Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, solicitaron al juez que dicte la prisión preventiva para Omar Scarel (actual presidente de Vicentin y ex síndico de la compañía), Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, en tanto que para Daniel Néstor Buyatti pidieron la prisión domiciliaria. Para el resto de los imputados se requirió la prohibición de salida del país.

En relación a la decisión del juez, el fiscal Moreno, una vez finalizada la audiencia realizada en la ciudad de Rosario, indicó en conferencia de prensa que “evaluaremos si apelaremos o no, o si nos vamos a poner de cara a formular una acusación respecto de los hechos atribuidos (en la imputación) en el plazo más corto que podamos”.

“En función de la evidencia que tenemos reunida entendemos que eso no será dentro de mucho tiempo”, especificó el fiscal, para luego añadir que la presunta estafa atribuida por los denunciantes financieros y granarios que integran la causa ronda los 600 millones de dólares.

En relación a denuncia realizada por entidades bancarias internacionales, los fiscales imputaron a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallazza por el delito de balance falso en concurso real con el delito de estafa con seis hechos en concurso real. Los imputados formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentin hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que presentaron su renuncia.

La imputación les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales cerrados a octubre de 2017 y octubre 2018 con información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

Se les atribuye haber confeccionado y presentado ante bancos internacionales informes trimestrales con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa, lo que permitía exhibir una aparente sólida situación patrimonial con el fin de ocultar la realidad económica financiera, para así engañar a las entidades y obtener créditos por más de 500 millones de dólares que no habrían podido gestionar sin ese ardid.

En relación a créditos de Banco Macro, otro de los denunciantes, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi y Miguel Vallazza por el delito de estafa como coautores, mientras que a Omar Adolfo Scarel y Raúl González Arcelus se les atribuyó en carácter de partícipes necesarios.

En este caso, los fiscales manifestaron que Vicentin solicitó una asistencia crediticia por 508 millones de pesos y que, a poco más de dos meses de la obtención de la misma, la empresa declaró estrés financiero para ingresar en una cesación de pagos que derivó en un concurso preventivo. A los fines de obtener los préstamos, Vicentin adjuntó estados contables con información falsa que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica, situación se hizo a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera de la firma.

En relación a la estafa a productores y acopios comprendidos en la causa, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en carácter de coautores, por el delito de estafa con cinco hechos en concurso real. En tanto, a Robertino Boschi, por su parte, se le imputó el delito de estafa en carácter de coautor.

La maniobra atribuida, en este caso, consistió en realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable para generar confianza entre los productores, acopios, cooperativas y corredores de granos, quienes, engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con “precio a fijar”, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones comerciales asumidas.

Los fiscales entienden que, abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas, los imputados llevaron a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos “con precio a fijar” a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros por la mercadería recibida.

En relación a retención indebida de tributos, se le imputó a Daniel Néstor Buyatti el delito de apropiación indebida de tributos, dado que, en su carácter de presidente del directorio de Vicentin y agente de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no depositó, dentro del plazo de diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, una suma de 15,0 millones de pesos con vencimiento el 10 de diciembre de 2019 y otra de 18,8 millones de pesos con vencimiento el 26 de diciembre de 2019.

Los bancos internacionales denunciantes que forman parte de la causa son International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), ING Bank, Natixis New York Branch y Coöperatieve Rabobank. En lo que respecta a los denunciantes granarios, la lista inluye a Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A. y Commodities S.A.

Fotos @RodrigoMiro76

Lorenzini convocó a Viterra, Molinos Agro y ACA para que informen el avance de las negociaciones con la concursada Vicentin

La entrada Ex directivos de Vicentin deberán pagar una fianza de 10 millones de dólares: Punto por punto qué dice la imputación por estafa se publicó primero en Bichos de Campo.

“Mi objetivo es poder imputar el delito antes de la feria de invierno. La idea es que en un mes y medio estemos en condiciones de poder hacerlo, siempre que lo que vayamos encontrando no nos sorprenda, porque algunas cuestiones van de acuerdo a lo que venimos analizando y las vamos relevando fácilmente, pero si se presentan cuestiones que eran desconocidas y que no preveíamos en el curso de la investigación, eso implica que nos detengamos y reevaluamos ciertas condiciones de la misma”, apuntó en dialogo con Bichos de Campo.

