La entrada La grieta por los agroquímicos vuelve a apoderarse del INTA: El director nacional desautorizó un pedido de la Experimental Pergamino para poder seguir investigando se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Para los lectores desatentos, “antojadizo” debe ser leído como que es una decisión que no tienen sustento técnico y que surge de un antojo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Pod´ria haber definido 100, 500 o 1.000 metros, pero definió 1.095.
En agosto de 2019, y tras la denuncia de una vecina del lugar que denunció diversas enfermedades por la presencia de agroquímicos en el agua potable, ese magistrado aplicó el “principio precautorio” y estableció esa fuerte restricción, que dejó fuera de producción -al menos con la modalidad más convencional- cerca de 6.000 hectáreas de las tierras más productivas de la Argentina.
Dentro de esta prohibición, el INTA Pergamino tiene nada menos que 631 de las 744 hectáreas de las que dispone. Y allí, desde hace meses, los investigadores que se dedican a desarrollar tecnologías para la agricultura más tradicional de la zona no pueden ensayar con insumos de origen sintético. Esto representa una gran limitantes la tarea natural del INTA, que es la investigación. Algunos ensayos pudieron amucharse en la zona donde aplicar agroquímicos está permitido. Pero en otros casos eso no fue posible.
Mariano Luna, un reconocido entomólogo que trabaja allí, relató su propia odisea para seguir con los ensayos de control de plagas. Y hasta se tomó la situación con humor, al pedir por las redes sociales que les prestasen algunas hectáreas en otras zonas. Ahora, con la reculada de la conducción del INTA quedo expuesto de mal modo.
Lo que había pedido Trebino, para tratar de salvar estos inconvenientes y poder desarrollar las tareas habituales del INTA, era un permiso judicial o una suerte de excepción. Es decir que se “autorice a continuar con las tareas de investigación y producción” dentro de la experimental y como parte “de un programa de investigación que tiene como objetivo desarrollar un modelo productivo sostenible”.
Pero la organización de la abogada Sabrina Ortiz, llamada Naturaleza de Derechos y que fuera la que inició este conflicto judicial a mitad de 2019, rechazó el pedido del director regional del INTA y denunció que Trebino “oculta” que dentro del predio de la Experimental Pergamino funcionan un jardín de infantes y una escuela agrotécnica.
Para la abogada, el pedido del INTA para poder seguir trabajando se funda “en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos, cuando en realidad por las extensiones y el uso de agrotóxicos son tan peligrosos y contaminantes como los procesos productivos desarrollados en las parcelas de los demás imputados y procesados que motivaron el inicio de la causa judicial”. Ortiz llega incluso a desmentir el uso “experimental” de la EEA Pergamino: “Se trata también de procesos productivos cuyas resultas luego son comercializadas y gestionadas por una cooperativa del Inta Pergamino”, afirma sembrando sospechas.
Frente a esta reacción, lo que hizo ahora Parera, la máxima autoridad administrativa del INTA luego de su presidenta Susana Mirassou, es pedirle formalmente a Villafuerte Ruzo que “desestime” el pedido que había hecho Trebino para continuar con los ensayos.
La situación vuelve a dividir a la comunidad de investigadores del propio INTA. Hay una camada importante de trabajadores, la mayoría de ellos incorporados durante el gobierno de Cristina Kirchner, que deploran públicamente los agroquímicos y prefieren promover la agroecología como método alternativo. Pero también hay muchos investigadores de larga data que afirman que prescindir de insumos sintéticos será imposible al menos en el corto plazo, y si la Argentina pretende mantener los niveles productivos actuales.
Los sindicalistas de ATE que representan a los trabajadores de Pergamino están claramente alineados con la primera posición. Enviaron una carta al juez pidiendo que la institución no sea exceptuada de la prohibición, como el resto de los campos de la zona.
Parece absurdo que un organismo técnico no logre consensuar una posición técnica respecto de lo que solo son insumos. Pero la gran carga ideológica que existe en torno al debate social sobre los agroquímicos ha permeado hasta el Instituto que debería ser palabra autorizada en la materia. Tanto así que en tiempos del kirchnerismo el INTA y sus investigadores tenían prohibido pronunciarse en torno a este tipo de debates de modo público. Luego, en 2018, los kirchneristas acusaron al gobierno de Macri de haber prohibido utilizar a sus técnicos la palabra “agrotóxicos” para referirse a los productos fitosanitarios.
En este debate casi infantil y bastante idiota, en el que la desautorización de Parera parece haberle dado la razón al sector que deplora los agroquímicos, la más afectada es la comunidad productiva de Pergamino, que pide el cese de la antojadiza distancia establecida por la justicia federal (repetimos que no hay argumentación técnica para que sean 1.095 metros de exclusión, cuando hay municipios que establecen distancias preventivas mucho menores a esa) y la vigencia efectiva de la ordenanza municipal 8126/14, que regulaba sobre estas cuestiones.
“La ordenanza da suficientes garantías para asegurar la salud de la población y el cuidado del ambiente. Es
necesario destacar que con ligeras variantes, este tipo de medidas rige en todo el ámbito de la Provincia de Buenso Aires”, dijeron en un comunicado una decena de organizaciones de productores de esa zona.
En esta carta a su comunidad, las entidades recordaron “el perjuicio de la medida precautoria en las 6.000 hectáreas afectadas en el periurbano de la ciudad de Pergamino, con la consiguiente pérdida de productividad que impacta no solo en la economía de los más de 100 productores afectados, sino también a la comunidad toda”. También marcaron “las externalidades negativas en el deterioro de los suelos por las labranzas y la no reposición de nutrientes y la proliferación de malezas y plagas, entre otros aspectos ambientales”.
Pero ante esas situaciones los ambientalistas no ofrecen reparos.
Las entidades de productores también fueron solidarias con el INTA, al recordar que el fallo judicial de larga data “afectaba al desenvolvimiento de la investigación, la experimentación y la enseñanza, ya que en la zona afectada desarrollan actividades instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a la innovación de tecnologías para el sector agropecuario”.
