La actualización tarifaria fue definida en el marco de una consulta ciudadana llevada a cabo por Vialidad Nacional entre el 20 de mayo y el 18 de junio de este año, en la cual se expuso el proyecto de actualización y sus respectivos porcentajes de aumento.

La actualización tarifaria abarca el tramo I al X de los corredores viales nacionales, los accesos norte y oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el corredor vial 18.

“En todos los casos, se trata del mismo porcentaje de actualización que había sido puesto a consideración de la ciudadanía”, indicó Vialidad Nacional por medio de un comunicado, lo que indica que, aparentemente, los usuarios que respondieron la “consulta ciudadana” se manifestaron a favor de pagar más por el peaje.

“Cabe señalar que es la primera actualización de tarifas de peaje desde marzo de 2019. Asimismo, entre el 20 de marzo y el 18 de mayo de 2020 el cobro de la tarifa de peaje se mantuvo suspendido como parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por Covid-19”, añadió.

Vale recordar que quienes se encuentran adheridos a TelePASE cuentan con hasta 30% de descuento en los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ruta nacional 12 de Entre Ríos y la ruta nacional 14 de Corrientes.

De las rutas nacionales correspondientes a Vialidad Nacional, que abarcan cerca de 40 mil kilómetros, alrededor de 6.500 kilómetros se encuentran concesionados.

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La primera etapa del plan supone la puesta en marcha de 75 obras en tramos estratégicos, ubicados en 70 municipios, para mejorar 1200 kilómetros de caminos. La segunda etapa será para estabilizar 380 kilómetros de tramos críticos, que beneficiarán a 76 municipios.

Si bien es un proyecto necesario, el mismo no será suficiente teniendo en cuenta que la provincia cuenta con más de 100.000 kilómetros de caminos rurales. De ese número, 20.000 kilómetros corresponden a caminos que dependen en forma directa de la provincia, por ser trayectos más anchos, con gran tránsito y que conectan varias localidades. A partir de la Ley 13.010, la provincia delegó a los municipios la mantención de esos 20.000 kilómetros y envía anualmente un importe de coparticipación a cada uno de los intendentes para trabajar con ese fin.

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“En el macro de los caminos rurales de la provincia es una gotita de agua. Pero es un buen comienzo. La transitabilidad, electricidad, conectividad y seguridad son cuatro patas fundamentales para generar desarrollo y arraigo en el interior. Los caminos son la primer entrada a todo esto”, dijo a Bichos de Campo Roberto Citadini, secretario de Carbap y coordinador de la Comisión de Caminos Rurales de esa entidad.

La inversión anunciada es de 6.500 millones de pesos, a razón de 5 millones de pesos por kilómetro a mejorar. Según fuentes especializadas en vialidad consultadas por este medio, la inversión sería acorde a los precios que se licitan normalmente. Por ejemplo, la última licitación realizada por el partido de Coronel Suárez, para realizar el mejoramiento de 20 kilómetros de camino, fue fijada en 80 millones de pesos, a razón de 4 millones por kilómetro.

“Muchas veces los que vivimos en el interior nos sentimos ciudadanos de segunda. Vemos con buenos ojos la puesta en valor de todo ese andamiaje productivo”, agregó Citadini.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Agrario indicaron que el plazo estimado para concretar estas obras es de un año.

Al efectuar el anuncio, Kicillof aseguró que “la provincia es el corazón productivo de la Argentina” e indicó que “la pampa húmeda es base de la producción alimentaria nacional y permite exportar al mundo”, pero subrayó que “si no se puede sacar la producción porque los camiones se quedan, nos privamos de algo esencial y, por eso, vinimos a repararlo con una mirada estratégica”.

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Se trata de un tramo de 75 kilómetros de ripio, que forma parte de la Ruta Provincial 31, y que desde la finalización de la obra en 2006 no ha recibido mantenimiento. El peor trago se lo llevan los productores lecheros que deben transitar ese camino todos los días. A pesar de los reclamos, Vialidad no parece tener intenciones de arreglarlo.

