En febrero pasado, Bichos de Campo informó que algunas empresas del sector alimenticio estaban reclamando cerca de 3.000 millones de pesos al Estado por no haber cobrado todavía algunas de las compensaciones que la ex ONCCA repartió a mansalva entre 2007 y 2011, hasta que la ex presidenta Cristina Kirchner eliminó ese organismo en medio de infinitos y comprobados casos de corrupción en la distribución de esos subsidios. La validez o no de estas supuestas deudas, que el gobierno de Mauricio Macri envió a revisión, ahora deberán ser analizadas por el nuevo gobierno de Alberto Fernández.
Esta historia debería ingresar al gran libro de las paradojas de la historia argentina. Es que luego de recuperar el control de la vieja UCESCI (unidad creada por Guillermo Moreno en Comercio Interior en reemplazo de la ex ONCCA), también volvieron al Ministerio de Agricultura decenas de expedientes judiciales que reclamaban al Estado por presuntas deudas por las compensaciones que el propio Moreno había ordenado pagar en sus mejores tiempos. Eran reclamos de avícolas, de molinos harineros, de aceiteras y hasta de algún que otro feedlot. Todos los sectores beneficiados por el ex secretario de Comercio.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, a instancias de Moreno y de Ricardo Echegeray,m el ex titular de la ONCCA y la AFIP, todos esos sectores cobraron más de 3.000 millones de dólares en subsidios o “compensaciones” destinadas a evitar un aumento de los precios de los alimentos que finalmente no se evitó. Pero al parecer, con la disolución de la ONCCA en febrero de 2011, quedó un saldo impago, que los abogados de la UCESCI y Comercio Interior dejaron avanzar. Según distintas fuentes cercanas a estos expedientes, se reclamarían en total unos 3.000 millones de pesos.
Cuando volvió a recibir los expedientes, la cartera al mando de Luis Miguel Etchevehe decidió parar la pelota. El 5 de febrero pasado dictó una resolución en la que “se dispuso suspender por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido compensaciones al consumo interno, estableciéndose que dicho plazo podría ser prorrogado por única vez, hasta por igual plazo, mediante resolución fundada”.
Al mismo tiempo, se solicitó la intervención de la Unidad de Auditoría Interna de Agricultura y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Se les reclamó hacer un análisis pormenorizado “de los procedimientos que concluyeron con el reconocimiento de compensaciones al consumo interno”, como para no pagar finalmente gato por liebre.
Es decir, los funcionarios de Agricultura, sospechando que muchos de esos expedientes podían estar viciados de corrupción, decidieron suspender todo el proceso legal hasta conocer los resultados de una “auditoría integral” sobre todo el universo de dinero que le reclaman las empresas supuestamente acreedoras de la ex ONCCA.
“Cabe recordar que aquella medida, junto con otras también plasmadas en la misma resolución, fueron adoptadas porque ante la posible verificación de irregularidades y la posible comisión de delitos en los expedientes por los que tramitaran las solicitudes de compensaciones al consumo”, se explicó en ese lenguaje leguleyo característico de los expedientes oficiales.
¿Y qué sucedió ahora? Este lunes, en la Resolución 211, se decidió prorrogar por otros 90 días hábiles la suspensión vigente ya que aquel proceso de revisión todavía no concluyó. “El informe de auditoría requerido se halla en la etapa de traslado, para responder las observaciones de los hallazgos formulados en el informe preliminar de la Unidad de Auditoría Interna”, explicó la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo.
Aquí la paradoja. Con esta prórroga, la fecha final de la revisión de esos dudosos expedientes de la ex ONCCA debería trasladarse hasta fines de febrero de 2020. Para ese entonces, ya habrá asumido el gobierno del presidente electo Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner será la vicepresidenta.
Finalmente quienes deberán tomar la decisión política de cancelar o rechazar el pago de esta deuda por compensaciones -en función de lo que surja de la auditoría integral- son casi los mismos que gobernaron la Argentina en el momento en que se generaba esta supuesta deuda de 3.000 millones de pesos.
Será en febrero la cosa. Confirmaremos entonces si es cierto aquello de que volvieron mejores.