“El INTA, con su Estación Experimental de Pergamino que data de 1912, ha producido en su rica trayectoria innumerables desarrollos tecnológicos en beneficio de la producción agropecuaria del país. Basta mencionar sus aportes en variedades mejoradas de especies forrajes, cereales y oleaginosas, producción de carnes vacuna, aviar y porcina. De sus experimentos en manejo de suelos, rotaciones de cultivos, control integrado de malezas y plagas, surgieron los principios de la agricultura conservacionista moderna adaptada a esta región, entre los cuales se destaca la siembra directa”, subrayaron.
En el comunicado se recordó que dentro de esta área de la experimental, se encuentra la ECANA (Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales) dependiente de la UNNOBA y la Escuela de Educación Secundaria (EESA N°1) Lorenzo R. Parodi. “En la primera se forman Ingenieros Agrónomos y en la segunda Técnicos Agropecuarios. Ambas unidades académicas no pueden realizar las prácticas que establecen los respectivos planes de estudios por las prohibiciones establecidas, lo que afecta a la adecuada formación de ambos tipos de profesionales”, se destacó.
Este escrito está firmado por la Asociación Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, Coninagro, la Federación Agraria, los grupos CREA, la Regional Aapresid Pergamino-Colón, la Sociedad de Cerealistas del Norte de la Provincia de Buenos Aires y la Sociedad Rural de Pergamino.
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]]>La entrada Por el límite judicial a la aplicación de agroquímicos, técnicos del INTA Pergamino piden hectáreas prestadas en otro lado para seguir con sus ensayos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“No es sólo glifosato o atrazina. No se puede aplicar fertilizantes, no se puede aplicar un producto orgánico, no se puede aplicar un producto regulador del crecimiento, no se puede aplicar nada”, dijo a Bichos de Campo Mariano Luna, ingeniero agrónomo, entomólogo y especialista en aplicación de fitosanitarios del INTA Pergamino.
“Cuando se determinó esto mi lote de manejo integrado de insectos quedó en el medio. Yo también hago ensayos regulatorios para empresas de productos químicos. Me tuve que mudar porque perdí esa zona, no pude hacer mas nada ahí”, contó.
Entre bromas Luna preguntó por sus redes sociales si algún productor local le podía prestar unas hectáreas para continuar con sus ensayos. También ironizó con la posibilidad de mudarse a una sede del INTA en Córdoba.
El fin está cerca, dado a lo que me dedico (Aplico Fitosanitarios x si alguno no lo sabe)
A) Algún productor que permita armar un predio de experimentación en su campo con mi Pulverizadora?
B) Alguna agencia de INTA Cordoba que necesite entomólogo y especialista en aplicación? pic.twitter.com/ZlOPLjjsjE— Mariano Luna (@marianoluna79) November 9, 2020
“Si vos querés demostrar cómo no se deriva (un agroquímico recién aplicado) también tenés que demostrar qué es una deriva. No podés hacer algo si no comparás. Cómo me vas a creer que controlo la deriva si no” se hacen ensayos, aseguró el ingeniero.
Otra secciones de investigación afectadas fueron aquellas dedicadas al estudio de ciclos biológicos, cuyos ensayos tenían en algunos casos cinco años de antigüedad. Hoy la mayoría de los técnicos se mudaron al 40% del predio en donde todavía se puede aplicar, por no estar cerca de ningún área considerada periurbana.
Mientras tanto Hernán Trebino, Director Regional de INTA Pergamino, elevó un pedido al juez para que se permita trabajar con aquellas técnicas que a nivel mundial probaron hacer un uso mínimo o inexistente de agroquímicos. No sólo para poder continuar con los ensayos, sino también para poder seguir sembrado aquellas zonas “excedentes” del predio que sirven para costear insumos, servicios y maquinaria para los investigadores. Estamos justo en tiempo de descuento para la siembra.
No tenia señal en el campo, pero el mensaje es atemporal jajajaja pic.twitter.com/svpSX1EWao
— Mariano Luna (@marianoluna79) October 16, 2020
Frente a este pedido del INTA, las ONG ambientalistas “Paren de Fumigar Pergamino” y “Naturaleza de Derechos” lanzaron un petitorio “en rechazo a la solicitud del INTA Pergamino que intenta seguir fumigándonos, queriendo truncar la medida de protección vigente de 1.095 metros de exclusión desde los centros poblados”. Reclamaron allí que “se preserve nuestra salud y nuestra vida por sobre los intereses claramente económicos que persigue el mismo. El INTA debe ser el ejemplo y no la excepción”.
Luna piensa que esa actitud raya lo absurdo y congela una discusión sana que aporta a una solución de fondo de los conflictos en torno a esos insumos. “Hoy tenemos productos no volátiles y que no se mueven en el perfil del suelo. Se tiene que dar, a través de los medios pertinentes, la oportunidad de demostrar que se puede producir en forma rentable pero con un impacto para la sociedad inexistente”, reflexionó Luna, que es un convencido de que cuando los productores aplican bien los consejos del INTA y las buenas prácticas agrícolas, el riesgo por el uso de agroquímicos se reduce a la mínima expresión.
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]]>La entrada La comunidad agrícola de Pergamino dice que ya hizo suficiente “cuarentena” en el conflicto por los agroquímicos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Está arrancando una nueva campaña agrícola, la 2020/21, y todas las entidades del agro pergaminense se pusieron de acuerdo para reclamar a la justicia y a las instancias políticas locales que pongan fin a este grotesco de justicia, que en función de daño no del todo demostrado castiga a unos para supuestamente defender a otros.
La vigencia de la resolución de Villafuerte Ruzo, que es el mismo juez que investigó sin demasiado éxito la muerte del hijo de Carlos Menem en los años 90, ya ha durado mucho más tiempo que el aislamiento por el coronavirus. Esa medida cautelar “extendió hace casi un año el área de exclusión que prevé la Ordenanza Municipal 8126/14, de 100 metros a 1095 metros del límite urbano”, prohibiendo los agroquímicos en “un área muy superior a la de la zona implicada en la denuncia”.