“El ‘Camino de la Producción’ refiere a un ripio que no existe más. Es un nombre figurativo porque en la práctica ya no cumple la función de camino firme para los días de lluvia.”, dijo a Bichos de Campo Víctor Veik, ingeniero agrónomo y uno de los dueños de “El Porvenir”, un establecimiento lechero en la zona.

Aparte de ser transitado por los vecinos que a diario deben sacar su producción, se trata de un camino muy importante porque conecta las zonas más alejadas de las rutas pavimentadas. “Un establecimiento en el centro-norte del departamento de Nogoyá está a 50 kilómetros por camino de tierra de cualquier otra dirección”, aseguró Veik.

Las primeras promesas del mejoramiento de los caminos en la provincia, según recuerda el productor, datan de la década de 1960. La obra del Camino de la Producción arrancó en 1997 y culminó en 2006. Desde entonces, no se ha efectuado ningún mantenimiento.

Esto llevó a que en 2019 se creara un Consorcio Caminero conformado por vecinos de la zona, que tiene a su cargo el mantenimiento de la red de 140 kilómetros de caminos secundarios. De alguna forma, esto se traduce en “si no tenemos camino principal, al menos tengamos alternativos”.

Uno de los principales problemas de la provincia es la calidad de sus suelos. “Entre Ríos tiene una geografía con suelo pesado, arcilloso, que no deja penetrar el agua de lluvia y por eso corre hacia los costados”, indicó Veik, quien también se dedica a la sistematización de suelos.

Es por esta razón que es común ver las cunetas totalmente tapadas e incluso, en varios tramos del camino, los vecinos no tienen otra alternativa más que circular sobre ellas porque no hay otros desagües habilitados.

“Vialidad acusa no tener fondos, gasoil o autorización. En la práctica lo que pasa es que se fuman la plata en cualquier otra cosa menos en hacer lo que tienen que hacer. Se la fuma el empleado público de una zonal que vende el gasoil por atrás, sin que nadie le diga nada, y hasta los jefes de vialidad que nombran a parientes en los cargos”, aseguró el ingeniero.

La circulación por el Camino de la Producción hoy se resume en contar con un tractor y un tanque cisterna para poder cumplir con las entregas, y es tan dramática en los días de lluvia que ha derivado incluso en parodias en las redes sociales.

“Vemos que hay mucha desidia. Cuando uno habla de estas cuestiones, no lo dice simplemente como una institución que está funcionando mal sino como una que hace muchos años dejó de cumplir su función mínima. Vialidad tiene que replantearse si quiere seguir manteniendo a la gente en el campo o si la quiere seguir expulsando como hasta ahora. Entre Ríos es una de las pocas provincias en donde más del 20% de su población vive aun en el ámbito rural y censo a censo eso va disminuyendo”, señaló con pesar Veik.

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La Mesa Nacional de Caminos Rurales está integrada por FADA, SRA, FADEEAC, CREA, FACMA, CRA, AAC, Barbechando, Coninagro y FAA. Es decir un amplio abanico de entidades agropecuarias y del transporte. Es que, según explicó Mariano Barone, de la Asociación Argentina de Carreteras (AAC), uno de los objetivos de la Mesa es “unir las intenciones de diferentes voces en la organización de los caminos rurales y canalizar todas las inquietudes”.

“Tenemos una meta desafiante: poner a los caminos rurales en la agenda de todos los partidos, que sea una política de Estado a largo plazo ya que ellos traen el progreso”, añadió.

En la jornada, según una gacetilla de prensa, se escucharon testimonios de habitantes de la Patagonia. De Buen Pasto, en Chubut, Jorge Bustos resaltó la importancia de que la red vial esté en buen estado para que las ambulancias y las ayudas sanitarias puedan transitar sin inconvenientes. Desde Neuquén, graficaron la dificultades que se padecen durante los inviernos con las nevadas y heladas, y las complicaciones para llegar a los campos y como consecuencia la gran mortandad de animales.

