En la entrevista, Nahuel subrayó la necesidad de “transformar el sistema agroalimentario” con una mayor presencia de modelos de producción con eje en los pequeños y medianos productores, cooperativas, asociaciones y pymes agrarias. Eso, desde su mirada, significa “una producción descalzada del dólar, de la exportación, aumentar los niveles de producción, tanto en carnes como en fruta y verdura”.

“Necesitamos multiplicar la cantidad de hectáreas de producción frutihortícola y de cabezas de ganado, eso se tiene que hacer con políticas activas de planes ganaderos y un plan nacional frutihortícola”, insistió.

Levaggi reivindicó la construcción de una alternativa al actual modelo de producción. “Hoy comemos a precio dólar, tenemos precios de alimentos a precio dólar, calzados a la exportación, porque tenemos todo un sistema productivo y agroalimentario calzado al dólar y a la especulación”, señaló.

En este marco, se alineó con la gestión al decir que “los acuerdos de precios y los precios máximos son necesarios para defender el bolsillo del pueblo”.

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Pero se calzó de inmediato el rol de dirigente social al reclamar: “Para cambiar estructuralmente y no estar siempre pasándote con los grandes poderes concentrados a ver qué precios se puede acordar, necesitamos transformar el sistema agroalimentario”.

Si  bien reconoció que cada vez es mayor la comprensión de la necesidad de ver a los alimentos “como un derecho y no como una mercancía”, también reconoció que “no hubo grandes avances” desde la perspectiva de las políticas públicas.

En tal sentido, Levaggi dijo que “estamos esperando la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra”. También señaló que se espera la reglamentación pendiente de la Ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aprobada hace 7 años por el Congreso de la Nación. El dirigente de la UTT subrayó que estas normas “son necesarias” para transformar el modelo de producción agroalimentaria en el país.

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En ese sentido consideró, en una entrevista con Télam, que la creación de la Mesa Agroalimentaria, que hoy inauguró una carnicería agroecológica en Avellaneda, fue “volver a las raíces” y que su creación tiene como objetivo, entre otros puntos, “discutir la política que necesita ese otro campo”.

-¿Hay dos campos en la Argentina?

-Siempre hubo dos campos. En un momento estuvo representado por la Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales (CRA) por un lado y otro por Federación Agraria (FAA) y Coninagro por el otro. Luego, con la Mesa de Enlace se unificó en términos mediáticos, de política pública, y vino la sojización, el agronegocio y quedó un solo campo. Hoy Argentina necesita que la política pública reconozca a los dos campos: el del agronegocio y agroexportador que genera divisas para el país, y también el de la agricultura familiar y el cooperativismo, que abastece el mercado interno y la mesa de los argentinos y también genera algunos negocios de exportación.

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-En la Mesa Agroalimentaria el lema que los identifica es “el campo que alimenta”, ¿Por qué esa diferenciación?

-Por lo que te acabo de decir y porque la FAA dejó de representar a los productores pequeños y medianos, a las cooperativas y se enmarca en un esquema del super agronegocio que poco tiene que ver. Cuando discutimos el tema del arrendamiento de la tierra, la concentración de la comercialización, los puertos, la cuestión impositiva, la segmentación de retenciones, nos quedamos huérfanos. Por eso la creación de la Mesa Agroalimentaria, para discutir la política que necesita ese otro campo, que es el que alimenta. Hoy la mayoría de los alimentos viene de la agricultura familiar, del pequeño y mediano productor, del chacarero que tiene que tener una representación gremial que plantee esta política.

-¿Es necesaria una institucionalización más fuerte de la mesa?

-Se necesita un representación institucional bien fuerte. Argentina tiene problemas de institucionalización en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los partidos políticos fuertes hoy? ¿Cuáles son los sindicatos que realmente representan a los trabajadores? En el sector agropecuario pasa lo mismo. La Mesa tiene meses y tiene una presencia que va ganando día tras día y va sumando organizaciones con una mirada de poner en debate todo: desde el uso y tenencia de la tierra, el modelo productivo, el arraigo, el sistema impositivo, el financiero. Hoy no hay crédito para la producción.

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-¿Cómo se planteó puertas adentro de Fecofe formar parte de la Mesa?

