Sin embargo, la Federación Agraria Argentina (FAA), luego de una reunión de su Comisión de Semillas, salió a denunciar que las empresas semilleras están abusándose del productor, sobre todo a través del avance del sistema de “regalías extendidas”. Según el comunicado de la entidad, la ofensiva es tal que corre peligro el derecho al “uso propio”, que es aquel que tiene el productor de conservar una parte de sus cosecha para utilizarla como semilla al año siguiente.

Según este pronunciamiento, el derecho de “uso propio gratuito”, consagrado en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y en UPOV 1978 (un acuerdo internacional sobre la propiedad de las semillas), “está siendo vapuleado por la industria semillera y el INASE no actúa como debiera”.

“La flexibilización de derechos en favor de las grandes empresas, transnacionales en su mayoría, con una clara transferencia de recursos y propiciando su concentración, se refleja en el avance de condiciones de regalías extendidas en la mayoría de las variedades y la imposición de parte de la industria semillera (a través de contratos, facturas y de forma unilateral) de compromisos a los productores que se ven reflejados en una renuncia a su derecho de uso propio gratuito”, denunció el comunicado.

Los federados, que muchas veces se interpusieron a un acuerdo dentro de la cadena agrícola para lograr una actualización de la Ley de Semillas, agregaron que actualmente “los productores reciben innumerables cantidades de mails, llamados telefónicos, cartas documento, notas y facturas, con condiciones estipuladas en el abuso de posición de la empresa proveedora de tecnología “.

Allí cargaron contra el nuevo presidente del INASE, Joaquín Manuel Serrano, de quienes muchos dicen que llegó al cargo de la mano de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina.

La FAA, en su comunicado, señaló que existe una ausencia por parte del Estado para accionar en defensa del derecho consagrado al uso propio. “Parece ser que el sistema de ‘contralor’ no se enfoca en la compra de semilla fiscalizada únicamente, sino en ‘colaborar’ con el dueño de la semilla para cada vez hacer más angosto el camino del uso propio gratuito”, indicó la organización.

Para defender el derecho ancestral de los agricultores a usar sus propias semillas, la Federación reclamó “claridad en las facturas de compra, transparencia en los mecanismos de control, un Estado presente en la defensa de la ley y sus derechos consagrados; bregamos por el Orden Público en materia de semillas”.

El régimen de “regalías extendidas” se enmarca dentro de un acuerdo entre privados y, por lo tanto, el Estado no tiene injerencia en el mismo, dado que el INASE sólo tiene atribuciones para hacer cumplir la normativa vigente. (Ley N° 20.247), la cual garantiza la posibilidad de realizar “uso propio” de semilla de propia producción.

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“Considero que el debate debe abarcar mucho más allá que un mero cambio legal. No estamos discutiendo cuestiones vinculadas con la agronomía y con el derecho, sino con nuestro modelo agrario, nuestro modelo alimentario y, por lo tanto, el proyecto de país”, enfatizó Tamara Perelmuter, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Añadió que la discusión debe incluir a todas las voces, desde agricultores familiares hasta campesinos e indígenas, incluso a quienes viven en las ciudades y consumen alimentos.

Perelmuter comentó que las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria y la base de la biodiversidad del planeta. La diversidad genética de los cultivos conocidos proviene de un trabajo milenario de los pueblos, y el avance de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas no contribuyó al aumento de la biodiversidad, sino todo lo contrario. La lógica de la apropiación privada del trabajo colectivo histórico de los pueblos promovió una pérdida mayor de diversidad genética y agrícola. “Lo que se está debatiendo es la propiedad intelectual sobre la vida”.

“¿Qué dice este proyecto del oficialismo que hoy discutimos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un dictamen que no modifica la Ley entera, sino algunos puntos. En primer lugar, se refuerza el poder de policía del INASE (Instituto Nacional de Semillas). Lo que se desprende de este artículo es que el Estado será quien ejecute los intereses de las empresas ante una eventual vulnerabilidad de sus derechos de propiedad intelectual”, aclaró Perelmuter.

Asimismo, la docente destacó que el segundo punto en debate, y probablemente el más importante, se refiere al uso propio de las semillas. “El uso propio dejaría de ser libre y gratuito, como contempla nuestra Ley actual en su artículo 27, que lo considera un derecho de los agricultores, para pasar a ser una mera excepción de un derecho que tendrán otros, los obtentores. Este es un cambio radical en la concepción de esta práctica histórica de los productores agrícolas”.