Ricardo Roberts, transportista de Chubut, explicó que las rutas están muy deterioradas y que esto repercute directamente en los altos costos para mantener los camiones. Marcelino Díaz, de Estancia Cóndor, una de las tradicionales de Santa Cruz, habló sobre el mal estado de los caminos, aunque destacó que Vialidad está trabajando y colabora.

Desde la Comuna Atilio Viglione, Chubut dijeron que las rutas deben estar en buenas condiciones para que los productores puedan trabajar y que una de las grandes falencias es la falta de máquinas para el arreglo de los caminos. Por último, Mario Eliceche, transportista de Chubut, pidió una mejora de la red lo antes posible, porque se hace muy difícil transitar, especialmente en invierno, con la nieve y lluvias.

Néstor Fittipaldi, de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), estableció: “El sur es nuestro primer desafío, los caminos están olvidados y es por eso que debemos solicitar mayor equipamiento vial”.

Mauricio Gómez Bull, presidente de la Administración de Vialidad Provincial de Santa Cruz dijo: “los principales problemas se dan en invierno y eso afecta a los caminos. Faltan obras en alcantarillas, puentes y vados, como así también señalización y material para mantenimiento”.

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Juan Carlos Schenk, representante de Vialidad de Neuquén, enumeró los problemas de la provincia: “bajo porcentaje de pavimento en la red vial primaria y secundaria; su mantenimiento; falta de alambrados en gran parte de la red lo que genera problemas con los animales; sigue la ley de Trashumancia, en donde el traslado de animales se hace por ruta, lo que genera un riesgo para los usuarios. Además la red de accesos a pobladores rurales, comunidades indígenas, escuelas, puestos sanitarios, que después del invierno deben ser reparados”.

Para finalizar, Juan Carlos Basso, secretario de Barbechado, habló sobre “las diferencias que existen en las distintas regiones de nuestro país, que están ligadas a la conectividad tanto virtual como física”. Y agregó: “Debemos trazar un plan integral de los caminos rurales, que se estiman abarcan medio millón de kilómetros, con un criterio más que nada social.

“Los caminos rurales deben estar en la agenda pública y ser política de Estado. Debe haber voluntad política y coordinación nacional”, finalizó Basso.

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“Hasta ese momento todos pagaban lo mismo, no importaba cuánto campo tuviese un productor. Había una concentración muy grande y nos parecía injusto”, dijo a Bichos de Campo Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa. La primera segmentación que se realizó hace 7 años, distinguiendo entre productores chicos, medianos y grandes, tuvo su actualización el mes pasado.

“Creemos que los tributos tienen que ser progresivos, que el que más tiene más debe pagar. Y consideramos que no es lo mismo un productor local de uno de afuera”, aseguró Goyechea.

La nueva segmentación tributaria se define bajo dos criterios: la cantidad de hectáreas que tiene el productor –que distinguen entre las que son productivas y las que no- y si reside o no en el distrito. “No es lo mismo una persona que le da actividad económica al pueblo, cuya familia trabaja en el campo, que participa en las instituciones y colabora socialmente, a un productor que vive en otra localidad”, agregó.

A partir de allí se calcula la tasa rural, que no es un impuesto sino una contraprestación de servicios. Este aporte le permite a la comuna hacer, por ejemplo, tareas de vialidad y mantenimiento de caminos.

Hasta principios de septiembre, la tasa se calculaba por unidades tributarias, cuyo precio equivalía a un litro de gasoil, y se dividía en tres segmentos: hasta 250 hectáreas se pagaba un equivalente a 7 unidades tributarias por hectárea; entre las 251 y las 800 hectáreas se pagaban 11.9 unidades tributarias por hectárea y los establecimientos de más de 800 pagaban 14 unidades por hectárea.

Para que sea igualitario, María Teresa aplicó un sistema de subsidios por el cual todos pagaban lo mismo en una primera instancia, y a partir de este cálculo diferencial se define un porcentaje de reintegro. El valor total de la tasa se divide en seis meses y se abona de manera bimestral.

