenzó. No todos los sectores se quedaron tranquilos, pero desde la agroexportación dijeron a Bichos de Campo que el esquema de trabajo parece riguroso y era mejor de lo que esperaban. “Ahora tenemos que ver que se cumpla y mostrarle al mundo que estamos dándole las garantías que necesitan”, resumió la fuente.

Este es el documento presnetado por las autoridades:

En principio, ya se sabe que todo el trigo HB4 que se coseche será almacenado en silobolsas dentro de los propios lotes identificados, y que la propia Bioceres controlará la custodia del almacenaje en esos bolsones “mediante sistemas de sensores remotos que registraran principalmente movimiento y variables de calidad. De esta manera Bioceres podrá en todo momento conocer el lugar y el estado de la producción HB4”.

El esquema se completará con un sistema de trazabilidad en blockchain donde se registrarán todos los movimientos de unas 350 cosechadora con monitor de rendimiento calibrado y transmisión en tiempo
real; tolvas que tengan registro de peso; y camiones con gps, control de peso y transmisión en tiempo
real. En total hay 250 empresas agrícolas involucradas (de golpe aparecieron 25 más respecto de los 225 productores informados originalmente) que han firmado 372 contratos de siembra con la compañía que desarrolló el HB4. El lote más grande tiene casi 3.000 hectáreas. Pero en promedio son mucho más pequeños, de 142 hectáreas.

El INASE dispondrá de unos 50 agentes para realizar inspecciones en cada uno de esos 372 puntos de control y verificar, entre muchas cosas, que los equipos que han participado de la siembra y los que participen de la cosecha sean adecuadamente lavados, para evitar que sean vehículos de una contaminación hacia los campos.

Este sistema permitirá, según prometieron las partes involucradas, “elaborar un mapa interactivo y un monitor de seguimiento permanente en el Ministerio de Agricultura y el control de siembra y cosecha de Trigo HB4”, que a la vez permitirá “informar a los actores de la cadena sobre las tareas de control y el estado de confinamiento de las semillas cosechadas”.

Adicionalmente, las grandes cerealeras han comenzado a instrumentar otras dos estrategias para evitar el escenario más temido: en todos sus contratos de compra del trigo imponen una cláusula especial para comprometer al productor a no vender ese trigo resistente a la sequía y al mismo tiempo comenzaron a instrumentar un sistema de controles en los puertos, ante el ingreso de camiones cargados con el cereasl que comenzará a intensificarse en los próximos días.

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Pero faltaba un protagonista: la justicia.

En una derivación de una vieja causa de acción colectiva sobre cultivos transgénicos, esta semana el juez federal Santiago Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar de inmediato y sin restricciones toda la información que se tuvo en cuenta para autorizar el trigo transgénico HB4, que es tolerante al estrés hídrico y resistente al herbicida glufosinato de amonio.

Informó la agencia Tierra Viva que este juez rechazó suspender la autorización a ese transgénico y por ahora se limitó a pedirle a todos los actores involucrados que muestren todas sus cartas. El HB4 fue aprobado por una resolución del Ministerio de Agricultura en octubre de 2020: tanto el Senasa como la Conabia habían dado su opinión favorable. Pero como las autoridades políticas del Ministerio veían cierto peligro en la fase comercial por su introducción, la aprobación final del cultivo quedó en suspenso hasta que Brasil, principal mercado del trigo nacional, diera su visto bueno. Esto sucedió a medias hace unos días, pues en el vecino país solo se aprobó la harina. Por eso en la Argentina la venta comercial de esta variedad sigue suspendida.

En medio, sucedió que Bioceres implantó en convenio con más de 200 productores para sembrar el trigo HB$ bajo condiciones de preservación, pensando eventualmente en tener una importante oferta de semillas para la campaña que viene. En total han sido 55 mil hectáreas que ya se han comenzado a cosechar. Esta situación incrementó el temor de la cadena comercial a una contaminación y la presión sobre Bioceres para que ofrezca garantías de que no se le escapará ni una sola espiga. De eso trató la reunión realizada el viernes en la cartera agropecuaria.

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Pero el juez Carillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, quiere saber más y en un fallo otorgó un plazo de 20 días para implementar un procedimiento de participación ciudadana, que permita a toda persona interesada hacer denuncias, proveer información o hacer presentaciones de cualquier tipo en materia del proceso de aprobación de este cultivo.

