El despido con argumentos muy dudosos de dos empleados de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, a principios de este mes, provocó una paralización total de ese área de gobierno, que tiene a su cargo la administración de la Ley 25.080 y sus sucesivas prórrogas, que definen los programas de promoción a las plantaciones de bosques comerciales. Justamente uno de los técnicos despedidos había trabajado en los últimos veinte años en el sistema de control y monitoreo de las nuevas plantaciones subsidiadas por el Estado.
Varias fuentes consultadas por Bichos de Campo entre empleados, sindicalistas y funcionarios jerárquicos de Agroindustria coincidieron en responsabilizar al director nacional de Forestación, el empresario del rubro Nicolás Laharrague, de la situación planteada tras los despidos de Roberto Benítez y Jorge Punta Raffo, que fueron anunciados el 5 de junio. Desde ese momento, todos los empleados del sector mantienen una protesta que paraliza la actividad, a la espera de una revisión de una medida que consideran injustificada.
La parálisis en esa Dirección Nacional ya lleva más de diez días. Durante ese lapso, Laharrague apenas pisó su despacho algo más de tres horas, entre las 7,40 y las 10 de la mañana del pasado jueves. Luego de eso no se supo más nada.
“Hay una situación de diálogo completamente rota. El director nacional se fue abucheado por todos los agentes hace diez días y pidiendo que lo escoltara la seguridad de Agroindustria. Luego mandó a que cambiarán la cerradura de todo el edificio y los agentes debieron esperar en el patio y en el comedor más de una hora y media para poder ingresar”, relató uno de los empleados.
En los últimos meses, el empresario misionero designado allí por el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, recibió cuestionamientos por su indisimulable vínculo con una de los princpales grupos forestales del país y con la Asociación Forestal Argentina (AFOA).
La Revista Noticias, el mes pasado, denunció que una de las firmas de su familia Lagarrague había cobrado más de 4 millones de pesos en subsidios por planes forestales de años anteriores. De todos modos, la Oficina Anticorrupción analizó el caso de este funcionario y consideró que no había incompatibilidad, por cuanto Laharrague había renunciado tanto a los directorios de esas empresas como al cargo que ocupaba en AFOA hasta fines de 2017.
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Lo que más cuestionan a Larrahague los empleados en rebeldía de la Dirección Nacional de Forestación es que los dos despidos en el área -que se suman a una tanda mucho mayor sucedida en abril de 2018-, no tienen ninguna justificación razonable y que exceden los requerimientos de ajuste reclamados por la Secretaría de Modernización.
Por un lado se sospecha que Punta Raffo fue echado por desplegar actividades gremiales. Por el otro, que Benítez, que era coordinador de toda una sección, corrió la misma suerte simplemente por no compartir algunas visiones técnicas con el empresario devenido a funcionario.
En este caso conviene detenerse. Benítez trabajaba en Agroindustria desde 1998 y llegó a ser coordinador de un área llamada SIG (Sistema de Información Geográfica) y teledetección. Desde esa posición, tenía a su cargo desde 2006 un sistema de control que él mismo había diseñado, a través del monitoreo satelital y el posicionamiento por GPS de todos y cada una de las nuevas plantaciones que el Estado debería subsidiar.
Por la Ley 25.080, la Secretaría de Agricultura devuelve un porcentaje del costo de plantación de esos nuevos bosques luego de verificar que la plantación haya sido efectivamente lograda. El trabajo de Benítez y del equipo del SIG (que desde que ingresó Laharrague se vio reducido de 23 personas a solo 11), era justamente realizar la detección satelital de esas plantaciones, para determinar la superficie forestada con exactitud y evitar así el eventual desvió del subsidio a pagar.
Tras varios choques con Benítez por el ajuste creciente en ese sector, según fuentes gremiales, Laharrague decidió librarse de él pidiendo a Recursos Humanos de Agricultura que evalúe su reubicación, considerando que el trabajo informático ya había sido hecho y anunciando la fusión del SIG con otro sector, más dedicado a analizar la factibilidad técnica de cada proyecto forestal que a controlarlo. Pero en vez buscarle otro lugar de trabajo, a las 48 horas Agroindustria argumentó que no tenía otra función para asignarle y directamente decidió no renovarle el contrato informal que desde hace más de dos décadas lo ligaba al organismo.
“¿Cómo (Laharrague) no va a tener funciones, si la función primordial de su Dirección es controlar que haya plantaciones, para luego pagar el subsidio? ¿O será que no quiere controles?” Eso sugirieron los empleados que se manifestaron en solidaridad con Benítez y reclaman que sea reincoporado a su cargo.
Los cruces de los técnicos de carrera con Laharrague no se limitan a estos dos despidos. También se le cuestiona la llamativa decisión de conformar un área especial dentro de la Dirección para que sean tramitados con mayor celeridad los pedidos de beneficios fiscales contemplados en la Ley 25.080, que casualmente suelen recaer en los empresas forestales más grandes alineadas en AFOA. Para crear ese área, según las denuncias, retiró personal que era necesario en otras oficinas más sensibles, como la propia SIG
