La empresa mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa) fue la adjudicataria del emprendimiento sobre la cuenca del río Toro. Y aunque esa y otras adjudicaciones están siendo investigadas por la justicia luego de varias denuncias contra funcionarios de la ex UCAR (Unidad para el Cambio Rural), eso no invalida el novedoso diseño del riego ni el impacto beneficioso que tendrá sobre el sector productivo salteño.

Mario Cepeda, uno de los directivos de Ceosa, explicó a Bichos de Campos que este proyecto “es un desarrollo visionario y moderno, que se sirve el riego con la presurización gravitacional. No hay bombas, simplemente impulsores, y con la topografía del terreno se entrega agua a una presión que permite usar el pivote y el riego por goteo”, explicó.

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Cepeda destacó que la primera etapa de la obra está al 95% y que en poco tiempo será inaugurada. Una vez en marcha se regarán las primeras 6.000 hectáreas. Luego, con el funcionamiento del segundo tramo, se habilitarán otras 3.000 hectáreas. La obra costó 406 millones de pesos y fue financiada en 75% por el Estado Nacional, a través de la mencionada UCAR, y en 25% por la provincia de Salta.

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El representante de Ceosa explicó que “se trata de una obra de reconversión productiva que llevará el agua hasta la tranquera de la finca”. Añadió que “el emprendimiento incluye el asesoramiento al productor para que pueda implementar el sistema de riego o reparto del agua que considere conveniente”.

La gestión en el suministro del agua, que a todas luces promete ser mucho más eficiente que en el sistema de inundación por paños, estará a cargo de un consorcio conformado por los productores beneficiarios del sistema, con control de parte del gobierno provincial.

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Cuando los funcionarios de la actual gestión del Ministerio de Agroindustria asumieron sus puestos a fines de 2015 (ya no está el ex ministro Ricardo Buryaile, aunque sí la inmensa mayoría de ellos), prometieron impulsar y dar a conocer los resultados de una serie de “auditorías” sobre las gestiones previas en ese área durante los largos años del kirchnerismo. Se preanunciaba un mani pulite agropecuario…

Cri, cri, cri. No se conoce todavía ninguna de esas auditorías prometidas.

Una de las áreas que mayor cantidad de recursos manejó durante la última década fue la UCAR, ya que era la responsable de administrar los préstamos internacionales que llegaron al país bajo el concepto de desarrollo rural y que debían ser canalizados hacia obras en las provincias, sobre todo en materia de riego. La Unidad para el Cambio Rural, tal su nombre competo, estuvo desde 2002 a cargo del tucumano Jorge Neme y era la envidia del resto del Ministerio, pues no solo contaba con buenas dosis de presupuesto sino que hasta se instaló en coquetas oficinas propias sobre la avenida Belgrano. Era una suerte de “ministerio paralelo”.

Nunca se produjo, por parte de las nuevas autoridades de Agroindustria, una revisión y balance de lo hecho por las diferentes áreas del ministerio, incluyendo a la UCAR. Con la llegada de Cambiemos, Neme incluso hizo fuerza para quedarse en el cargo y casi lo logró, pues eran buenos y muchos sus vínculos con varios gobernadores. Hubiera batido todos los récords de permanencia: la Alianza, Duhalde, Néstor y Cristina, Mauricio. Pero Buryaile impulsó para ese cargo a un dirigente radical mendocino, Alejandro Gennari.

Cri, cri, cri. Pese a los cambios nunca hubo una auditoría pública conocida.

Una denuncia penal presentada en las últimas horas por la Oficina Anticorrupción vino a sacudir la modorra en Agroindustria, una siesta que resulta muy funcional a esta sucesión de funcionarios de dos gestiones diferentes que parecen estar enfrentados pero no se denuncian mutuamente.

La oficina a cargo de Laura Alonso actuó casi por obligación, luego de que se encontrasen muchos paralelismos y datos jugosos (y fácilmente chequeables) en dos denuncias que recibió en diciembre de 2017, una anónima y otra de identidad reservada.