La resolución  consideró que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” por parte de Agricultura al restringir el acceso la información pública y no implementar ningún procedimiento de participación ciudadana, tal como lo ordena la normativa nacional y el vigente Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo.

“El evento de transformación de trigo HB4, como lo reconoce la propia Indear SA (Bioceres), es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones”, sostuvo el juez en la resolución que aquí compartimos:

La orden judicial responde a un pedido de suspender el trigo transgénico que había realizado Daniel Sallaberry, abogado en una demanda colectiva por daño ambiental que pide suspender todos los OGM presentes en el país desde 1996. En paralelo, un grupo de productores agroecológicos también pidió la misma medida. En ambos casos, se denuncia que no hay certeza sobre los posibles efectos en la salud y el ambiente de la liberación del transgénico y se alerta sobre el riesgo para la salud que suponen las fumigaciones con glufosinato de amonio, entre otros puntos.

Los denunciantes habían pedido al juez la suspensión de la aprobación del trigo HB4 y lo mismo hizo el fiscal de esta causa, pero el juez no aceptó tomar esa medida tan drástica. De todos modos, puso el acento en la falta de transparencia que existió en torno a este proceso.  Por eso estableció un plazo de 20 días al Ministerio de Agricultura para que “diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación adecuado a los estándares constitucionales que permita a todo interesado efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser consideradas en el marco de lo dispuesto por la Resolución 41/2020”.

Esa Resolución es la que aprobó, con la firma del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos, el trigo HB4 pero condicionado a Brasil. El artículo 3 estableció además que Bioceres tiene que suministrar a las autoridades toda información nueva que surja sobre el trigo HB4 y que esa información podrá afectar o invalidar su autorización. El artículo 4 decía: “La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas o comerciales en las que se basaron los dictámenes que sirven de sustento y antecedentes de la presente autorización”.

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Para el juez Carillo, esos dos artículos dan la pauta de que la aprobación del trigo transgénico es un “procedimiento inacabado, no definitivo, que requiere de un flujo de información continuo, adecuada y suficiente que permita su sostenimiento”. Por ese motivo considera prioritario que se establezca un sistema de recepción de denuncias, información y presentaciones en general con las características previstas en el Acuerdo de Escazú que “permita enriquecer el procedimiento decisorio llevado a cabo por la autoridad administrativa”.

El juez también ordenó al INASE (Instituto Nacional de Semillas) presentarse en los Tribunales y le dio cinco días para publicar en el Boletín Oficial la resolución 535/2021, del 15 de octubre de 2021, en la que el organismo creó una Comisión de Auditoría del Trigo HB4.

Esa resolución, increíblemente, fue publicada en Bichos de Campo como anticipo periodístico. Pero nunca fue publicada en el Boletín Oficial con el argumento de que como se refería solamente a una empresa (Bioceres) no resultaba obligatoria su divulgación. Es la normativa que ordenó a la empresa introductora desactivar gran parte de la producción de trigo HB4 que obtuvo en las últimas dos campañas, para que no puedan ser utilizadas luego como semilla. Bioceres implantó primero 6.000 hectáreas con esa variedad y en esta campaña unas 55.000 hectáreas, según informó la propia empresa. En el INASE, hay que decirlo, no tuvieron registro acabado sobre los lugares hasta que escaló la polémica.

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El encuentro, que se desarrolló en el Salón Gris del primer piso del Ministerio de Agricultura, fue encabezado por el secretario de Agricultura Jorge Solmi, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional Marcelo Alós, el subsecretario de Agricultura Delfo Buchaillot y el presidente del Inase Joaquín Serrano

“Nos solicitaron esta reunión desde el sector productivo, donde estuvo presente también la empresa Bioceres, y desde el Ministerio expusimos el sistema de trazabilidad que se ha implementado y, además, todos los presentes tuvieron la posibilidad exponer sus posiciones y evacuar sus dudas”, explicó Solmi.

En la reunión se mostró que los equipos técnicos del Inase ya realizaron más de cincuenta inspecciones en los lotes donde se recolectó trigo tolerante a sequía HB4 para garantizar una adecuada limpieza de las cosechadoras empleadas.

También se expuso el caso de Molinos Agro, que ya implementó un sistema orientado a detectar cultivares de trigo HB4, que podría ser replicado por otras empresas exportadoras.

