“Todos los actores del concurso coincidimos que no alcanza el tiempo del 16 de diciembre y que es altamente probable que presentemos en los próximos días un pedido de prórroga”, aseguró Estanislao Bougain, integrante del directorio de Vicentin, durante la primera audiencia con acreedores realizada esta semana en formato virtual. Está prevista la realización de otras cinco audiencias más en los próximos días con diferentes grupos de acreedores.

La propuesta contempla una quita sobre el capital del 70%, dolarización de las deudas pesificadas, un pago inicial de 20.000 dólares a todos los acreedores quirografarios y el saldo del monto restante en trece cuotas anuales consecutivas sin actualización por tasa de interés alguna.

El acuerdo contempla que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina aportarán 720 millones de dólares tanto para asegurar las operaciones de las instalaciones industriales y portuarias de Vicentin, en el marco de contratos de molienda a fasón y logísticos, como para abonar lo comprometido a los acreedores. También se destinarán para afrontar eventuales contingencias.

Las contingencias que afronta Vicentin son múltiples y abarcan numerosos expedientes abiertos por la Afip y el Banco Central (BCRA), que incluyen multas por exportaciones de biodiésel e importaciones temporales de soja, reclamos por ajustes de precios de exportación y divisas no liquidadas e investigaciones por compras de bienes y servicios de proveedores que emplearon facturas apócrifas, entre otras.

Los fondos aportados se destinarán a un fideicomiso, pero el acuerdo establece que, si las contingencias terminan haciendo inviable la operatoria de Vicentin, los activos de la empresa serán adquiridos por ACA, Molinos Agro y Viterra, que deberán seguir abonando los montos comprometidos a los acreedores.

“En caso de que se presenten contingencias, los interesados comprarán los activos de Vicentin sin dejar de pagar a los acreedores”, explicó Bougain.

Cuando se lo consultó a Bougain sobre el pago de intereses para las trece cuotas anuales, el abogado respondió que la propuesta “no contempla el pago de intereses porque no se estructuró como una propuesta financiera, sino como el resultado de lo que produzcan los activos durante esos años”.

Lo cierto es que no contemplar una tasa de interés para un período nada menos que de trece años representa una quita adicional del capital, la cual se suma a la dolarización por realizar con un tipo de cambio de 60,77 $/u$s, el cual, si bien era el vigente al momento de la presentación del concurso preventivo, está bastante lejos de los actuales 105,5 $/u$s.

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Así lo informaron representantes de las tres compañías interesadas durante una audiencia en línea organizada el pasado 4 de noviembre por el juez del concurso preventivo de Vicentin, Fabián Lorenzini, quien convocó a las partes para que informen a los acreedores y trabajadores los avances en las negociaciones y los detalles de la propuesta concordataria.

El video de la audiencia fue difundido esta semana con el propósito de que los miles de acreedores que integran el concurso sepan cómo se está desarrollando la etapa final del proceso, dado que el período de exclusividad –luego de haber sido prorrogado– vence el próximo 16 de diciembre, lo que implica que no hay mucho tiempo para terminar de definir y acordar una propuesta superadora entre los principales acreedores.

La audiencia, que se extendió por casi dos horas y media, permitió evidenciar que ACA, Molinos Agro y Viterra tienen intenciones de integrar una sociedad que gestione la mayor parte de los activos de Vicentin. ACA y Molinos son usuarios de los servicios de molienda ofrecidos por Vicentin, mientras que Viterra, como accionista mayoritario, es socia de Vicentin en Renova S.A.

Sin embargo, el evento también fue un reflejo de cómo los representantes de las entidades bancarias –que son, en términos de la masa concursal, los principales acreedores– están a un paso de perder la paciencia frente a la falta de precisiones aportadas por el directorio de Vicentin.

Omar Scaler, el presidente del directorio de Vicentin, aseguró que envió a los acreedores un “proyecto de propuesta”, al tiempo que Estanislao Bougain –otro director– expresó, con una envidiable tranquilidad, que “la propuesta en su conjunto no está, no existe, porque necesitamos un paso más para poder terminarla y creemos que estamos muy próximos para poder realmente tenerla escrita”.