La analista social agregó que “la limitación del uso propio violaría muchos tratados y acuerdos internacionales como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, conocido como el tratado de semillas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, e incluso el Convenio de la UPOV, en su versión 78, de la cual la Argentina es parte”.

“La restricción del uso propio aumentaría la dependencia de los productores con las grandes empresas y los sacaría del lugar que históricamente tuvieron como productores y reproductores de semillas, colocándolos como arrendatarios del germoplasma que se produce en otros lugares”, añadió.

Según la docente, el tercer punto a ser modificado es el relacionado con el carácter de orden público de la normativa. “La actual Ley de Semillas no es de orden público, lo que significa que no puede haber disposiciones por fuera de la Ley. Este hecho permitió la existencia de los contratos bilaterales que le habilitan a las empresas multinacionales a cobrar regalías extendidas por la soja intacta. Por eso, numerosas organizaciones de productores, incluso sojeros, están pidiendo que la futura Ley sea de orden público para que no haya contratos leoninos por fuera”.

“Sin embargo, el dictamen aprobado en Diputados sólo logró que algunos artículos sean de orden público, y no es el caso del artículo 27, justamente el del uso propio. Esto significa que aun con todas las limitaciones que tienen las excepciones vinculadas a los indígenas, a los productores familiares y a las micropymes, podría haber disposiciones que contradigan a esas mismas excepciones”, concluyó Perelmuter.

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“La Ley 20.247 abarca dos cosas que no tienen casi nada que ver entre sí: lo relativo al comercio de semillas y lo referido a la propiedad intelectual de la creación de nuevas variedades vegetales. En el resto de la jurisprudencia argentina, estos temas están separados, pero esta Ley los junta”, puntualizó Miguel Rapela, Director de Vinculación del Centro Integrado de Genómica y Mejoramiento de UBATEC y Director Ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.

Luego indicó que “al examinar los 11 proyectos presentados al Congreso (para modificar aquella ley) no se ven diferencias en nuevas ideas sobre la comercialización de semillas. El punto urticante está en la parte de la propiedad intelectual”, precisó.

Según Rapela, el punto central de la discusión sobre la modificación de la Ley vigente es cómo manejar el uso propio de la semilla. Poder guardar semillas de una campaña a otra está permitido casi en todo el mundo, con regulaciones para no afectar a quienes obtuvieron la variedad inicial. Este control no existe en la Argentina. En consecuencia, los mejoradores de especies autógamas —o sea, que se pueden conservar luego de producidas—, tanto de la faz pública como de la privada, se ven perjudicados al no obtener un retorno por lo que invirtieron en su trabajo.

“Por otra parte —agregó Rapela—, está el tema del monopolio. Las tres o cuatro empresas semilleras internacionales que dominan el mercado mundial poseen posiciones muy fuertes en el mercado de semillas híbridas en la Argentina, pero son casi inexistentes en el mercado de autógamas, que es el mercado del problema”.

“En este sector, la empresa líder absoluta en nuestro país es Don Mario, que es argentina. Por otra parte, el mercado de forrajeras está totalmente dominado por empresas argentinas, al igual que el sector hortícola. Entonces, respecto al monopolio, yo opino que ni de casualidad se da en la Argentina”, añadió el especialista.

“Otro problema es que dentro de los alcances de la modificación de la ley propuesta se incluyen a los descubrimientos, es decir, semillas que ya están presentes en la naturaleza y que no han resultado de ningún desarrollo tecnológico ni trabajo intelectual”, anumeró.

También aquí parece haber contradicciones, porque “los eventos biotecnológicos están hechos por seres humanos en laboratorios, no existen en la naturaleza, por lo que son protegibles por la Ley de Patentes 24.481. Y aquí se da una situación particular: una variedad vegetal se protege por la Ley 20.247 y dentro de esa variedad puede haber un transgén que está patentado por la Ley 24.481”, indicó Rapela.

Para el experto, entonces, “los alcances de cada normativa son muy diferentes, y casi ningún país del mundo logró resolver esta situación en la que se juntan dos cosas en un mismo individuo. Por ahora, en la Argentina no pasamos ni del ABC en esa discusión, pero no encontrar una solución no le sirve absolutamente a nadie”, remarcó Rapela.