Esta disposición judicial a modo de cautelar y basada en “principios precautorios” alcanza una superficie total de aproximadamente 6.000 hectáreas y “afecta directamente a más de 100 productores que desarrollan sus actividades en esta área generando un impacto social y ambiental negativo en la comunidad”, según señaló un comunicado la comunidad agropecuaria local.
En mayo de 2019, Bichos de Campo realizó un programa especial contando el origen del conflicto:
El comunicado que pide el fin de la cuarentena por agroquímicos en ese partido es potente. El reclamo de los productores es tan honesto que incluso éstos han dejado atrás las profundas grietas que separaron en los últimos meses a la filial de la Federación Agraria del resto de las entidades rurales. Por ejemplo, frente al aumento de las retenciones a la soja, el trigo y el maíz, los principales cultivos en esa zona.
Firman este pedido común para que cese esta cuarentena la Federación Agraria, la AIANBA (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires), la CEDASABA (Cámara empresaria de distribuidores de agroquimicos, semillas y afines bonaerense), CONINAGRO, los grupos CREA Pergamino y Arroyo del Medio, la Regional Aapresid Pergamino-Colón, la Sociedad Rural de Pergamino, y la Sociedad de Cerealistas del Norte de la Provincia. Villafuerte Ruzo no debería hacerse el desentendido.
El escrito es bueno porque parte de reconocer que algunos productores pueden haber hecho macanas y no las justifica de ningún modo. No hay aquí una posición corporativa. “Las situaciones conflictivas que se vienen dando en las zonas periurbanas, en particular en Pergamino, se deben a que, por un lado, desde el sector de la producción no se han tenido en cuenta todas las precauciones necesarias para prevenir los riesgos y evitar los posibles efectos perjudiciales al ambiente y la salud”, admite.
Pero a la vez, aclara la comunidad agrícola que los riesgos de usar agroquímicos se reducen a mínimas expresiones cuando los productores y aplicadores hacen las cosas como se deben hacer. “Los conflictos entre los que por un lado quieren realizar una actividad productiva en forma responsable y los sectores de la sociedad que pretenden riesgo cero evitando el uso de fitosanitarios autorizados, no van a resolverse en la medida en que no haya acuerdos y consensos que posibiliten compatibilizar ambos puntos de vista. En la búsqueda de estos consensos deben ocuparse ambos sectores, junto con la autoridad Municipal que tiene un rol muy importante”, afirmaron las entidades.
En ese sentido, los productores de Pergamino indicaron que la falta de resolución política y judicial de este conflicto ambiental (con grandes pizcas de contenido ideológico), está provocando daños que deberían considerarse. “En la campaña pasada, estudios realizados en el INTA han mostrado una importante reducción de la superficie cultivada y además los cultivos realizados han sufrido una merma sustantiva en los rendimientos por la competencia de malezas y el daño de enfermedades y plagas que no pudieron ser controladas”.
Ver Estamos envenenados de hipocresías: Tres productores presos por una mala aplicación de agroquímicos
Estos impactos pudieron ser medidos en primera persona, ya que el predio del INTA quedó localizado en el área de exclusión definida por el juez. “La institución verificó pérdidas significativas en los cultivos realizados”, se insistió. Lo mismo sucedió con la Escuela Agrotécnica,-
La veda judicial que la política local no logra desenredar “asimismo afecta, en forma directa, ensayos que se vienen realizando desde hace décadas para estudiar distintos métodos para el control de adversidades bióticas y el movimiento y la degradación de los agroquímicos en el suelo (estudios en lisímetros), entre otros temas, ya que han sido interrumpidos por estar localizados dentro del área de exclusión”, advirtieron las entidades agropecuarias.
En este escenario, y cuando ya se debería estar sembrando el trigo que se cosechará en verano, los productores de Pergamino comunicaron al resto de su comunidad que a partir de la presión social se han producido varios avances que podrían dar mayor tranquilidad sobre un buen uso de agroquímicos en el partido bonaerense. “Hubo un continuo accionar de las instituciones del sector tendiente a la reducción de los riesgos en el uso de los fitosanitarios y de establecer una mayor comunicación con los restantes sectores involucrados”, se explicó:
- En 2010 se había creado Agrolimpio Pergamino (hoy Pergamino Ambiental), para impulsar las Buenas Prácticas Agrícolas. Allí “se demostró en el terreno en numerosas oportunidades, que las aplicaciones de fitosanitarios siguiendo estas normativas resultan absolutamente seguras”,
- La Ordenanza 8126 (que era la que establecía 100 metros de distancia) “es una herramienta fundamental, pero como toda norma legislativa, requiere de los medios necesarios para su implementación y control, con la aplicación de las sanciones previstas”. Según esta mirada, Pergamino Ambiental iba camino a una aplicación cabal de la norma hasta que se produjo la intefrvenciónd e la justicia.
- Desde el fallo de Villafuerte Ruzo, “el Municipio ha venido incrementando las acciones de monitoreo de suelos y aguas, con análisis periódicos. “La información pública de esas evaluaciones no presentan niveles de toxicidad por los fitosanitarios en agua utilizada para abastecimiento en los barrios”, se aclaró.
- También destacaron la tarea de capacitación a operarios y auxiliares de aplicadores, aspecto clave para asegurar la eficiencia y la seguridad de las aplicaciones de agroquímicos. Entre agosto de 2015 y noviembre de 2019 se realizaron 29 cursos con un total de 770 asistentes. Y 16 de ellos, con 376 asistentes, fueron dentro del partido.
- Por otro lado remarcan la creación del Centro de Acopio Transitorio (CAT) para la disposición de envases vacíos de productos fitosanitarios. “Los envases vacíos, que han sido la principal fuente de contaminación al quedar dispersos y expuestos en el ambiente, a partir de la vigencia de esta Ley es obligación entregarlos limpios (con triple lavado y perforados) en el CAT una vez usado el producto”, se explicó. Ese centro funciona en el Parque Municipal desde noviembre de 2019.