Lorenzini, prácticamente rogó a los directores de Vicentin que mostraran algo concreto. “Espero que ustedes entiendan la gravedad del momento; sé que lo entienden, pero es mi obligación hacerles notar que el motivo de esta audiencia, el principal motivo de esta audiencia, además de, por supuesto, escuchar a todos los demás (interesados), es saber en qué consiste la propuesta concordataria; no considero que a esta altura de la situación sea una demanda irrazonable ni mucho menos”, dijo el juez casi implorando que aporten algún dato concreto.

“Si no formulamos la propuesta en términos claros, al menos a grandes rasgos y con un trazo grueso, veo muy difícil que en el tiempo que nos queda para el período de exclusividad se puedan reclutar las conformidades de todos los acreedores, así que les pido que hagan un esfuerzo, que me entiendan y que por favor indiquen por lo menos los lineamientos generales que nos permitan comprender hacia dónde estamos encaminados”, insistió el juez.

Estanislao Bougain tomó la palabra, pero, lejos de aportar, claridad, señaló que la propuesta contempla dolarizar los créditos pesificados de todos los acreedores –tanto granarios como no granarios– para hacer un pago inicial por “una suma que tenemos que determinar de definir exactamente”. No detalló cuáles serían los términos de la dolarización de las deudas pesificadas. Y comentó que la propuesta general sería abonar el 30% de la deuda en un plazo de 15 años, sin hacer mención a ninguna tasa de actualización de las cuotas por abonar.

Julio Fermo de Columbus Zuma Investment Banking, asesor de entidades internacionales IFC y FMO, pidió la palabra para expresar que el diseño de un proyecto de propuesta, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que involucra unos 1500 millones de dólares, “exige de un cierto nivel de profesionalismo y seriedad que no están alineados con lo que nosotros hemos recibido hasta este momento; con eso quiero decir que nos han compartido términos muy vagos que no nos permitieron siquiera llevar adelante un análisis serio y en este punto quiero ser muy claro: tenemos una profunda vocación por alcanzar un acuerdo porque sabemos de los efectos que supone no alcanzar un acuerdo”.

“Estamos predispuestos a hacer todos los esfuerzos que hagan falta para tratar de lograr un acuerdo dentro del período exclusividad, pero lo que no podemos desconocer es que, para alcanzar un acuerdo, previamente hay que recibir una propuesta y esa propuesta tiene que ser formulada con todos los detalles que supone el análisis de algo tan complejo como es una propuesta concordataria en el marco de un proceso tan difícil”, disparó Fermo.

Cuando llegó el turno de las empresas interesadas en buscar una solución, Mario Rubino, gerente general de ACA –cooperativa que es el principal acreedor granario en el concurso– manifestó que ese mismo día, el 4 de noviembre, habían logrado un acuerdo de intención no vinculante “porque todavía nos faltan elaborar los contratos definitivos para poder hacer la oferta vinculante”.

“Las tres empresas que estamos acá (por ACA, Molinos y Viterra) no somos inversores que venimos a buscar fondos para obtener rentabilidad y e irnos al lograr el pico de esa rentabilidad y darle otro destino al capital; somos tres empresas del sector con importantes inversiones realizadas en la Argentina”, explicó el directivo de ACA.

Rubino detalló que la iniciativa comprende una inversión conjunta de 720 millones de dólares, de los cuales 100 millones están computados para afrontar eventuales contingencias futuras, para luego añadir que al contratar los servicios agroindustriales de la concursada se logró mantener la estructura de la misma en funcionamiento “con momentos de márgenes positivos y con momentos de márgenes negativos, como está ocurriendo actualmente, pero en esta instancia de negociación siempre nos comprometimos a poder mantener la empresa en marcha”.

Por su parte, Amancio Oneto, vicepresidente de Molinos Agro, apuntó que existen contingencias que hacen que “no sea posible que podamos hacer una capitalización inmediata” de Vicentin y que “eso lleva hacia a una cierta complejidad en la estructura de la operación”. Y agregó que “la estructura a la que arribamos (en el acuerdo) no es la estructura que nosotros hubiéramos soñado”. Palabras misteriosas para un acuerdo que, por el momento, debe permanecer en la confidencialidad.