En la reunión también se armó una mesa de trabajo que estará dedicada a establecer un protocolo de trazabilidad orientado a evitar la filtración de trigo HB4 en la cadena comercial, el cual, según se mencionó, también debería incluir un procedimiento específico por implementar en caso de que tal filtración se concrete por un evento inesperado, como puede ser el caso –por ejemplo– del robo de mercadería.

Participaron por Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, Guillermo García y María Marta Rebizo; por de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) Diego Cifarelli; por la Federación de Acopiadores Raúl Dente y Armando Casalins; por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) Julio Calzada; por la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) Alfredo Paseyro; por la Coninagro Silvina Campos Carles. Por parte de Bioceres estuvieron el director de Tecnologías, Gerónimo Watson, y el director de Estrategia, Claudio Dunan.

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Esas hectáreas ya comenzaron a cosecharse en el norte y se suponía que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) iba a tener un control estricto sobre ellas, pues deben aplicarse las generales de la ley a los productos OGM que están en vías de desregulación. Pero la verdad terminó siendo que el organismo tenía poca idea de lo que sucedía y recién ante la presión de la cadena comercial triguera -que teme una contaminación de las partidas del trigo convencional-, el Ministerio de Agricultura tuvo que salir a mostrar mayor dedicación por el asunto. Por eso INASE mandó georreferenciar todos los puntos donde se almacenará ese trigo y a desactivar gran parte de la producción para que no pueda ser utilizada como semilla.

No parece ser suficiente para los privados que deben vender el trigo (acopios y cerealeras), que argumentan que una sola espiga del trigo HB4 que se filtre de dicho cerco y se mezcle con una partida de trigo convencional podría provocar una catástrofe, con reclamos desde los países importadores que podrían resultarles muy “onerosos”. Y este año habrá trigo para exportar: habrá cerca de 21 millones de toneladas de las que los argentinos preservaremos solo 6,5 millones como “bien cultural”. El resto, afuera.

Este peligro incierto generó -según pudo averiguar Bichos de Campo de fuentes del sector exportador directamente involucradas con el asunto-que en todos los contratos de compraventa de trigo haya que aclarar que el cereal está “libre de HB4”, de modo de hacer al productor que entrega el grano de algún modo corresponsable ante un eventual incidente de contaminación. Esta situación es ya generalizada en cooperativas, acopios y exportadoras. Todos se cubren de ese modo.

Pero no parece suficiente. Y entonces al menos una de las empresas que reciben trigo para exportarlo ha comenzado a hacer también una serie de análisis sobre los camiones de trigo que ingresan en sus instalaciones de San Lorenzo. Se trata de Molinos Agro, pero sería injusto decir que la decisión se limita solo a ellos. Esta semana habrá una reunión entre funcionarios del gobierno y representantes de toda la cadena comercial. Allí quedará implícitamente acordado que este sistema de detección del gen HB4 se extenderá muy rápido a todas las empresas.

¿Y cómo funciona entonces el sistema de detección que comenzará a implementarse en todas las terminales portuarias?

Cada camión que llegue debe venir amparado por un contrato dónde el productor declara que es un trigo “libre de OGM”. Eso incluye al HB4, obviamente, porque es el único trigo transgénico que anda dando vueltas por el mundo en este momento.

La empresa exportadora, para asegurarse que eso realmente sea así y el trigo no esté contaminado, realizará primero un test morfológico de la carga. Por ahora hay una sola empresa que ofrece este servicio y que confesó a Bichos de Campo estar recibiendo pedidos no solo de los exportadores sino también desde varios acopios: es Zoom Agri, que ya tiene mucho camino hecho reconociendo y clasificando las diferentes variedades de cebada,

¿Cómo funciona este primer análisis? Zoom Agri provee a sus clientes de un scanner donde se colocan unas cuantas espigas del trigo que arribó al puerto. Esos granos son sometidos a una intensa sesión de fotografías, de frente y de perfil, que envían la información a la nube. Allá arriba, complejos algoritmos construidos en base a todas los tipos de trigo presentes en el mercado, identifican en menos de un minuto y medio de qué variedad de trigo se trata. La Inteligencia Artificial es la que actúa como una primera barrera.

¿Y por qué este sistema podría identificar un trigo con el ADN modificado? En realidad este test no analiza la composición genética de cada granito. Lo que haría es detectar las únicas dos variedades utilizadas por Bioceres para multiplicar su evento HB4, que son la I 201 y la I 202. El sistema de Zoom Agri puede detectar esas variedades. Si no lo hace, el camión pasa sin problemas. Pero si llega a ser una de ellas, se clava el freno para iniciar otro proceso.