La nueva segmentación mantiene este criterio, pero agrega más categorías permitiendo diferenciar aun más a los pequeños productores. Por ejemplo, aquel productor que tenga menos de 50 hectáreas deberá pagar 3 unidades tributarias por hectárea, lo que representa un 78.57% de subsidio. En cambio, si se tiene entre 200 y 250 hectáreas, se deberán pagar 7 unidades tributarias y el subsidio será sólo de un 50%.

Ahora bien, para poder mantener esa promoción que ofrece la comuna, se debe cumplir con dos ordenanzas que hacen al buen estado de los caminos. En primer lugar no se debe circular los días de lluvia durante 24 horas, para evitar su deterioro. En segundo lugar, el ingreso a la tranquera debe tener tubos para que el agua de las cunetas circule y no produzca obstrucciones.

“Esta promoción que da el subsidio es siempre y cuando no incumplan estas dos ordenanzas. Si vos decís ‘yo salgo con el tractor igual’ y destrozás todo te sacamos el subsidio. Es tratar de evitar la viveza”, comentó Goyechea.

Aunque este sistema tributario ha demostrado tener buenos resultados, María Teresa es el único distrito en la zona que aplica esta segmentación. “No es algo común. Hemos expuesto en diferentes paneles y ponemos siempre a disposición la ordenanza pero nunca nos han consultado”, confirmó el presidente comunal.

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Ante la necesidad que implica equipar a los hospitales para tratar a los enfermos por Covid-19, la municipalidad de Coronel Suárez anunció una desafección temporaria del 20% de los recursos que maneja la comisión vial de esa localidad. Del 70% del dinero aportado por los productoresy que se destinaba a caminos, combustibles, reparaciones varias, sueldos de operarios, etcétera (porque el otro 30% se dirigía a la administración de la municipalidad), solo recibirán la mitad. Con esta reducción también se quitó la obligatoriedad de invertir en la compra de maquinarias para reparar los caminos en ese partido.

“La mayor afectación tiene que ver con la imposibilidad de comprar equipo. Uno define un plan de trabajo en base a una determinada capacidad operativa y eso hoy no lo tenemos”, dice María José Giaquinto, directora de la comisión vial. Coronel Suárez cuenta con 2.500 kilómetros de caminos rurales y casi 600 mil hectáreas de superficie. Su buen estado es fundamental para el normal desarrollo de las actividades agrícolas y para los contratistas, camioneros y maestras que los transitan.

“Podés estar un año sin reemplazar maquinaria o reemplazando casi nada. Pero si no tenés esa afectación, la renovación es insostenible y la comisión va a tener una fecha de vencimiento”, explica el concejal de Juntos por el Cambio, Javier Roth.

Aunque la derivación a salud de esos recursos, que provienen de las tasas viales y de los aportes que indica la ley provincial 13010, sería “temporal”, Roth considera que para fin de año –momento en que vence esta ordenanza- no volverán a la normalidad.

“Como todos los impuestos y tasas extraordinarias que el Estado toma, es difícil que sea por única vez”, comenta.

Este municipio no es el único que se encuentra priorizando cuestiones de salud pública. “En el contexto general quedan relegados los temas vinculados a caminos”, agrega Giaquinto.

Aunque ese 20% es importante para recomponer el parque de maquinaria, el voto de los concejales fue unánime en nombre de la pandemia: tanto el oficialismo como la oposición respaldaron la medida. Los ojos apuntan a recobrar la normalidad en diciembre.

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Martínez explicó que protestan y reclaman pidiendo soluciones, pero no encuentran respuestas en las autoridades. Por eso, en un comunicado de prensa que desató alborotó, la entidad que lidera pidió directamente la “disolución” de la Dirección de Vialidad Provincial, por no cumplir con sus funciones.

