Dos cámaras de la industria frigorífica, Fifra y Unica, presentaron un pedido de audiencia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al de Agricultura, Luis Basterra. Consideran que con la prórroga “no se da solución, entre otras cuestiones, a la situación de las plantas con muy pocos antecedentes o nulos de exportación en el periodo base (segundo semestre 2020), como también la situación de las plantas que tienen como único destino China”.

En las cartas enviadas a los ministros los industriales explicaron que “ambas entidades representamos empresas frigoríficas Pymes de capitales totalmente nacionales, las cuales desde el Decreto 408/2001 han sufrido las consecuencias más perjudiciales de la medida”.

Sucede que el decreto 408 del 23 de mayo determina que el cupo de exportaciones será del 50% del promedio mensual de exportaciones del segundo semestre de 2020, con el agravante de que además hay un listado de siete cortes prohibidos, lo que complica la integración de la media res. Esto es, que algunos cortes tengan un destino y otros cortes vayan a otros mercados.

Además se dejó fuera de ese cupo a las cuotas 481, la Cuota Hilton, la de 20 mil toneladas para Estados Unidos, la de Colombia y más recientemente se estableció un cupo especial de 3.500 toneladas de cortes kosher por mes a Israel.

Esta metodología, dicen desde Fifra y Unica, beneficia sobre todo a las grandes empresas del sector, mayormente nucleadas en el Consorcio ABC, que es la organización que llevó adelante las negociaciones con el gobierno, en especial con el ministro Kulfas, mientras que se perjudicaba a empresas de menor tamaño, con menos mercados abiertos y que en los últimos habían apostado con inversiones al acceso a nuevos mercados.

“Fifra y Unica consideramos que la situación, más allá de ser nociva y perjudicial para toda la industria, perjudica notoriamente a los pequeños frigoríficos regionales y de capitales nacionales que hicieron inversiones y no cuentan con los antecedentes de exportación necesarios, y a las empresas que solo tienen como destino China que están limitadas al 50%”, argumentó la nota a los ministros.

Daniel Urcía, el titular de Fifra, dijo que “la medida tal como la tomó el gobierno indudablemente beneficia a las grandes empresas. Los más grandes tienen más espaldas para sortear estos obstáculos y a los pequeños o medianos frigoríficos que vienen al día con los bancos y pusieron sus fichas en el desarrollo del negocio de la exportación pueden incluso llevarlos a la quiebra”.

En definitiva, para los frigoríficos representados por estas cámaras el cepo podría ser mayor al 50% debido a que tienen cortes prohibidos y se les vuelve menos viable el negocio, mientras que otros más grandes lograron un cepo de prácticamente el 65% gracias a la suma de las cuotas que quedaron fuera de la excepción.

Urcía agregó: “Toda la cadena ya explicó que la restricción es una política nefasta, pero la carne más cara la tuvimos en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández. Hoy es la más barata de la región. El problema está en el poder adquisitivo de la población, que es responsabilidad de la gestión de gobierno”.

Con respecto a la evolución del precio de la carne, e directuivo industrial afirmó que a futuro lo ve subiendo porque las medidas desalientan las inversiones a nivel de la producción. Así se repetiría lo que pasó en 2009, cuando se liquidó hacienda por las políticas oficiales. Luego de eso la carne subió de forma abrupta en 2010 y 2011.

Urcía, por eso, cree que el Plan Ganadero no tiene perspectivas de llegar a buen puerto: “No hay plan posible que pueda sostener la producción cuando tenemos un bien no se puede comercializar. No se puede promover lo que se prohíbe. El problema de fondo no es la carne sino la gestión de gobierno”.

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“Lo que estamos solicitando a través de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) es que a los frigoríficos que tenemos poco cupo nos sea asignado por lo menos un contenedor. Eso no va a cambiar mucho el volumen general y para nosotros es al menos un envío que podemos hacer”, dijo a Bichos de Campo Fernando Vissani, director del frigorífico Visom SA que sólo recibió permisos para exportar 6 toneladas por mes.

A pesar de que una de las opciones es  transferir los cupos a otras plantas, Vissani aclaró que se trata de un proceso engorroso en muchos casos y que enviar el contenedor a media carga no es opción por los gastos que implicaría. También se pierden puestos de trabajo en cada una de las plantas perjudicadas con estos cupos exiguos, que deben ceder el trabajo a otras.

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“Nosotros cargamos entre 27 y 28 toneladas por contenedor. Hay gastos que se aplican sobre el total de lo cargado. Imaginate que si mandas un contenedor con menos toneladas los clientes te matan”, señaló el empresario.