-Fue volver a las raíces. En la década de los 90 nuestros productores dejaron de ser productores para ser empresarios. Todos pasamos a ser eso y nos ganaron la cabeza. Ahora es volver a las fuentes. Lo primero que buscamos es sostener a la familia en la tierra en que vivimos, en los pueblos, sostener la vida en el interior del país. Las grandes ciudades se tornaron inviables y hay otra vida que los argentinos están mirando, que no es en el medio del campo, sino que tengan los servicios, conectividad, que haya trabajo. Entonces la industrialización de esa ruralidad es central y el desarrollo del país con esa mirada. Eso no está en la agenda política. Tuvimos que constituir ese espacio para traer estos temas.

-¿Cómo planean discutir esa agenda? ¿Este gobierno es permeable a esa discusión?

-Sí que lo es. Nosotros nos reunimos con muchos funcionarios, incluidos el Presidente (Alberto Fernández), cuestión que nos impulsó a crear la Mesa. Nosotros discutimos la política y el modelo productivo que necesita el país desde la práctica: estamos inaugurando una carnicería con precios más bajos y demostrando que el productor, el frigorífico y la carnicería pueden tener un precio y un modelo en la producción de la carne. Si el Estado mira a este sector y lo potencia con políticas públicas estaríamos con menos problemas de precios.

-¿Tiene que ser el Estado un jugador en el sector y el mercado?

-El Estado tiene que ser un jugador y tiene que tener la capacidad de poder planificar. ¿Quién decidió que la Argentina entera se siembre con soja? ¿El Estado? No, sino el mercado, dos empresas multinacionales. Llegó la hora de parar la pelota y planificar la producción argentina y el Estado tiene que estar presente. Una empresa testigo como pudo haber sido Vicentin, manejada de manera eficiente, moderna y con participación de cooperativas, lleva a generar más capitalismo. Hoy vivimos en un mundo capitalista, pero la oferta está muy concentrada.

-¿Sigue presente el espíritu del Grito de Alcorta en el campo?

-Sí, en la Mesa Agroalimentaria. Hoy la FAA no existe como yo la conocí. No hay actividad en el territorio, no hay trabajo en los pueblos, no hay representación real. La FAA de Humberto Volando, de los grandes líderes agrarios, hoy no existe.

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Los proveedores de la “hacienda agroecológica” integran la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), mientras que la faena estará a cargo de la Cooperativa Subpga de los Trabajadores Ltda.

Este año la Cámara de la Industria de la Carne (Cadif), que agrupa a varios frigoríficos del conurbano bonaerense, denunció que el uso de la figura de las cooperativas se emplea como “pantalla” de empresas reales que usan esa artimaña para evadir aportes previsiones y ART, además de obtener otras ventajas impositivas.

En tanto, la comercialización de los cortes bovinos “agroecológicos” estará a cargo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), organización de la que proviene Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires.

“Estamos construyendo la cadena de comercialización lo más directa posible en función de que el pueblo no solo acceda a carne más saludable, sino también más económica”, afirmó Juan Pablo Della Villa, secretario de Comercialización de la UTT, por medio de un comunicado.

“Este circuito lo estamos creando desde la economía social y demostramos que hay alternativas para abaratar los precios de la carne”, añadió.

La carnicería agroecológica, que abrirá sus puertas este sábado de 8:00 a 18:00 horas, estará ubicada en el Mercado Cooperativo de Alimentos (Arredondo 3359, Sarandí, a pocas cuadras del Parque Industrial Villa Luján-Avellaneda).

“Estamos felices de poder acercar nuestra producción de vacas de pastoreo natural directamente a los consumidores a un precio justo porque no queremos producir un alimento caro para pocos sino que queremos carne sana para todos y todas”, aseguró Jorge Themtham, productor ganadero de 30 de Agosto e integrante de Renama.

El comunicado de Renama y la UTT indica que la carne agroecológica proviene de “animales se crían al aire libre, se alimentan de la pastura natural y no reciben hormonas ni antiparasitarios”.

Y luego afirma que “los animales de feedlot son confinados en un ambiente artificial, alimentados con granos transgénicos de alta concentración en almidón (sic) que se traslada a la carne con una gran composición de ácidos grasos no saludables, como Omega 6”.

