Lafalla dice que, debido a la publicidad de las grandes bodegas, el consumidor vincula al vino con momentos placenteros y buen vivir. Pero detrás de bambalinas, en la otra punta, los productores independientes acumulan años de amargura y frustración, porque deben desollar la actividad en una economía convulsionada y en una cadena donde los más grandes imponen las reglas. “El Estado mira para otro lado y las bodegas más importantes hacen lo que quieren”, resume Sebastián.

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Lafalla explicó que los viñateros y otras economías regionales con asiento en Mendoza están viviendo este momento del país “con muchísima incertidumbre, donde hay problemáticas generales como el retraso cambiario y las retenciones”, que les quitan competitividad sobre todo a las actividades vinculadas con la exportación.

“Cuando liquidas, te liquidan al dólar divisa y cuando compras insumos pagas un dólar mitad entre el blue y el oficial, o a uno que se inventan los importadores. Así se hace difícil trabajar con esos desfasajes” explicó el productor mendocino.

Pero a esto se suman los problemas de una cadena vitivinícola que no funciona con armonía. Todo lo contrario, en el caso del vino los productores sienten que están presos del abuso que infringen las bodegas y de la usencia de la intervención del Estado, que debería regular las fuerzas entre la oferta y la demanda.

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“Esta es una industria concentrada. En diez bodegas tenés el 97% del mercado del vino para exportación y para mercado interno. Se produce un abuso sistemático y desmesurado sobre el productor primario. Al productor le pagan en pesos a los 6 o 7 meses en un año bueno, pero también a los 12 meses y algunas bodegas llegaron a pagar en 18 meses”, explicó Lafalla. No hace falta explicar el perjuicio que significa ese esquema comercial en una economía con alta inflación, devaluación continua y con insumos que cotizan en dólares.

Lafalla amplió: “la uva la entregás en febrero o marzo, facturas en julio y te dan cheques a enero o febrero del año siguiente y con inflación y devaluación el productor es poco rentable. Súmale que venimos con el precio de uva o vino congelado desde 2017 a hoy. Así es inviable y se pierden hectáreas”, indicó el dirigente. Dijo que el reclamo fue planteado en diferentes momentos y ante diferentes gobiernos, pero las bodegas no quieren moverse de su postura.

Por estos problemas se van perdiendo hectáreas de cotizados viñedos. La empresa familiar de Lafalla no fue la excepción. Arrancó en la actividad en los años 50 y llegó a tener 120 hectáreas de vid, pero ahora le quedan solo 40. El resto lo fueron reconvirtiendo a otras producciones, en especial los frutos secos.

El dirigente mendocino cree que en todo esta discusión hay un gran ausente, que mira para otro lado porque no se quiere pelear con los que tienen la sartén por el mango: se trata del Estado. Los políticos, analiza el joven productor, tampoco rompe lanzas con los productores, porque entendieron que tienen un trabajo seguro como burócratas y ya no ejercen el rol propio de la política que es el de arbitrar y evitar este tipo de injusticias sociales o económicas.

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“A los políticos les dijimos que hay una situación de abuso, pero hay que ponerle el cascabel al gato y no quieren porque no quieren confrontar. El estado tiene que ser el interventor, no en el mercado ni en la oferta y demanda o sobre la fluctuación de precios. Pero puede intervenir con herramientas que brinda la economía y respaldar al productor para evitar los abusos”, reclamó Lafalla.

Sebastián cree que de continuar esta situación toda la cadena se verá perjudicada. Considera que las bodegas “pecan de estúpidas, porque las uvas que producen son caras, porque son ineficientes. Entonces cuando se acabe, cuando baje la producción, subirá el precio de la materia prima y la industria que la necesita dejará de ser competitiva. Y va a perder mercados”, vaticinó.

Lafalla sostiene que hay que recuperar el equilibrio perdido y que el desafío es torcer la historia para lo cual el Estado debe dejar de hacer la plancha y forzar al cambio comercial que reclaman los productores y que las bodegas no quieren hacer. “Debe haber Estado firme que tome determinaciones y que las haga cumplir. Debe recuperar el rol del árbitro que imparte justicia”, finalizó.

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“Las uvas con destino a vino se están pagando 30% más bajo que lo que se pagaba en 2018. Mientras que un kilo de uva malbec se pagó 34 pesos en 2018, este año se está pagando de 18 a 20 pesos en el mejor de los casos”, agregó Lafalla. Eso se debe al exceso de producción y la imposibilidad de colocar tan altos stocks de vinos en el mercado interno y externo.

El empresario vitivinícola puso algunos reparos al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado el viernes. “No es que nos opongamos a la apertura de mercados como ocurre entre el Mercosur y la UE. Pero antes debemos ver hacia adentro para ver cuáles son nuestras condiciones y las de los otros mercados. Acá se plantea una apertura de mercado de arancel 0 contra arancel 0, pero te encontrás al mismo tiempo con países de la UE que en la actividad vitivinícola están totalmente subsidiados”, explicó.

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Para citar un ejemplo, Lafalla describió que “España otorga subsidios de 300 millones de euros anuales más beneficios impositivos, mientras que nosotros no tenemos subsidios, tenemos gravámenes impositivos más altos, inflación por las nubes y tasas inaccesibles de acceso al crédito. Eso nos deja en desigualdad de condiciones”, remarcó.

El productor de uvas agregó que “primero hay que solucionar los problemas internos para luego abrirnos al mundo. Si liberamos el mercado vitivinícola, ingresará vino de afuera mucho más barato que el que producimos adentro. Con esta situación, morirá la producción primaria. Por eso la solución es hacer esta apertura de modo gradual. Se deben primero solucionar las condiciones internas para poder ser competitivos”, remarcó.

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