Parece mentira, sí. Pero la Argentina no tenía un programa específico para el desarrollo de su horticultura.

“Para alcanzar su enorme potencial de desarrollo, el sector hortícola deberá superar obstáculos como la falta de organización y un alto grado de informalidad, y desarrollar mejoras en el manejo de los datos duros y obtención de datos finos relativos a superficie por especie, superficies totales y superficies bajo la tecnología de invernáculos, ameritando el desarrollo de acciones de relevamiento sistemático para el diseño de políticas públicas apropiadas”, afirma la resolución como modo de justificar esta iniciativa.

Y sí, aunque parezca mentira, en la Argentina existe muy poca información estadística sobre las producciones hortícolas. Casi nada, para ser honestos. No se sabe a ciencia cierta cuánto se produce de cada cosa, ni en dónde. Ni de papa, ni de cebolla, ni de tomate para industria, ni de zanahoria.

Resolver ese faltante sería un buen modo de comenzar.

La tarea, según surge de la Resolución, corresponderá a la Secretaría de Agricultura, que actualmente depende de Guillermo “Willy” Bernaudo. Los presupuestos necesarios para llevarla a cabo deberán surgir de las partidas que este funcionario o quien lo suceda logre negociar en los siguientes presupuestos. Para 2020 ya llegan medio tarde.

Un anexo que acompaña la resolución y que define con más precisión los objetivo del nuevo Programa de Horticultura describe que se intentará llevar a cabo el “desarrollo de métodos y acciones que permitan mantener un flujo de información productiva continuo para la estimación de la superficie, producción, rendimientos y todo otro parámetro necesario para contar con un relevamiento sistemático de la superficie hortícola”. Para esto habla de coordinar esfuerzos con el senasa, el INTA y la red de estimaciones de la propia Agricultura.

El segundo paso es bastante más ambicioso, aunque se resume de modo muy efectivo: “A partir de la información obtenida, diseñar políticas públicas para fomentar el adecuado desarrollo de los cultivos hortícolas en las distintas regiones del país”.

Bien ahí. Vamos.

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Lo reveló este jueves el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo “Willy” Bernaudo, quien encabezó la segunda reunión del año de la Comisión Asesora que regula el régimen de promoción forestal establecido por la Ley 25.080.

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“Podemos decir que estamos literalmente al día con el Régimen de Promoción de la Ley 25.080. Actualmente se encuentran en la próxima resolución de pagos, expedientes correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, algo impensado unos años atrás, donde el atraso era promedio de 5 años”, señaló Bernaudo.

Luego precisó que el denominado “Seguro Verde” permitió la inyección al sistema de 432 millones de pesos desde su puesta en marcha a comienzos de este año. Ese era el monto de deuda histórica, más o menos, que arrastraba el Estado por los planes forestales.

Es decir que gracias al aporte compulsivo impuesto a los conductores que pagan su seguro automotor, el sector público logró ponerse al día con uno de los sectores productivos con más posibilidades de desarrollo en el país. Siempre se dice que la Argentina tiene potencial para tener 5 millones de hectáreas de bosques implantados, pero desde hace más de 20 años de vigencia de la ley forestal está estancada esa superficie en 1,3 millones de hectáreas. En buena medida ese fracaso se debe a los atrasos en los pagos a las nuevas forestaciones.

El comunicado oficial que dio cuenta de esta buena noticia para los forestadores dice que “el Seguro Verde es un compromiso público privado entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Ambiente y la Superintendencia de Seguros de la Nación y 12 compañías de seguro para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones”.

Mediante este acuerdo, que fue motorizado a princpio de 2018 por el ex empresario Nicolás Larrahague, a quien Mauricio Macri puso al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial, esas empresas aseguradoras afirman destinar el 1% de cada póliza de seguro de auto, motos y camiones que emiten hacia el sector forestal. Las compañías de seguros afirman que ese dinero se lo hacen ahorrar al cliente al dejar de emitir las facturas en papel y digitalizar las operaciones. Pero en rigor no hay constancia de nada de eso y lo más probable es que el aporte -que no está reglamentado por ley o por resolución alguna- termine siendo cargado a las facturas.

El sistema, en rigor, está basado en una Resolución conjunta entre Seguros y Agroindustria que solamente dispone la creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental y seguros (Prosas), el cual tendría como objetivo hacer frente a los pagos derivados de la Ley 25.080 pero además podría “destinar el 10%de sus recursos al desarrollo de actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina”. Nada dice esa norma de cómo se generan esos recursos.

Recién en octubre de 2018, en una nueva resolución de la Superintendencia de Seguros define que los montos surgirán del 1% de todas las pólizas emitidas, aunque solo de aquellas compañías que acepten firmar un acuerdo voluntario. El mecanismo no prevé una consulta a quien asegura su auto y paga el seguro, quien finalmente así termina subsidiando a otro actor económico privado, con intervención previa del Estado.