Como suele suceder en las producciones “agroecológicas”, no existe ninguna certificadora que avale la gestión nutricional de los bovinos durante su ciclo productivo, lo que implica que el consumidor debe confiar en la buena fe del proveedor.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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Pero eso no quiere decir que el funcionario que ni bien llegó al cargo impulsó un congelamiento de precios en más de 1.400 artículos de la canasta básica no tenga nada de predicamento en el sector agropecuario. Por el contrario, hay voces que saludan su gestión.

La Mesa Agroalimentaria Argentina, en un comunicado de prensa, contó que el lunes se reunió con el secretario Feletti, la subsecretaria Débora Giorgi, y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezia. Esa Mesa, nacida el año pasado, es la conjunción de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Fecofé (un grupo de cooperativas chacareras que se desprendieron de Federación Agraria) y el Movimiento Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra Via Campesina).

“Quedamos muy conformes con la reunión con Feletti y funcionarios de Comercio”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y actual presidente del Mercado Central de Buenos Aires. Luego explicó el sentido de mantener un diálogo con los funcionarios responsables del control de precios. “Desde el primer día de gobierno las organizaciones de ‘El Otro Campo’ les decimos que acá hay un aliado para resolver problemas estructurales de la Argentina, ya que podemos garantizar alimentos saludables a precios justos en todas las mesas argentinas”.

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El encuentro entre estos grupos de productores y los funcionarios ocurrió en el Mercado Mayorista de Productos Cooperativos, ubicado en Avellaneda. Durante una recorrida por el lugar, Feletti, Giorgi y Mezmezian pudieron conocer las formas de producción y comercialización de alimentos cooperativos y ver los productos de diferentes cooperativas del país.

La gacetilla no lo dice, pero al parecen no preguntaron por los precios.

“El encuentro fue muy importante porque se reconoce como un actor válido a la Mesa Agroalimentaria Argentina, que representa a las cooperativas, pequeños y medianos productores, chacareros, al agricultor familiar”, aseguró Juan Manuel Rossi, el presidente de la Fecofe.

Ese sector, según la gacetilla, planteó tener algunas necesidades, como acceder a créditos para capital de trabajo, que se fortalezcan las compras de alimentos de pequeños productores en las licitaciones del Estado y que se “paute una matrícula de matarifes para frigoríficos locales recuperados”. Son tres temas, por cierto, que no corresponden a la órbita de Feletti.

“También se apuntó a la posibilidad de generar una alternativa de abastecimiento a partir del movimiento cooperativo y de las organizaciones de nuestro sector”, se informó.

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Feletti mostró su compromiso con el proyecto y sus demandas, y “acordó con la necesidad de transformar el modelo agroalimentario”.

“Quedamos comprometidos en una mesa de trabajo para poder avanzar en políticas públicas que potencien y fortalezcan esas experiencias cooperativas para darle escala en todo el territorio nacional. Tenemos la convicción de que la Mesa Agroalimentaria Argentina puede protagonizar este proceso”, destacó Diego Montón, referente del MNCI-ST.

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“Queremos desenmascarar la mentira de que estas empresas están al servicio del modelo de producción de alimentos”, declaró Rosalía Pellegrini, secretaria de Genero de la UTT, por medio de un comunicado.

El acto de protesta emprendido por las mujeres de la UTT –organización de la que proviene Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires– se hizo, según aseguraron, para reclamar el pronto tratamiento del proyecto de ley “de Acceso a la Tierra”, el cual, si bien ya se encuentra en el Congreso, no despierta interés por parte de diputados oficialistas ni opositores.

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“Nosotras la mujeres insistimos que para tener verdadera Soberanía Alimentaria necesitamos un modelo con agroecología, con participación de la mujeres en cómo producir la comida que se pone en la mesa de las familias argentinas y por eso queremos desenmascarar esta mentira de que estas empresas como Monsanto-Bayer o Syngenta, están al servicio del modelo de producción de alimentos”, afirmó Pellegrini.

“Estamos desarrollando una acción directa en la planta de Monsanto Bayer, haciendo un verdurazo y entregando alimento real, sano y agroecológico, para marcar quienes son los verdaderos responsables de la crisis alimentaria que estamos viviendo, y quienes son los verdaderos responsables de un modelo que no alimenta, sino que genera muerte, destrucción y envenenamiento de la tierra, de nuestros cuerpos y de nuestros territorios”, añadió.