La causa, tramitada en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario, cuenta con gran material documental a partir de una serie de allanamientos ordenamos por el juez Hernán Postma a fines del año pasado ante una solicitud de  Moreno.

– ¿En qué estado se encuentra la investigación?

– La investigación podría dividirse en dos partes. La primera es la constatación de que existieron conductas ilícitas que tipifican en delitos y la segunda, que no es un elemento esencial de la investigación, pero sí parte de la lógica del sistema penal de reparación de las víctimas, es seguir la ruta del dinero, que es un tanto más complejo que el primer aspecto de la investigación. En cuanto a la corroboración de que se han cometido conductas ilícitas, estamos muy avanzados. Tenemos, en lo que respecta a nuestro parecer, la certeza de que se han cometido estafas en perjuicio de productores agropecuarios, acopios y entidades financieras tanto nacionales como internacionales. En el caso de los productores, hubo un ocultamiento de la situación financiera de Vicentin, que hizo que estos productores operaran con la empresa sin un conocimiento efectivo de cuáles eran las condiciones de la misma y en qué escenario se encontraban, y en el caso de los bancos, lo que hubo es una maniobra de adulteración de estados contables, que afirmaba que la empresa tenía un ratio financiero que exponía una economía saludable, cuando en realidad eso no era así.

– ¿Cuántos son los querellantes que están comprendidos en la causa?

– La causa tiene a cuatro entidades financieras internacionales, Banco Macro, la empresa Cuatro Hojas SA, que pretende constituirse como querellante, y Commodities SA de la familia Grassi, que quiere constituirse también como querellante. Y también hay denunciantes que aún no han expresado su voluntad de constituirse como querellantes, no obstante han manifestado su deseo de que se persiga penalmente a los directores de Vicentin.

– ¿Ya están identificados los responsables de la presunta estafa?

– Estamos en la tarea de precisar las responsabilidades personales, porque cuando en los delitos intervienen personas vinculadas a órganos de decisión societaria, hay que determinar cómo se conformó esa voluntad societaria, es decir, qué personas en un día determinado votaron afirmativamente, quienes se abstuvieron y así. Tenemos, por ejemplo, un documento firmado por una persona y esa sola circunstancia lo hace pasible de ser imputado, dado que se trata de un caso de un crédito que fue cedido previamente a un banco para pagar parte de una deuda y el banco, cuando fue a hacer efectivo el cobro de ese crédito cedido, se encontró que había sido cedido por la misma persona a capitales internacionales, comúnmente denominados fondos buitre, a quien Vicentin recurría en búsqueda de apoyo financiero; ahí tenemos una persona que está claro que es el responsable de esa acción, por lo menos de propia mano, de haber suscripto dos negocios jurídicos diferentes respecto del mismo crédito; habrá que ver si esta decisión fue tomada en una junta de directorio y, en su caso, cómo se conformó la voluntad social, es decir, quién votó en un sentido y en el otro.

– Entonces están revisando todas las decisiones del ex directorio de Vicentin…

– Exacto. Con todos los elementos que estuvimos acumulando, tanto sea del concurso preventivo como de la causa Sandleris que se inició previamente en la Justicia Federal por una denuncia del Banco Nación (en la que se investigan los créditos asignados a Vicentin por esa entidad durante la gestión de Mauricio Macri), como también denuncias presentadas en la Justicia Federal de Reconquista, así como elementos secuestrados por nosotros en los allanamientos realizados en las sedes sociales de Vicentin y Friar en Reconquista y Avellaneda, están aglutinados en un repositorio, que es como una biblioteca digital, de la cual nosotros nos vamos abasteciendo para intentar corroborar nuestra hipótesis de trabajo. Si bien tenemos delineadas las conductas ilícitas que se llevaron a cabo, nos falta ponerle nombre y apellido y en función de los que nos arroje ese repositorio, entiendo que vamos a poder definirlas.

– ¿Cuáles son los delitos tipificados?