“El Gobernador (Gustavo Bordet) lo consideró un exabrupto”, señaló el  productor. Pero es que la política entrerriana no parece acostumbrada a que se le reclame ni que cumpla con provisión de los servicios más esenciales ni el achique del gasto público, y hasta lo considera una desubicación. Mientras pierde de vista que están esquilmando a los que generan la plata que financia buena parte de los gastos del estado.

Escuchá la entrevista con Raul Martínez:

Con bastante más de 70 años sobre el lomo, Martínez se siente, como tantos de sus pares, el ´hijo de la pavota´: “Hemos llegado a un límite. Hace muchos años que venimos peleando y peleando, pidiendo y pidiendo que nos arreglen los caminos, y cuando logramos que nos den una audiencia nos prometen cosas, nos venimos contentos, esperando que se cumpla la promesa. Pero terminamos siempre en la misma respuesta: se quedan en promesas, quizás hacen algo con una máquina, pero desaparecen y todo queda en el olvido”, resumió. 

En la charla radial, el productor explicó que este año debe pagar 260 pesos por hectárea de impuesto inmobiliario, el que contempla la tasa para el arreglo de los caminos rurales. Como tiene 230 hectáreas, debería desembolsar casi 60 pesos. 

En realidad, según completó después, la situación es peor. En el 2011 pagaba 12.500 pesos en concepto de impuesto inmobiliario y ahora el monto llega a 68.600 pesos por cuota, unos 275 mil pesos anuales. Esto es que el tributo que antes era de 55 pesos por hectárea, en menos de diez años se elevó a 1.193 pesos. Significa un incremento de más del 2.000% para caminos que han venido deteriorándose en vez de mejorar.

“Le perdimos la credibilidad a la Dirección de Vialidad Provincial. No creemos que puedan revertir esto. Nos da la impresión que no hay interés y nosotros estamos cada vez peor, pues los caminos son obsoletos totalmente”, enfatizó el presidente de la rural de Nogoyá.

Según este relato, cada vez que llueve se repiten las imágenes y abuindan los videos en redes sociales de productores que hacen malabares para ingresar insumos o sacar la producción, como si fueran héroes o  ciudadanos la Argentina todavía ni se había definido como una Nación. Detrás de cada lluvia se repiten las Imágenes de camiones y maquinaria encajada, volcadas o de camionetas rotas.

“Ya pasé los 70 años, vivo y trabajo en el campo y la desesperanzo me llevó a decir esto. Toda la vida me gané mi sustento, y jamás, jamás, le pedí nada al Estado. Siempre le puse. Incluso el 90% del resultado de mi producción va para el Estado. Y esto le pasa a todos los productores de la región: hace 12 año que trabajo gratis y no pude reponer un poste del alambrado”, se quejó el productor, visiblemente cansado de la situación. 

Martínez está decepcionado pero también muy enojado. Se siente prisionero del mal estado de los caminos pero en realidad está preso de la falta de respuestas de la política.

“Estoy preso. Me caen 10 milímetros y estoy preso, porque no puedo ir al pueblo a comprar nada. A veces me ha tocado venir a lomo de caballo. No vamos contra nadie, queremos que nos arreglen los caminos. Cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros la de pagar los impuestos y el Estado el de arreglar los caminos”, remarcó.

Lo que pone en escena Martínez desde Nogoyá se repite  en diferentes provincias. Por caso en Buenos Aires, una encuesta que el año pasado hizo Carbap arrojó como resultado que el 60% de la red vial terciaria se encuentra en mal estado. Es también consecuencia del mal manejo que hace la política de los recursos que aportan los ciudadanos que esperan el servicio correspondiente a cambio.

No es mucho pedir.

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Bernardino afirma que el problema del mal estado de los caminos rurales tiene solución, pero que hay que tomar una serie de decisiones para llegar a buen puerto. En principio dice que no puede seguir sucediendo que las decisiones respecto de la obra las tome gente que no está capacitada, y en eso incluye a muchos productores que pecan de voluntarismo. Pero habla sobre todo de los políticos, los intendentes.

