El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde la firma de un nuevo “consenso fiscal 2022” que habilita a los gobernadores a incrementar la presión impositiva sobre el sector privado.
Al anunciar la firma del documento, en un acto realizado en la Casa Rosada, Fernández aseguró que se trata de “un paso más en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina”, refiriéndose claramente al sector público provincial, porque tal política contribuirá a “secar” de efectivo a las empresas.
En lo que respecta a Ingreso Brutos, el proyecto contempla una alícuota máxima de 0,75% para la actividad agropecuaria; de 1,50% para industria, de 5,0% para comercio y actividades inmobiliarias (incluye arrendamientos agropecuarios); de 6,5% para telefonía celular; y de 9,0% para servicios financieros, entre otros rubros.
Si bien el gobierno de cada provincia luego deberá decidir la alícuota por fijar en cada caso, está claro que el “consenso fiscal” está diseñado para incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, lo que podría tener un impacto considerable en el agro, dado que es la actividad que ya soporta la mayor carga impositiva.
El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.
Además, el “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.
El presidente consideró que “es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.
Por otra parte, sobre el impuesto de Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3,0% a la transferencia de automotores y del 2,0% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
El “consenso” fue firmado por todos los gobernadores, con excepción de la ciudad de Buenos Aires (CABA), dado que el jefe de gobierno de esa jurisdicción, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó contrario a realizar un ajuste tributario en la actual coyuntura.
La iniciativa fue firmada por los gobernadores de San Luis y La Pampa, aunque se trató sólo de una cuestión protocolar, porque ambas provincias, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido en la gestión de Mauricio Macri (que establecía un cronograma de reducción tributaria), tienen plena libertad para subir impuestos locales.
Fernández aseveró, por último, que el consenso firmado “preserva la autonomía de las provincias y profundiza el sistema federal”. El presidente estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.
La iniciativa deberá ser aprobada en el Congreso, algo que el año pasado recibió el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores radicales de Jujuy (Gerardo Morales) y Corrientes (Gustavo Valdés), quienes seguramente volverán a validar el proyecto en 2022.
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