– La teoría de la fiscalía en principio gira en torno al delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal (que establece un máximo de seis años de prisión); después los denunciantes plantean otros posibles escenarios con otro tipo de delitos, como es el de administración fraudulenta, asociación ilícita, balance falso, que son elementos que entendemos como necesarios del delito de estafa. Por ejemplo: el balance falso, si bien es un delito autónomo en el Código Penal, entendemos que viene a funcionar como un ardid propio de la estafa, como el instrumento de engaño. Y cuando los denunciantes nos dicen que hubo un vaciamiento de empresa, lo que entendemos es que, en lugar de darse el supuesto de administración fraudulenta o de vaciamiento de empresa, lo que se da es el agotamiento del delito de estafa para asegurarse el provecho de lo obtenido en función del delito de estafa, con lo cual en este momento no nos movemos de la hipótesis de la estafa, aunque no descartamos que con el curso de la investigación puedan aparecer otros delitos que incluso puedan ser investigados en otras jurisdicciones. Pero de momento entendemos que el tipo penal, que abarca la casi totalidad de los casos, es el de la estafa. Y el caso del crédito (cedido a dos titulares de manera simultánea) es un caso claro de desbaratamiento de derechos acordados.

– ¿Llegaron a establecer un monto de la estafa en los casos comprendidas en la causa?

-Los montos denunciados por los acreedores que participan en la causa superan los 600 millones de dólares.

– En caso de que se pueda hacer una trazabilidad de dinero y se detecten parte o todos los fondos, ¿se podría recuperar algo eventualmente?

– Estamos trabajando activamente con colaboración internacional en embajadas en distintos lugares del mundo, siguiendo la ruta del dinero. El dinero que más claramente podemos seguir es el que desembolsaron las entidades internacionales, dado que al generar transferencias internacionales en dólares siempre quedan registradas y pasan por los denominados bancos corresponsables, que tienen que intermediar en las operaciones internacionales; entonces, a partir de ahí se puede hacer un rastreo de dónde fueron depositadas esas sumas de dinero y hacia dónde fueron derivadas, aunque obviamente en algún punto se pueden perder en transferencias intra-país para ser convertidas en moneda local y que luego son derivadas a otro país, entonces es necesario trabajar de manera minuciosa en esas cuestiones; en este aspecto, nos ha sido de mucho auxilio los dos “discovery” de los bancos internacionales ante la Corte de Nueva York, que nos ha facilitado la información de los movimientos que se produjeron a nivel internacional.

– ¿Y las sospechas implican que parte de lo fondos se habían derivado a cuenta “off shore” o bien a otras compañías relacionadas con accionistas del grupo Vicentin?

– Ambas. Desde 2013 en adelante Vicentin empieza a desarrollar una estructura de holding, mientras que antes agrupaba todas las actividades, como se las denomina “non-core”, dentro de Vicentin, y a partir de su vinculación con bancos internacionales empezó a desarrollar una estructura de holding para separar las actividades “non-core”, que no serían el eje principal de la economía de Vicentin, pero en esas empresas vemos repetición de órganos de directorio, las mismas personas, y existen transferencias intra-holding que al menos resultan sospechosas y que están siendo sometidas a investigación; veremos hasta donde podemos llegar en esas investigaciones. Pero se dieron operaciones que al menos debieron ser informadas a los bancos internacionales, que en sus contratos marco de líneas de crédito establecían la prohibición al tomador del crédito que hiciera movimientos de dinero intra-holding por una determinada suma de dinero, y se ha corroborado que esos movimientos se hicieron.

– O sea que no se cumplió ese compromiso.

– Exacto. Sacar un  crédito para prefinanciar exportaciones y después utilizarlo para compensar cuentas intra-holding, es algo totalmente desajustado.

– Es llamativo que hasta fines de 2019 en el sitio web de Vicentin se informaban todos los negocios del grupo y, luego de la cesación de pagos, eso fue borrado para dejar solamente las actividades comprendidas en el concurso preventivo.

– Los bancos fueron promotores de la desagregación de negocios en diferentes empresas porque necesitaban saber que el dinero prestado iba a ser destinado a tal o cual actividad y eso termino siendo tergiversado a pesar de la separación de rubros; incluso se registró dinero derivado en sociedades que estaban construidas solamente para administrar otras empresas.

La entrada Falta muy poco para que el fiscal que investiga a Vicentin impute a los directivos por estafa: “Estamos en la tarea de precisar las responsabilidades personales” se publicó primero en Bichos de Campo.

