El primer dato a tener en cuenta es que se trata de un hecho extraordinario que las diversas cámaras de la actividad frutícola de la Argentina se reúnen para escribir un comunicado. Debe ser importante lo que necesitan decir, porque siempre hablan por separado. Leamos el comunicado.
Lo que quieren decir a coro es que el actual esquema de retenciones, tal y como lo concibieron el ministro Nicolás Dujovne y su equipo de funcionarios de Hacienda (sin consultar a los especialistas del ex Ministerio de Agroindustria), las está dejando fuera de competencia. Y que corren peligro sus exportaciones de 2019 si no se hacen algunas correcciones de manera urgente.
Lo segundo que quieren decir es que a pesar de que en el Gobierno conocen este diagnóstico, y en algunos despachos hasta lo comparten, nadie les da bolilla. Eso es lo que más les preocupa.
Firman el comunicado, como “las entidades que representan más del 90% de la exportación argentina de frutas frescas”, las cámaras FEDERCITRUS (cítricos), CAFI (peras y manzanas), ABC (arándanos) y CAPCI (cerezas). Nunca antes se había visto una movida semejante.
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En la nota a la opinión pública, estas entidades solicitan “eliminar los derechos de exportación e incrementar a sus valores originales los reintegros de las posiciones del Capítulo 08 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR”. Es decir, dar marcha atrás con las medidas que Dujovne impuso en septiembre pasado.
Estas dos decisiones (el regreso de retenciones y el achique de reintegros), más “costos internos en continuo ascenso”, golpean fuertemente, advierte un sector clave para varias economías regionales.
“Las frutas quedaron grabadas con el máximo de 4 pesos, situación que fue reconocida como un error en innumerables reuniones con los distintos Ministerios y Secretarías del Gobierno Nacional”, expone el comunicado. Al parecer, muchos funcionarios (salvo Dujovne) reconocen a los productores ye xportadores de frutas “como un sector de alto valor agregado, con lo cual, el máximo tributo a la exportación debería ser de 3 pesos por dólar”. Así las cosas, la retención les bajaría un puchito, de 11% a 7% aproximadamente. Advierten que aún así serían”igualmente paralizantes de la actividad exportadora de producciones regionales, la mayoría en procesos de estancamiento o supervivencia”.
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El otro quilombo pasa por los plazos de pago de esas retenciones. Para estos exportadores debería ser de al menos 120 días luego de concretado cada negocio, como una manera “de aliviar la carga financiera de los exportadores de frutas frescas y productos agroindustriales”.
Los plazos para el pago de los Derechos fue establecido originalmente en magros 15 días y luego se extendió a 60, pero solo para las Pymes.
“El sector frutícola en el 2008 había alcanzado 1.500.000 toneladas de fruta de exportación mientras que en 2017 la cifra fue de 750.000 toneladas, o sea que se perdió el 50% del volumen exportado. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Existe potencial para crecer pero necesitamos medidas que nos hagan competitivos y que incentiven a los sectores a invertir generando más puestos de trabajos y mejorando las economías de provincias, en muchos casos con altos índices de pobreza”, dijeron las cuatro cámaras del sector.
Dujovne, media pila. Los frutícolas al unísono te están reclamando estas correcciones y te avisan que, de lo contrario, todo irá peor. “Apelamos a que en lo inmediato se produzcan estos cambios solicitados y se evite así, un daño mayor a un sector que viene sufriendo la falta de competitividad y que además genera más de 150.000 puestos de trabajo (1 trabajador por hectárea), con producciones en más de 10 economías regionales que exportan valor agregado argentino a más de 70 países y genera más de 1.900 millones de dólares de divisas para el país”, concluyeron.
