El monto en cuestión, categorizado como quirografario, deberá ser –recomendó Amut– convertido a pesos argentinos “en oportunidad de consolidarse el pasivo total” al “solo efecto de su consideración en el cómputo del pasivo total del concurso preventivo”.

El monto de 67,3 millones de dólares, equivalente al pretendido por Vicentin Paraguay, corresponde a compras de soja efectuadas por la sucursal uruguaya de Vicentin SAIC por 37,8 M/u$s y una deuda por venta de acciones de Renova S.A. por 29,4 M/u$s.

Los representantes legales de Banco Nación –entidad acreedora de Vicentin SAIC– consideraron que el crédito pretendido por Vicentin Paraguay no es procedente porque debería dirigirse a Vicentin Uruguay S.A., al tiempo que los letrados de la Administración Federal de Ingresos Públicos señalaron que no están dadas las condiciones para aconsejar favorablemente el monto reclamado “por ser la insinuante una sociedad integrante del grupo de la concursada”.

Amut, sin embargo, argumentó que no considera que tales razones sean suficientes para aconsejar la inadmisibilidad del monto reclamado, “pues el hecho de ser la concursada controlante de la insinuante no es óbice para la admisión, habiéndose realizado las operaciones que dan origen a los créditos con una sucursal de la concursada y no con una persona jurídica diferente”.

El síndico además recomendó admitir en el concurso una deuda de 24,1 millones de dólares reclamada por Renova S.A, compañía controlada por la filial argentina de Glencore (ahora Viterra), que había exigido 28,4 M/u$s en concepto de servicios de industrialización y servicios portuarios no cobrados a la concursada Vicentin SAIC, la cual, vale recordar, es socia minoritaria de Renova. En este caso, también se aconsejó que el monto dolarizado se pesifique “al momento de la consolidación del pasivo”.

Curiosamente, el hecho de que en el concurso preventivo figuren compañías vinculadas a Vicentin SAIC es una de las líneas de investigación que está llevando a cabo el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien ayer ordenó numerosos allanamientos en domicilios santafesinos a nombre de Vicentin SAIC y de personas relacionadas a la compañía.

El fiscal rosarino está actuando a partir de diferentes denuncias por supuesta estafa presentadas por representantes legales de damnificados de Vicentin SAIC tanto del ámbito local como del exterior.

El material secuestrado por Moreno es tan voluminoso que el fiscal solicitó al juzgado gestionado por Lorenzini que arbitre los medios necesarios para resguardar en sus servidores los datos digitalizados por intermedio de los auditores forenses que actúan en el marco del concurso preventivo de Vicentin SAIC.

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Para eso el juez designó como interventor a Andrés Schocron, quien se venía desempeñando como veedor del concurso preventivo, pero sin que eso implique el desplazamiento de los actuales integrantes del directorio de la compañía, quienes deberán trabajar a las órdenes de Schocron.

Para la subintervención, Lorenzini designó “a una persona humana que deberá ser nominada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”, es decir, un representante del gobernador Omar Perotti. Mientras que ese proceso de formalice, ese cargo será ocupado por María Victoria Stratta, directora general de Persona Jurídica de la provincia de Santa Fe, quien seguramente será confirmada en ese cargo por el gobernador santafesino.

Lorenzini, en un escrito presentado este mediodía, consideró que “en el proceso concursal se han sucedido diversos acontecimientos y actos jurídicos de relevancia que, en tan solo nueve meses de trámite judicial nos colocan en un escenario sustancialmente diferente al que presenciábamos el 10 de febrero de 2020, al momento de atender el pedido de apertura concursal”.

“La principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado”, remarcó Lorenzini.

“Cabe destacar aquí que, el retaceo de información, la obtención parcial y tardía de la misma o su acceso merced a intimaciones y emplazamientos, se ponderan como una conducta equiparable a la omisión en la medida que implican desconocer el deber de colaboración asumido voluntaria y libremente con la petición de apertura del proceso concursal”, añadió.

El escrito redactado por Lorenzini destaca como particularmente irregular el hecho de que la empresa auditora KPMG manifestara que Vicentin no solamente no presentó la información necesaria para poder elaborar el balance del ejercicio 2019, sino que además procedió a rescindir el contrato con la firma en abril de 2020, razón por la cual dicho balance, reconstituido por otros auditores, recién fue presentado en septiembre pasado.

También se señala que los auditores del balance 2019 –W.H. Correa y Asociados y Mario Aníbal Sandrigo– se abstuvieron de opinar sobre el mismo a pesar de que presentaba un “impresionante margen negativo” difícil de explicar.

Lorenzini destacó además los contratos suscriptos con Renova (ahora controlada por la filial local de Glencore o Vinterra), resultan altamente gravosos para Vicentin SAIC “puesto que, si no pudiera hacer frente a estos compromisos contractuales, se tornarían operativas ipso facto cláusulas de incumplimiento en favor de sus socios en Renova, las cuales establecen que se podría solicitar la venta o compra de sus acciones a un precio a fijar por la parte que ejerza alguna de esas opciones”.

En cuanto a las demás empresas que conforman el conglomerado del grupo Vicentin, pero que no forman parte del capital concursal de Vicentin SAIC, el juez aseguró que el “complejo entramado de relaciones y vinculaciones tanto comerciales como societarias, sobre las cuales no se logra arrojar luz para comprender el funcionamiento de la empresa concursada, contribuyen a convencerme sobre la medida aquí adoptada (por la intervención) y sobre la necesidad de avanzar en las tareas previstas para la auditoria forense aprobada en el marco de este expediente concursal”.

“A resultas de la información que de allí pueda surgir se habrán de dirimir, seguramente, otras medidas que permitan el adecuado resguardo de los activos de la concursada y eventuales responsabilidades de sus administradores”, advirtió. En ese sentido, se analizará, por ejemplo, si corresponde incorporar al concurso el producto de la venta del 50% del capital de frigorífico Friar que realizadas meses atrás por Vicentin Family Group al fondo de inversión BAF Capital S.A.

En lo que respecta al pedido de intervención solicitado en el mes de junio por la provincia de Santa Fe, que entonces fue rechazado por Lorenzini, el juez adujo que intervenir en ese momento hubiese implicado “echar por la borda todos los esfuerzos realizados en la búsqueda de una verdadera solución a una parte importante del conflicto”, de manera tal que “optó por una intimación y emplazamiento para que, sin perjuicio del resultado del proceso conciliatorio-restaurativo (sic), la sociedad concursada tuviera un término procesal corriendo para la presentación del balance y la memoria mentadas”.

Pero ahora Lorenzini cambió de parecer y cree el papel del Estado provincial “en la suerte y el resultado de la presente intervención, indudablemente, será un elemento central. Y su aporte para la solución o resolución del conflicto, absolutamente irreemplazable”. Y luego remarca que tal concepto “forma parte de un debate central que tiene lugar en casi todos los Estados, mas allá de sus orientaciones ideológicas mas liberales o intervencionistas”, para lo cual citó el caso del Estado alemán al rescatar a su aerolínea de bandera Lufthansa para evitar el colapso de la empresa a causa de la pandemia por Covid-19.

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