El jueves pasado el presidente Alberto Fernández recibió a representantes de las organizaciones Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (Fecofe) y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.
Por algún motivo, los responsables del área de comunicación de Presidencia decidieron no difundir el encuentro, pero sí lo hicieron hoy lunes los integrantes de UTT en redes sociales.
“Fernández valoró el recorrido y desarrollo que venimos acumulando desde las familias campesinas, pequeños y medianos productores y cooperativas, y manifestó su compromiso con la democratización de la tenencia de tierras en Argentina, los derechos campesinos y la pronta sanción de la Ley de Acceso a la Tierra”, señala un comunicado de UTT.
“El presidente aseguró que impulsará financiamiento y políticas públicas para sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario sustentable, justo e inclusivo en nuestro país. En ese marco nos comprometimos a trabajar conjuntamente en pos de garantizar precios justos de los alimentos para el pueblo argentino”. Añade.
Fernández, en la foto publicada por UTT, aparece sosteniendo una hoja en la cual puede leerse “Apoyo la Ley de Acceso a la Tierra presentada por UTT”.
El proyecto, denominado en realidad “Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”, propone destinar tierras fiscales y campos adquiridos con fondos públicos a agricultores familiares, quienes accederían a los mismos en el marco de un crédito hipotecario, que se emplearía tanto para pagar el inmueble como para construir una vivienda y desarrollar el proyecto productivo.
El Fondo Fiduciario administrado por Banco Nación, con una duración de cincuenta años, debería estar destinado a personas inscriptas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) que tengan como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.
UTT estiman que con un fondo de 110 millones de dólares, al cual deberían sumársele la tierra productiva, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia para construir una vivienda y desarrollar un proyecto productivo.