“Este es un problema que se puede solucionar desde la técnica, pero a veces lo que fallan son las soluciones políticas. Tenemos obras viales en el país que demuestran que la ingeniería vial es muy buena”, nos dice este experto, reivindicando el papel que les toca jugara quienes estudiaron para eso.

Mirá la entrevista completa con Bernardino Capra:

Para este trabajador de Vialidad, se necesitan tres patas para abordar esta problemática tan cara a los intereses de quienes transitan el medio rural. La primera es la decisión política, que en la Provincia de Buenos Aires “la tiene que poner los intendentes”, que son quienes recaudan la tasa vial de los productores. Según cifras de Carbap, serían unos 7.000 millones de pesos al año, que equivalen a 60 mil pesos por kilómetro por año.

La segunda pata es el acompañamiento de las fuerzas vivas, incluyendo no solo a los productores sino a todos los que transitan por el campo, como los maestros y los trabajadores rurales, “El compromiso de la comunidad es necesario. Tenemois la tendencia los argentinos a dedicarle más tiempo al fútbol o a una ONG, pero fallamos cuando tenemos que participar de estas cuestiones, en las que se necesita mucho diálogo. Pero cuando juntás a todos los sectores se crea una fuerza. Y si tenes un Estado que escucha, los resultados están a la vista porque hay muy buenos ejemplos en la Argentina”, describe Capra.

Y ahí viene el tercer factor que explica el fracaso actual: la ausencia de una conducción técnica. Lo dice con claridad este apasionado ingeniero: “Si vos tirás esos 7.000 mil millones de pesos a gente que no sabe de caminos rurales… Yo entiendo que el político necesita tener a su persona de confianza en lugares de poder, pero en algún momento tiene que haber alguien que sepa hacer las cosas, que sepa de caminos, de hidráulica…”

En ese sentido, Capra advierte que “el camino de tierra es la obra de ingeniería que se empieza a romper ni bien la terminaste, y por eso no la puede hacer nadie que no sepa del tema. Lamentablemente se le anima cualquiera al tema de los caminos rurales. Pero una cosa es el entusiasmo y otra cosa es la calidad. Tenemos que apuntar que haya gente capaz”, suplica. El reto les cabe a muchos productores, que , hartos de la falta de avances, proponen ellos mismos hacerse cargo de los arreglos.

En ese sentido, dice que “la erosión en los caminos es fruto del viento, la lluvia, el tránsito y yo le agregaría las malas prácticas”. Según el especialista, pasar una maquina para emparejar es parte de esas malas prácticas que han convertido los caminos rurales en canales.

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Bernardino nos cuenta que en la Provincia de Buenos Aires, en los años 70, se aplicaba una ley mediante la que se transferían recursos solo a los municipios que demostraran que el tema vial estaba en manos de una persona idónea. “Si no cumplían con ciertos parámetros, se le restaba coparticipación”, describe. Piensa que “era una medida inteligente porque apuntaba al desarrollo de vialidad en cada uno de los municipios”.

“Alguien se tiene que hacer cargo. A veces decimos ‘el intendente hace lo que puede…’ No, el intendente hace desastres. No entiendo a la política y su lógica. Si ponés una persona que sabe y el que sabe fracasa, la culpa es del que pusiste y no anduvo. Pero si el que pusiste hace bien las cosas y arregla los caminos, el mérito será del político”, razona Bernardino.

-¿Y qué le aconsejarías a los productores?

-Si yo fuera un usuario, cada vez que se discuta la tasa vial, le pediría al intendente un plan para ver en qué va a gastar esa plata. Cuando el que administra los recursos se ve observado e interpelado por la sociedad, las cosas funcionan mejor.