Con épica setentista, el comunicado de UTT dice que “el modelo productivo está basado en la utilización de agrotóxicos e insumos para la producción con semillas modificadas genéticamente, herbicidas, fertilizantes sintéticos, etc. Y la trasnacional norteamericana Bayer-Monsanto (en realidad es europea), por nombrar alguna, controla gran parte de la producción de semillas y agroquímicos que se utiliza para la producción de alimentos. Controlando estos recursos, condiciona la forma de producir”.

AHORA en la entrada de la planta de #BayerMonsanto en Zarate dando inicio a las jornadas por el reclamo de tratamiento de la #LeyDeAccesoALaTierraYA #SoberaníaAlimentaria pic.twitter.com/xaj5HnIxzB

— Unión de Trabajadorxs de la Tierra (@uttnacional) October 25, 2021

La organización, integrada mayormente por pequeños productores hortícola, señaló que “el paquete de agrotóxicos que imponen estas empresas no nutre ni alimenta; al contrario, matan y envenena, desatando efectos negativos sobre la salud y la tierra, provocando desmontes, contaminación, enfermedades curables (sic), malformaciones, abortos espontáneos, problemas neurológicos. Esos males lo sufren nuestros hijos e hijas”.

Si bien no profundizaron cuál sería la relación entre bloquear el acceso a una planta industrial y reclamar el tratamiento de un proyecto que no despierta interés entre los legisladores nacionales, los organizadores de la protesta además aprovecharon también para asegurar que “mientras una buena parte de nuestra población tiene comprometida su nutrición adecuada, y otra buena parte debe gastar casi la totalidad del salario en alimentos, la contracara son un puñado de corporaciones monopólicas que concentran el 80% de las marcas de las góndolas y tienen rentabilidades que superan los mil millones de pesos anuales cada una. Este modelo agroalimentario no da para más”.

El proyecto legislativo promovido por la UTT, denominado en realidad “Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”, propone destinar tierras fiscales y campos adquiridos con fondos públicos a agricultores familiares, quienes accederían a los mismos en el marco de un crédito hipotecario, que se emplearía tanto para pagar el inmueble como para construir una vivienda y desarrollar el proyecto productivo. El Fondo Fiduciario administrado por Banco Nación, con una duración de cincuenta años, debería estar destinado a personas inscriptas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) que tengan como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

El proyecto fue girado a las comisiones de Finanzas, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Los integrantes de esas comisiones lo trataron en mayo pasado, pero sin emitir un dictámen sobre el mismo.

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Durante la gestión de Luis Basterra al frente de la cartera  todo habían sido amagues que o llegaron a buen puerto. Por eso, luego de ciertos realineamientos entre ellos, el Frente Agrario Nacional se disolvió y se creó este agrupamiento que se presenta como antagónico de la Mesa de Enlace, como “el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria”. Lo conforman la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Fecofé (que agrupa a viejas cooperativas de la Federación Agraria) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST).

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Dirigentes de esas tres entidades informaron que tras su reunión con el recién llegado ministro Domínguez hubo compromisos muy explícitos de parte del funcionario para dar respuestas a algunos de los reclamos históricos de ese sector. Por caso se acordó:

• Impulsar la reactivación del Monotributo Social Agropecuario, a costo cero para los pequeños productores del Renaf (Registro Nacional de la Agricultura Familiar). Este monotributo especial había sido desmantelado por la gestión de Cambiemos bajo el argumento de que los padrones de beneficiarios estaban inflados con militantes políticos y sociales.
• Domínguez pormetió dar impulso de la Ley de Acceso a la Tierra para su aprobación en el Congreso de la Nación. Esta es una legislación planteada desde la UTT que promueve la creación de una suerte de plan Procrear Rural, destinado a que las familias de pequeños productores puedan obtener financiamiento barato y de largo plazo para poder comprar su propio predio y así poder dejar de depender del mercado de alquileres.
• El ministro también volvió a prometer que su cartera reglamentará “con presupuesto” la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que fue sancionada en 2015 pero siempre se aplicó parcialmente pues no se creó el fondo de reparación de 1.500 millones de pesos anuales, tal como ordenaba el Congreso.
• Finalmente se planteó “trabajar en pos de lograr fondos rotatorios para las cooperativas agroalimentarias y asistencia inmediata ante emergencias climáticas”. Esta figura de los fondos rotatorios fue muy utilizada por Domínguez en su anterior gestión en Agricultura, entre 2009 y 2011. Consiste en inyectar recursos directos en el sector privado con distintos fines, que no deben devolverse y por el contrario deben reciclarse entre los propios beneficiarios.

