La empresa, inaugurada en 2009 y propiedad del grupo tucumano Lucci, presentó días atrás un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), mediante el cual busca despedir a 55 trabajadores de ese gremio abonando solo el 50% de las indemnizaciones y en cuotas, algo que fue rechazado por el sindicato.

Tal como había anticipado Bichos de Campo, y a pesar de la desmentida de la empresa, Viluco vive una crisis económica casi terminal, que terminó llevándola a presentar ante la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero el pedido de aprobación de un PPP. Inicialmente su idea era despedir a 117 trabajadores de distintos sectores, pagando indemnizaciones al 50% de su valor y en cuotas.

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Como este conflicto no se pudo resolver a favor de la compañía, desde la semana pasada la aceitera procedió a suspender a los otros 83 empleados restantes, que continuaban desempeñándose en el sector encargado de la producción de biodiesel, por lo que son 200 los puestos de trabajo que en este momento peligran.

“La empresa comunicó que presentarán una oferta superadora en cuanto a las indemnizaciones, pero no especificaron cuál es porcentaje real superior al 50% que ellos plantean. Además, están vaciando la planta y los puestos de trabajo de la totalidad de los compañeros peligran”.explicó el delegado local del sector de Acopios de URGARA, Hugo Toledo, que teme que Viluco cierre completamente su planta sin haber resuelto antes esta negociación.

Así las cosas, la planta ahora bloqueada por el sindicato quedó totalmente parada desde la semana pasada. La carga de camiones con transporte de biodiesel continuaba hasta este martes, pero ahora fue interrumpida por la medida de fuerza de URGARA y Aceiteros, los dos gremios involucrados.

“Queremos una solución real y definitiva a nuestro conflicto. Se trata de un proceso fraudulento que intenta vulnerar nuestros derechos como trabajadores”, señaló Toledo.

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La crítica situación de la última aceitera construida en el país, que fue inaugurada por la ex presidenta Cristina Kirchner a fines de 2009, había sido anticipada por Bichos de Campo hacia varias semanas. Los voceros del Grupo Lucci, en aquel momento, se negaron a hablar con este medio y ensayaron una tímida desmentida en los diarios nacionales. Duró muy poco tiempo y la realidad terminó imponiéndose.

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La nueva situación, que implicaría el despido de más del 60% del personal de Viluco, fue confirmada a El Liberal por fuentes gremiales que participaron en las últimas horas de una reunión en la cartera laboral provincial. Este viernes a la mañana, con la mala noticia confirmada, los obreros se concentraron en las puertas de la enorme planta ubicada sobre ruta nacional 157, en defensa de sus fuentes de trabajo.

Tan cierta es ahora la información que hasta el gobernador Gerardo Zamora se mostró apesadumbrado por el despido de los trabajadores de Viluco. “Esta situación ya es un desastre. Y ojalá que la empresa no cierre, porque si no cierra, habrá posibilidades de cambiar cuando se termine esta timba financiera, y habrá posibilidades de recobrar con otro empuje a las empresas que hoy están siendo perjudicadas por este modelo económico nacional”, resaltó el gobernador santiagueño.

Hugo Toledo, delegado local de la Unión de Recibidores de Granos (URGARA), que nuclea a los trabajadores afectados, explicó: “Hemos decidido convocarnos con los obreros afectados en las puertas de la planta y si bien aún no nos consideramos despedidos, estamos al tanto de la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, pero queremos que se haga valer nuestro derecho laboral”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros en Santiago, Luis Paz, relató cómo fue que le informaron sobre los despidos que pretende realizar la empresa. “Nosotros recibimos una notificación de audiencia el miércoles por un Procedimiento Preventivo de Crisis que había presentado Viluco. Nos presentamos para ver cuál era la propuesta de la empresa. Entramos a la audiencia, nos presentaron los balances que según ellos acreditan al PPC y también nos plantean que va a haber 117 despidos”, indicó.