Cuando le llegó el turno a Sergio Díaz, representante del Banco Nación (BNA), no tardó en reconocer que la propuesta realizada por Vicentin “no cubre las expectativas que teníamos nosotros en cuanto al crédito privilegiado” de la entidad que conforma el concurso, por medio del cual el BNA tiene la posibilidad de recibir, como parte de pago, todos las liquidaciones de ventas de bioetanol elaborado en la unidad industrial de Avellaneda de Vicentin, dado que esa misma fue, precisamente, la garantía del crédito.

La cuestión del bioetanol, lejos de tratarse de un detalle, representa un aspecto central para que pueda desarrollarse el acuerdo de rescate, porque las tres empresas interesadas consideran a la planta de etanol maicero un activo estratégico, aunque –por supuesto– el mismo no tendría utilidad alguna si todo lo que genera va a parar al BNA. Por ese motivo, el directorio de Vicentin solicitó a las autoridades de la entidad oficial que “liberen” a esa fábrica para que los pagos se hagan en función de las utilidades generadas por la misma –con una garantía hipotecaria atada a la instalación industrial– y no por su facturación. Ese pedido no convence para nada al presidente del BNA Eduardo Hecker, quien en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las actitudes emprendidas tanto por el anterior como el actual directorio de la concursada.

En ese sentido, Julián Echazarreta, directivo de ACA y ex secretario de Agricultura de Alberto Fernández, hizo un paréntesis para contextualizar la situación y recordar que la capacidad ociosa de la industria aceitera argentina ronda el 40% y que la posibilidad de que las fábricas de Vicentin puedan seguir trabajando permiten “disfrutar de cierta paz social”. En otras palabras: usar el caso Vicentin como un activo político puede terminar siendo un pésimo negocio para el gobierno nacional, sin mencionar, claro, el drama social que representaría la quiebra definitiva de la empresa concursada.

Otro tema complejo es que la propuesta no parece tener interés en la planta industrial que Vicentin tiene en la localidad santafesina de Ricardone, que, por tener una capacidad de molienda de casi 4400 toneladas/día, es muy ineficiente respecto de la unidad de San Lorenzo, que puede moler 16.650 toneladas/día de oleaginosos.

Lorenzini, al finalizar el encuentro virtual, volvió a insistir con el hecho de que el directorio de Vicentin debe presentar una propuesta concreta cuanto antes. “La propuesta siempre se puede mejorar, pero si no hay propuesta, la discusión va a seguir siendo una discusión muy etérea, muy poco telúrica, y tenemos que aterrizar el problema para evitar  justamente que se sigan atrás poniendo umbrales del tiempo que ya  lamentablemente no podemos extender más”, argumentó el juez.

Por último, Estanislao Bougain se comprometió a acceder a ese pedido. “El próximo paso nuestro tiene que ser efectivamente los acuerdos necesarios para presentar la propuesta en el expediente e inmediatamente presentar una cantidad de conformidades, con las que ya contamos y algunas otras que estamos recién empezando a mostrar”, dijo el directivo de Vicentin sin transpirar una sola gota de sudor.

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Los principales clientes de esas plantas industriales de Vicentin son actualmente la Asociación de Cooperativas Argentinas (que es además el principal acreedor granario en el concurso preventivo), Molinos Agro, Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa, Oleaginosa Moreno (Viterra), Agrofederal y Amaggi Argentina.

La planta industrial localizada en San Lorenzo es empleada, en el marco de contratos a fazón, fundamentalmente por ACA y Molinos Agro para procesar soja, mientras que en un segundo orden se encuentra Amaggi y Agrofederal.

En junio pasado, según el último informe elaborado por Diego Telesco, síndico del concurso de Vicentin, la unidad de San Lorenzo procesó 338.104 toneladas de soja.

En tanto, en la planta industrial de Ricardone –de menor capacidad– Unión Agrícola de Avellaneda procesó en junio pasado 13.544 toneladas de soja y 26.601 toneladas de girasol.

