“La situación se circunscribió puntualmente a Mendoza. Hubo un pedido y una manifestación social muy fuerte que hizo que el gobierno diera marcha atrás con la medida. Tenemos que entender que estamos en medio de una fuerte crisis hídrica y es un fenómeno que llegó para quedarse. Por eso estamos trabajando fuerte con los organismos provinciales. Firmamos un convenio hace poco con la Dirección General de Irrigación (DGI) que es el organismo que se encarga de la administración del agua en la provincia”, dijo a Bichos de Campo Carlos Fiochetta, gerente general de la Coviar.

“El vitivinícola es un sector que genera alrededor de 400 mil puestos de trabajo entre modo directo e indirecto, y que además está altamente internacionalizado, ya que no sólo producimos vino sino que hacemos también jugo concentrado de uva, pasas de uva y uvas de mesa. El turismo del vino se ha convertido también en una actividad importante en los últimos años, lo que nos da la posibilidad de generar divisas para el país, que hoy las está necesitando”, expresó Fiochetta.

Con respecto al planteo de medidas que hizo la Coviar a las autoridades, Fiochetta expresó que “teniendo en cuenta el inicio de la cosecha en provincias como San Juan y Mendoza, las medidas a corto plazo están orientadas a la necesidad de contar con financiamiento para levantar la uva, y esto es muy importante porque el costo del dinero es muy alto y los productores están en una situación bastante crítica. En San Juan la situación es un poco más holgada, pero en Mendoza está más difícil”.

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Acerca de las medidas que pidió la Coviar para el mediano plazo, Fiochetta declaró que pidieron “la necesidad de acelerar los reintegros del IVA. Hoy los exportadores están recibiéndolos con ciertas demoras, lo que genera un costo financiero”.

En función de las medidas más estructurales planteadas por la Coviar a las autoridades del gobierno, el gerente general de la Coviar dijo que “apuntan a generar más diversificación, para lo cual venimos trabajando desde hace años en la posibilidad de tener una Ley de Uso de Jugos Naturales en bebidas sin alcohol que no sólo le sirva a la actividad vitivinícola sino también a las provincias productoras de fruta, porque las bebidas sin alcohol en la Argentina no tienen fruta, sino que se endulzan generalmente, o con azúcar de caña o con el jarabe de maíz de alta fructuosa que es bastante cuestionado a nivel mundial”.

Fiochetta expresó que desde la Coviar buscan también potenciar la promoción del vino ya que es considerado bebida nacional, “y por eso tenemos un programa conjunto con el ministerio de Agricultura y con el de Turismo, en el cual trabajamos durante todo 2019”.

Ver: La crisis de la vitivinicultura bien explicada por Marcelo Federici, directivo de Fecovita

En materia de Investigación y Desarrollo (I+D), Fiochetta dijo que “lo que le propusimos a Salvarezza fue sumarse a este proceso de actualización del Plan Vitivinícola 2030, lo cual fue visto por él con buenos ojos y hasta dijo que sumaría a su cartera, y también nos pidió que prioricemos algunas demandas de los temas de I+D para que puedan brindar soluciones a la cadena vitivinícola, y acordamos armar agenda hacia adelante”.

Los encuentros de la Coviar fueron realizados con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y su equipo, con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, y su Jefa de Gabinete, Carolina Vera, y luego en el ministerio de Agricultura, donde se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta, y con el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos.

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“El proyecto sólo establece la obligatoriedad de contrato por escrito previo a la entrega de la uva. En la época de cosecha de este año (entre febrero y  marzo) se postergaron los plazos de pago e incluso hasta se bajaron los precios acordados, cuando los insumos con los que trabajamos en las fincas están dolarizados”, explicó a Bichos de Campo Gabriela Lizana, presidente de Aproem (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza).

Fue por esa distorsión que los productores de uva comenzaron a pensar en las Buenas Prácticas Comerciales. “El problema es que te demoran los pagos de la uva, llevándolos a 120, 180 y hasta un año. La verdad es que te trasladan el costo financiero, y así llegás a la otra cosecha sin haber cobrado la uva de la cosecha anterior”, se quejó Lizana.

Esta posición de abuso, además, se produce por la inexistencia de algún tipo de contrato escrito, “ya que la bodega se niega a eso”, se quejó la directiva del área de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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En función de esta situación, los legisladores mendocinos comenzaron a analizar si no sería conveniente regular en lo material. Lo que Aproem aportó al proyecto es “la necesidad de que se elaboren Códigos de Buenas Prácticas Comerciales, algo que Argentina no tiene para ninguna de sus economías regionales”, contó la productora.

Lizana comparó la situación con la de otros países o bloques. “La Comunidad Europea, que antes lo tenía optativo, hoy lo tiene obligatorio. Lo que pasa es que hemos naturalizado algunas conductas que en el mundo comercial son desleales. Por ejemplo, cambiar una condición pactada en perjuicio del productor con plazos larguísimos. En Europa, los perecederos se tienen que pagar a los 30 días, mientras que acá recién están viendo a cuánto resolverán pagarte la uva”.

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