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La denuncia contra Petrecca, que está alineado con Cambiemos, surgió de la APAJ (Asociación de Productores Agropecuarios de Junín) y la filial local de FAA (Federación Agraria Argentina). Estas entidades refcordaron que en junio de 2018 presentaron un proyecto de Consorcio Vial Rural de Productores en el Concejo Deliberante. Pero luego lo desactivaron a pedido del propio intendente, quien les ofreció “formar un ente rural de Conservación de Caminos Rurales a los productores con la condición que estas dos entidades bajen del HCD su proyecto”.

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Con esa promesa, el trabajo fue intenso. “Se trabajó con los productores de los distintos cuarteles elaborando un plan acerca de las necesidades de cada zona, se costearon las labores a realizar, se hicieron talleres con importantes juristas y se llevó adelante un proyecto a desarrollar en el futuro presentándose los costos a las autoridades municipales”, relató un comunicado de ambas entidades.

Pero, claro, la plata no aparecía. Denuncian los ruralistas que “durante las reuniones celebradas en todo este período no se consiguió que la autoridad municipal acceda a disponer la totalidad de  lo recaudado por la Tasa de Red Vial Rural para el arreglo de los caminos, como así tampoco la Tasa que se cobra por la emisión de Guías y Marcas, cuyo origen era también para el arreglo de los mismos”. Al parecer, Petrecca ofreció dedicar a los caminos la mitad de esos recursos. 

Según APAJ y la FAA esa oferta es inaceptable. “Es entendible que se retenga hasta un 7% para gastos de administración y control en un moderno municipio, pero más de ese monto es una confiscación.”, dijeron sobre la Tasa Vial. En el caso de la Tasa de Guías y Marcas que también cobra el municipio, en ningún momento las autoridades aceptaron afectarla a los fines que tiene la misma, que es el mantenimiento de caminos.

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“De manera que dos tasas para lo mismo y ni siquiera se afecta una al 100%”, resumió el comunicado. En este punto, los productores recordaron que “toda tasa debe tener una contraprestación para no convertirse en impuesto y, por la LOM (Ley Orgánica de los Municipios), los municipios no pueden cobrar impuestos, aunque en este caso claramente se está incumpliendo”.

Por lo pronto, mientras sostienen esta pulseada con el intendente, ambas entidades decidieron “volver a presentar el proyecto” original al Consejo Deliberante. Y en los próximos días agregarán otro proyecto para la abolición de la Tasa de emisión de Guias y Marcas.

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Esteban Vitor, diputado de Cambiemos por Entre Ríos, y director de la filial provincial de la Sociedad Rural Argentina (SRA), es el autor del proyecto de ley que contempla la creación de los consorcios viales en su provincia. En Bichos de Campo, explicó que “mientras que en Córdoba unos 54.000 kilómetros de caminos de tierra se mantienen con 600 empleados, en Entre Ríos tenemos 24.000 kilómetros de tierra y 2.300 empleados de Vialidad, la mayoría ubicados en Paraná, con estado paupérrimo de la maquinaria. Y tengamos en cuenta que casi 90% de los caminos de la provincia son de tierra y el 10% restante es asfaltado”.

Escuchá el reportaje completo a Esteban Vitor:

“Los consorcios son producto de un grupo de personas que arman una asociación civil que tendrá personería jurídica, es decir que podrán contratar gente y de ser titulares de derechos. La autoridad de aplicación es el gobierno provincial, y los aportes se distribuyen en un 70% aportado por el estado provincial, y el 30% restante que viene de aportes privados. Esto hace un mantenimiento vial mucho más barato y también más eficiente”, desarrolló Vitor.

En cuanto a las quejas respecto de esta iniciativa, el legislador dijo que “la principal resistencia viene del sindicato vial en Entre Ríos ante una posible privatización de los caminos, pero nosotros no vamos en contra de los derechos laborales adquiridos, sino que proponemos un paliativo a una situación deplorable en el estado de caminos”.

“Ojalá se apruebe esta iniciativa, porque hay mucha presión de los productores, pero también por las áreas de salud y educación provincial. Unas 300.000 personas deben atravesar caminos de tierra cada día para trabajar en la provincia”, expresó.

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