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“Uno de los problemas centrales del proyecto del oficialismo es que se limitaría fuertemente, o se eliminaría, la figura del uso propio de las semillas. Es decir, se les quitaría a los productores la posibilidad de que guarden sus semillas para sembrarlas en la campaña siguiente. En su reemplazo, se propone la figura del uso propio oneroso. Dicho de forma simple, los productores deberán pagar por sembrar las semillas que ellos mismos producen. Sin el uso propio desaparece la única posibilidad de evitar una situación de monopolio”, sostuvo Javier Rodríguez, Director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.

“Me llama mucho la atención que cuando se debate el uso propio no se discute el mercado monopólico, ya que, de hecho, está muy concentrado en pocas empresas agroquímicas. Al limitar el derecho al uso propio estaríamos en una situación en la que a todos los productores se les impondría un monopolio en materia de adquisición de las semillas, algo esencial para la producción agropecuaria”, dijo el docente.

Y añadió que, en términos económicos, el monopolio tiene la capacidad fijar el precio o la cantidad a vender. Así, el precio puede quedar muy por encima de lo que hoy se está cobrando. Para los cuatro cultivos principales, la estimación de cuánto representaría ese aumento de los costos asciende a 3100 millones de dólares por año. “Esta cifra da una idea del importante monto que está involucrado en este debate sobre la Ley de Semillas. Hay en juego intereses económicos muy fuertes”.

Finalmente, Rodríguez reconoció que el país está dejando de obtener ingresos por no pagar los avances tecnológicos. “Es así. No obstante, quiero destacar que la Ley vigente es perfectamente compatible con las normas internacionales. En todo caso, lo que se debe analizar son los incentivos económicos para que esas empresas traigan un determinado evento al país. Además, en la Argentina muchas veces la efectiva inclusión de algunos de estos eventos depende de tener asegurado el mercado de venta. Por ejemplo, en ocasiones no conviene difundir un evento dado si no está garantizado que nuestros compradores admiten ese tipo de semillas o de eventos en los productos que les vendemos”.

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En un comunicado, la entidad más díscola de la Mesa de Enlace (o de lo que queda de ella) aseguró que la nueva ley de semillas o la modificación de la actual 20247 debería limitarse a “resolver los conflictos generados por los vacíos legales y por el abuso de posición dominante de empresas monopólicas”, en una clara referencia a Monsanto, la empresa que más pidió la reforma de esta normativa.

En ese sentido, los federados destacaron un par de “principios indispensables” que deberían estar contemplados en la nueva Ley de Semillas:

• Para la FAA hay que “terminar con el conflicto de cobro de canon de producción sustentado en derechos de patentes en vegetales que nuestra ley no reconoce, y que definitivamente debe quedar plasmado el cobro de toda tecnología incorporada a la semilla en la bolsa. El agotamiento del derecho de propiedad intelectual debe ser contundente en el momento de adquisición de la semilla por parte del agricultor. Los vegetales no son patentables”, argumentó.
• Luego la entidad añadió que “el uso propio gratuito es un derecho consagrado en nuestra legislación y ello debe mantenerse firme.
• Además la FAA reclamó que para que la nueva normativa salvaguarde los derechos de los productores más vulnerables “solo podría reflejar el cobro excepcional a los grandes usuarios de semillas”.
• También destacó que la nueva legislación debe ser de Orden Público. “Es la manera de terminar de una buena vez con estos conflictos, Bolsatech y que la ley sea para todos, y que nada ni nadie pueda a través de contratos condicionar al productor y a las cooperativas”.
• Para la FAA, está más que claro que debe ser el Estado quien de aquí en adelante controle el mercado de la semilla. “Debe fortalecerse a través de las funciones y rol del INASE, de tal manera que contemos con semillas y creaciones fitogéneticas de calidad y controladas”, pidió.

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Aunque ya hubo una reunión bastante concurrida el último miércoles, en ella solo se decidió convocar a una una serie de jornadas para escuchar a todos los sectores involucrados en el tema. 

Según contó el sitio Infobae, Desde Cambiemos hubo una propuesta de elaborar un dictamen hacia fines de octubre, pero la propuesta no fue aceptada por la oposición, que expresaron “Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para  escuchar todas las voces”. Ese razonamiento fue compartido por el titular de la Comisión, el diputado Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos).

Entre los proyectos en danza figuran los de Alicia Terada (0977-D-17: Modificaciones, sobre declaración de uso público restringido);  Alejandro Echegaray (2558-D-17: Semillas y creaciones fitogenéticas);  Cornelia Schmidt Liermann (3187-D-18: De Ley. De Semillas y Creaciones Fitogenéticas); Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria (0064-P-18: Proyecto de Ley de Semillas) y Luis Contigiani (4473-D-18: Promoción de la producción y comercialización de semillas).