- Otro hecho fue la creación de la Cátedra Libre Sistemas de Producción Agropecuarios Sustentables (SPAS), en forma conjunta entre la UNNOBA, el INTA, Aapresid y AIANBA, que viene funcionando desde 2018.
“Si consideramos a la ampliación del área de exclusión como una medida transitoria, una especie de cuarentena para dar un tiempo razonable al periurbano de Pergamino para que disponga de todos los elementos y procedimientos para hacer posible una producción agropecuaria sustentable, con las garantías para la seguridad del ambiente y la salud de la población, estos requerimientos han sido
cumplimentados”, afirmaron las organizaciones rurales.
Según ellas, “están dadas todas las condiciones para levantar la medida precautoria en tan amplia área de exclusión”.
“El resultado tiene que ser el retorno a la producción en forma sustentable en la zona periurbana, amigable con el ambiente y la salud de la población y con el consenso de toda la sociedad. El tiempo que se dispone es escaso por el contexto económico social muy delicado para muchas familias de la comunidad, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en pos de este objetivo”, se ilusionaron.
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]]>La entrada Eduardo Buzzi: "Los sectores sociales tienen derecho a protestar, pero a nosotros nos siguen jorobando con algo que pasó hace 12 años" se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Eduardo Buzzi, que en ese momento presidía la Federación Agraria Argentina (FAA), figura en la nómina de los procesados por aquella marcha sucedida enl 19 de marzo de 2008. En declaraciones a Bichos de Campo, el dirigente deslizó que los tardíos procesamientos podrían tener algúna razón política. Explicó que esta situación se debe a “torpeza a causa del intrincado y retorcido sistema que tiene la justicia ineficiente. Los abogados me dicen eso, pero los fantasmas están. Andá a preguntarle a un productor agropecuario que se enteró de esta noticia, si cree que es un problema técnico de la justicia y nada más”.
“Todo el mundo ve que detrás de aquellos símbolos emblemáticos que fuimos con Mario Llambías, con Luciano Miguens y demás, que hay una decisión o necesidad de judicializar futuras protestas. Esa lectura es válida. Por eso hubiera estado bueno que Luis Basterra (actual ministro de Agricultura) o algún funcionario dijera que lamentaban lo que está pasando y le pidieran a la justicia que actuara con criterio. Pero nadie se despegó, por lo tanto me voy a presentar para confirmar que no hicimos nada malo”, agregó el ex presidente de FAA. El actual presidente Alberto Fernández, de todos modos, a horas de estas declaraciones condenó la decisión judicial.
Escuchá el reportaje completo realizado a Eduardo Buzzi en radio:
El productor oriundo de Villa Constitución, al sur de Santa Fe, preguntó: “¿Cuántas veces cortaron los accesos a Buenos Aires estos últimos años, o cuántas veces cortaron la 9 de Julio, los accesos a Rosario y las rutas? Los sectores sociales tienen derecho a protestar y cortan accesos a ciudades y puentes, mientras que a nosotros nos siguen jorobando con algo que pasó hace 12 años atrás. Si van a judicializar todo van a necesitar que tener 10 tribunales del tamaño de la cancha de River para poder meter todos los expedientes”, ironizó.
“Que se dejen de jorobar y esperemos que la Justicia termine con este asunto y que prescriba, porque lo único que no prescriben son los delitos de lesa humanidad. Los demás, en algún momento, sí prescriben”, respondió Buzzi.
El embargo que les hizo el jueves es por 50.000 pesos. “Es una suma bastante simbólica, pero yo prefiero tenerlo en mi bolsillo. La otra opción es ofrecer un vehículo o una propiedad. Está bien; haremos eso hasta tanto la Cámara Federal de Rosario de por terminado este tema y se dejen de joder, porque nosotros no mandamos cortar la ruta a nadie”, respondió Buzzo contundente.
Entre los varios procesados en la causa que encabeza el juez nicoleño, figuran Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Luciano Miguens, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina (FAA), el ex titular de la SRA, Hugo Biolcati; Fernando Gioino de Coninagro, Raúl Víctores, expresidente de la Sociedad Rural de San Pedro; Silvio Etchehún, secretario General del Sindicato de la Carne, María del Carmen Alarcón, que pertenecía al Grupo Pampa Sur, y hasta la ex diputada Margarita Stolbizer.
La causa, que está a cargo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, el mismo que tiene a su cargo la polémica de las aplicaciones de agroquímicos en Entre Ríos y Pergamino se radica con el argumento de que los procesados provocaron “entorpecimiento del transporte” afectando el normal funcionamiento del mismo el 19 de marzo de 2008.
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]]>La entrada Silvia Piaggio, la abogada que defiende a productores de Pergamino, advierte que 20 mil hectáreas quedarían improductivas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La última noticia es que detuvieron a tres personas acusadas de fumigar a 90 metros de dos establecimientos educativos- la Escuela N° 19 y el Jardín de Infantes N° 920- en la localidad Juan A. de la Peña, perteneciente al partido de Pergamino. Los detenidos son Marcelo Daniel Acerbo, propietario de un campo, José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo y Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas.
“Estamos preparando la defensa. El tipo penal que se aplica surge de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en el artículo 55“, dijo a Bichos de Campo Silvia Piaggio, abogada del estudio Piaggio, Grigera y asociados, y defensora junto al abogado Juan Carlos Marchetti, de Marcelo Taboada, uno de los acusados en una causa originada en denuncias de los vecinos y por orden del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo.
Según Piaggio, “se los imputa por haber fumigado, dentro de una zona de 100 metros de exclusión, habiendo violado sólo 10 metros. De las pruebas que existen, surge que ellos tenían la receta agronómica como corresponde, se habían presentado frente a la autoridad de contralor para avisar que iban a fumigar y las condiciones climáticas eran las adecuadas para hacerlo, con el viento soplando para el lado inverso de la urbanización. Era todo correcto”.