¿Por qué sucedió esto? Los cupos están muy mal establecidos y se ha notado una gran improvisación. Recordemos que el cálculo fue realizado a partir de las exportaciones del segundo semestre del 2020. Esa participación fue dividida en seis para obtener un promedio mensual y la resolución aprobó el 50% de esa cifra.

Es decir que si una empresa logró exportar un contenedor de 24 toneladas entre julio y diciembre de 2020, recibió 12 toneladas divididas entre seis meses. Su cupo mensual es de 2 toneladas.

De un total de 63 plantas mencionadas en la distribución oficial, hay 9 que recibieron menos de 20 toneladas y no podrán realizar la exportación en las actuales circunstancias. Incluso hay dos de ellas en las que el cupo asignado es de 0 toneladas.

“Hay distintas situaciones por las que cada frigorífico tiene su foto y esta manera de clasificar tiene que ver con esa participación en el 2020”, confirmó a Bichos de Campo Gustavo Valsangiacomo, el presidente de UNICA.

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Si bien la matemática es correcta, lo cierto es que llevar las ecuaciones al plano de la vida real no siempre deriva en condiciones apropiadas para la producción.

Valsangiacomo informó que desde la reunión realizada entre frigoríficos y miembros de la cartera de Producción el viernes pasado, no han recibido aún respuesta sobre las quejas que han planteado por esta situación.

Otro punto flaco de la distribución de los nuevos cupos es el que se refiere a las plantas nuevas, que serían tres o cuatro. Se trata de empresas que han realizado inversiones para poder comenzar a exportar y que habían sido habilitadas para hacerlo a diferentes mercados en estos primeros meses de 2021. Como no exportaron nada en 2020, tampoco recibieron cupo. Bichos de Campo contó un caso concreto.

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Las asociaciones de criadores de todas las razas difundieron un comunicado en el que señalan que “el mismo error cometido en el 2006 llevó al cierre de 138 frigoríficos, la desaparición de la actividad de 30.000 ganaderos y sus familias, a la pérdida de 10 millones de cabezas y de mercados que mucho costo conseguir”.

Dijeron que con esas medidas no se logró el objetivo de bajar el precio de la carne sino que por el contrario se afectó la oferta del producto.

Además indicaron que “este tipo de medidas frena una actividad que hoy genera el ingreso de dólares necesarios para paliar la grave crisis que atraviesa el país”. Por eso las asociaciones de criadores finalmente solicitaron a las autoridades que “revean la decisión” ya que “la exportación de carne no genera aumentos de precios, sino que es un incentivo para aumentar la inversión, acrecentar la oferta de empleo y mejorar los ingresos del país”.

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En la misma dirección se expresó otro eslabón de la cadena, el de los engordadores a corral. La Cámara de Feedlot manifestó su rechazo a las medidas “al considerar las mismas inapropiadas, arbitrarias, extemporáneas y contrarias al trabajo conjunto público privado tendiente a la creación de empleo, agregado de valor agroindustrial y generación de divisas”.

Dijeron que de hacerse efectiva la decisión “afectará el nivel de empleo directo e indirecto en todos los eslabones de la cadena, generará un daño innecesario al productor en la categoría vaca conserva y manufactura que no tienen consumo interno ni en carnicerías ni en supermercados y representan más del 70% de las exportaciones actuales”.

Finalmente consideraron que “estas situaciones no hacen más que desalentar el desarrollo económico con señales adversas para los sectores productivos, inversores y fundamentalmente al sector agropecuario y la agroindustria, motores fundamentales y necesarios para sortear la situación actual que atraviesa el país” y pidieron al presidente Alberto Fernández que “revea la decisión” y que retome “el camino del diálogo y consenso”.

También hubo expresiones en rechazo de la medida de parte de los industriales. Si bien aun no se conocer una opinión formal del Consorcio de Exportadores ABC a cuyos miembros el presidente y otros miembros del gabinete anunciaron la medida, desde FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, que tiene entre sus socios en importantes grupos empresarios y exportadores también criticaron la clausura en las ventas al extranjero.

Su presidente Daniel Urcía dijo que “consideramos que se trata de una decisión absolutamente extemporánea. Los efectos negativos del cese de exportaciones o “limitaciones” son por todos conocidos, ocurrieron a partir del cese declarado por Néstor Kirchner en 2006 y lo siguieron una serie de medidas intervencionistas que tuvieron el mérito de lograr la liquidación de un stock ganadero equivalente al de Uruguay (12 millones de cabezas que a una década no se recuperó, el cierre de frigoríficos, pérdidas de empleo, de confianza en los compradores internacionales y el precio de la carne más cara para los consumidores argentinos en 2011”.