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Lo grave es que no hay modo alguno de controlar hoy el flujo de esos aportes en las páginas de los organismos que intervienen en este proceso. En la Dirección Forestal ni se menciona el Seguro Verde. Y en la página web de este programa en la Superintendencia de Seguros tampoco se encuentran datos exactos sobre tal volumen de flujo de fondos, estimado en unos 650 millones de pesos anuales,

“Sitio en mantenimiento. Este sitio no está disponible momentáneamente, volvé a intentar más tarde. Muchas gracias”, contesta la página de Presidencia sobre el Seguro Verde si uno hace click en el botón que ofrece “Informes de gestión”.

Es decir que, detrás de un fin loable como es el de impulsar la forestación, cohabita un programa público-privado que ofrece muy poca transparencia sobre la administración de fondos que finalmente salen de los bolsillos de los conductores de automóviles, por más que las empresas aseguradoras afirmen que se trata de un ahorro.

Como sea, la noticia era que el sector forestal está de parabienes con la cancelación de una deuda histórica. En la reunión de la cadena, Bernaudo informó que en lo que va del año se pudo ejecutar más de 350 millones de pesos en pagos de subsidios a las nuevas forestaciones y avisó que “próximamente entrará una nueva resolución de pagos por alrededor de 170 millones de pesos, también financiada por el acuerdo Seguro Verde”.

Contra lo que apuntamos en Bichos de Campo, en el comunicado oficial que da cuenta de esta buena noticia se subrayó además “el nivel de transparencia como eje de la gestión. En esta línea, se revalorizó el regreso de la Comisión Asesora, un ámbito que permite discutir y resolver cuestiones inherentes a la aplicación de la Ley 25.080, con el acompañamiento de técnicos, empresas, productores, representantes de las provincias y personas vinculadas al sector que suman ideas, opiniones y fortalecen así el régimen de promoción”.

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“Estamos en un proceso duro pero vamos por el camino correcto”, dijo Bernaudo a Bichos de Campo.

En cuanto a la vuelta de las retenciones a las exportaciones agropecuarias , Bernaudo dijo que fue en el marco de la devaluación y que fueron necesarias. Recalcó que hay sectores que están peor que el agropecuario, que goza de buen clima en este momento y que no duda que el presidente Macri sacará las retenciones en 2020 como lo prometió.

Aquí la palabra completa con Bernaudo:

Por último, dijo que su corazón late por los cambios estructurales. “Veo que lo que se promete se hace y se trabaja en equipo, como el caso de las obras en la Cuenca del Salado”, dijo Bernaudo.

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Pablo Bereciartúa, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, dice que además hay que romper un click cultural, que permitiría ver el riego como un paso necesario para generar riqueza genuina:

Dijo el funcionario: “No hemos entendido todavía que regar es una manera de generar riqueza y de adaptarnos además al cambio climático. A mi me gusta comparar a Nebraska con la Provincia de Buenos Aires. Nebraska es el estado que más riega en los Estados Unidos: tiene 90 mil pozos de riego y 8,9 millones de hectáreas bajo riego. La Provincia de Buenos Aires, que es la que más riega en la Argentina, tiene solo 300 mil hectáreas. La diferencia es que el riego para Nebraska significa para ellos un superávit comercial de 5.000 millones de dólares”, explicó.

Según Bereciartuá, el agua disponible existe, aunque todavía se debe medir bien la cantidad y calidad del agua subterránea para conceder los permisos adecuados.

Agregó el funcionario que “un segundo punto clave es que el riego sea rentable, y para eso un factor estructural es el costo de la energía”. En ese sentido, le puso fichas a qué el gobierno reduzca los impuestos que se esconden detrás de las tarifas eléctricas.

¿Y hasta cuánto se podría regar en la región pampeana? Se lo preguntamos al secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo:

Nos contesta el secretario: “Agua hay para regar mucho, pero hay que poder llevarla a las chacras”.

Luego calcula que de las 32 millones de hectáreas sembradas con cultivos extensivos (los granos que hoy más padecen con la falta de lluvias), se podrían pensar en aplicar riego complementario sobre 1,5 o 2 millones de hectáreas.

“Hay que pensar que son inversiones importantes. Se necesita de 1.000  a 1.500 dólares por hectárea para el riego complementario de un cultivo de secano. En una sequía como la de este año, un equipo de esos te ayuda a salvar las papas, peor nunca te compensará como si hubiera llovido”, aclaró Bernaudo.

Willy agregó que “cuando tenías retenciones, el diferencial se lo comían los impuestos. Pero ahora estamos en un proceso de cambio y tenemos un Plan Nacional de Riego con el que se aspira a terminar el mandato de Mauricio (que es Macri) con 200 o 300 mil de hectáreas más regadas”.

