Una imagen a veces es más contundente que la mejor de las explicaciones. Y eso es lo que sucede con el Agrimonitor elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Estimación de la Ayuda al Productor (“Producer Support Estimate” o por sus siglas PSE) es un indicador elaborado por la OCDE a partir del cual es posible evaluar en los diferentes países el porcentaje de ingreso que reciben las empresas agropecuarias a partir de ayudas directas e indirectas proporcionadas por políticas oficiales.
El BID emplea esa metodología para calcular el PSE de los países americanos en función de los últimos datos oficiales disponibles para poder establecer un indicador equivalente que pueda emplearse con fines comparativos.
El último indicador correspondiente a la Argentina muestra que en 2019 el Estado se quedó en promedio con un 28% del ingreso del sector agropecuario, número que en 2020 y 2021 seguramente se incrementó a partir del refuerzo de las políticas extractivas instrumentadas contra el agro.
En los demás países vecinos de la Argentina, los diferentes Estados, dependiendo de sus posibilidades, hacen esfuerzos por ayudar al agro. Y no porque sean bondadosos, sino porque saben que se trata de un sector que es una auténtica máquina generadora de empleos, divisas y equidad territorial. En definitiva: riqueza.
Algunos se sorprenderán con el número presente en Bolivia. Y es que, si bien no es algo conocido, en esa nación la mayor parte de la clase dirigente –más allá de su signo político– sabe que es un mal negocio meterse con el agro.
Las fuentes de ayudas oficiales en Bolivia son múltiples y comprenden, por ejemplo, un programa nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas (“Nuestro Pozo”), transferencias de maquinaria agrícola y subvenciones –como las del programa Emponderar– destinadas a incrementar la producción local para sustituir importaciones de frutas y hortalizas, además de un gran volumen de créditos a tasas subsidiadas destinados al sector.
Recientemente, el presidente boliviano Luis Arce, con la creación del impuesto a las grandes fortunas, el cierre temporal de exportaciones de carne vacuna y los crecientes controles cambiarios, aparentemente ha decidido seguir los pasos de la Argentina, probablemente para que, en algunos años más, el país austral no quede tan individualmente desajustado, frente a sus vecinos, en el Agrimonitor. Buena suerte Luis.
¿Por qué el agro en la Argentina es castigado cuando en países vecinos, culturalmente equivalentes, no existe tal ensañamiento? Porque en la mayor parte de Sudamérica las clases dirigentes trabajan para el sector privado, mientras que en la Argentina existe una corporación –no me animo a llamarla dirigente– que cree que el sector privado debe estar a su servicio.
El agro es el sujeto más fácil de expoliar por esa corporación por una cuestión obvia: aún no se inventó la tecnología que permita exportar campos y fincas hacia otras naciones. Pero la realidad es que cualquier integrante detectable del sector privado puede llegar a ser triturado si se interpone con los planes de expansión de la corporación. Y también puede ser sacrificado –sin misericordia– si la corporación lo requiere por su propia supervivencia.
En cualquier caso, el mapa es muy útil para comprender que lo sucede en la Argentina no es normal, porque, con todos los problemas que tienen nuestros vecinos, que son tan graves como los nuestros, no les de cruza por la cabeza canibalizar sus propias fuentes de sustento.
No es normal, en definitiva, que una corporación, por medio de la fuerza conferida por los instrumentos del Estado, opere sobre la población como si fuese un ejército de ocupación. Y los que creen “esto a mí no me toca porque no tengo nada que ver con el agro”, sería bueno que repasen los versos del poema “Primero vinieron…” de Martin Niemöller.