Dijeron desde este sector industrial que además la medida “Esta medida además de afectar directamente al sector de ganados y carnes, agrava la situación institucional del país y por ese motivo hacemos un llamado a todos los sectores a que se expresen, para demostrar el desencanto con la medida e instar a su inmediata revisión”.

También la cámara UNICA consideró que la veda exportadora “no resuelve ningún problema y solo demora la reactivación”. Y en el mismo sentido se pronunció la CICCRA, la cámara que preside Miguel Schiariti.

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En el documento en cuestión se plantea que el futuro decreto presidencial que indicará cómo se otorgará el cupo de 30 mil toneladas de cortes especiales que entran cada año al viejo continente con preferencia arancelaria establecerá como gran criterio de reparto la “past performance” de los postulantes, al tiempo que no hace mención alguna al criterio de regionalidad ni tampoco menciona otro, el de un mínimo igualitario que le otorga al menos un tonelaje piso a todos los que quieran participar del negocio y cuenten con la habilitación correspondiente.

Además, según ese informe, el sistema regirá por 4 años, lo que genera todavía más preocupación.

Actualmente la cuota Hilton atraviesa un momento de bajos precios. La tonelada se negocia en 11 mil dólares cuando tuvo picos de 16 mil y más también, sin embargo sigue siendo un negocio muy importante y por eso la puja entre las empresas. Hay que tener en cuenta que el valor promedio de exportación de los cortes enfriados suma 8.700 dólares y por os congeladas el ingreso fue de 4.000 dólares en octubre y de acuerdo con el informe que publica el IPCVA.

El negocio es tan jugoso que en su momento derivo en la judicialización de la mayor parte del cupo (la mayor parte de las 28.000 toneladas  eran repartidas por amparos de los jueces), hasta que en 2004 y durante la gestión del ex secretario de Agricultura, Miguel Campos, se logró normalizar el reparto. Con los cambios que se proponen más de uno recuerda aquellos antecedentes y temen que se terminen repitiendo.

Esas propuestas de cambios en el reparto en un negocio históricamente importante para el sector llevó a que  entidades empresarias levanten la voz de alerta, ya que consideran que si se considera la past performance como único gran criterio de reparto se concentrará todavía más la distribución favoreciendo a las grandes empresas y en perjuicio de las más chicas y sobre todo de las ubicadas en las provincias o en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Fifra, la cámara que nuclea a las plantas de Córdoba y Santa Fe, y también Unica, la Unión de industrias Cárnicas que representa a empresas ubicadas en diferentes provincias, van a presentar una nota en la que piden algunos cambios entre los que se destacan:

• Que haya una cuota inicial de 300 toneladas para los frigoríficos ciclo 1 y de 150 para los ciclo 2 porque asì se premia el esfuerzo de habilitar una planta para exportar a la Unión Europea.
• Que haya una cuota mínima igualitaria para todas las plantas habilitadas siempre que hayan trabajado al menos en 11 meses del ciclo inmediato anterior
• Que se respete el criterio de regionalidad y que al menos el 15 por ciento del cupo se reparta según el mismo. Esto porque consideran que ayuda a la radicación y sostenimiento  de industrias en el interior del país que soportan costos logísticas mayores por estar alejadas de los puertos, costos que también impactan en los productores a quienes no resulta indiferente poder vender novillos Hilton a un frigorífico cercano que enviarlos a otro alejado con lo que cuesta el flete. Además consideran que promueve y genera nuevos puestos de trabajo y asegura los derechos de las firmas que en estos años y por este criterio de reparto invirtieron en la modernización de las plantas. Además tiene como principal sustento el fortalecimiento de las economías regionales.
• También proponen que el criterio de la past performance no signifique más que el 75% del cupo y que todas las plantas exporten al menos el triple del volumen asignado a otros destinos, en caso contrario se debería reducir su asignación en futuros repartos.
• Finalmente consideran que el cupo máximo por empresa y grupo económico no debería superar el 10 por ciento del total que suma 30 mil toneladas.

El debate por ahora parece estar abierto. En efecto en el documento que repartieron los funcionarios se expresa claramente que se espera que las diferentes cámaras empresarias hagan su debida presentación argumentando qué criterios deberían regir, por ahora sólo se incluyó la past – perfomance que se cree terminaría beneficiando a las grandes empresas del rubro

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