Hoy el área bajo riego a nivel nacional llega a 1,5 millón de hectáreas, pero la mayor parte de esa superficie está en los valles bajo riego de las economías regionales, como la frutícola o la vitivinícola.  En al área extensiva hay apenas 300 mil hectáreas regadas, un 20% del total.

Aquiles Salinas, especialista en infraestructura para riego del INTA Manfredi y uno de los coordinadores nacionales del organismo en esta temática, coincide en que las dos grandes limitantes son la escasez de créditos y los problemas con el suministro de la energía.

Según el especialista, la Argentina no tiene una oferta crediticia adecuada para expandir el riego, “comparado con los países desarrollados que tienen años de gracia sin pago y  tasas muy bajas”. Los equipos que se han instalado aquí pertenecen a empresas con una gran espalda financiera. Pero para dar el gran salto y difundir esta tecnología “hacen falta ese tipo de líneas de crédito”, aseguró Salinas.

Otra limitante al crecimiento del área regada es que “todavía la red de disposición de energía no está como para llegar a cubrir todo el espectro, sobre todo en la región pampeana”. Falta el enchufe dónde enchufar la bomba.

“El objetivo del riego que nosotros difundimos entre las empresas, más que mejorar el rendimiento, es estabilizarlo, y que eso te permita mantenerte en tu campo”, explica el experto del INTA, que también aspíra en el mediano plazo a duplicar y llevar hasta unas 4 millones de hectáreas la superficie nacional bajo riego.

Cuando le proponemos soñar, Salinas menciona los grandes ríos que cruzan la geografía nacional: el Paraná, el Uruguay, el Río Negro. “Con grandes obras de infraestructura podríamos regar millones de hectáreas”, se entusiasmó.

Los que padecen con estas limitantes estructurales, además de los productores que no pueden regar y pierden todo, son los proveedores de equipos de riego. Eduardo Pérez Egan, presidente de Irri-Ar y representante oficial de la marca Lindsay, pone el énfasis es el alto costos de la tarifa eléctrica y sobre todo su poca disponibilidad:

“Lo más barato, entre comillas, es la energía eléctrica, y es una deficiencia grande que tenemos en la llegada a los productores, en calidad de servicio y en costos de instalación. Con la variación de precios, con la excesiva carga impositiva que tiene (cerca del 60% de las facturas son impuestos), el milímetro (de agua extraída para riego) resulta caro. Y entonces las zonas que mayor necesidad tienen de aplicar riego o no tienen el servicio o tienen que pasar a regar con gasoil, cuyo costo es el doble”, explicó el empresario.

Luego reclamó definiciones más globales: “Me parece que debería haber un marco en el cual unificar el costos de la energía eléctrica para riego”.

Pérez Egan fue claro para explicarle a Doña Rosa por qué debe haber un buen plan nacional para hacer crecer la superficie bajo riego. “Esto es como el seguro del auto. Vos lo tenés, pero si no lo usas mejor. Pero con riesgo logras estabilidad y te garantizar un ingreso. En niveles máximos, claro. En lugares donde hoy se están cosechando (por la sequía) solo 2.000 kilos por hectárea, bajo riego estás en 8 mil kilos. Y en años normales, donde están en 8.000 kilos podés llegar a 13.000. El diferencial es muy grande”, explicó.

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Parece difícil de entender el enroque, salvo que uno sepa que Bernaudo, en el nuevo gabinete de Agroindustria, actuará como una suerte de “garante” de la continuidad de algunos proyectos que venía llevando a cabo la anterior gestión, y que el gobierno pretende profundizar en esta nueva etapa. “Hay una continuidad en el trabajo y al mismo tiempo se impone otra impronta”, resume Willy.

Mirá el reportaje completo:

Bernaudo considera que la prioridad de su nuevo trabajo como funcionario es simplificar los controles y requisitos burocráticos que tanto molestan a los productores agropecuarios. “Hay controles superpuestos, así que hay que ordenarlo”, opina, sin que esto suponga una renuncia a cumplir con algunas de las funciones indelegables del sector público. “Creo que está claro que esta gestión pretende un Estado bastante presente. Lo que creemos es ordenar y simplificar, porque se puede”, subraya el secretario.

-¿Se puede ser competitivo con el tipo de cambio atrasado?- le preguntamos.

Contesta Willy: “Hay un montón de factores de competitividad que no dependen del tipo de cambio. Hay un montón de mecanismos que te pueden reducir 20 o 30% el costo (de producción). Y cuando vos reducir costos de un lado y trabajás aranceles en a otra punta, un dolar de 18 se puede tranformar en un dólar de 22. El camino viene por bajar costos y el Estado se esta haciendo cargo de bajarlos”.

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