Hace tres o cuatro meses, no más de eso, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había logrado sumar a la por entonces díscola Sociedad Rural Argentina (SRA) al flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el bloque de más de sesenta entidades y cámaras del sector que pretendía establecer un diálogo mucho más maduro con el gobierno kirchnerista luego de tanto tiempo de desencuentro entre el campo y la política pública. Pero ahora, ambas entidades agropecuarias están anunciando su retiro del bloque.
La idea en ese momento, que coincidió más o menos con la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, era consolidar el bloque gremial representativo de los productores primarios en ese territorio ampliado a los otros eslabones de las cadenas vinculadas al agro, para defender desde allí un proyecto de país agroexportador abierto al mundo. Pero con el correr de las semanas, y gracias a las hábiles artes de la política ejecutadas por Domínguez, quedó claro que eso iba a ser imposible, al menos por ahora.
A pesar de que sus dirigentes hicieron oportunamente mucho para sumar a toda la Mesa de Enlace a esa suerte de coordinadora agroindustrial, ahora son CRA y la SRA las que decidieron, sin esperar a sus pares de las otras entidades gremiales, abandonar el CAA.
¿Por qué razón? “Las pocas medidas tomadas en relación al CAA, han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria”, resumió CRA en un comunicado. “Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores” declaró Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, por su lado. Ambas entidades se mostraron descoordinadas y divididas incluso para hacer el mismo anuncio. Una salió a los apurones y la otra debió seguirla, cuando estaba acordada hacer un comunicado simultáneo el viernes por la mañana.
La confirmación de que las exportaciones de carne seguirán encorsetadas hasta fin del gobierno de Alberto y Cristina (cosa que no ha salido a criticar nadie del Consejo), más la chance muy posible de que desde el Ministerio de Agricultura se impulse un fideicomiso para que se subsidie a molinos harineros y avícolas con dinero del trigo y maíz que seguramente será descontado a los productores (en una nueva retención encubierta), han sido demasiado para este sector de los dirigentes rurales. A eso se suman los cierres de las exportaciones de ambos cereales, que parecen ser bien digeridos por los grandes exportadores.
La Federación Agraria y Coninagro están dudando sobre qué hacer, pero lo más probable es que al menos la segunda decida permanecer dentro de CAA, argumentando que representa a cooperativas de varios sectores y actividades, y que tienen también una pata agroindustrial innegable.
Lo cierto es que el sueño de ver unida a la Mesa de Enlace, terciando por los derechos de los productores dentro de una confederación agroindustrial más amplia, se está yendo al tacho. Y lo mismo sucede con la pretensión del CAA de representar a todo el arco productivo.
El bloque que coordina el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, y que se mueve sobre todo con la impronta de exportadoras agrícolas, molinos harineros, empresas semilleras y otros pocos sectores, sin el acompañamiento de las principales gremiales agropecuarias, mal podrá decir ahora que representa al conjunto del agro argentino.
“La idea de generar un gran acuerdo entre sectores productivos primarios y la industria ha sido históricamente mirada con generosidad e interés por nuestra entidad. Por ello apreciamos como una idea feliz aquella que derivó en el llamado Consejo Agroindustrial Argentino, que tuviese una muy publicitada presentación ante el Gobierno Nacional y los distintos actores políticos”, indicó CRA en un comunicado en el que explica las razones de su partida. .
La entidad rural que preside Jorge Chemes recordó que se sumó al Consejo “coincidiendo y aportando para crear un marco de estabilidad fiscal y financiera sectorial hasta el 2030”. Eso iba a lograrse con un proyecto de ley de fomento a las inversiones, del cual se apropió el ministro Domínguez a los pocos días de asumir, en un acto compartido con Cristina y el propio Presidente Fernández. El proyecto finalmente se envió al Congreso sin el componente de discusión sobre las retenciones que reclamaban los productores. Y en ese mismo acto, el flamante ministro definió como “bienes culturales” los tres productos agropecuarios sobre los cuales el gobierno sigue interviniendo para “desacoplar” los precios siempre en perjuicio del productor: el trigo, el maíz y la carne vacuna.
Cada iniciativa desplegada por Domínguez en los últimos meses en este sentido resultó una estocada certera contra las posibilidades del CAA de mantenerse unido, especialmente porque el tan mentado “desacople” generalmente significa que los productores pierdan dinero de sus ingresos que usualmente podrían ser repartido entre otros eslabones de la vasta cadena agroindustrial.
Por eso era cuestión de horas el alejamiento tanto de CRA como de la Sociedad Rural. Ambas, a esta altura, se sienten convidados de piedra mientras el ministro Domínguez festeja porque la tarea que le encomendaron resultó efectiva en muy corto plazo de tiempo: asumió en septiembre y solo cuarto meses después puede mostrarle a Cristina y Alberto un frente agropecuario que quedó diezmado y repleto de enfrentamientos e internas.
La salida de CRA y de la SRA del Consejo se conoce a pocas horas de que sectores de productores autoconvocados realicen una asamblea en la localidad de Armstrong, en Santa Fe. Allí van a concurrir los dirigentes de la Mesa de Enlace y se esperaban fuertes críticas hacia su gestión, especialmente luego de que el bloque agropecuaria pareciera convalidar la propuesta de Domínguez para extender el cepo de la carne vacuna hasta fines de 2023.
También debido a la insólita situación que se produjo después de esos anuncios, el lunes pasado. El ministro difundió la foto de una reunión informal que había mantenido con el asesor de CRA, Matías Lestani, quien había actuado como principal negociador de esa entidad ante el gobierno. A las pocas horas, se sabía que Lestani pasaría a ocupar el cargo de secretario de Agricultura, debajo del propio ministro Domínguez.
Sin embargo, en su comunicado CRA se esforzó para que su salida del Consejo Agroindustrial no se viera salpicada por ese episodio ingrato, en el que muchos ruralistas de sus filas calificaron a Lestani directamente como un “traidor” a los principios de la entidad. Más bien explicó que “habiendo analizado los hechos transcurridos y las medidas anunciadas en los últimos 18 meses por parte del Gobierno, algunas de ellas siendo tratadas previamente con representantes del CAA, entendemos que los perjuicios que recayeron sobre los productores representados legítimamente por nuestra entidad ameritan que nos desvinculemos de dicho Consejo”.
“El histórico lema de nuestro Movimiento Rural Confederado, ‘Justicia económica para el productor rural’, fue por un momento soslayado por intereses ajenos al productor”, añadió CRA, que de este modo anunció su decisión de “retirar a sus técnicos y representantes en las mesas de trabajo”, avisando que “siempre estaremos dispuestos a ideas nuevas para un país distinto, pero no para consolidar viejas prácticas comerciales en detrimento de nuestros productores”.