¿Qué decían las denuncias?

• Que en uno de los programas troncales de la UCAR, el Programa para la Administración de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) se podrían haber cometido irregularidades en la adjudicación de obras de riego por más de 1.500 millones de pesos entre 2010 y 2015.
• La denuncia apunta a la empresa CEOSA, líder en el rubro de la obra públcia en Mendoza, la que recibió la mayor parte de las obras licitadas desde el Prosap.
• Que esa firma podría haber contado con información privilegiada para ganar esas licitaciones a través de su ligazón a Hydrotec, una consultora integrada por Diego Fabián, a quien las denuncias consignan como parte del propio Prosap; por Fernando Gomensoro, actual secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación de Mendoza; y Juan Pablo Sánchez, que actuaba como Jefe de Formulación de Proyectos de Riego del propio Prosap.
• En base a las sospechas, la OA le pidió al Ministerio de Agroindustria que tome toda la información relacionada con el Prosap, CEOSA y las obras que esa empresa tuvo a cargo. Al mismo tiempo pidió alejar del tema a cualquier funcionario que pueda tener relación e incluso sugirió allanar las sedes de Hydrotec y CEOSA, ambas ubicadas en Mendoza. Existe ya una causa judicial en el fuero federal. Los delitos que se pide investigar son negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel.
• La Oficina Anticorrupción exigió además que se lleva a cabo un análisis sobre el patrimonio de Neme, de su esposa Mónica Meda y de algunas firmas vinculadas al matrimonio. Se considera, no sin elementos, que el tucumano no podía desconocer las vinculaciones entre funcionarios de su propio organismo y empresas que finalmente resultaban adjudicatarias de las obras.

La ofensiva de la OA sobre la UCAR, que sacude la modorra anticorruptela que caracteriza las gestiones de Cambiemos en el Ministerio de Agroindustria (ni una denuncia muchachos, ni una sola) fue conocida a través de una nota de Alejandro Alfie en Clarín . Luego, el portal mendocino MDZ agregó bastante colorido local a la investigación.

Es importante describir el contexto en el que se conoce esta denuncia. Hay una orden del  Ministerio de Finanzas que impulsó la reorganización de todos los organismos o áreas del Estado Nacional que tomen y administren financiamiento del extranjero. Esta orden superior incluye a la UCAR y desencadenó entre los funcionarios macristas que comandan Agroindustria más deseos de apoderarse de esa botonera que de investigar posibles historias de corrupción que se hayan cometido tocando esos botones.

Una fuente cercana al organismo reveló que la suerte de la UCAR se conocerá en los próximos días. En el marco de la reorganización general del Poder Ejecutivo, en el mercado de la reducción de cargos políticos reclamada por el presidente Mauricio Macri, un escenario probable es que esta suerte de “ministerio paralelo” ideado y comandado por Neme termine siendo una simple Dirección Nacional dependiente de la Subsecretaría de Coordinación legal y Técnica del Ministerio, el real, que está a cargo actualmente por Juan Miguens, el hijo de Luciano, el dirigente ruralista.

Como sea, quizás sea una buena oportunidad para investigar esta denuncia de la OA y quizás otras que queden en el tintero. Reunir las pruebas, aportarlas a la justicia y esos etcéteras tan pero tan distintos a las auditorías invisibles y el cri, cri, cri desplegado hasta ahora por el nuevo gobierno.

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Las chances de hacer este negocio surgieron hace varios años: fueron impulsadas primero por el ex ministro kirchnerista Axel Kicillof y solo se frenaron durante el paso de Alfonso Prat Gay por Economía. Ya sin la resistencia activa de ese es funcionario, el presidente Mauricio Macri le puso el moño a un negocio hecho casi a la medida de una empresa de Arabia Saudita: la fabricante de equipos de riego Western.

En el decreto 595/2917, firmado por Macri y todo su Gabinete, entre muchos retoques al Presupuesto y la aprobación de varios créditos internacionales, se avaló también una operación financiera con el Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD), mediante la cual la Argentina recibirá un prestamos por 100 millones de dólares para poner en marcha el “Programa de Modernización de los Sistemas de Riego y Promoción de Nuevas Tecnologías de Riego Mecanizado”.

