La versión oficial indica que las nuevas exigencias implementadas por la resolución 60 son necesarias para asegurar la “transparencia” del sector agroexportador. Pero todo indica que volvieron los ROE a través de los cuales se cuotificaron las exportaciones durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
“Que el Estado intenté detectar a exportadores que subfacturan, que no ingresan las divisas correspondientes o cometen alguna otra irregularidad, nos parece positivo”, apuntó Fernando Herrera, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (Apea).
“Pero no queda claro porqué la norma pone a todos los exportadores sin planta propia en la misma sospecha de los que hacen las cosas mal –que son una minoría– y los obliga a generar un montón de documentación. No se entiende porqué el corte es tener o no tener planta para pasar a ser parte de la categoría de sospechoso”, añadió a Bichos de Campo.
Herrera considera que el aspecto más complejo de la resolución 60 es el que obliga a los exportadores sin planta a presentar un “plan de trabajo” que proyecte para el próximo año un detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos.
“Los trámites son engorrosos, pero son factibles de hacer, el tema es qué uso se le van a dar a esos datos. En la Argentina, en medio de una pandemia, nadie sabe lo que a suceder en los próximos dos meses. El negocio, además, es lo suficientemente dinámico como para que se produzcan cambios permanentes en función de las condiciones del mercado, especialmente con la incertidumbres presente en la actual coyuntura global”, explicó el presidente de Apea.
“Puede pasar, por ejemplo, que alguien diga voy a exportar 100, y no se alcance esa cifra, y que alguien en el Estado diga como no cumpliste, vamos a limitarte la posibilidad de exportar; o viceversa, puede ocurrir que, afortunadamente, se pueda exportar más de lo planificado, y que el Estado diga no vas a poder exportar más de lo que dijiste que ibas a vender”, argumentó.
Herrera recuerda que durante el gobierno de Fernández de Kirchner se aplicaron criterios discrecionales en la gestión de datos que complicaron las operaciones de comercio exterior sin un sustento técnico válido.
“En el gobierno (kirchnerista) anterior, dentro de los parámetros para la adjudicación de cuota Hilton nos pedían la cantidad de empleados de las firma exportadora y de los campos proveedores de los novillos; todos los meses había que presentar la nómina. Un mes un productor descubrió que un peón le robaba y lo despidió con causa. Cuando presenté la documentación, en Comercio Interior detectaron que faltaba un empleado declarado y no habilitaron la operación”, rememoró.
“Esto ya lo vivimos. No es oportuno meter en la misma bolsa a todos, cuando el Estado tiene herramientas disponibles para investigar a aquellas firmas que realizan operaciones sospechosas”, sostuvo Herrera.
“Si por un lado la secretaria de Comercio Interior (Paula Español) asegura que no le va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones y, algunos días más tarde, nos solicitan datos que en algún momento se emplearon con fines diferentes a los que habían sido diseñados, entonces tenemos un motivo para preocuparnos”, concluyó.