El sindicalista agregó, según le testimonio recogido por el diario santiagueño, que los empresarios “traían ya una decisión tomada de 117 despidos. Desaparecía la sección acopio que es la más afectada, con unos 77 operarios y que los demás trabajadores eran del sector crushing (molienda) que les pertenece al gremio de aceiteros”. Además Paz informó que la propuesta era pagar solamente 50% de la indemnización y en cuotas.

El dirigente de Urgara, Toledo, confirmó: “La empresa nos quiere abonar el 50% del valor de la indemnización que nos corresponde por nuestros años de servicio. Lo que nosotros exigimos es que nos pague el 100% y además la actualización del sueldo retroactivo a 2017, ya que en esa oportunidad hemos acordado preservar nuestra fuente laboral resignando los aumentos en nuestros y, a pesar de ello, la empresa decide formular despidos masivos”.

La empresa, según explicó El Liberal, quiere aplicar el artículo 247 de la ley 20.744 del Régimen de Contrato de Trabajo, el cual establece que “en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista”.

A fines de febrero, Bichos de Campo había informado, basándose en testimonios de tres fuentes, que debido a “la delicada situación de la empresa”, Viluco había puesto en venta su planta de Frias y estaba analizando “la posibilidad de despidos, el alquiler de un acopio en Salta y la decisión de dejar de comprar soja a los productores del Noroeste”.

En aquel momento, y a través del diario La Nación, el gerente de Recursos Humanos de Viluco, José Luis Palacio, relató que la empresa tiene un cupo de provisión de biodiésel para el mercado interno de 9.000 toneladas por mes, obtenido a través de un amparo judicial. Y aseguró: “Nosotros no estamos cerrando la planta ni haciendo ningún despido”. Ahora le debe haber crecido un poco la nariz.

La planta de Viluco es una de las últimas que se construyeron en el país. Fue inaugurada el 16 de diciembre de 2009 tras una inversión sorprendente para Santiago del Estero, de unos 90 millones de dólares aproximadamente. Detrás de ella había un sueño: que la soja fuera procesada en el lugar donde se produce. Se trata de la única planta de crushing de soja y producción de biodiésel en toda la región Noroeste, y el sueño original era que absorbiera las cosechas de soja de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, unas 2,5 millones de toneladas.

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Este portal se basó en tres fuentes confiables para dar a conocer la información sobre la delicada situación de la empresa, que incluía la posibilidad de despidos, el alquiler de un acopio en Salta y la decisión de dejar de comprar soja a los productores del Noroeste. También se intentó chequear la veracidad de la información con uno de los directivos más importantes del Grupo Lucci, propietario de la aceitera, quien recibió los mensajes pero prefirió no responder a la consulta.

Muchas horas después, y a través de La Nación, el gerente de Recursos Humanos de Viluco, José Luis Palacio, relató que la empresa tiene un cupo de provisión de biodiésel para el mercado interno de 9.000 toneladas por mes, obtenido a través de un amparo judicial. Y aseguró: “Nosotros no estamos cerrando la planta ni haciendo ningún despido”.

La noticia que dio a concoer temprano Bichos de Campo decía que “el grupo tucumano Lucci decidió cerrar y poner a la venta la moderna planta aceitera de Viluco SA”. Pese a la desmentida, las fuentes consultadas reiteraron que la planta de Santiago del Estero está a la venta desde hace bastante tiempo. Incluso se mencionaba a Vicentín como uno de los posibles compradores.

“Es obvio que van a desmentir que despidieron personas. Pero lo hicieron. Y le sacaron las camionetas a los empleados y gerente de oficinas externas”, ratificó una de las fuentes que habíamos consultado, como para crear más confusión. También seguía circulando fuerte la versión entre los productores del NOA sobre la suspensión de las compras de soja.

En todo caso, en los próximos meses de seguro sabremos el final de esta historia.