Vicentin, por cuenta propia, procesó en junio 6774 toneladas de maíz en la unidad industrial de Avellaneda para elaborar bioetanol y burlanda de maíz. Vale tener en cuenta que las ventas de bioetanol son retenidas por el Banco Nación (BNA), dado que las mismas constituyen la garantía de un crédito concedido por la entidad bancaria estatal.

Molinos Agro cuenta con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año por un volumen total de procesamiento de soja de 700.000 toneladas, mientras que Amaggi tiene contrato para procesar otras 30.000 toneladas en el presente mes de agosto.

En cuanto a Viterra Argentina, empresa socia de Vicentin en Renova, realizó un contrato de servicio de descarga, recepción, toma de muestras, pesaje y almacenaje de granos por un volumen de hasta 360.000 toneladas.

Adicionalmente, Vicentin alquila las instalaciones de la unidad de Avellaneda como depósito a Domitec SA, Servipack SRL, Coop. De Trabajo de Confección Textil, Friar SA, Buyanor SA y Algodonera Avellaneda.

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Diego Telesco, síndico del concurso de Vicentin, informó a Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, que las plantas procesadoras de soja de Terminal Embarque y Oleaginosa San Lorenzo se encuentran “ocupando aproximadamente el 80% de la capacidad instalada”.

Los principales clientes de esas plantas industriales son la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro, empresas que, junto a Viterra Argentina (ex Glencore), tienen planes para presentar una oferta de compra por tales activos, los cuales se encuentran comprendidos en el concurso preventivo.

En lo que respecta a la planta de Ricardone, especialmente adaptada para la molienda de girasol, el informe de Telesco señala que “debido al fracaso de la cosecha de dicho cultivo (en el norte de Santa Fe), solamente se han procesado alrededor de 40.000 toneladas de girasol a fazón de la Unión Agrícola de Avellaneda y actualmente ha comenzado a procesar soja”.

Con relación a la molienda de maíz en la planta localizada en Avellaneda, Santa Fe, el síndico apuntó que “el nivel de actividad se ha visto afectado en razón de la restricción financiera que genera la cesión de los derechos de cobro de la facturación de etanol a favor de Banco de la Nación Argentina”, entidad oficial que forma parte de la a legión de acreedores del concurso.

Entre el inicio de concurso, en febrero de 2020, y abril de 2021 se procesaron en las instalaciones de Vicentin 3,15 millones de toneladas de soja, 150.465 de maíz y 39.240 de girasol. Y los contratos vigentes aseguran un procesamiento mensual del orden de 300.000 toneladas de granos hasta diciembre de este año.

“También cabe mencionar que, en razón de los contratos de depósito para almacenaje de granos y alquiler de inmuebles que componen el Complejo Industrial Vicentin Planta Avellaneda, se asegura una facturación mensual hasta diciembre de 2021, por dichos conceptos, de 383.250 dólares IVA incluido”, remarca el síndico.

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Ahora ese cambio de denominación global aterrizó en la Argentina, dado que Oleaginosa Moreno Hnos, compañía controlada por Viterra, pasará a llamarse Viterra Argentina. La otra novedad es que Vladimir Barisic es el nuevo CEO de la rebautizada empresa.

Vladimir, ingeniero en Producción Agropecuaria egresado de la UCA, tiene una trayectoria de quince años en la compañía, cinco de los cuales transcurrieron en la oficina central de Rotterdam, Países Bajos, como director Global de Soja y Aceite de Soja. Desde el 2019 se encontraba en la ciudad de Buenos Aires ocupando el cargo de gerente comercial de Glencore para América del Sur.

La red de Viterra Argentina, además de las plantas industriales de la ahora ex Oleaginosa Moreno, está conformada por las firmas SAMSA, Molinos Libres SA (Molisa) y Renova, además de tener una participación del 50% en Lartirigoyen S.A.

Con la salida del negocio de la concursada Vicentin SAIC, socia de Glencore en Renova, la compañía ahora denominada Viterra se transformó en la primera exportadora argentina de harina de soja y aceites vegetales.

Datos oficiales indican que en 2020 Oleaginosa Moreno (Viterra) concentró un 28,9% de los embarques argentinos de aceites vegetales, mientras que, en lo que respecta a harina de soja y pellet de girasol, fue responsable del 25,7% del total de las exportaciones.

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