En 2018, el Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) dispuso la obligatoriedad de que todos los molinos harineros debían estar equipados con los denominados Controladores Electrónicos de Molienda de Trigo (CEMT), un sistema de control a distancia para evitar maniobras de competencia desleal. Espantada por los niveles de evasión que existían en ese momento, la industria acompañó esa iniciativa oficial. Pero hubo firmas que prefirieron impugnarla en la justicia.
El caso que más preocupaba a las autoridades de ese área del Ministerio de Agricultura era el del Molino del Oeste SA, ubicado en la localidad e 9 de Julio, en territorio bonaerense, que había presentado una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, en la que se impugnaba la ofensiva oficial para controlar los volúmenes de molienda de trigo de cada planta.
Esa firma pedía la nulidad de la Resolución 84/2018, que fue la que dispuso la obligación a todos los molinos harineros del país de colocar equipos de sensores para medir el flujo de granos para el control de la molienda de trigo en cada planta. El CEMT también monitoréa el consumo de electricidad de cada empresa, para evitar que haya trampa.
El argumento de esta empresa para cuestionar los controles fue que esa norma era “contradictoria” con otras previas de 1998, 2001 y 2003, que habían intentado imponer un sistema de caudalímetros. En junio de 2019, una juez de primera instancia le otorgó una medida cautelar que ordenaba a la DNCCA (la ex ONCCA) devolver de modo inmediato la matrícula al molino. Pero el organismo presentó una apelación que esta semana tuvo resultado favorable. La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó aquella primera sentencia. Y ratificó la legalidad de estos controles.
“Este fallo es un gran espaldarazo al objetivo inicial que nos planteamos, que es que no quedara un solo molino sin instalar estos controladores electrónicos, como hizo la enorme mayoría de los molinos”, explicaron fuentes del sector. Desde la Federación de la Industria Molinera (FAIM) siempre se respaldó esta ofensiva, que tiene un capítulo paralelo en el sector frigorífico. En abril de 2019, cuando se implementaba este sistema, el titular de los molineros, Diego Cifarelli, estimaba que se molían cerca de 1 millón de toneladas de trigo de modo informal, y que los niveles de evasión llegaban a los 11 mil millones de pesos.
No fue la única victoria legal a favor de estos controles contra la competencia desleal en esa industria. En otro fallo de estos días, la justicia consideró “abstracta” una presentación realizada por Molinos Asunción. Si no coloca el CEMT, esa planta ahora podría ser suspendida del RUCA (Registro de la Cadena Agroalimentaria) y debería dejar de operar.
La vigencia de este sistema de controladores electrónicos, que ahora recibió este respaldo en la justicia, permitió que la DNCCA siguiera monitoreando estas plantas de molienda a pesar de no poder estos meses realizar inspecciones presenciales debido a la cuarentena por el Covid-19. En rigor, los sensores emiten de modo permanente datos sobre el funcionamiento de los molinos y su consumo de electricidad, que permiten ir chequeando a la distancia sus operaciones.
En estas circunstancias, esta semana Agricultura decidió suspender al molino Loma Blanca, ubicado en General Rodríguez, tras comprobar que consumía más energía de la que declaraba en sus balances de molienda y que desconectaba de a ratos el CEMT, según contaron las fuentes.