“Los 3 estuvieron detenidos por 24 horas hasta que fueron citados a indagatoria y en ese momento hicieron uso del derecho de no declarar, justamente para preservar su derecho de defensa, porque desconocían hasta ese momento, la imputación que se les hacía, y las pruebas en virtud de las cuales se hacía la imputación. Por eso se pidió al juez una próxima fecha de declaración para este viernes 29 de noviembre”, agregó Piaggio.
“Un vecino dio aviso a la Policía Federal, la cual vino hasta el lugar y le comunicó al juez Villafuerte Ruzo todo el operativo que se estaba llevando a cabo; y el juez, ante la evidencia de todas esa pruebas que se le transmitieron, autorizó a que se siga fumigando. ¿Qué pasó después? Se presentó el vecino que había hecho la denuncia en la Municipalidad, alegando que se habían violado los 100 metros de exclusión absoluta de fumigación. Y entonces vinieron funcionarios de la Municipalidad, y midieron aproximadamente 90 metros sin fumigar, es decir que aparentemente se habrían violado 10 metros de exclusión. Esa es la imputación”, remarcó la abogada.
Escuchá el reportaje completo realizado a Silvia Piaggio:
Piaggio recordó que “hay una ordenanza que rige en el resto del partido de Pergamino, salvo en la ciudad, donde rige una medida cautelar. Desde el año 2014 está la ordenanza 8126, donde la Municipalidad exige una serie de requisitos para fumigar; entre ellas, y tal como lo ordenan las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que exista una receta sobre el producto a aplicar y que se de intervención a la autoridad de control para que se vea si están dadas las condiciones climáticas favorables al momento de la aplicación de productos fitosanitarios”.
La abogada agregó que esa ordenanza también “establece una zona de exclusión absoluta de 100 metros desde la última urbanización, donde no se permite ninguna fumigación, y se establece también una zona de amortiguamiento de 500 metros donde se permite la aplicación de productos que sean banda verde, que son aquellos considerados inocuos o no peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de los cuales se encuentra el glifosato”.
Sin embargo, Piaggio aclaró que “eso no quita que, como pasa en todos lados, algunas personas no cumplan con las reglamentaciones, y es lo que aparentemente sucedió este año en el barrio de Villa Alicia, donde algunos denunciantes dicen estar sufriendo daños en la salud como consecuencia de las fumigaciones”.
Ver: Los pergaminos del glifosato: Habla uno de los productores imputados
De aquella causa surgida en 2018 en el barrio Villa Alicia de Pergamino, se condujo al procesamiento en octubre de este año, de otros 3 productores: Mario Reinero Roces, Fernando E. Cortese y Víctor H. Tiribo, acusados del delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada, al menos desde 2011 en adelante.
“En la resolución de abril se dispuso que en ese barrio no se fumigue, estableciendo una zona de exclusión importante. En agosto se extendió la medida cautelar a todo el ámbito de la ciudad, disponiéndose que se pase de los 600 metros a 1095 metros de exclusión absoluta, inclusive de productos banda verde para fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para fumigaciones aéreas. Eso rige en la ciudad de Pergamino y en zonas periurbanas”, detalló la abogada.
“Pero en la misma disposición en que el juez dictó esa cautelar, se pidieron informes a la Municipalidad de Pergamino, respecto de la totalidad de los pueblos de campaña, cantidad de habitantes, establecimientos educativos rurales del partido, a los efectos de fijar los parámetros de distancia que resulten más adecuados. En los pueblos de campaña, que por ahora están excluidos de esta medida cautelar, se acercaron a nosotros algunos productores, temerosos de que se extienda la medida al resto del partido, sobre todo cuando no hay pericias o algún motivo objetivo que permitiera determinar que en esos lugares se hacían malas prácticas agropecuarias”.
Fue así como Piaggio relató que se presentó frente al juez junto a otros 40 productores. “Le demostramos al juez que era totalmente innecesario ampliar la medida cautelar a los pueblos de campaña, habiendo analizado también las pericias que se habían producido y que no mostraban niveles de contaminación por encima de los internacionalmente admitidos, y demostrando que la vida y la salud son totalmente compatibles con la producción agrícolo- ganadera”.
Esa presentación fue incorporada al expediente, y según la abogada, “no tuvo aún una resolución, pero al menos no se extendió la medida al resto del partido. Si esa cautelar se extendiera a los pueblos de campaña, calculamos que se perderían 20.000 hectáreas productivas que representan aproximadamente unos 800.000 quintales de soja, como para dimensionar el daño económico que se proyecta en la comunidad”.
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]]>La entrada Crónicas Róbadas: “El espanto con micrófono”, o una denuncia de la complicidad mediática de Matías Longoni con el maldito agronegocio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Dice la nota de Anabel:
“Hoy confirmaba con Sabrina Ortiz, -de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, víctima de las pulverizaciones que denuncia, y abogada en su propia causa que logró un fallo de protección y procesar a tres productores-, que la justicia citó a indagatoria a quienes la amenazaron de muerte a ella y a su familia en julio de este año, las hijas de Mario Roces uno de los productores procesados.
Recordemos que en el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en campos linderos de tres barrios de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales, Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno de ellos por tres millones de pesos.
Mario Roces, uno de los procesados fue entrevistado por Matías Longoni para Bichos de Campo. El video de mayo de 2019 está en internet. Vale la pena ver ese testimonio con detenimiento y escuchar tanto lo que dice el ahora procesado pero mucho más las preguntas inducidas de quien hace la entrevista. Para que puedan sacar conclusiones ustedes mismos del daño que produce este grado de complicidad mediática y no solo llevarse por esta opinión. Realmente no tenía pensado escribir sobre quién se supone es un ¿colega? y hoy no es parte de la noticia. Por un lado, para no darle más espacio del que ya tiene, por cierto, con un alcance infinitamente superior al que puedan tener estas palabras. Y por el otro, para protegerme y no alimentar la indignación que me produce no solo su falta de rigor profesional sino su servilismo cómplice a un modelo tóxico. Pero es necesario hacerlo.
