La presión ejercida por la comunidad agropecuaria logró torcer el proyecto que, en el marco de la discusión por el Presupuesto 2019, ejercicio en el que se proyecta llegar al déficit 0 en las cuentas públicas, para evitar lo que era un nuevo y grave manotazo a la rentabilidad de los productores agropecuarios: la imposición del impuesto a los Bienes Personales a los campos productivos, que hasta ahora se encontraban exentos de ese tributo.
Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y referente de Cambiemos en esta discusión, señaló que luego de la media sanción del proyecto anexo al del Presupuesto, “los inmuebles rurales siguen exentos del pago de (el impuesto a los) Bienes Personales, cualquiera sea su destino y afectación”.
En pocos días, de este modo, el agro logró abortar una amenaza concreta de importancia. En el proyecto original impulsado por el oficialismo y sus aliados (varios gobernadores peronistas), se eliminaba la exención vigente hasta ahora sobre los inmuebles rurales y se obligaba a los productores a pagar 0,75% de su valor fiscal como Bienes Personales por los campos valuados en más de 20 millones de pesos (la inmensa mayoría).
En una primera instancia, ante el malestar visible que esta medida provocó entre los productores (que ya venían de digerir la reimposición de retenciones a la exportación), Cambiemos aceptó reducir esa alícuota de 0,75% al 0,25% vigente para las sociedades anónimas propietarias de campos. Pero como la resistencia rural siguió luego buscó diferentes opciones, como permitir a los productores de carne y hueso utilizar ese pago de Bienes Personales para cancelar luego el pago de Ganancias.
Finalmente nada de eso prosperó y los inmuebles rurales en manos de productores no tributarán Bienes Personales y se evitará la doble o triple imposición (provincias ya cobran tributos inmobiliarios) sobre los campos en producción. Esto, que parece un privilegio, no lo es tanto, pues los industriales o las Pymes no tributan Bienes Personales sobre sus bienes productivos.
Los diputados opositores Marco Lavagna (Frente Renovador) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) fueron dos aliados importates del agro para torcer finalmente la historia y mantener la excepción. Fueron ellso quienes en el debate solicitaron a Laspina que quitara del dictamen que llegó al recinto la nueva imposición a los inmuebles rurales.
Todo este debate se produjo en el marco de una mayor para la aprobación del Persupuesto 2019. El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el apoyo de algunos peronistas referenciados en gobernadores, consiguió ese objetivo en horas de esta madrugada, luego de una jornada cargada de tensón política y con incidentes frente al Palacio Legsialtivo.
Finalmente se envió al Senado el proyecto de Presupuesto 2019 y las leyes económicas complementarias. Para conseguir la aprobación del Presupuesto, el oficialismo contó con el apoyo de una veintena de integrantes del interbloque peronista Argentina Federal, y de diputados referenciados en algunos gobernadores no peronistas, además de los tres diputados de Evolución. Asi, consiguió 138 votos a favor del proyecto, contra 103 que sumaron kirchneristas, massistas, izquierdistas y otros peronistas; en tanto que se registraron ocho abstenciones y siete ausencias.
Las tres leyes económicas complementarias (revalúo de Ganancias por inflación, reforma del impuesto a los Bienes Personales y adenda fiscal) reunieron entre 130 y 140 votos a favor y fueron aprobadas luego de que el kirchnerismo se retirara del recinto tras la aprobación del presupuesto.
En el último capítulo de la sesión, el bloque radical, con el apoyo de la mayoría del interbloque Cambiemos, fracasó en su intento de aprobar el proyecto que obliga a los jueces y demás integrantes del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias, ante la negativa de algunos diputados opositores a abordar la votación sin mayor debate.
El proyecto de Presupuesto de Cambiemos contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar de $40,10 en promedio para el año y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,5% y, además del “déficit cero” en las cuentas públicas, prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.