¿Qué hacen los árabes financiando un programa de riego en la Argentina? No lo hacen por filantropía, queda claro: nadie te presta 100 millones de dólares sin pedirte nada a cambio. La letra chica del convenio establece que la mayor parte de ese dinero será utilizada para la adquisición de equipos de riego fabricados en ese país por el grupo Alkhorayef  bajo la marca “Western”.

El dinero será recibido y administrado por la Unidad para el Cambio Rural (Ucar) del Ministerio de Agroindustria, que deberá poner del propio Estado otros 25 millones de dólares, hasta completar una oferta total de 125 millones que será utilizada para ampliar la superficie bajo riego en el país. Se estima que en la Argentina existen de 6 a 10 millones de hectáreas agrícolas que podrían producir bajo riego. El potencial es enorme.

“El Programa se propone el incremento de la producción agropecuaria en el país, ampliando la superficie apta para la actividad y elevando los niveles de productividad por medio de la amortiguación del impacto de los fenómenos de stress hídrico”, informa la Ucar en su página web. Pese a que la iniciativa para comprar tecnología saudí con financiamiento de ese mismo origen entró en su tramos finales, no está claro todavía de qué forma los recursos llegarán a manos de los productores. Montar riego por aspersión tiene un costo aproximado de entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea. Con este programa se podrían regar unas 40 mil hectáreas.

Según pudo saber Bichos de Campo, Prat Gay, el primer ministro de Economía del macrismo, se había opuesto inicialmente a poner el gancho a este financiamiento, debido a que en el país existen al menos dos fábricas de equipos de riego similares a los que llegarán desde Arabia Saudita. De todos modos, con su alejamiento se impuso la posición del entorno más cercano al presidente Macri, en especial de Gustavo Lopetegui. La jefatura de Gabinete definió esta iniciativa como “prioritaria” hace menos de un mes, el 3 de julio de 2017.

Los memoriosos recuerdan que fue Kicillof quien dio mayor impulso a las negociaciones con el gobierno de Arabia Saudita, aunque en realidad ese país venía ofreciendo cooperación en materia agrícola desde unos años antes. En 2010, el ex ministro Julián Domínguez encabezó una comitiva a dicho país y volvió con la promesa de hacer negocios por 600 millones de dólares (esa es la suma que originalmente ofrecieron los árabes). En 2012 otro ex ministro, Norberto Yauhar, negoció una serie de convenios con la embajada saudí en el país.

Finalmente, en marzo de 2015, se acordó la firma de un Memorandum de entendimiento entre ambos países. Ya era ministro Carlos Casamiquela y a su lado como secretario lo controlaba todo Javier Rodríguez, un hombre de extrema confianza de Kicillof. En ese momento la posibilidad de establecer un programa de fomento al riego ocupaba el centro de las conversaciones.

Desde el vamos se supo que el financiamiento que ofrecía el Gobierno saudí a través de la SFD era para la adquisición de equipos de riego fabricados en ese país por el grupo Alkhorayef, un conglomerado con intereses en el petroleo y en varios otros rubro, entre ellos el riego. “Somos una empresa en crecimiento constante, con experiencia en proyectos de riego y en el sector agrícola desde 1957”, se explica en esta página web.

“Esta no es una buena noticia para la industria nacional, aunque va a terminar impulsando el riego en el país y eso es lo bueno. En cuestiones de agua hay mucho para hacer y hay que estar abiertos a este tipo de intercambio. Pero es lamentable que las decisiones las terminen tomando en función de intereses extranjeros”, se lamentó un especialista argentino en riego ante esta noticia. De todos modos lo consolaba el hecho de que no todo el dinero del préstamo se gastará en los equipos de origen saudí, ya que 40% del presupuesto lo demandarán las obras civiles y las instalaciones, que deberían generar trabajo para firmas argentinas.

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