Ver  ¿Cuánto? La preocupación de un productor común sobre la nueva Ley de Semillas

Este último, ex ministro de la Producción de Santa Fe, trabajó una iniciativa en conjunto con la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem). Esta es una de las voces que intentan terciar en la discusión. El presidente de la entidad, Raúl Pagnoni, explicó que se trata de un proyecto que la entidad viene desarrollando y perfeccionando desde el 2007.

“El proyecto que presentamos es innovador y contempla a todos los sectores que integran el sistema de producción de semillas en nuestro país, abriendo ventanas a un desarrollo futuro. Empresas que desarrollan biotecnología, criaderos, semilleros multiplicadores, comercio, usuarios, técnicos (ingenieros agrónomos) y el INASE como único ente de fiscalización y control del sistemas”, detalló el presidente de Casem. 

Además Pagnoni dijo que se deben poner límites a los intereses de las grandes multinacionales del negocio agrícola, con la ex Monsanto a la cabeza. “No adherimos a la presencia de terceros controladores que solo entorpecen el funcionamiento del sistema y agregan costos extras al costo de la semilla”, enfatizó. Y agregó: “Planteamos que la ley sea imperiosamente de orden público, para salvaguardar el funcionamiento, ya que la semilla la consideramos un bien estratégico nacional”.

Por otro lado, la Federación Agraria Argentina y otras organizaciones de la llamada “agricultura familiar” también moverán fichas para hacer escuchar su opinión y defender su propio proyecto. Para el próximo miércoles 5, desde las 10 horas, anuncian la realización de un “Semillazo” en Plaza de Los Dos Congresos. El lema es “Para decir NO a la LEY MONSANTO”, en referencia a la ley oficial, que cuenta con el consenso de la mayor parte de la cadena agrícola. 

Ver Muchos cerebros juntos pidiendo por una nueva ley de semillas

“Ratificamos la plena vigencia de la ley de semillas 20.247, en línea con el acuerdo UPOV 78, el carácter de orden público de lo dispuesto en ese régimen legal y la función indelegable del Estado en materia de protección de los derechos de la cadena de la semillas, tanto sea la propiedad intelectual de los obtentores como los derechos de los investigadores y de los agricultores a hacer uso propio”, señaló la FAA.

La entidad, que se abrió de la mesa de consenso impulsada desde Agroindustria y la industria semillera, dijo que hay una serie de principios que deben ser reflejados en cualquier nueva iniciativa vinculada al tema:

• Declarar de orden público las disposiciones de la Ley relativas a derechos y limitaciones, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas;
• Mantener UPOV 78’ (Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales);
• Establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla;
• Determinar un marco específico para los agricultores familiares e incorporar definiciones de semillas nativas y criollas;
• Mantener el uso propio como derecho del agricultor con una excepción para los grandes productores;
• Declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas;
• Incorporar un sistema de licencias obligatorias para prevenir los casos de abuso;
• Mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y del Consejo Federal de Semillas;
• Determinar el régimen de sanciones civiles y comerciales, claras para casos concretos y sin asimilaciones a tipos penales; limitando el rol del INASE y prohibiendo cláusulas contractuales anticompetitivas.

La entrada Otras voces intentan hacerse oir en medio del debate por la Ley de Semillas se publicó primero en Bichos de Campo.

Esto fue lo que nos contestó Benedetti:

“Se está trabajando fuerte sobre un proyecto de consenso (de “consenso mayoritario”, aclaró después para dar idea de que no cuenta con apoyo de todo el sector), que se ha elaborado con la participación de distintos sectores. En el mes de agosto vamos a estar dándole ingreso en la Comisión y vamos a avanzar desde allí con el debate”, aseguró.

“Este es un tema postergado que se necesita mucho en la Argentina. la Argentina necesita subirse a la innovación tecnológica y que los investigadores nacionales,como el INTA, puedan ser remunerados en su trabajo, O sea que es necesario actualizar esta ley que ya tiene 45 años”, añadió el diputado.

Sobre los puntos que deben estar presentes en la nueva Ley de Semillas, Benedetti enfatizó que deberá incluir un “reconocimiento a la propiedad intelectual” para quienes “producen modificaciones genéticas o biotecnológicas sobre los organismos vivos, sobre las plantas. Por otro lado se tiene que fortalecer al INASE (Instituto Nacional de Semillas) como organismo de control en todo lo referente a este tema”.