Fuentes de la UTT dijeron que “además acordamos la conformación de una Mesa de Diálogo Permanente entre el Ministerio de Agricultura y la Mesa Agroalimentaria Argentina, para planificar en conjunto políticas agropecuarias en el marco de un modelo de desarrollo sustentable y equitativo”.

El tiempo dirá si todas éstas han sido promesas de campaña o por el contrario definen avances concretos.

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Para el próximo lunes 20 la UTT avisó que “iniciará un acampe en Plaza Congreso para exigir avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Durante el acampe desarrollarán varias actividades como movilización, verdurazo, feriazo, charlas y talleres. El martes 21, en el día de la primavera, harán un florazo y el cierre contará con un festival artístico al aire libre”.

Rosalía Pellegrini, la vocera de la UTT, explicó el sentido de esta protesta, que no escapa al contexto de cisma que se vive en el gobierno nacional, con el Presidente y al Vicepresidenta pujando por ver quién domina los cargos del Gabinete y los tiempos de la política pública. “Ahora más que nunca, el pueblo necesita medidas concretas para poder acceder al alimento a través de precios justos, y para eso es fundamental bajar y controlar los precios de la canasta alimentaria. Una de la medidas concretas que proponemos es el acceso a la tierra a través de esta Ley para que las familias productoras puedan acercar alimento más económico y saludable para todos los argentinos”, expresó.

En 2016 la UTT presentó por primera vez un proyecto de ley para garantizar el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan pero deben arrendarla para producir. Sucede que la situación de irregularidad de los contratos genera situaciones de precariedad y de imposibilidad de planificar la producción.

Como aquella primera iniciativa perdió estado parlamentario, en octubre de 2020 la agrupación que dirige Nahuel Levaggi, que ocupa el cargo de Presidente del Mercado Central de Buenos Aires en representación del gobierno nacional (se rumorea que llegó allí por recomendación de Máximo Kirchner), volvió a presentar su proyecto. El proyecto propone la creación de un “fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar”, que financie la compra de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para el sector. En aluna ocasión s elo mencionó como un PROCREAR para el agro.

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El proyecto fue girado a las comisiones de Finanzas, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Y en febrero de este año, recibió el apoyo del presidente Fernández, pero sin que esto alterara el curso de los acontecimientos: los legisladores no parecen interesados en discutir la propuesta y todo sigue como estaba. Las comisiones lo discutieron en mayo pasado, pero sin llegar a emitir dictámen.

En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

“El proyecto de ley propone un sistema de créditos blandos estilo PROCREAR pero para el sector rural con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, explicó Lucas Tedesco, vocero de la UTT.

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El predio de Castelar, lugar donde tienen su sede varios de los principales institutos de investigación del INTA, donde existe capacidad científica de clonar animales o de hacer cultivos transgénicos, dispone de un total de 600 hectáreas en una zona clave de la región metropolitana. Las dos iniciativas para que parte de esas tierras cambien de manos implicaría en conjunto una pérdida de 150 hectáreas, el 25% del total disponible.

Quizás no resulte tan grave ceder tierras ociosas para mejores emprendimientos, pero aquí nadie parece tener en cuenta las necesidades de los investigadores y técnicos del aparato científico estatal que debe ocuparse de generar nuevas tecnologías para el agro argentino, con todo lo que eso significa. Con investigadores que migran al sector privado, trabajadores mal pagos y serios problemas financieros para sostener sus investigaciones, el INTA aparece aquí solo como un banco de tierras que puede ser sometido a una constante rapiña. Y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, parece ser un convidado de piedra en esta discusión.

La existencia de un proyecto de la UTT en ese lugar fue confirmado a Bichos de Campo por dirigentes de esa organización, que tiene una buena representatividad entre las comunidades de horticultores de los cinturones verdes de La Plata y Buenos Aires, y que ya ha creado varias colonias de pequeños productores. La primera fue hace cinco años en Jáuregui, cerca de Luján. Luego siguieron otras en Mercedes, Castelli, Máximo Paz y San Vicente (Buenos Aires); en Puerto Piray (Misiones); en Gualeguaychú (Entre Ríos).

