En 2023 finaliza el régimen de promoción para la industria electrónica en la provincia de Tierra del Fuego, que este año tendrá un costo fiscal del orden de 77.800 millones de pesos.
Pero si los pauperizados ciudadanos argentinos creen que por fin van a zafar de comprar tecnología del tercer mundo a precios del primero, probablemente se equivoquen porque ya comenzó el “lobby” para extender la vigencia del régimen.
“La extensión del subrégimen industrial para Tierra del Fuego es urgente e indispensable”, indicó el gobernador fueguino, Gustavo Melella, a la agencia oficial Télam.
“Es urgente porque tanto los trabajadores como las empresas y nosotros, el gobierno (provincial), necesitamos tener la certeza de que se va a extender por los próximos 25, 30, 50 o 70 años; lo que determine el gobierno nacional”, acotó el mandatario, dando a entender que, para empezar a hablar, espera una extensión de al menos 25 años.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego permite que un pequeño grupo de pseudo-empresarios venda artículos digitales y electrodomésticos a precios exorbitantes, además de consumir un caudal excesivo de divisas, dado que importar piezas para ensamblarlas requiere mucho más recursos que importar el producto terminado desde el país de origen.
El “coto de caza” de las empresas integradas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte, aunque bien podría ser Afanarte) siempre se escuda, cuando se la cuestiona, en la preservación de los puestos de trabajo que generan las ensambladoras. Pero Tierra del Fuego tiene condiciones para crear empleos genuinos sin necesidad de seguir extrayendo recursos de la empobrecida población argentina.
El “corralito tecnológico”, además de impedir que los argentinos podamos contar con una gran diversidad de artículos a precios accesibles, impide una eventual integración comercial plena con China, por medio de la cual podríamos incrementar las exportaciones de productos agroindustriales a ese destino a cambio de importar, sin restricciones, productos digitales y electrodomésticos de la nación asiática.
La contracara de la estafa fueguina es un déficit comercial absurdo con China, que en 2020 acumuló un agujero de 3270 millones de dólares, cuando, al tratarse de una nación que importa volúmenes gigantescos de alimentos, debería generar superávit comercial para una nación de base agroindustrial.
Tierra del Fuego tiene todas las condiciones para seguir el ejemplo de Chile, nación que desarrolló la producción de salmones para generar miles de empleos y transformar al sector en uno de los principales generadores de divisas, que en 2020 acumuló casi 4000 millones de dólares, una cifra superior a todas las exportaciones cárnicas argentinas del período.
Sin embargo, la mayor parte de los fueguinos se oponen a las salmoneras porque, aseguran, no quieren alterar el ambiente. Y está muy bien, porque tienen pleno derecho de hacer lo que mejor les parezca con su territorio. Pero el resto de los argentinos también tenemos derecho a exigir que no nos roben más.
Bonus track: una cifra de 77.800 millones de pesos es 15.400% superior al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios establecido por la Ley 26.509.