-¿Y cuánto cuesta ese test?- le preguntamos directamente a la gente de Zoom Agri.

-Se cobra de dos formas. Una es a nivel de análisis individual, que son 5 dólares por análisis. Pero también hay una especie de abono de 1.500 dólares mensuales que toman las empresas que deben hacer una gran cantidad de análisis. En ese caso el costo se diluye mucho, porque imaginemos que una exportadora recibe 6.000 camiones por mes y que cada uno de ellos carga 30 toneladas de trigo.

Por ahora, Molinos Agro se está haciendo cargo del costo de aplicar este primer filtro y se estima que lo mismo sucedería con todas las demás empresas que han pedido tener sus propios scanner. Es además lo que le pedirá el Ministerio de Agricultura al sector comercial: que trate de absorber los costos sin descontarlos de la factura del productor de trigo, que poco tiene que ver con el origen de esta situación.

Se supone que este análisis permitirá descartar el riesgo de contaminación en la mayoría de los camiones con trigo que lleguen a los puertos. ¿Pero qué sucederá en el caso de que algún rodado cargue con alguna de las dos variedades que podrían contener el trigo HB4?

Primero se repite el test morfológico para descartar “falsos positivos”. Pero si el resultado es insistidor, entonces lo que están haciendo en Molinos Agro es recurrir a un segundo análisis, que también pagan ellos y que sería semejante a un test PCR para detectar el coronavirus o la variedad Intacta en soja: la famosa tirita con un reactivo especial que marcaría la presencia del gen que se busca.

¿Y si ese segundo análisis diera positivo? Por ahora no sucedió, pero qué miedito…

Nos explicaron los exportadores: “Nosotros repetimos el análisis de las tiritas dos veces, para estar seguros. Si continuara siendo positivo la última instancia es ir a cámara (en referencia a la Cámara Arbitral de las Bolsas de Cereales). Recién ahí los costos (aquí aparece el valor de 16.000 pesos por cada test que ha sido tan mencionado) se deberían pagar a medias, como es uso y costumbre. O eventualmente lo pagará el productor se se confirma la presencia de HB4, por haber incumplido con el contrato” pactado.

Exportadores argentinos comenzaron a exigir en los boletos de compraventa que figure la indicación de trigo “libre de HB4”

¿Con qué contrato? Con aquel que decía que estaba entregando un trigo “libre de GMO”.

“No podemos perder de vista que nosotros tenemos hoy un negocio caminando que es la exportación de trigo. Un barco que sale del país con 30 o 35 mil toneladas equivale a llevar carga por unos 10 millones de dólares. Tener semejante suma en tránsito y que haya riesgo de rechazo en el mercado de destino es un riesgo que no podemos correr. Habría costos directos y otros intangibles, como perder destinos, perder credibilidad y la confianza de los clientes”, explicaron desde el sector cerealero. Ese es el argumento para tomar tantas prevenciones.

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Pero Miranda además lideró el primer proyecto de “Molecular Farming” o “fábrica vegetal” para desarrollar una proteína animal en plantas. Consiste en utilizar a los vegetales como usinas productoras de un compuesto de interés comercial, es decir que la planta elegida se utiliza como un sistema de producción.

Según la experta, este sistema posee muchas ventajas ambientales y económicas:

• La producción en gran escala de moléculas en plantas es más económica que en microorganismos porque se utiliza energía solar en la mayor parte del proceso (en la planta) y no se necesitan instalaciones ni personal especializado para su manejo (como los fermentadores donde se crecen los microorganismos);
• Es más amigable con el ambiente y conlleva una menor huella de carbono ya que no se usa energía eléctrica en los primeros pasos de producción y las plantas consumen dióxido de carbono en lugar de producirlo
• Se puede incrementar la escala de producción de manera rápida y simple (aumentando la superficie sembrada).
• Hay menor posibilidad de contaminaciones durante la producción, ya que no hay cruce de patógenos entre plantas y animales.

Y hay más: cuando la producción se hace en semilla se puede almacenar a bajo costo y ajustar el procesamiento a la demanda y además del producto principal se pueden comercializar subproductos del cultivo como forrajes y aceites.

