El gobierno nacional – en lo que va camino a constituirse como un nuevo clásico nacional– se prepara para violar por treceavo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”.
La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán, equivale a un monto de 30.600 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 15.000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
Increíblemente, a pesar de la violación sistemática de la Ley 26.331, legisladores de todas las fuerzas políticas presentaron el año pasado diferentes proyectos para crear un “Fondo Nacional de Humedales” orientado a compensar a propietarios de zonas de humedales declaradas como área de conservación.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatió los proyectos presentados y consensuó un documento único que fue girado posteriormente a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros.