Las personas citadas a declarar este próximo 14 de noviembre son hijas del productor Roces quien pudo despachar su discurso “campechano” ante el micrófono gentil de Longoni que nunca mencionó que en julio de este año María Teresa Roces y Fernanda Lilian Roces ingresaron armadas a la casa de la mamá de Sabrina. Le dijeron “Te vamos a prender fuego la casa. Y a la negra de mierda de tu hija la vamos a mandar a matar”.
Algunos extractos de la “nota”: “No tiene sentido que haya soja acá” creyendo en la palabra del productor y reafirmándola sin mencionar las pruebas que forman parte de la causa y desmienten esto. Causa que da a entender deriva de “un problema de vecinos” que vinieron a vivir después y no “de toda la vida” como lleva en el lugar el productor al que compadece, con sonrisitas, por ser injustamente tratado de “victimario” o quedar “en el medio”. –“¿Por qué le parece que se queja la gente?”– pregunta y se contesta casi solo. Roces menciona, “Por el agua. Les preocupa el agua”. Y Longoni afirma que el agua tiene arsénico, “nada que ver con agrotóxicos”. Agua en la que la justicia probó hay 18 sustancias químicas de la industria del agro que son altamente peligrosas para la salud.
Toda esta información, repito, figura en el expediente pero Longoni la ocultó en toda la entrevista. En esos cinco minutos casi de material sí tuvo tiempo para las palabras de ninguneo hacia la investigación de la justicia pero no para pruebas acreditadas en la misma pertinentes de ser mencionadas si se entrevista; nada más y nada menos, que a uno – en ese momento- de los acusados en una causa con tanta notoriedad e importancia a nivel nacional. Por eso no es esto solo un cuestionamiento al lugar desde donde se para y opina para ejercer su rol periodístico, ya que es extensamente conocida su militancia pro agronegocio, sino la de realizar un señalamiento sobre la falta absoluta del mínimo atisbo de honestidad intelectual al entrevistarlo.
No es desconocimiento de lo que es el periodismo. Longoni tiene más de la mitad de su vida dedicada al periodismo especializado en agro. Trabajó en Télam y en Clarín para luego fundar su propio producto periodístico multiplataforma. Es autor de dos libros, ganó un par de Martín Fierro a los programas de cable y dos veces el premio Fopea al periodismo de investigación en medios nacionales, así como obtuvo otras tantas menciones en el Colpin, el concurso latinoamericano de periodismo de investigación. Haciendo lo que hace.
¿En qué va a terminar esta causa? “En nada”, dice el productor ahora procesado y cuyas hijas armadas amenazaron a Sabrina Ortiz y a su madre. La justicia le respondió con contundencia al procesarlo por su accionar.
Esperemos ahora también que caiga todo el peso de la ley para quienes realizan amenazas de muerte a punta de pistola. Aunque después no salga “en muchos lados” esa información o se siga desestimando. Si la sociedad no tiene información que al menos la justicia envíe un mensaje claro destinado a frenar las patoteadas delictivas que nos son privativas, tristemente, de Pergamino sino que pueden verse en Entre Ríos, Santa Fe y un largo etc.
Y si esto sucede, si se condena a quienes amenazaron a Sabrina y a su familia, no será por la presión de los medios tal como es presentada por Bichos de Campo, otros sitios de lobby disfrazados de periodismo y la gran mayoría del periodismo lleno de pautas de la agroindustria como tan ciego y mudo ante lo que es, lejos, el crimen socioambiental más grave de nuestro país.
Si sucede será por el valor inmenso de mujeres como Sabrina y tantas otras que le ponen el cuerpo a la defensa del territorio mientras estos mercenarios las convierten en “quilomberas” o blancos móviles. Y también por el aporte realizado desde la ciencia digna que ha provisto de pruebas a la justicia para que pueda procesar a quienes dañan la salud y al ambiente. Porque, sepan, si Sabrina es una negra de mierda, los negros de mierda son, somos, y seremos muchos. Es bueno también que tomen nota. Y no es una amenaza. Eso es la especialidad de algunos cobardes que con esa actitud solo serán cada vez más repudiados por la sociedad a la que dicen alimentar mientras la envenenan. La misma que les grita basta es basta.
Y por el contrario, me atrevo a afirmar que la impunidad con las que personas como los Roces se mueven es posible gracias a ese discurso de apoyo mediático al agronegocio y a la construcción de sentido por parte de esos mismos medios de que hay razones válidas para que los productores se sientan ofuscados, molestos, perseguidos cuando se les hace cargo del daño que producen. Y eso, “colegas”, los vuelve cómplices de los delitos por ellos cometidos. Por no tipificarlos como tal, por esconderlos bajo la alfombra, por amañarlos, quitarles el verdadero peligro u ocultar las consecuencias de sus acciones y daños.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija tiene niveles de glifosato 100 veces mayor de lo aconsejable para su peso. Su hijo menor, de apenas siete años, 120 veces más. Sabrina viene denunciando las fumigaciones desde 2011. Tuvo que dejar su casa y perdió un embarazo.
Toda información que figura en el expediente y que por supuesto tampoco fue mencionada en un reportaje del espanto con micrófono.
Sabrina es además de toda su lucha, una persona que sufre, que ve sufrir a sus hijos y además un cuerpo que en vez de ser abrazado se atreven a re victimizar en cada ataque. O a silenciar desde sus tribunas tóxicas. Pero que como también mencioné no está sola. Acá estamos Sabrina. En nombre de mi profesión te pido perdón por los bastardos. Te abrazamos fuerte.
Exaltación de la Cruz, 7 de noviembre de 2019″
Nota del editor de Bichos de Campo: En este misma nota, la periodista y ambientalista Anabel Pomar reconoce que la entrevista de este medio con el productor de Pergamino cuestionado se realizó en mayo de 2019, pero acusa al periodista Matías Longoni porque “nunca mencionó que en julio de este año María Teresa Roces y Fernanda Lilian Roces ingresaron armadas a la casa de la mamá de Sabrina”. Mal pudo haber anticipado Longoni en mayo un hecho que iba a suceder dos meses después.