En este contexto, el proyecto pionero en el ámbito de “molecular farming” dentro de Bioceres-INDEAR fue la producción de quimosina bovina en semillas de cártamo transgénico (SPC en inglés), una enzima necesaria en el proceso de producción de quesos para coagular la leche y que originalmente se obtenía del cuarto estómago de terneros lactantes.

-¿Por qué se eligió la quimosina?

-Porque hace unos 30 años se previó que la demanda de queso aumentaría muchísimo y se requeriría una fuente alternativa de esta enzima. Así en 1991 la FDA (Food and Drug Administration de Estados Unidos), autorizó a la quimosina como la primera proteína “recombinante” permitida como ingrediente alimentario humano (una proteína recombinante es aquella que se produce en un organismo que no es el original, es decir, transgénico). Desde entonces la quimosina la producen dos grandes empresas multinacionales que se reparten la mayor parte del mercado.

Aprueban un cártamo transgénico para obtener un ingrediente clave para hacer queso

-Entonces, claro, era un producto ideal…

-Cuando INDEAR estudió la posibilidad de desarrollar la rama del molecular farming, decidió enfocarse en enzimas industriales por dos motivos: son necesarias en gran escala, lo que justifica la inversión en tiempo y dinero hasta llegar al producto, y los requerimientos regulatorios serían menos limitantes que para moléculas con otro destino (por ejemplo, médico).  En aquel momento, entablamos relación con una empresa canadiense que diseñó un sistema de producción de proteínas en semillas de cártamo transgénico y había desarrollado plantas que expresaban quimosina en sus semillas. Adquirimos los derechos para desarrollar este proyecto.

-¿Por qué se eligió el cártamo, planta oriunda de Asia? ¿No se podía usar una nativa de aquí o no es importante esa característica?

-La elección del cártamo como sistema de producción se basó en algunas características que hacían de esta especie una buena opción. La principal es que es un cultivo apto para crecer en climas semiáridos, lo que permitiría producir en regiones no aptas para otros cultivos. Por otra parte, este cultivo tiene subproductos de gran valor: el aceite de cártamo es el más rico en ácidos grasos poliinsaturados, lo cual permite agregar otro componente a la ecuación económica del proyecto. La producción en plantas puede concretarse en otras especies y se está avanzando en ese aspecto.

Miranda explica que para INDEAR esta iniciativa representaba la posibilidad de abordar un proyecto que ya había completado las etapas iniciales, por lo que permitiría llegar con un producto al mercado en menos tiempo. “Yo lideré el proyecto desde sus comienzos en Argentina, hasta que se superaron las pruebas de laboratorio y funcionales, y se construyó la planta piloto. A partir de entonces estuve a cargo de la aprobación del producto final (la enzima SPC), así como la planta transgénica que la produce. De esta manera, alcanzamos la aprobación del primer cártamo transgénico a nivel mundial y de la primera enzima producida por molecular farming para consumo humano”.

El proyecto siguió avanzando con la creación de AGBM, una Empresa de Base Biotecnológica (EBT) que hizo posible la industrialización y comercialización internacional de la SPC. Actualmente, la tecnología SPC está dentro de una empresa relacionada a Bioceres, Moolec, que planea hacer un relanzamiento de este producto.

A raíz de este proyecto, INDEAR se convirtió en un referente de molecular farming ya que demostró las capacidades de concreción de un proyecto de este tipo desde el desarrollo a nivel laboratorio hasta la capacidad de procesamiento a escala industrial y la obtención de las aprobaciones para la salida del producto al mercado. La SPC fue aprobada para su comercialización en el 2012 y se comercializa desde hace varios años; fue la primera enzima obtenida por molecular farming listada en el Código Alimentario Argentino.

Actualmente Patricia está a cargo de las presentaciones para lograr la aprobación del trigo HB4: “Luego de ocuparme del proceso de aprobación de la SPC dejé el laboratorio de proteínas para hacerme responsable de todos los procesos relacionados con la aprobación de las tecnologías desarrolladas por Bioceres, entre ellas el trigo HB4. Este proyecto lleva más de 10 años en la empresa, pero le ha costado mucho tiempo obtener la primera aprobación completa, y digo ´completa` porque la seguridad ambiental y alimentaria fue confirmada por las autoridades pertinentes (CONABIA y SENASA, respectivamente) en 2016″.

