En la Patagonia se vienen sucediendo casos de usurpaciones de campos a productores y pobladores que quedan a expensas del accionar de grupos que dicen pertenecer a los pueblos originarios. Por ese motivo inclusive se realizaron marchas el fin de semana en la región, que contaron con apoyo de las organizaciones rurales.
Tal como está planteada la situación legal, quien se autopercibe como integrante de un pueblo originario queda amparado por una normativa que prevé la realización de un censo inconcluso desde 2006, mientras que quienes sufren la invasión de su propiedad quedan con la sensación de vulnerabilidad, desamparo, inseguridad y abandono de parte de los poderes del Estado provincial y nacional. Pero sobre todo de la justicia.
Eso es lo que asegura estar viviendo la familia Galván en la localidad neuquina de Añelo, que está ubicada a pocos kilómetros de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta. Es apenas un ejemplo entre varios casos que llevaron a que el domingo se organizaran dos manifestaciones de productores que temen por más usurpaciones. Las marchas se realizaron en Bariloche (Río Negro) y Añelo (Neuquén).
En diálogo con Bichos de Campo, Carolina Galván -junto a su hermano Fernando- contó que su padre compró el campo que ahora está en litigio en 1977, incluso antes de que hubiera una ruta de asfalto que llegara a esa zona. El vendedor, hace 40 años, fue un particular que tenían los papeles en regla, pues no se trataba de tierras fiscales.
En 2017, sin embargo, sufrieron una primera usurpación de “estos supuestos mapuches que está comprobado que no lo son”, describió Carolina.
En aquel momento, y tras impugnar la presentación de la personería jurídica de esta agrupación, negociaron con los usurpadores y llegaron a un acuerdo: los Galván renunciaron a avanzar con el juicio penal a cambio de que se desalojara la parte invadida del campo. Pero no fue gratis el episodio: al padre de Carolina eso le costó un accidente cerebrovascular.
“Ahora vuelven a usurparnos desconociendo aquel acuerdo que firmaron ante un fiscal y en el que reconocen la propiedad privada a cambio de que nosotros frenemos el juicio penal”, relató.
Escuchá la entrevista a Carolina Galván:
Esta familia de productores tiene un campo de 1.000 hectáreas, en gran parte destinado a la producción frutícola, y estaban arrancando con los trabajos en el suelo para sembrar avena en un lote de 20 hectáreas cuando se encontraron con los ocupantes que ahora controlan 100 hectáreas de su establecimiento.
“Yo no puedo ingresar a mi campo a pesar de que hay una orden de desalojo. Nos dicen que hay un trabajo de investigación para ver el momento apropiado del desalojo. Pero claramente no hay intención de desalojarlos. El gobierno de Neuquén tiene un discurso grave, hablan de paz social con los conflictos mapuches, pero no puede haber paz social con alguien que delinque. Eso había décadas atrás, antes de esta ley que habilitó a cualquier delincuente a hacerse pasar por originarios”, sostuvo Galván.
Con respecto al accionar de los funcionarios, la productora explicó: “Los tres poderes se pasan la pelota; el fiscal me dice que vaya a los medios para meterle presión a la ministra de Seguridad y ésta me habla de paz social ante un delito, mientras que la Policía no se anima a entrar al campo. El ministro de Tierras también me dice que hable con los medios y el de Producción que espere las elecciones”, describió la situación.
La productora dijo que está a favor de que haya una ley que cuide a los pueblos originarios, pero “esta ley está hecha de tal modo que da lugar a que cualquiera se considere originario y arme una comunidad. Por la forma en que se está aplicada, sin controles, sin documentación, yo entro a tu casa y digo que soy originaria y eso es suficiente para que a mí no me desalojen”, explicó.
Galván maneja dos hipótesis respecto de lo que está sucediendo. “A nivel local estas agrupaciones, que en algunos casos logran tener la personería sin ser pueblos originarios, extorsionan a las petroleras y cobran regalías que no son ganadas en buena fe, porque si no les paran los pozos”, aseguró.
Y agregó que “a nivel nacional hay algo mayor que no logramos dimensionar. Creemos que esto es una forma de tener dominio sobre la tierra, pues las usurpaciones nunca se hacen en lugares que no valen nada, hay un interés mayor. Vemos que es el mismo discurso, el mismo modo de operar, hay alguien que digita esto”, alertó.
