Los sectores que pudieron seguir trabajando durante el aislamiento obligatorio no estuvieron exentos de sobresaltos durante el año 2020. Especialmente si se dedican a elaborar alimentos la canasta básica.
Los integrantes de la Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina (Uifra) son uno de ellos, dado que quedaron comprendidos en el congelamiento de precios dispuesto por la resolución Nº 100 de la Secretaría de Comercio Interior, la cual, en principio, iba a aplicarse solamente durante 30 días para evitar movimientos especulativos de precios durante el comienzo de las restricciones implementadas para intentar evitar la expansión del Covid-19.
El congelamiento de precios de los fideos coincidió con un aumento explosivo de la demanda, dado que la mayor parte de las familias argentinas comenzaron a sobreestoquearse con alimentos básicos.
“Desde el primer momento, se puso en evidencia que trabajar en el contexto de la pandemia ocasiona sobrecostos y reduce la productividad. Tal es así que al mes de decretarse el congelamiento ya se advertían los primeros desfasajes”, comenta un artículo publicado por Uifra en su Anuario 2020.
Por ese motivo, el 17 de abril los representantes de Uifra solicitaron una reunión con funcionarios de Comercio Interior para explicarles que, además de los problemas operativos y logísticos generados por la pandemia, el congelamiento de precios resultaba especialmente perjudicial para un sector integrado mayormente por Pymes familiares de capitales argentinos.
Las gestiones no tuvieron mayor éxito porque la resolución Nº 100, además de prorrogarse de manera sucesiva hasta finalmente extenderla hasta el próximo 31 de enero, obligó a las empresas a producir “al máximo de su capacidad”.
Uifra explica que eso obligó “a las empresas a vender productos incluso a contra margen en algunos casos” y que se pasó por alto “el hecho de que la demanda solo se ha mantenido respecto de productos de primera necesidad”, mientras que las ventas de alimentos con mayor valor agregado cayeron.
“Incontables fueron las reuniones mantenidas entre la Secretaría de Comercio y el sector privado desde que se iniciara el congelamiento. Y en todas ellas eran reiterados los mismos conceptos: el privilegio del que gozaban las actividades esenciales por estar operativas y el congelamiento tarifario del que nos beneficiábamos. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta los sobrecostos provocados por la pandemia, ni tampoco las “micro” devaluaciones (prácticamente a diario) que fueron una constante durante el período del congelamiento”, señala el artículo de Uifra.
“A pesar de que la necesidad de aplicar ajustes se demostró en cada oportunidad con solidez técnica, nuestro sector recibió autorización para la aplicación de apenas un insuficiente 4% a mediados de julio, más un 3% en octubre”, añade.
“A esta altura, la incomodidad más grande consiste en no tener una previsión sobre cómo se hará para normalizar el sistema de precios. La reiterada propuesta del sector privado ha sido la de solicitar deslizamientos graduales a ser implementados de forma urgente. La agroindustria ha cumplido un rol social clave en la emergencia y puede tenerlo también para la recuperación. Pero al contrario de esto, nos sumergimos progresivamente en una gran crisis”, advirtió.
