Los principales integrantes del gobierno argentino están buscando un culpable para la avalancha de problemas económicos que viene en camino, la cual, por más barreras que puedan interponérsele, atravesará por su enorme fuerza inercial a todos los habitantes del territorio.
Los representantes de los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial argentina vienen haciendo esfuerzos por crear canales de diálogo y negociación con funcionarios del gobierno nacional, mientras intentan explicar a la comunidad que los precios internos de los productos agropecuarios ya están “desacoplados”, que la inflación es un fenómeno monetario y demás cuestiones que no tienen ninguna importancia en la actual coyuntura. Porque el gobierno ha decidido instalar una narrativa que liquidó todas esas iniciativas.
Si bien el escenario económico pandémico presenta desafíos a escala global, en las naciones con políticos razonables se buscan soluciones consensuadas entre las partes por medio de acuerdos. Pero no es el caso de la Argentina, donde el gobierno está empecinado en vender a su desilusionada base electoral que un grupo de malvados está conspirando para que a ellos no les alcance el dinero para vivir, ya sea que el mismo provenga de un empleo, changas o planes sociales.
En las últimas dos semanas diferentes funcionarios y referentes afines al gobierno de Alberto Fernández comenzaron a instalar la nueva línea discursiva en la cual los productores agropecuarios son los malos de la película. Y hoy fue el propio presidente el que hizo su aporte al respecto.
Las personas que no integran la base electoral de la coalición gobernante –liderada por kirchneristas y secundada por peronistas– pueden entender perfectamente que el año 2020 terminó con un déficit fiscal histórico financiado casi en un 27% con emisión monetaria, la cual se profundizará en 2021 por tratarse de un año electoral. Es decir: inflación galopante asegurada en un contexto social complejo.
Ya no se trata solamente se avanzar sobre el sector agroindustrial para intentar recaudar más –como sí fue el objetivo prioritario en 2008 con las denominadas retenciones móviles–, sino de crear un enemigo al cual culpar para evitar quedar pegado al descalabro económico y social en progreso que se viene registrando desde 2018 en la dinámica macroeconómica argentina.
Con la intervención total de los mercados agrícolas y ganaderos el gobierno –a costa de promover una desinversión masiva en ambos sectores– puede llegar a ganar algo de tiempo, pero no mucho, porque son demasiadas las actividades que tienen precios pisados por orden oficial. Muchas empresas ya redujeron la calidad del producto o servicio que proveen para intentar sobrevivir a la coyuntura. El siguiente paso –si no consiguen algo de oxígeno pronto– será deshacerse de parte de su estructura para reducir erogaciones.
La jugada del gobierno constituye un desafío para la dirigencia agropecuaria argentina, que ni siquiera pudo ponerse de acuerdo en los dos paros comerciales realizados durante la gestión de Alberto Fernández.
A diferencia del conflicto de 2008, cuando los cortes de rutas realizados por productores representaban un pasivo político para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el actual escenario esa metodología de protesta puede llegar a constituirse como un activo, dado que, precisamente, la base de la estrategia es instalar a los empresarios agropecuarios como desestabilizadores de algo que, por cierto, no necesita ninguna ayuda para desestabilizarse por su propia cuenta.
En términos políticos, las movidas de ajedrez que viene mostrando el gobierno son propias de profesionales. Y para poder jugar se requiere que del otro lado también haya profesionales. Esta partida no es para amateurs.
