El gobierno decidió suspender temporariamente las exportaciones de maíz. No se pueden hacer más anotaciones de embarques con fecha anterior al 1 de marzo, según lo que comunicó el Ministerio de Agricultura a las empresas exportadoras. La noticia cayó como un balde de agua fría en la cadena del cereal y en todo el sector agropecuario, que teme que esta sea la primera de una serie de intervenciones en otros mercados de productos sensibles para el consumo interno.
“Fuimos sorprendidos con esta medida que creemos es desacertada”, dijo Alberto Morelli a Bichos de Campo. Morelli es el presidente de Maizar, la entidad que agrupa a esa cadena de valor, la segunda detrás de la de la soja.
“Salir del mercado internacional por dos meses no es bueno para Argentina. Seguimos dando la imagen de que somos un país con una política inestable, lo que nos deja mal parados como proveedores. Desde la mirada interna, no creemos que cerrar el mercado sea la solución para lo que probablemente busque el gobierno, que es una baja en el precio del maíz”, indicó Morelli.
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Según los datos que publico el Ministerio de Agricultura al anunciar la decisión, quedan al presente cerca de 4,3 millones de toneladas del cereal de la temporada 2019/20 hasta el empalme con la cosecha que viene. La medida pretende asegurar la provisión de ese grano a la demanda interna que los transforma en carne o bioetanol y que se encontraba en dificultades para hacerse del producto.
Según Morelli “nunca faltó maíz en Argentina y estamos ante la que será la segunda cosecha histórica en el país. Por eso creemos que es una medida que no tiene sentido y que priva a la economía -según el calculo de las bolsas de cereales- de un ingreso de 810 millones de dólares”.
Es cierto que para los transformadores de maíz el mercado se había complicado, no sólo por el valor del cereal (que como la soja, no para de subir de precio en los mercados internacionales desde mediados de septiembre) sino por su disponibilidad. “No se consigue un grano de maíz”, dijo una vez conocida la noticia un empresario avícola.
Ese problema se agregó a otro anterior: la política de precios de la Secretaría de Comercio Interior que en muchos productos como farináceos, lácteos o carne de pollo. Ese organismo permitió subas menores a 10% al listado de precios máximos fijado en marzo pasado, cuando la inflación al cierre del año -incluso con tarifas congeladas- sería de 40% y los costos de muchas empresas habrían saltado bastante más. Por eso varios sectores fueron a decirle a Paula Español que pensaban dejar de cumplir con esa pauta de precios.
Morelli dijo que no cree que la medida logre el objetivo de bajar el valor del cereal que es materia prima de tantos rubros alimenticios ni que tampoco haya más oferta del producto.
“Si el productor no vende con valores cercanos a los 19 mil pesos, ¿por qué los va a vender en los próximos dos meses con valores más bajos? El análisis es más complejo, tiene que ver con otros temas como el retraso del dólar, las pocas expectativas que tiene el productor para defender sus ingresos, a menos que tenga que pagar gastos directos. No veo que se vaya a lograr baja de precios ni venta importante de maíz”, dijo el presidente de Maizar.
Morelli reconoció que hay dificultades en los transformadores de maíz “que pasan por tener precios congelados, lo que también es parte de la política del gobierno”.
Luego agrego que continuar este tipo de políticas podrían afectar la futura intención de siembra del cereal, que el año pasado venía de producirse por primera vez con mayores volúmenes que la soja.
“Las anteriores intervenciones lo que produjeron fue retracción del área sembrada y es uno de los peligros latentes que tenemos. En los años anteriores, desde 2015 (cuando asumió Mauricio Macri y liberó el comercio del cereal y otros productos agroindustriales), que aumentó más de 60% el área de maíz en Argentina. Perder eso, por mala política, es posible volver a repetir acciones que condujeron al fracaso en el pasado”, advirtió el presidente de Maizar.
