El proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2022, que se encuentra en el Congreso, contempla para el año que viene un gasto de 463.412 millones de pesos para financiar regímenes de promoción económica.
La mayor parte de ese monto, una cifra de 220.482 de millones de pesos, corresponde al régimen de promoción de Tierra del Fuego, el cual contempla liberación de IVA, exención del impuesto a las Ganancias y de derechos de importación, además de alícuotas reducidas de impuestos internos sobre artículo electrónicos.
En el segundo lugar de la lista –con una suma de 199.032 millones de pesos– se encuentra el régimen para Pymes de pago a cuenta de Ganancias del 100% del impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, algo que, más que una promoción, es la devolución de un tributo que es un verdadero robo a las vapuleadas pequeñas y medianas empresas.
En tercer lugar, con un monto presupuestado para 2022 de 33.039 millones de pesos, se encuentra la “no gravabilidad del impuesto sobre los Combustibles”, algo que no corresponde computar como un “régimen de promoción” porque la propia Ley Nº 23.966, con sus respectivas modificaciones, establece que tanto el biodiésel como el bioetanol no resultan alcanzados por ese impuesto.
¿Hay algún régimen de promoción específico para el sector agropecuario? Pues claro, no se pongan impacientes, que el proyecto de Presupuesto 2022 contempla una partida de 116,5 millones de pesos para el régimen de inversiones para bosques cultivados.
Pero en 2021 se habían asignado 279,5 millones de pesos para el régimen de bosques cultivados. ¿Eso implica que se va desfinanciar el año que viene? Para nada, pero la mayor parte de los aportes que recibirá el mismo provendrán de un nuevo impuesto que comenzó a aplicarse recientemente sobre los seguros automotores.
¿Cuánto representa una suma de 220.482 de millones de pesos? Nada menos que casi el 20% de lo que Estado nacional –según el propio proyecto oficial de Presupuesto– planea recaudar el año que viene en concepto de derechos de exportación, un impuesto que, casi en su totalidad, es soportado por el sector agropecuario.
El régimen de promoción de Tierra del Fuego fue creado por la Ley Nº 19.640 del año 1972 con el propósito de subsidiar la radicación de industrias tecnológicas para que las mismas, luego de varias décadas, pudiesen tornarse lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal.
Y ese momento finalmente llegó, porque el régimen finaliza en 2023, pero lo cierto es ya comenzó una intensa campaña para extenderlo por varias décadas más, lo que representa una desvirtuación de la Ley Nº 19.640, cuyo propósito original fue fomentar el desarrollo de un polo industrial y no un “agujero negro” de subsidios estatales financiado hasta la eternidad con dinero de todos los argentinos.