Esta semana Postma ya había ordenado la prohibición de uso de todos los sistemas informáticos en poder Vicentin SAIC, para mantenerlos a reguardo de juzgado que preside, luego de una serie de allanamientos en los cuales se recolectaron archivos digitales orientados a construir una historia trazable de los movimientos monetarias realizados por la compañía concursada e intervenida.

“Vicentin tenía una posición (abierta) en granos altísima, pero no había un pasivo que reflejara esos granos que habían sido tomados en la modalidad de precio a fijar. Es decir: Vicentin mostraba en sus informes que esos granos eran propios, cuando en realidad no habían sido pagados todavía”, explicó hoy el fiscal Moreno.

“Personal vinculado a la empresa, incluso que son accionistas y familiares de directores de Vicentin, negociaban granos a fijar y se encargaron de fijar granos hasta la mañana del día 4 de diciembre (de 2019). Y hasta ese día los productores entregaron granos. Claramente el día 4 de diciembre Vicentin sabía que no iba a poder honrar esos compromisos”, añadió en una entrevista concedida a Radio LT9 de Santa Fe.

El 4 de diciembre por la tarde, luego de que en la mañana de ese día el mercado granario “hirviera” de comentarios relativos a cheques de Vicentin que había sido rechazados por falta de fondos, la compañía anunció que entraba en cesación de pagos debido a “estrés financiero”.

Moreno dijo que en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario se presentaron productores, acopios y entidades financieras nacionales e internacionales que en conjunto fueron perjudicados por una semana cercana a los 600 millones de dólares.

“Nosotros tenemos un convencimiento de que las estafas, en perjuicio tanto de los productores agropecuarios como de las entidades financieras, se produjeron; lo que tenemos que determinar es cómo se formó la voluntad social para efectuar esas estafas: quién decidió contraer los empréstitos, quién decidió tomar grano hasta el 4 de diciembre, quien decidió en un caso que un crédito que había sido cedido a un banco para el pago de una línea de crédito fue, a su vez, cedido nuevamente a otro acreedor y en ese movimiento se frustró el cobro por parte del banco”, explicó el funcionario judicial.

El fiscal indicó que la no computación en los balances de los pasivos por granos entregados “a fijar” permitió a Vicentin SAIC contar con indicadores técnicos adecuados para recibir grandes créditos tanto en el ámbito local como internacional, razón por la cual en la masa concursal de la firma figuran compañías tan importantes como International Finance Corporation (organismo dependiente del Banco Mundial), Rabobank, FMO y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, entre otras.

“Los activos de Vicentin SAIC no alcanzan para responder a las deudas que contrajo, pero el resto del holding (del grupo Vicentin) goza de buena salud económica y financiera, lo que nos hace presuponer, y tenemos constatados, ciertos movimientos de dinero desde lo que sería la casa madre hacia otras sociedades nacionales y extranjeras pertenecientes al holding”, aseguró en referencia a firmas que integran Vicentin Family Group, tales como Vicentin Paraguay (que figura como acreedora de una deuda dolarizada en el concurso de Vicentin SAIC), Diferol, Emulgrain, Enav, Sottano y Alimentos Refrigerados (ARSA).

El fiscal indicó que está trabajando para intentar corroborar si las transacciones realizadas entre Vicentin SAIC y el resto de las empresas del grupo “tenían respaldo en operaciones ciertas o eran ficticias”, de manera tal, en este último caso, de “consumar el delito de estafa”. También está ocupado –según comentó– en “determinar la responsabilidad penal de cada uno de los directores y demás personas que contribuyeron a la comisión de estos hechos ilícitos”.

El directorio de Vicentin SAIC dijo que el congelamiento de las cuentas bancarias impedirá “cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin SAIC, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición”.

El directorio, por medio de un comunicado, aseguró que los movimientos de fondos de la compañía ya vienen siendo controlados por el trámite concursal que se encuentra en manos de Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, y del interventor recientemente designado por ese magistrado.

“No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, aseguró la empresa concursada, para luego añadir que la medida afectará a más de 5000 trabajadores de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

La entrada El fiscal que ordenó congelar las cuentas de Vicentin está convencido de que hubo estafa contra productores y bancos: Ahora quiere encontrar a los responsables se publicó primero en Bichos de Campo.