De los 62 Organismos Genéticamente Modificados (OIGM) aprobados hasta aquí por la Argentina, hay 26 (es decir, poco menos de la mitad) que se autorizaron comercialmente en tiempos del gobierno de Cambiemos, y en especial durante la gestión en el Ministerio de Agricultura de Luis Miguel Etchevehere, que se ufanaba de la celeridad que se imponía a ese tipo de expedientes. Luego, en la Argentina esquizofrénica, donde el Estado va un día para un lado y al otro día para el otro, el nuevo gobierno detuvo casi por completo las aprobaciones y solo avaló un evento: el polémico trigo HB4.
¿Por qué las nuevas autoridades peronistas de Agricultura dejaron de dar el visto bueno a nuevos cultivos transgénicos? ¿Es por ideología, temor o por otro motivo que los habitantes de a pie desconocemos?
Quizás una primera respuesta a estos interrogantes se haya publicado este lunes en el Boletín Oficial. Se trata de la Resolución 31/2001 del Ministerio de Agricultura, firmada por el subsecretario de Alimentos Marcelo Alos. Y es que allí la Argentina vuelve a modificar los criterios con los que la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) debe evaluar los OGM antes de darles la autorización comercial.
¿Por qué decimos “vuelve a modificar”? Porque ya se lo había hecho en 2019, en la gestión de Etchevehere. Justamente la nueva resolución deroga aquellas resoluciones de Cambiemos y establece nuevos criterios. Lamentablemente todavía no se conoce la letra chica, porque los anexos respectivos no figuran en el Boletín Oficial y tampoco han sido publicados todavía en la página institucional de Agricultura, como se promete en la misma norma.
Al parecer, el parate casi total en la aprobación de transgénicos luego de un año tiene que ver con que las nuevas autoridades de la Conabia (a principios de 2020 el ex director de Biotecnología, Martín Lema, fue reemplazado por la investigadora del INTA Diana Lewi) creen que los sistemas de evaluación impuestos por la gestión macrista eran demasiado endebles.
La gestión Etchevehere batió récords en la desregulación de transgénicos: Aprobó casi uno por mes
Lo insinúa la propia resolución: “Con el Decreto 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, se inició un proceso de eliminación y simplificación de normas de diversos regímenes, proponiendo el establecimiento de un marco regulatorio y procedimental sencillo y directo, mediante la utilización de principios con un enfoque integral, creativo e innovador al abordar la reforma regulatoria necesaria en el ámbito del Sector Público Nacional”. Era el decreto que establecía el camino para la “simplificación” de trámites, que fue tan meneada por los anteriores funcionarios. Al parecer, hacer las cosas tan simples no era bueno en esta materia de aprobación de transgénicos.
La nueva normativa parece poner el acento en los OGM apilados, como se conoce a las semillas que tienen varios eventos de modificación genética acumulados, por ejemplo resistencia a un herbicida y a la vez a una plaga. Esto es cada vez más frecuente en la industria.
“La experiencia ha demostrado la necesidad de evaluar las acumulaciones conformadas por eventos en las que todos ellos hayan recibido autorización comercial, considerando a cada uno de manera específica previo a su liberación al agroecosistema”, indica la nueva resolución. “Es necesario que las mencionadas acumulaciones de eventos sean presentadas a través del procedimiento de Instancia de Consulta Previa, a fin de que las mismas sean tratadas caso a caso”, añade.
La gestión de Lewi (en la foto), por lo pronto, decidió derogar dos resoluciones impulsadas por sus antecesores en 2019 y estableció nuevos “procedimientos para el análisis de riesgo que realiza la CONABIA respecto de los OGM Vegetales, como uno de los requisitos previos para solicitar la autorización comercial de los mismos”. A la par, la nueva normativa aprobó un reglamento para realizar este análisis de riesgo.
La Conabia, creada en 1991 y conformada por representantes del sector público y el privado, haría dado su aval a estos cambios en septiembre de 2020. Se trata de la instancia técnica que tiene la palabra final en materia de aprobación de OGM, aunque un cultivo transgénico también debe pasar por evaluaciones del Senasa -que analiza el riesgo de su consumo por personas y animales- y de la propia Secretaría de Alimentos, que debe analizar el impacto comercial de cada liberación.
Veremos que sucede a partir de ahora. Lo cierto es que con estas idas y vueltas el Estado ha escrito un nuevo capítulo de la Argentina esquizofrénica, que en un gobierno aprueba transgénicos a raudales y en el siguiente detiene por completo el flujo de estas tecnologías.