En marzo pasado, la UTT presentó una de sus últimas colonias en terrenos cedidos por el Municipio de Tapalqué, en el interior provincial. En ese acto participaron representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quienes prometieron luego en un comunicado “facilitar terrenos fiscales en desuso para el desarrollo de colonias agropecuarias que produzcan hortalizas para el consumo comunitario, constituyendo un modelo de trabajo genuino y con eje en la inclusión social”. Se sentían envalentonados por los discursos del presidente Alberto Fernández, que varias veces propuso detectar tierras ociosas de Estado para impulsar este tipo de proyectos.

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“Nosotros venimos hace rato trabajando con esta propuesta de colonias agroecológicas. Se la venimos presentando a distintos estamentos del Estado, sea un municipio o distintos organismos, o el mismo INTA, que tiene tierras que están por ahí sin usar, y que incluso han sufrido tomas como sucedió en El Bolsón (el último verano se usurpó un parque forestal del organismo en esa localidad)”, explicó un dirigente de la UTT que participó de las negociaciones por las tierras del INTA Castelar.

En ese caso, confirmó la fuente, “hicimos la propuesta porque ahí hay varias hectáreas que están sin uso. Estamos hablando de 50 o 60 hectáreas. La propuesta es armar una colonia productiva”, explicó. En el caso de Jáuregui y otras colonias semejantes, por 30 años se cede un lote de una hectárea a cada familia campesina que formará la nueva colonia, que de no ser así está condenada a pagar altos alquileres en los cinturones hortícolas. Allí hay que producir verduras sin agroquímicos ni fertilizantes químicos, que se venden luego en el circuito de almacenes que tiene la propia organización.

En este caso del INTA Castelar, no se plantea una cesión definitiva de los terrenos sino un préstamo o comodato a largo plazo. La mejor prueba es que usualmente la hectárea que asigna la UTT a sus productores adheridos viene acompañada de una vivienda. No será esto lo que suceda si prospera esta iniciativa, pues al analizar la factibilidad del proyecto el propio INTA exigió que no hubiera nuevas construcciones dentro de su predio. La gente de la UTT solo produciría allí las verduras pero viviría fuera, cerca de esa zona. “Con el municipio se puede ver la posibilidad de ubicar las viviendas en otro lado”, reconoció la fuente.

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La UTT, que acompañó a Alberto y Cristina Kirchner durante la campaña electoral y se hizo bastante reconocida por sus “verdurazos” en contra de las políticas de Mauricio Macri, tiene un pie dentro del gobierno: su principal referente es Nahuel Levaggi, que ocupa la presidencia del Mercado Central de Buenos Aires. De todos modos, no sintoniza bien con otras organizaciones de pequeños productores, como el Movimiento Evita de Emillio Pérsico o el MTE-Rural de Juan Grabois. Por eso negocia esta cesión directamente con la conducción del INTA y sin participación de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, que fue copada por dirigentes de estas otras organizaciones.

“Nuestra propuesta de conformar colonias es exitosa y ha sido probada en otras cosas situaciones. La venimos llevando adelante hace años”, enfatizó el dirigente consultado, dando a entender que esta negociación no parte de una relación política sino del reclamo genuino de los pequeños productores hortícolas para acceder a un pedazo de tierras para producir sin tener que pagar arrendamientos leoninos.

Fuentes del propio INTA confirmaron las diferencias de esta iniciativa de la UTT con el proyecto que impulsa el actual ministro de Desarrollo Social. Zabaleta, quien como intendente de Hurlingham, pidió a la AABE la cesión de 100 hectáreas de campo del INTA Castelar para montar allí un nuevo parque industrial, que permita relocalizar en ese cotizado predio a industrias y empresas de su distrito. “En este caso de la UTT, el proyecto es de producción de alimentos en el periurbano. Está dentro de las funciones del INTA investigar sobre eso. La convivencia sería compatible y beneficiosa para nuestro trabajo”, razonó un funcionario consultado.

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En trámite iniciado por Zabaleta para instalar industrias en un predio dedicado desde siempre a la investigación agropecuaria luce mucho más avanzado que el de la organización campesina. A fin de julio, unos días antes de que el político sea convocado para asumir en la cartera de Desarrollo Rural, la AABE dio curso a una consulta al INTA sobre la situación de las 100 hectáreas que se pensaban destinar al nuevo parque industrial Hurlingham.