El presidente de la Comisión de Agricultura se mostró más dubitativo respeto de qué puede decir la nueva ley sobre el derecho al Uso Propio de los productores. “Hay distintas alternativas”, aclaró.

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Mientras aguarda esa legislación para el presente periodo de sesiones ordinarias, al representante de la compañía que puso en jaque al Ministerio de Agroindustria al imponer durante un tiempo sus propios controles en puerto para detectar -y eventualmente cobrar- su tecnología en soja RR2 Intacta, se mostró más que conforme también con el funcionamiento de los análisis que realiza ahora el Instituto Nacional de Semillas (INASE), a través del sistema Bolsatech.

“Ha habido un avance muy importante en los controles. Prácticamente el 95% de la soja cosechada en la Argentina se muestréa a través del sistema Bolsatech, y esto hace que el productor pague de manera anticipada de 60 a 70% de la tecnología Intacta, porque sabe que el sistema de control está funcionario”, señaló Farinati.

Mirá el reportaje al CEO local de Monsanto:

“Hay mucho por construir a futuro: ya hay productores que pagan por tecnología y eso se debe fortalecer, pero es importante estar en un escenario positivo y trabajando para traer nuevas tecnologías al país”, indicó el ejecutivo.

Recientemente, Monsanto lanzó la tecnología “Xtend” en Brasil y logró la aprobación para hacerlo también en Brasil. Pero todavía mantiene en suspenso ese lanzamiento en la Argentina a la espera de una nueva Ley de Semillas que vele por los derechos de los obtentores. La Xtend incorpora la resistencia a Dicamba (otro herbicida) a la resistencia al glifosato e insectos con que ya contaba la soja Intacta.

De cara al ingreso de nuevas tecnologías al país, Farinati consideró que “para cuando haya alguna novedad aprobada, lo que implica un trámite de varios años, esperamos que en Argentina haya una nueva normativa. Apostamos por eso y hay optimismo por alcanzar una nueva ley, pero también por mejorar el sistema que hoy existe en soja”, declaró.

Respecto de la sequía, Farinati mencionó que “afecta a la compañía cuando el productor está golpeado. Si el productor tiene un problema financiero, Monsanto tiene un problema”.

El ejecutivo recordó que la empresa proveyó el año pasado de financiamiento a 5.500 productores por 420 millones de dólares en forma directa y otros 300 millones a través de convenios bancarios. “Hoy, 50% de esos productores son medianos y chicos y eso es muy importante para nosotros”, apuntó Farinati, quien aseguró que Monsanto tendrá este año mucha predisposición para refinanciar esas deudas a sus clientes afectados por el fenómenos climático.

La entrada Juan Farinati: “El productor paga de manera anticipada de 60 a 70% de la tecnología Intacta” se publicó primero en Bichos de Campo.

El ministro de Agroindustria, Luis MIguel Etchevehere, citó para el jueves a todos los sectores involucrados en las eternas deliberaciones previas para dar a luz a una nueva Ley de Semillas. El parto, ya está más que claro, se postergó para 2018. Pero las entidades que conforman la cadena agrícola quieren dar una señal fuerte antes de que acabe este año y han preparado un acuerdo previo basado en cuatro puntos básicos.

Los cuatro puntos en los que parecería (cuando se habla de semillas hay que hablar en potencial, como en las crónicas policiales que dicen “Pirulo sería el asesino”) serían los siguientes:

