Para tratar de recuperar la iniciativa, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás PIno, aprovechó la asamblea de Armstrong para pedirle al presidente Alberto Fernández que derogue de inmediato las retenciones vigentes, del 33% para la soja, del 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne. El argumento es que serían “inconstitucionales”.
“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”, explicó luego la SRA en un comunicado.
La explicación, más pulida, es que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que desde 2019 delegaba en el Presidente de la Nación la potestad de reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, “convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, según evalúan en la SRA.
Por eso, desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, Pino exhortó al presidente a dejar de cobrar un impuesto que ya no tendría sustento.
“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el dirigente.
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino, que también dejó abierta la puerta a una serie de planteos judiciales por este tema.
