En la Argentina la carga tributaria presente en el negocio de la soja supera a todos los costos de producir, comercializar, transportar e industrializar el poroto.
Semejante extracción, que en cualquier otra nación agrícola sería considerada una auténtica locura, en la Argentina es parte de la realidad cotidiana. El Estado se queda con el 46% del precio de la soja, mientras que el costo de producción es del 42%. El restante 12% se tiene que repartir –“pichulear” podríamos decir– entre empresarios y asesores agrícolas, transportistas, corredores de granos, acopiadores, industrializadores y exportadores.
Así lo determinó un trabajo realizado por la Fundación FADA en base a un modelo representativo del negocio sojero, con elaboración de harina y aceite de soja, para el período comprendido en el primer semestre de 2021.
Para poner números a las proporciones, sobre un valor compuesto de la soja de 564,0 u$s/tonelada –que se obtiene se sumar lo generado por la venta de harina y aceite de soja–, el Estado se quedó con 260,5 u$s/tonelada. Esa cifra representa nada menos que el 66,7% del margen bruto de la cadena de valor sojera.
Los derechos de exportación representan en el modelo en cuestión el 67% de la carga tributaria, mientras que otro 22% corresponde al impuestos a las Ganancias que también percibe el Estado nacional. Es decir: la carga tributaria, además de ser colosal, es transferida en su mayor parte al gobierno nacional y apenas quedan unas pocas migajas en las comunidades en las cuales se generó la riqueza.
Dos años atrás, con un precio compuesto de la soja de 364,9 u$s/tonelada, la carga tributaria presente sobre el poroto era de 41%, lo que implica que la voracidad del Estado nacional se incrementó en línea con el crecimiento de la cantidad de riqueza generada por el sector agrícola argentino.
Ese crecimiento de la voracidad fiscal se explica mayormente por el aumento de las alícuotas de derechos de exportación, que pasaron de un promedio del 27,1% en 2019 para todos los productos del complejo soja a 33% en soja grano, 31% harina y aceite y 22% en pellets de cáscara de soja.
Si bien las provincias hidrocarburíferas perciben regalías atadas a la producción de petróleo y gas generada en sus respectivos territorios, las provincias de base agrícola deben padecer la extracción constante de recursos sin derecho a queja alguna, dado que, irónicamente, dependen de la buena voluntad del gobierno nacional de turno para solicitar fondos estatales.