La tibia respuesta de la conducción del organismo, a cargo de la técnica Susana MIrassou, fue que en esos lotes funcionaban dos sedes de dos institutos de investigación y campos ganaderos donde se alimentaban diversos animales utilizados en diferentes experimentos de vanguardia.

Pero además la respuesta del INTA a la AABE consigna que en los terrenos reclamados por Hurlingham existen una serie de instalaciones de Bioseguridad, que incluyen “una planta de tratamiento de efluentes indispensable para el tratamiento de residuos patogénicos derivados de instalaciones de Boxes y Bioterios de Experimentación del CICVyA (Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas) e institutos dependientes, así como un depósito de residuos especiales del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que se verían comprometidas en caso de afectarse el predio”.

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¿Y por qué le pegan quienes le pegan? En primer lugar porque esta variedad de trigo, desarrollada por la empresa nacional Bioceres junto a la francés Florimond Desprez, está genéticamente modificada para ser tolerante a la sequía y resistente a un herbicida que los ecologistas tildan como “más tóxico que el glifosato”: el glufosinato de amonio.

En segundo lugar y de la vereda de enfrente, los acopiadores e industriales temen que esta variedad contamine a las demás y genere problemas con la exportación de trigo al exterior. Este temor nace de que, a pesar de que no se puede todavía comercializar porque el gobierno de Alberto Fernández condicionó eso a la aprobación del evento transgénico por parte de Brasil, la empresa Bioceres comenzó a implantar el trigo HB4 sobre 6.000 hectáreas de cinco provincias, que habrían aportado unas 17.000 toneladas al cabo de la campaña 2020/21.

En esta nueva siembra, según las denuncias de estos grupos, se habría ampliado la superficie, cuya producción no se comercializa sino que se reserva para utilizar como semilla una vez que Brasil finalmente de su visto bueno al trigo transgénico. Esa decisión, que era esperada por Bioceres para mayo pasado, se ha ido postergando con el correr de los meses.

Bioceres, que potenció el proyecto de la soja y el trigo tolerante a sequía surgidas de las investigaciones de la doctora Raquel Chan, del Conicet y la Universidad del Litoral, informó en varias ocasiones que esas siembras se hacen en acuerdo con un grupo selecto de productores, que deben cumplir con estrictos requisitos de bioseguridad para evitar que el HB4 puede fugarse y eventualmente contaminar a otras variedades de trigo.

Pero Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores y uno de los dirigentes de la cadena agrícola más críticos del trigo HB4, consideró que estos acuerdos no son suficiente garantía. “Han dejado en manos de Bioceres el cuidado y el control sin prueba alguna. Se han jugado a que Brasil iba a aprobar el trigo transgénico y que automáticamente eso disparaba la comercialización. Eso no pasó. Y ahora nos encontramos con miles de toneladas con un riesgo importantísimo de contaminar al resto del trigo argentino. Y de que tengamos que vender ese trigo como forraje. Ningún país del mundo está comprando trigo transgénico”, agregó. Los Acopiadores, por este tema, iniciaron acciones legales contra las autoridades de Agricultura.

Y ahora al baile se sumó la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), junto al foro ecologista “Basta es Basta” de Entre Ríos, la multisectorial “Paren de Fumigarnos” de Santa Fe y el grupo de Etnobiología Buenos Aires, para realizar un “panazo” y “tortafritazo” en rechazo al trigo HB4.

“Es un exponente más de lo que representan los transgénicos: monocultivos industriales que utilizan millones de litros de agrotóxicos. Resistir su cultivo y lograr que se retire su autorización es un imperativo ético, social y sanitario”, afirmaron desde la UTT, una organizaciónd e pequeños productores que -cercana al kirchnerismo- llevará adelante del 16 al 20 de agosto una serie de actividades presenciales y virtuales en la Plata de Mayo, Tandil, Baradero, Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Según dio cuenta la agencia de comunicación Tierra Viva, en 2019 la Auditoría General de la Nación emitió un informe aludiendo que “Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) acorde a lo estipulado en el plano nacional en el principio precautorio establecido en la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente, artículo 14º)”.

Pero eso ya es historia antigua y el trigo HB4 tiembla cada vez que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil retrasa su análisis, aludiendo que Bioceres no ha enviado aún los informes solicitados.

¿De dónde va a llegar el próximo golpe?

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