“Pero el tercer paso de evaluación del sistema argentino, el análisis de mercado, que evalúa el impacto que la aprobación de un nuevo transgénico podría tener en la producción y comercialización, recién fue favorable en el 2020. Esos años fueron un periodo muy difícil en el cual no obtuvimos la aprobación ni señales claras de qué solicitaban las autoridades locales para obtenerla”, indicó.

“A modo de comparación, la soja y el trigo fueron presentados en el mismo momento ante las autoridades regulatorias de Argentina (2014) y, mientras la soja fue aprobada en un año, con el condicionamiento de aprobar en China antes de comercializar, al trigo esto le llevó 6 años. Recién en el 2020 obtuvimos la aprobación, aunque la comercialización está condicionada al visto bueno de Brasil, el principal destino de exportación del trigo argentino. Desde esta primera presentación en Argentina han pasado 7 años y 9 países en los cuales ha sido solicitada la aprobación del trigo HB4. Uno de estos países es Brasil, donde el proceso de análisis de encuentra avanzado” (la semana pasada se habilitó allí la importación de harina del trigo HB4).

Para Patricia las ventajas de la aprobación son diversas: por un lado, la posibilidad de adoptar una tecnología que permitirá mejorar los rindes del trigo en zonas de potencial medio y bajo, y estabilizar la producción en todas las regiones independientemente de los episodios de estrés ambiental que son tan frecuentes e impredecibles. Por otro lado, implica la posibilidad de que Argentina sea proveedora de tecnología, el famoso “valor agregado” del que tanto se habla, por ser el país que que generó una nueva tecnología en semillas, que además fue desarrollada por el ámbito académico local.

Otro hito de importancia es que la inversión en investigación se transfiera al sector productivo. “Creo que es importante destacar que en este proceso de transferencia no solo se beneficia la empresa que se ocupó de las etapas avanzadas del desarrollo sino también las instituciones públicas que invirtieron (el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral), los productores que la adopten y el país en su conjunto”, reflexiona.  “Por último, el hecho de que seamos el primer país que aprueba un trigo transgénico también nos posiciona como protagonistas activos en los desarrollos tecnológicos”.

Raquel Chan, la científica que desarrolló los primeros transgénicos argentinos, muestra decepción por tanta resistencia a estos avances. “Como consuelo, tampoco me entiendo bien con los antivacunas o con los terraplanistas”

-A pesar de todas las ventajas que usted describe hay una parte de la sociedad que ve con malos ojos a los productos transgénicos. ¿A qué cree que se debe?

-A un gran prejuicio asociado a los transgénicos y que tiene múltiples componentes. Creo que en su origen se relaciona con lo novedoso, que siempre genera desconfianza; esto se combina con la falta de información o información falsa esgrimida por ámbitos que ven a la tecnología como un peligro. La opinión pública asocia a los transgénicos con un paquete tecnológico de una gran multinacional y el negocio relacionado a un herbicida.

-O sea que la barrera es mental…

-Es que es tal el prejuicio que dos décadas después de este primer evento los desarrollos que no tienen que ver con grandes empresas multinacionales y/o con el uso de agroquímicos, son puestos en el mismo paquete o ignorados para sustentar este prejuicio.  Por ejemplo, la berenjena Bt desarrollada en Bangladesh que beneficia específicamente a los pequeños productores al requerir un menor uso de insecticidas y una mayor producción; o el arroz dorado, que ayuda a prevenir la ceguera por deficiencia de vitamina A en países subdesarrollados donde la alimentación se basa en arroz.

La especialista asegura entender las dudas que surgen a partir de las actividades asociadas con los transgénicos porque todos los avances tecnológicos, como cualquier novedad, generan miedos. “Solo hace falta repasar la historia de la humanidad para ver cómo la sociedad reaccionó a cada uno de los desarrollos que con su uso confirmaron la utilidad y beneficio para la comunidad, por eso es responsabilidad de todos actuar en base a información bien sustentada y entender que pueden coexistir diferentes formas de producción, que lo que parece adecuado o sustentable para unos no lo es para otros y que hay que tener una visión más amplia”, resume.

“Creo que, como ocurrió con otros avances tecnológicos, el tiempo va a confirmar la seguridad y beneficios de los transgénicos. Espero que podamos encontrar las vías de comunicación para alcanzar un entendimiento que nos permita aprovechar esta ventana de oportunidad y empezar a hacer uso de nuestras capacidades”.

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