Nota del editor de Bichos de Campo 2: Pomar también acusa a Longoni de no dar cuenta de lo que dice el expediente judicial y creer la versión del entrevistado. En realidad, Bichos de Campo se ocupó de mostrar en aquel programa la fuerte polémica social que existe en torno a las aplicaciones en el periurbano y como ésta condiciona el trabajo de los técnicos y los productores. Fue por eso que se entrevistó a todas las partes, incluida la abogada denunciante y el intendente de la ciudad. Y todas las entrevistas se publicaron completas en nuestra página. En ningún momento nos interesó especialmente lo que dijera el expediente judicial sobre tal o cual cosa, porque hacemos periodismo agropecuario y no judicial, aunque hemos venido dando cuenta de los avances de la causa, incluida la noticia de los procesamientos.
Los invitamos a ver el programa que emitimos sobre este caso para que cada uno saque sus propias conclusiones. La editorial de Longoni al principio es lo que piensa Longoni. Peor tanta parece ser su complicidad con el agronegocio, que por si acaso no nos hacemos cargo:
La entrada Crónicas Róbadas: “El espanto con micrófono”, o una denuncia de la complicidad mediática de Matías Longoni con el maldito agronegocio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El expediente Pergamino: Por primera vez procesan por agroquímicos a tres productores de la Provincia de Buenos Aires se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En efecto, este miércoles fueron procesados tres de los cuatro productores agropecuarios imputados por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en esa causa. Se les impuso además un embargo millonario sobre sus bienes.
Según información publicada por el diario La Capital de Rosario, la medida fue dispuesta por el magistrado por considerar en primera instancia a los productores como “coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)”.
El juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de San Nicolás dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de tres productores imputados en la causa caratulada “Sobre Infracción al artículo Nº 55 de la ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”. Asimismo determinó el embargo de sus bienes por 3 millones de pesos para cada uno de ellos, fijado en forma provisional para el pago de costas, la pena pecuniaria y efectividad de su responsabilidad civil. Además dictó la falta de mérito respecto de un cuarto imputado.
Para la semana que viene, por otro lado, Villafuerte Ruzo dispuso la indagatoria del jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, el área encargada del control de las fumigaciones. Ante esta citación, el intendente Javier Martínez decidió separar a los funcionarios de sus cargos y habría negado la colaboración municipal en el asesoramiento jurídico del veterinario y el ingeniero agrónomo llamados a indagatoria.
Hace unos meses, Bichos de Campo habló con los protagonistas de este caso:
En esta causa han pasado otras cosas. A principios de octubre Villafuerte Ruzo ordenó que se fijara un límite restrictivo y de exclusión total para aplicaciones de agroquímicos de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 mil metros para las aéreas en torno a toda la ciudad de Pergamino. De esta manera, la Justicia Federal amplió una medida anterior que sólo protegía a tres barrios de la ciudad.
El procesamiento de los productores partió del pedido del fiscal federal Matías Di Lello, quien había solicitado a Villafuerte Ruzo que investigue si había propietarios de campos que estaban en la zona de exclusión que, junto con los funcionarios municipales y el intendente, habían incurrido en el delito de desobediencia.
En su argumentación, Di Lello indicó que posteriormente a que el Juzgado Federal dictó la suspensión parcial de las aplicaciones de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos en la zona crítica de Pergamino, en el campo de uno de los imputados se habría realizado una pulverización con glifosato y dicamba, desoyendo la resolución judicial.
Ver Balas que pican cerca: La industria de agroquímicos reaccionó al fallo adverso de Pergamino
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. “En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal”, explicó el abogado Fernando Cabaleiro a La Capital.
“Se trata de un hito trascedental de la lucha judicial de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y del país, es la primera vez que se logra procesar a productores agroindustriales, que violando normas de protección aplican agrotóxicos a metros de las viviendas de vecinos y vecinas. Los agrotóxicos son venenos pueden producir cáncer, daño genético, afectar el sistema hormonal y nervioso humano, no se biodegradan y contaminan el agua de consumo de la población”, resaltó Cabaleiro.
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]]>La entrada Por la prohibición judicial a los agroquímicos en Pergamino “no se podrán controlar tampoco las plagas urbanas, como cucarachas, alacranes y vinchucas” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Bocca es uno de los productores afectados por la última medida cautelar dictada el 30 de septiembre pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, que a raíz de las denuncias de una vecina presuntamente afectada por las apliaciones vetó el uso de agroquímicos con equipos terrestres en un radio de 1.095 metros alrededor del éjido urbano. Para las aplicaciones aéreas la prohibición trepa a 3 kilómetros.
“Estamos bastante preocupados por estas medidas cautelares, porque sentimos que se nos acusa de inconscientes como si estuviésemos produciendo a cualquier costo, e ignorantes sobre cómo cuidar a la salud pública y a las poblaciones que nos rodean, como si en esas poblaciones no tuviesen nuestro propio nombre y apellido o el de nuestra familia y seres queridos”, agregó el productor de Pergamino en diálogo con Bichos de Campo.
Bocca comentó que “todos vivimos en esta ciudad, y es importante para nosotros desarrollar nuestro trabajo en un ambiente que sea sustentable y que sea limpio. La preocupación viene por la continuidad del derecho a trabajar y ejercer una profesión lícita respetando todas las normas que se apliquen”, sostuvo.
El agrónomo y productor añadió: “Buscamos que la gente tome consciencia de que cualquier producto mal aplicado puede ser un veneno, pero también creo que cualquier medicamento puede convertirse en algo dañino para la salud si nos excedemos en el uso. No hay que tener un terrorismo instalado entre ciudad y campo”.
Escuchá la entrevista completa realizada a Jorge Bocca:
El productor recordó que “Pergamino tenía una ordenanza que tendía al ordenamiento de aplicaciones de productos que están autorizados en todo el mundo, y además esas autorizaciones están refrendadas y hay posibilidad de uso y registro por parte de las autoridades sanitarias; son las herramientas que usamos para producir. Pero por un principio precautorio, el juez emitió cautelares”.
