El gobierno de Alberto Fernández publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto 805/2001, que extendió hasta fines de 2025 un régimen sobre derechos de los pueblos originarios que en los últimos años facilitó las usurpaciones de campos en diferentes regiones del país, debido a que desde 2006 habilitó un régimen de regularización de tierras reclamadas que nunca se termina, y que maniata de manos a los jueces cuando éstos deberían intervenir en un caso de ocupación que colisiona otros derechos.
El decreto prorrogó la Ley 26.160, por medio de la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente eran ocupadas por comunidades indígenas originarias.
Esa ley expiraba el próximo 23 de noviembre, pero ahora el decreto firmado por Fernández y por todos sus ministros (lo que muestra la sensibilidad del asunto) “prorrogó los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las Leyes 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025”.
Es que sí, la ley original fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero luego fue prorrogada en tres oportunidades (2009, 2013 y 2017). Esta es la cuarta ocasión, y el relevamiento de tierras de las comunidades originarias que ordena efectuar ara reparar esos derechos no se ha concluido nunca.
¿Por qué se extendió ese plazo por decreto?
Existe un proyecto oficial de extensión de esa norma que si bien cuenta con media sanción del Senado, recién fue tratado el miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados –donde obtuvo dictamen favorable– y ya no dispone de tiempos legislativos par ser aprobado en la Cámara baja.
En ese marco, el gobierno extendió la norma por decreto, a pesar de que la misma, como exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios por parte de grupos que en varios casos han empleado métodos violentos. Es lo que denuncian productores del sur y el norte del país.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados presuntamente por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto de prórroga de la Ley 26.160. La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores de Juntos por el Cambio, mientras que otros cuatro senadores de ese bloque se abstuvieron de votar.
Este miércoles, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio mostró una posición diferente a la registrada en el Senado al rechazar el dictamen de mayoría promovido por el Frente de Todos y presentar uno de minoría, en el cual se solicita que la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras reclamadas, se aplique solamente para situaciones presentes con anterioridad a 2006, de manera tal de que no se siga promoviendo la aparición de nuevos supuestos “pueblos originarios” que aparecen todos los años para reclamar la posesión de tierras de manera indebida.
“En Chubut hay laburantes que tienen miedo porque esa escalada de violencia está avalada por gestos como estos; no son cuestiones burocráticas menores”, indicó Ignacio Torres, diputado del PRO de Chubut, al rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo.
“Muchas de esas tomas violentas no tienen nada que ver con pueblos originarios, aunque se amparen en un reclamo legítimo, que nadie desconoce, para poder accionar de manera violenta”, apuntó.
En referencia a los integrantes de los pueblos originarios que en realidad no lo serían, Torres dijo que “muchos de ellos tienen característica (telefónica) 011 (correspondiente a la ciudad de Buenos Aires) y están avalados y financiados por sectores de este gobierno, porque eligen avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.
En tanto, Gustavo Menna, diputado de la UCR por Chubut –una provincia afectada por las usurpaciones constantes–, afirmó que la extensión de la Ley 26.160 “implica algo grave, como es que durante la emergencia nos entrometernos en las decisiones de otro poder del Estado, como es la justicia, y mandamos a suspender sentencias de desalojo, que están firmes y a las que se llegó después de transitar un proceso con todas las garantías, donde se le dio la razón a una de las partes”.
“Sin embargo, esta ley dice no se ejecuta la sentencia y a eso hay que ponerle un tope temporal y ese tope no puede ser otro que la situación existente en el año 2006, porque si no vamos a seguir estirando y prorrogando, en el interín se seguirán generando situaciones litigiosas, con todo lo que eso implica en términos de injusticia para quien la padece, pero además de inseguridad jurídica”, advirtió.