• Las tecnologías son necesarias. Así de sencilla la frase, quiere decir que el sector agrícola a pleno está pendiente de que se incorporen nuevas tecnologías en las semillas, en especial porque el combo glifosato/soja RR está haciendo agua por todos los flancos, aparecen malezas resistentes por todos lados y los costos de los productores se multiplican de modo alarmante. Una segunda definición, a partir de aquella primera premisa, es que si las tecnologías son necesarias entonces sus creadores deben ser retribuidos como corresponde. Es decir, no más el viva la pepa de la primera soja transgénica.
• Se admite que el Uso Propio es una práctica habitual y por lo tanto aceptada por todos los eslabones de la cadena, incluyendo claro a las empresas proveedoras de tecnologías novedosas. ¿Qué implica ese reconocimiento? Que, como hacen desde el nacimiento de la agricultura, allá lejos y hace tiempo, los productores tienen derecho a conservar parte de su producción de granos para utilizarla al año siguiente como simiente de una nueva cosecha.
• El derecho al Uso Propio, de todos modos, debería ser “oneroso”. Esto significa que, por más que el productor tenga derecho a producir sus propias semillas, la nueva ley deberá determinar un esquema en el que los productores que hagan uso de esa opción deberán abonar a la industria semillera un canon o royaltie por cierto lapso de tiempo. No está definida la manera y eso será tarea para los legisladores, que también deberán definir las excepciones. Por ejemplo, si deben pagar también los agricultores más chicos, o los más alejados de los puertos, o los que opten por determinados cultivos promocionados. Hay mucha tela para cortar solo en este punto. Por ejemplo, una intención en danza es que tanto la biotecnología (el evento transgénico) como el germoplasma (el mejoramiento tradicional) se reconozcan en un único pago.
• El control del sistema debe estar en manos del Estado, y más precisamente del Instituto Nacional de Semillas (Inase). ¿A qué se refieren con control? A montar un dispositivo que permita -como sucede ahora con el Bolsatech y la tecnología Intacta de Monsanto- evitar las fugas de multiplicadores y productores hacia un mercado informal, donde no se reconozca el valor de la tecnología. Es decir, el ideal sería que quienes compran semilla paguen los royalties sin chistar, y que lo mismo hagan quienes hacen Uso Propio con las tasas que se fijen. Pero si esto no sucede, ñacate!

Con estos cuatro puntos más o menos cerrados, quienes intervienen en el “diálogo de las semillas” se presentarán el jueves ante el ministro Etchevehere, quien hace pocos días, en el cóctel de las cuatro cadenas, recordó que cuando él mismo intervenía en ese coloquio como representante de la Sociedad Rural, los niveles de acuerdo habían llegado a un 90%.

Algunos integrantes de la cadena creen que este nivel de acuerdo ya es suficiente como para dar vida a una “Mesa de las Semillas”, de esas de las que le gustan a la nueva gestión de Agroindustria y que suelen contar luego con la bendición del presidente Mauricio Macri. Si ese fuera el escenario, habría un think thank potente como para convencer a los legisladores de debatir seriamente este asunto en las sesiones ordinarias del año que viene.

Es decir, hay quienes creen que la tierra ya está finalmente suficientemente blanda como para echarle la semilla. Veremos.

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El informe comienza recordando que “El Registro de Usuarios de Semilla (RUS) está normado por Resolución 80/2007”, es decir que ya cuenta con una historia de diez años. De todos modos, a pesar del paso del tiempo todavía no llega a sacar una fotografía completa sobre el mercado que debe controlar, ya que solamente declararon de dónde sacaron la semilla unos 12 mil productores que sembraron el 36,3% de las 18 millones de hectáreas dedicadas a la soja el año pasado.

Esto es, la fotografía del informe abarcó solo  6,5 millones de hectáreas en 38.662 establecimientos, donde se utilizaron 395 mil toneladas de semilla de soja de 501 variedades diferentes. Fuera del cuadro quedaron entonces  casi 12 millones de hectáreas sembradas.

El INASE, de todos modos, estaba más que conforme, pues la superficie declarada aumentó 4,25%, en tanto que el volumen de semilla sembrada había aumentado un 12,52% respecto de la campaña 2015/16. “Entre ambas campañas, la cantidad de productores registrados creció un 14,95% en referencia a los productores incluidos en la categoría de Grandes Usuarios de Semilla (GUS). Si bien la evidencia del aumento es significativa, se debe a que en esta segunda campaña los grandes usuarios pasaron de 6.000 a 12.000”, se explicó.

Hecha la aclaración sobre el tamaño de la fotografía del mercado de semilla de soja, algunas conclusiones del informe son útiles para hacerse una composición de lugar.

En referencia a las variedades, los productores declararon en el RUS el uso de 501 cultivares diferentes de soja, de los cuales los 20 más utilizados acumulan el 50,40% de la superficie sembrada. ¿Cuáles son? Con 10% de la superficie lidera la Nidera A 5009 RG, seguida muy de cerca por la Don Mario 4612 RSF.

Respecto del dato de mayor interés para el INASE, los productores registrados declararon que utilizaron 71,50% de semilla de Uso Propio para sembrar esas 6,5 millones de hectáreas fotografiadas, y que solo 28,50% de la superficie restante fue sembrada con semilla fiscalizada, comprada a las empresas del sector. La proporción de Uso Propio crece a medida que aumenta el tamaño de la explotación.

Puede descargar el informe completo desde aquí.

Bolsa blanca nadie declaró, queda claro. Esa parte del universo que es el mercado de la semilla quedó fuera de este retrato.

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