La planta de Viluco es una de las últimas que se construyeron en el país. Fue inaugurada el 16 de diciembre de 2009, en un acto que contó con la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. La inversión había sido sorprendente, de unos 90 millones de dólares aproximadamente. Detrás de ella había un sueño: que la soja fuera procesada en el lugar donde se produce. “Valor agregado en origen”, dirían los políticos que luego hacen muy poco para que eso sea realmente posible.

“Era una operación inviable. Todas las aceiteras están complicadas y mucho más las llamadas ‘mediterráneas’ (las que no están ubicadas sobre el río Paraná). El diferencial de derechos las mantenía vivas, pero ahora están viendo la realidad de producir en un país con costos inviables”, dijo un profundo conocedor del negocio. En septiembre pasado, el gobierno unificó las retenciones al poroto de soja y de sus derivados, eliminando un diferencial histórico de 3% que favorecía el valor agregado. Es lo que le reclamaron los industriales a Macri en su paso por Timbúes.

Ver Revisarán con Dujovne el esquema de retenciones para la soja y sus derivados

La de Viluco es la única planta de crushing de soja y producción de biodiésel en toda la región Noroeste, y el sueño original era que absorbiera las cosechas de soja de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, unas 2,5 millones de toneladas.

El complejo industrial habilitado en 2009 se encuentra en el parque industrial de la ciudad de Frías y tiene capacidad para procesar hasta 1 millón de toneladas del poroto por año. También estaba preparado para producir 200 mil toneladas de biodiésel, unas 350 mil toneladas de alimentos balanceados, 700 mil toneladas de harina de soja, y hasta 2.000 toneladas de lecitina, un subproducto del proceso industrial.

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En el trimestre junio/julio/agosto, el Estado Nacional podría haber recaudado casi 7 millones de dólares adicionales por retenciones al complejo sojero si hubiera eliminado los resquicios legales por los que se les filtran varias decenas de  operaciones de exportación de ciertas mezclas en lo que abunda es la soja y hay solo pizcas de otros ingredientes. Los cálculos de esta elusión fueron realizados en base a datos oficiales que desde hace meses están en poder de las autoridades.

No hace falta comparar el valor que tendrían esos 7 millones de dólares (unos 120 millones de pesos) en poder del sector público frente al que tienen en poder de unos pocos grupos empresarios, que además realizan una competencia desleal con el resto de las empresas agroindustriales que sí deben pagar retenciones como determinan las generales de la ley.

Ya contamos en una entrega anterior que hay tres tipos de mezcla que les permiten a esas empresas exportar derivados de la soja tributando menos retenciones de las que corresponderían e incluso cobrando reintegros. Estas mezclas son la 95/5 (harina de soja 95% maíz 5%), la 99/1( Aceite de soja 99% aceite de palmiste 1%) y la 94/6 (Aceite de soja refinado 94% Aceite de Girasol Refinado 6%).

Ver “Mezcla de negligencia e impunidad, sigue intacto el curro de exportar mezclas”

El secreto de “La Salada de la Soja”, como la definió un especialista, es que el Gobierno permite que se exporten mezclas truchas de harina o aceite de soja (truchas, porque apenas se le agrega un pequeño porcentaje de otro producto) sin aplicarles el valor FOB Oficial en base al cual deberían calcularse las retenciones.

Para poner un caso concreto, el 22 de agosto salió de San Lorenzo un barco hacia Sudáfrica llevando 5.000 toneladas de la mezcla 94/6. El Valor FOB Oficial para el aceite era de 780 dólares, pero la operación se realizó a 776 dólares. Si el producto se hubiese tomado como lo que es, básicamente aceite de soja, esa carga debería haber dejado en las arcas de la Aduana 1.053.000 dólares. Pero como no se tomó el valor de Agroindustria, el modo de calcular las retenciones se distorsionó y el exportador de la mercadería pagó bastante menos. Se ahorró la friolera de 346.344 dólares. Es decir que achicó el peso de las retenciones en casi 70 dólares por tonelada.

