Según datos relevados por el Censo Nacional Agropecuario 2018, de las 256.881 explotaciones agropecuarias que quedaban en pie, más del 63% están ubicadas en las denominadas economías regionales y “continúan con serias dificultades para ofrecer sus productos al mundo ante los continuos cambios de normativas”, según las conclusiones de un plenario del área de Economías Regionales nucleadas en la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
Un documento de esa entidad indicó que a la falta de reglas claras “se suman dificultades para registrar y desvincular trabajadores temporarios necesarios para la cosecha, altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos, y una falta de política tributaria regionalizada que contemple las asimetrías del interior profundo y el tamaño de las empresas”.
Con estos planteos, unos 280 dirigentes agropecuarios de todo el país realizaron un plenario en la sede de la CAME para elaborar medidas que permitan al sector recuperar rentabilidad y competitividad, en un claro mensaje para el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. “El gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos”, señaló el titular de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.
Para este sector, los últimos meses del gobiernod e Cambiemos deja algún saldo positivo a pesar de la crisis. En un repaso de su gestión, Rodríguez habló del adelantamiento del Mínimo No Imponible pedido por la entidad, la baja de derechos de exportaciones, el apoyo al proyecto de Ley de Góndolas que ya obtuvo media sanción y la Ley de Emergencia Citrícola.
“La desburocratización del Estado, la apertura de nuevos mercados y la buena predisposición al diálogo son cosas que anhelamos que se mantengan y promuevan en el próximo gobierno”, dijo el dirigente salteño, que además remarcó la importancia del Censo Nacional Agropecuario 2018 con estadísticas públicas confiables.
Ya hablandole a la gestión de Alberto Fernández, las economías regionales nucleadas en CAME expresaron el interés de que el sector pueda participar del “Consejo contra el Hambre” propuesto por el próximo gobierno. “¿Quién mejor que nosotros, los productores pymes que producimos gran parte de los alimentos que se consumen?”, reflexionó Rodríguez.
Durante la jornada se analizaron los diferentes desafíos que debe enfrentar el sector para llevar sus productos todos los días a la mesa de los argentinos. Desde políticas laborales, un régimen tributario capaz de diferenciar por tamaño de empresa y región, incentivos a la inversión, extensión del Mínimo No Imponible a más actividades productivas, compensación de combustible para bajar el costo del flete, costos energéticos, retenciones y mayores reintegros a la exportación, suspensión del impuesto al cheque, un Plan de Conectividad para zonas rurales tendiente a federalizar el acceso a Internet, y seguridad alimentaria como política de Estado, fueron algunos de los ejes abordados.
Pero principalmente con la cadena de pagos en problemas, los costos en alza y la caída en las ventas, los productores pidieron financiamiento a tasas razonables. “El aporte al Tesoro Nacional por parte de las Economías Regionales es de 520 millones de pesos este año en derechos de exportación, por eso resulta fundamental que el sistema productivo tenga crédito para poder seguir movilizando la economía”, remarcó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán. Y agregó: “A diferencia de lo que sucede en otros sectores, el productor que gana dinero inmediatamente vuelve a volcarlo a su producción, reinvierte y arriesga”.
En ese sentido indicó: “Agregar valor en origen a los productos primarios supone adoptar una mirada integradora, promoviendo la sinergia entre campo e industria, socios estratégicos para el desarrollo argentino. Para ello es imperioso contar con previsibilidad y reglas de juego claras”.
