Los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado ajustaron un poco más las diferencias entre el oficialismo y la oposición: el Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado, y en Diputados la brecha entre ese bloque y Juntos por el Cambio se achicó a dos bancas, por lo que el rol con las terceras fuerzas y los partidos provinciales será clave. Allí se anotan los liberales, el Frente de Izquierda, Hacemos por Córdoba, el Frente Renovador por la Concordia y el Movimiento Popular Neuquino. ¿Puede esto significar una mayor presencia de temas agropecuarios en la agenda?
“Lo que ya se sabe es que será un Congreso donde va a primar el consenso. Para cada tema, no sólo aquellas de la agroindustria, van a tener que negociar agenda y acuerdos. Por otro lado, va a ser un Congreso con buen nivel intelectual y político. Tanto el oficialismo como la oposición y el resto de los partidos, tienen nombres de trayectoria política bastante interesante”, dijo a Bichos de Campo Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando.
Según un mapeo realizado por esa institución, son 25 los legisladores que -entre los que ingresaron y los que quedan- tienen alguna vinculación al sector, ya sea porque son productores, agrónomos o por algún negocio familiar. Pero no sólo será importante su conocimiento del campo sino el equipo de técnicos especializados que logren conformar.
“En las comisiones buscamos un balance de poder pero también conocimiento técnico. Creemos que es importante identificar a los especialistas en cada materia para hacer una buena legislación. Eso puede contribuir a destrabar el potencial que tenemos como sector para generar oportunidades, para desarrollar el federalismo y en definitiva para contribuir al bien común del país”, aseguró Chiappe.
Esto será crucial si se tienen en cuenta los temas que hasta el momento permanecen pendientes de tratamiento en la agenda legislativa. Según un análisis de la Fundación Barbechando los mismos son:
- Régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental: establece que será obligatoria la evaluación de impacto ambiental, previo y aplicable a todos los proyectos de obras y actividades, públicas y privadas, que puedan degradar el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población.
- Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar: propone la creación de un Fondo Fiduciario para facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. Tendrá una duración de 50 años y estará coordinado por un comité ejecutivo integrado por los ministerios de Interior, Hábitat, Economía, Agricultura y Ganaría, además del ANSES, el INTA y la AABE.
- Suspensión de desalojos de agricultores familiares: propone modificar la Ley de Agricultura Familiar y suspender toda sentencia o acto procesal que tenga como objetivo desalojar a agricultores familiares que se encuentren en condiciones de usucapitar –o adquirir- las tierras rurales que poseen.
- Prórroga a la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena: busca prorrogar hasta el 2025 la ley 26.160 – de relevamiento territorial de comunidades indígenas-, que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras. El mismo recibirá una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma.
- Actualización del valor de los montos de las sanciones de la Ley de Residuos Peligrosos: propone actualizar los montos de las sanciones. Además de la posibilidad de un apercibimiento, se prevén multas de entre 900 Unidades Fijas hasta 900.000; suspensiones en la inscripción en el registro de entre 180 a 3 años, y hasta la cancelación de la inscripción en el registro
- Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial: crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados. Contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para reglar, controlar y emitir las autorizaciones.
- Presupuestos mínimos de Protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso: busca reducir los desechos de neumáticos fuera de uso; minimizar su cantidad y promover el compromiso de los consumidores con su gestión, a través de un sistema de trazabilidad que permita conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.
“Tenemos optimismo de que por el nivel intelectual, la calidad de los legisladores y el balance de poder, se van a desarrollar en el Congreso buenos debates y es imperioso que así suceda. Venimos con una situación de país muy complicada, con una fragmentación social y una complejidad económica muy grande, y creo que es el momento de ponerse los pantalones largos y empezar a mirar por el bien común del país. Depende de nosotros, de las instituciones del sector y de los mismos productores el poner los temas que queremos que se den”, concluyó el director.