Bocca advirtió que estas restricciones abarcan a la totalidad de la ciudad de Pergamino, atentando contra los planes de salud oficiales dentro de la propia ciudad. “La cautelar también comprende el no uso de plaguicidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres, mosquitos y aspersores, lo que dejará a la ciudad expuesta a no poder controlar plagas urbanas como cucarachas, alacranes y vinchucas”, alertó.
El agrónomo se refirió a que la prohibición “también aplica a los productos domisanitarios (que son sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, desinfección o desinfestación, para uso en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos y/o privados) y además nos saca de los planes de salud nacional para el combate de mosquitos y para evitar el Dengue, el Zika y la fiebre Chikungunya”.
Bocca contó además que el municipio de Pergamino no cuenta con el personal necesario para hacer las fiscalizaciones exigidas sobre las aplicaciones. “Por una ley provincial, todas las aplicaciones debían hacerse con receta agronómica suscrita por un ingeniero agrónomo, y en esas zonas de amortiguamiente debía haber supervisión de parte de personal municipal. pero por estar imputados en la causa (que maneja Villafuerte Ruzo), éstos quedaron suspendidos en sus actividades y por lo tanto no había nadie que autorizara esas recetas en otros poblados del partido”.
“Si bien no es oficial, sé de buena fuente que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (Aianba) se reunieron la semana pasada con la gente de la intendencia, y les comunicaron que había dos ingenieros agrónomos ya contratados, y otros dos en vías de contratación, para llenar ese vacío legal que se había establecido, para que puedan autorizar las recetas y así los productores no afectados puedan emitir sus recetas agronómicas”, comentó el agrónomo.
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]]>La noticia no es esa. La noticia es que finalmente la industria productora de agroquímicos (o de fitosanitarios, como les gusta llamarse a ellos) reaccionó y parece decidida a asumir una defensa activa de sus productos. Incluso propició que las autoridades apelen judicialmente la medida.
Como informó Bichos de Campo el martes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, falló para que se establezcan distancias de 1.095 metros y 3.000 metros para la aplicación de productos fitosanitarios en el periurbano de Pergamino. Falta definir si la medida judicial abarca a otros lugares poblados de ese partido.
Frente a este fallo la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) emitió un comunicado donde “se pone a disposición de la comunidad pergaminense y de la justicia federal para acercar información y trabajar juntos en el establecimiento de reglamentaciones de uso y en la comunicación y difusión de las buenas prácticas agrícolas y de la producción sustentable”.
Es infrecuente que la cámara sectorial emita un comunicado de prensa por estas decisiones judiciales. Hasta ahora ha preferido concentrarse en la difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en la inteligencia de que los agroquímicos, que finalmente son tóxico, no suponen ningún peligro para las personas y el medio ambiente si son bien utilizados, tomando las prevenciones del caso. Ahora, frente al caso Pergamino, ha tomado una posición más activa.
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida, se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional (dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos); y del sistema regulatorio”, indicó el comunicado sectorial.
Luego de enumerar todos los controles y regulaciones a las que están sometidos los productos fitosanitarios (se dividen entre fungicidas para hongos, herbicidas para malezas e insecticidas para plagas), Casafe advirtió que la prohibición de aplicar estos insumos en torno a las ciudades “genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino”.
“Por esta razón es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, enfatizó el comunicado.
Casafe puso además a disposición del juez Villafuerte Ruzo los resultados de “más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura”, que a juicio de los industriales “demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea”.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, Casafe citó “la última información pública del municipio de Pergamino en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos, considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el SENASA”.
Además sostuvo que “un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente”.
Para los productores de estos insumos, muchos de ellos empresas de porte internacional, la clave entonces no está en las prohibiciones sino “en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”.
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]]>La entrada Los pergaminos del glifosato: Habla el intendente de una ciudad icónica para la agricultura pampeana se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En Buenos Aires existe la Ley Provincial de Agroquímicos 10.699, que regula el uso de estos insumos a través del decreto reglamentario 499/91. Pero el intendente de Pergamino, Javier Martínez, declaró que “el municipio también tiene una ordenanza, en donde se establece una zona de exclusión de 100 metros y otra de amortiguamiento de 500 metros en donde sólo se permite el uso de productos banda verde”.
El funcionario explicó que “en conjunto con esa ordenanza (es de 2014) se crea una zona de control de aplicación de agroquímicos, para bregar que se respete. Sabemos que hay quienes cumplen, pero también de personas que han incumplido con la normativa. Eso es lo que generó problemas puntuales en el barrio de Villa Alicia”.
En diálogo con Bichos de Campo, Martínez se quejó de que el juez Villafuerte Ruzo no le permitió al municipio entrar como querellante en la causa. “No pudimos participar; ni siquiera la hemos visto. Nosotros necesitamos no sólo colaborar, sino conocer la verdad de lo estudiado en la misma, y pedir al juez que de certezas sobre las cuestiones que se están dando en torno a este debate”.
Aquí el testimonio completo de Javier Martínez:
El fallo se basó en las denuncias de algunos vecinos, que afirman que existen muchos casos de personas con erupciones y problemas respiratorios. Pero días después la polémica escaló aún más, cuando el equipo de Toxicología de la Corte Suprema afirmó que las napas están contaminadas con 18 agroquímicos peligrosos para la salud humana.
En referencia a los pedidos de informes de análisis del agua de Pergamino, Martínez dijo que “los estudios que están en la causa fueron encargados a Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Inta Balcarce, y a Damián Marino, del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química del Conicet. Nosotros pedimos a la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia que haga los mismos análisis, y aunque no fue a priori tomada en cuenta en la causa, concluye en que el agua es apta para consumo”.
Los técnicos del ADA incluso cuestionaron los informes emitidos por los técnicos del Conicet y del Inta que figuran en la causa, y en su propio informe aseguran: “La Bacteriología se encuentra APTA para consumo humano, respecto a los parámetros Físico-Químico, los valores informados cumplen los límites tolerables con excepción del Sodio que lo excede levemente”.
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