“Podemos confirmar que se ha alcanzado un buen acuerdo en términos generales y, por lo tanto, de deja sin efecto la medida de fuerza”, indicó hoy SOEA por medio de un comunicado.

Pero los integrantes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA), si bien firmaron anoche también un acuerdo salarial con Ciara, este mediodía se declararon en estado de alerta en solidaridad con los recibidores de granos afiliados a Urgara.

“Los representantes de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) aún no han firmado su acuerdo con los compañeros de Urgara, con quienes transitamos este camino de lucha y unidad”, indicó FTCIODyARA. “Nos declaramos en estado de alerta a la espera que la Cámara cumpla con el compromiso asumido y formalice el acuerdo con los compañeros de Urgara en el día de hoy”, sentenció.

Los dirigentes gremiales de Urgara no fueron convocados ayer martes por funcionarios del Ministerio de Trabajo, por lo que siguen en paro por reclamos salariales. Los recibidores de granos solamente están trabajando en las unidades gestionadas por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Sitio 0 de Quequén, ADM Argentina y Molinos Cañuelas, dado que esas cuatro empresas ya acordaron las paritarias salariales correspondientes el ciclo 2020/21.

El acuerdo paritario de Urgara con esas cuatro empresas comprende un salario básico (jornada de ocho horas) para idóneos –personal sin título de Perito Clasificador de Granos que realiza tareas operativas– de 96.449 pesos mensuales a partir de octubre pasado que se ajusta a 107.545 pesos a partir de enero de 2021. Los valores no contemplan valores no remunerativos ni adicionales. En el caso de los peritos clasificadores de granos, el básico a partir de enero se ajusta a 114.141 pesos mensuales.

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La CPPC aseguró que los salarios de los trabajadores de Urgara “son de los más altos que tiene el sector trabajador en el país, ya que en los niveles más altos promedian sueldos de 100.000 pesos” y desmintió que “no se hayan hecho propuestas salariales, sino que, por el contrario, se han realizado numerosos ofrecimientos que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores”.

La entidad –que nuclea a los principales puertos privados del país gestionados por compañías agroindustriales– cuestionó que las medidas de fuerza llevadas a cabo por Urgara “no sólo son sin previo aviso, sino que violentan la libertad ajena al impedir el ingreso de personal fuera de convenio y de seguridad en un claro exceso sobre el derecho constitucional de huelga”.

“Esas ilegítimas medidas provocan serios problemas logísticos terrestres y fluviales –en donde intervienen otros gremios- y ponen en riesgo la operación en las instalaciones”, remarcó.

El sector también manifestó su preocupación en materia económica, ya que las medidas de fuerza ponen en juego la continuidad de una actividad designada como “esencial” por el Poder Ejecutivo nacional, que es además prácticamente la única que ha generado divisas este año.

Por su parte, entidades de la cadena agroindustrial expresaron hoy también su preocupación por el “impacto negativo del paro en los puertos” realizado esta semana tanto por personal afiliado a Urgara como a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA) en el marco de las negociaciones colectivas con las entidades empresarias.

“Las medidas adoptadas, en momentos en que se encuentran desarrollando las tareas de la cosecha fina (trigo/cebada), además de afectar el normal desarrollo de la actividad agropecuaria y alterar el desenvolvimiento de todos los eslabones de la cadena agroindustrial en general, perjudican especialmente a los productores en momentos en que deben comercializar naturalmente sus cosechas con el consiguiente impacto negativo en la cadena de pagos”, aseguraron por medio de un comunicado.

Indicaron también que “afectan seriamente el ingreso de divisas, las que resultan indispensables para afrontar la grave crisis económica y social en la que se encuentra inmersa nuestro país”. Por tales razones, las entidades exhortaron a las partes involucradas en la negociación colectiva a que “extremen los esfuerzos tendientes a terminar con la situación conflictiva”

Las entidades firmantes del comunicado son la Asociación de Semilleros Argentinos, las Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Córdoba y de Entre Ríos, las Bolsas de Comercio de Chaco, de Rosario y de Santa Fe, Cámara Argentina de Biocombustibles, la Cámara de Industriales Molineros, Centros de Corredores del país, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Centro de Entregadores de Cereales, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Federación de Centros de Acopiadores y Federación Argentina de la Industria Molinera.

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