Hay una denuncia concreta presentada en el Ministerio de Agroindustria y en la Aduana por operadores que se sienten afectados por las maniobras. Ellos calcularon el daño en base a una comparación entre los pagos de derechos de exportación recibidos por todas las exportaciones del trimestre junio/agosto comprendidos en esas posiciones arancelarias y lo que teóricamente el Estado  debería cobrar de no existir grietas en la legislación vigente.

Este es el resultado: más de 6,8 millones de dólares menos de recaudación en solo tres meses.

¿Y qué pasaría si se anualizaran los cálculos?

• De la mezcla 95/5 se estarían exportando unas 250.000 toneladas al año, en especial hacia Chile y Uruguay. En promedio se paga un derecho promedio de 50 dólares por tonelada cuando deberían pagarse como harina de soja 98 dólares. Pero además se cobran reintegros de 5 dólares. El daño fiscal sería de 13.750.000 dólares al cabo de un año.
• De la mezcla 99/1 se embarcan unas 120.000 toneladas al año, básicamente hacia Chile. Pagan esas cargas un promedio de 134 dólares y reciben 18 dólares de reintegro, cuando deberían pagar 195 dólares por tonelada si fueran consideradas como aceite de soja. Hay otros 13 millones de dólares anuales de daño fiscal.
• Finalmente, de la mezcla 94/6 se calculan embarques por 144.000 toenladas al año, con destinos como Sudáfrica, Chile y Uruguay. Pagaron retenciones promedio por 132 dólares y recibieron un reintegro de 23 dólares, cuando deberían pagar como aceite de soja unos 210 dólares por tonelada. El daño fiscal sería de 14.500.000 dólares.

13,75 millones + 13 millones + 14,50 millones es igual a 41,50 millones de dólares.

Lo más graves es que la legislación ya se modificó tres veces sin lograr corregir estas filtraciones.

• Primero el decreto 133/15 ( 16/12/2015) colocó todas las posiciones en 0%, con un perjuicio fiscal enorme durante los primeros meses del nuevo gobierno.
• Luego el Decreto 361/16 ( 16/2/2016) restableció las retenciones a todas las posiciones que tuvieran soja (aún en una proporción adecuada) pero provocó que se cerraran todas las exportaciones de alimentos balanceados.
• Al final el Decreto 640/16 ( 3/5/2016) corrigió la situación anterior, pero dejando abiertas las posiciones que hoy se utilizan y que dan lugar a las elusiones mencionadas.

De los listados de exportaciones registrados por Aduana surge que la mayor parte de las cargas sale por camión hacia Chile desde diferentes aduanas ubicadas en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza o Santiago del Estero. Pero últimamente también se han producido varios embarques de la mezcla 95/5 por barco hacia Cuba, que así logra hacerse de una harina de soja (con pizcas de maíz) a un precio sumamente competitivo.

En el último barco, que salió de Gualeguaychú el 10 de agosto, cada tonelada de ese “balanceado” cotizó a 314 dólares y debía pagar 81 dólares luego de la diferencia entre retenciones y reintegros. Pero se desembolsó bastante menos y finalmente el exportador se ahorró más de 400 mil dólares en impuestos.

En este caso, la firma detrás de estos embarques es Entre Ríos Crushing, con planta en Gualeguaychú. En tanto, la que opera mucho desde Santiago del Estero es la aceitera Viluco, del grupo Lucci.

Hay que aclarar, una vez más, que esta operación es perfectamente legal, pues es el propio Estado el que no hace nada para impedir este tipo de embarques. O bien prohibiendo directamente la exportación de estas mezclas o bien encasillando esos productos en posiciones arancelarias adecuadas.

Pero la maniobra lesiona las arcas fiscales. Y lesiona también la inteligencia…

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