Ver también: Hay otros mapuches que viven pacíficamente en las tierras de Villa Mascardi y que denuncian amenazas y quemas de los violentos

Diego Frutos, vecino de la zona y dueño de la cabaña La Cristalina, que fue saqueada e incendiada en agosto pasado, logró registrar los destrozos al interior del predio de Gas Natural que linda con su propiedad. “De noche están talando los árboles del bosque nativo para vender la madera. Escuchamos los ruidos de motosierras y los estruendos porque son árboles centenarios”, dijo a Bichos de Campo.

Según Frutos, quienes controlan el predio intentaron poner vigilancia pero la comunidad los recibió con una apedreada y el plan desistió. “Como revancha han tirado los árboles que están al lado de las cabañas. En el corte le han dado inclinación justamente para que caigan arriba de los techos y destruirles las cabañas a ellos”, comentó.

El temor de los vecinos está en el apoyo que la comunidad mapuche parece recibir de las autoridades de seguridad nacionales, y en las represalias que podrían recibir al hacer las denuncias correspondientes. “Nadie los vigila, están dele talar árboles y cargar madera. Ya tienen un arreglo con transportistas que pasan por la ruta. La política y Gendarmería evidentemente les dan el visto bueno”, indicó Frutos.

Por su parte, Clarisa Montenegro, autoridad de la comunidad Lof Wiritray –la comunidad original de la zona y a quien la Lafken Winkul Mapu le disputa los territorios- señaló a Bichos de Campo que están al tanto de los destrozos. “Están haciendo estragos. La misma gente de parques nacionales los ha visto pero hace la vista gorda.”

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Para entender el conflicto hay que retroceder un siglo. En 1894 la comunidad Wiritray llegó a tierras que hoy se incluyen dentro del territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi, y para 1902 ya contaban con documentación que las catalogaba como ancestrales. En el año 2000, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) los reconoció como comunidad y tramitaron la personería jurídica. Desde entonces trabajan para obtener el título comunitario de las tierras.

La Lof Wiritray está compuesta con 40 familias que se sustentan gracias a un emprendimiento de turismo rural comunitario. Si bien sus ancestros eran agricultores y ganaderos, las autoridades de parques nacionales prohibieron esas actividades para preservar el lugar. El relevamiento territorial dispuesto por la ley 26160 les permitió definir su extensión espacial, y en los casos en que chocaron con títulos de tierras de privados, respetaron esas propiedades.

Los incidentes comenzaron en 2017 cuando varias familias, de la Lof Lafken Winkul Mapu, ocuparon la veranada de los adultos de la comunidad Wiritray, y reclamaron esas tierras como suyas. “Nadie dice que una comunidad violó el derecho de otra comunidad que estaba organizada y tenia documentación. De buenas a primeras nos encontramos con que había un grupo ahí arriba“, dijo a Bichos de Campo Clarisa Montenegro. “No pidieron ni el consentimiento libre previo e informado, del que tanto hablan los pueblos originarios, ni vinieron a la consulta. “

El punto de inflexión llegó con la muerte de Rafael Nahuel y los habitantes de esa localidad observaron la radicalización del conflicto. “Nosotros separamos perfectamente lo que es la muerte de alguien joven, que estaba en el lugar y lo matan las fuerzas nacionales, del reclamo territorial que tenemos desde el espacio que nos corresponde”, afirmó Montenegro.

La comunidad Wiritray tiene muy presentes los preceptos del pueblo mapuche por los cuales uno puede afirmar que una tierra es suya. Se debe tener un Tuwun, o lugar de origen en donde se entabla una relación con el territorio, y un Kupalme, que es el conocimiento del espacio territorial. Para la vocera, la Winkul Mapu no lo tiene porque nunca vivieron ahí.

Si bien desde el gobierno se incita a entablar el diálogo, ni los habitantes de la zona ni la comunidad Wiritray piensan hacerlo. “Cómo vas a entablar diálogo con alguien que te amenaza, que te quema. A nosotros nos dijeron: vamos a matar uno a uno, los vamos a abrir y comer el corazón”, contó angustiada la vocera.

Diego Frutos, vecino de la zona y propietario de una de las casas quemadas por quienes dirigen la ocupación, adhiere a la posición de no diálogo luego de los actos vandálicos sufridos. “Ellos los amedrentan, les tiran piedras de noche, y como la Wiritray es una comunidad con bastante gente mayor deciden quedarse calmos”, explicó a Bichos de Campo y agregó que la Winkul Mapu argumenta la ocupación por la visión de una machi (chamán).

A pesar de tener el viento de frente, Clarisa sigue levantando la bandera del trabajo de la comunidad. De noviembre a abril realizan turismo rural comunitario y concientizan sobre su cultura, su lugar como mapuches y sus reclamos. Los conas -aquellos más jóvenes- se encargan de hacer guías a lugares como la Bahía Leones y el mirador de la Isla Corazón.

Hoy son parte de la Red de Turismo Comunitario a Nivel Nacional (RATUR) y en octubre del año pasado realizaron un encuentro para más de 200 comunidades de todo el país. “Recibimos gente de todo el mundo, no sólo nacional. Es un centro intercultural y pluricultural”, sostuvo.

Mientras tanto la comunidad aguarda el accionar de la justicia sobre un conflicto que pareciera que se agota en fundamentos.

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“Los políticos se acuerdan de esto durante las elecciones y después se olvidan“, dijo a Bichos de Campo Santiago Nazar, productor ovejhero y dirigente de CRA por la Sociedad Rural de Bariloche. “Es muy chic para los dirigentes políticos hablar con una comunidad sobre sus derechos, pero después cuando llega la hora de los bifes no aparece nadie”, afirmó.

Nazar distingue a las comunidades pacíficas, que reclaman derechos sobre territorios a partir de viejas leyes de la colonización patagónica, de aquellos grupos que operan en la zona hace 20 años, y que son regularmente denunciados por quemar casas, puestos en campos, apedrear a la policía y enfrentarse con el resto de los habitantes.

“Estos grupos están vinculados con los grupos chilenos que hacen lo mismo del otro lado. Se mueven en base a la extorsión y al terror y no le cabe otro calificativo que el de terrorismo”, afirmó sin dudarlo.

En 2006 se sancionó la ley nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, y aunque la misma se prorrogó tres veces, Nazar asegura que en la zona nunca se llevó adelante dicho relevamiento, que serviría para poner blanco sobre negro. “Sigue existiendo la postergación por parte del gobierno nacional de tomar medidas. Esto no es propio del gobierno actual, es también del anterior y hasta del FREPASO”, aseguró.

Si bien el comunicado de CRA rechaza los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sobre el origen del conflicto y la necesidad de resolverlo a través del dialogo y la mediación, el representante de esta entidad en Bariloche distingue los acuerdos con las comunidades pacificas de mapuches de lo tratos con los grupos violentos, y remarca que con éstos últimos es imprescindible aplicar la ley.

El ruralista se quejó de que no se ha logrado establecer contacto con Margarita Odarda, ex senadora de la provincia y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “Es muy llamativo que en lugar de asumir que nada bueno puede venir del lado de la violencia, no tomen cartas en el asunto”, comentó.

En el mientras tanto, para Nazar “los violentos saben hacer la batalla mediática pero para los pueblos originarios verdaderos no hay nada.”

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