Los dirigentes de la Mesa de Enlace allí presentes pudieron apuntar una por una las ásperas sensaciones de estos productores, que se sacaron la espina clavada después del masivo acto del 9 de julio en San Nicolás, cuando sintieron que finalmente había renacido la mística de la pelea por la Resolución 125. Pero no sucedió: tras la derrota electoral en las legislativas, el gobierno de Alberto y Cristina en realidad endureció su política agropecuaria eternizando los cepos y prohibiciones para exportar, al tiempo que no se redujeron las retenciones y la presión impositiva sobre el sector.

Por eso esta “catarsis” fue considerada positiva, pues de algún modo -esta es la lectura política que hacen los organizadores- permite comenzar a reagrupar fuerzas agropecuarias para dar pelea en los próximos dos años que quedan de gobierno K. ¿Cómo? No se sabe bien todavía, pero ese fue el mandato que quedó flotando.

El santiagueño Juan Monín fue uno de los productores más duros, pero no solo con el oficialismo sino también con los políticos de la oposición, a quien les recordó que en las últimas elecciones “les hicieron la campaña gratis”.

José Perkins, otro productor autoconvocado de Pehuajó, recordó que la presión fiscal es uno de los principales problemas de lso productores, pues de cada 100 hectáreas que se siembran la rentabilidad de 70 de ellas debe detinarse para pagar uimpuestos y con el resto -30 hectáreas- hay que volver a sembrar. Pidió a los dirigentes de la Mesa de Enlace llevar este asunto al Congreso y convocar a los productores para meter presión a los legisladores:

Gabriel Cingolani, del sur de Santa Fe, fue particularmente duro con los cooperativistas de Coninagro que no acompañaron al resto de la Mesa de Enlace en sus últimas decisiones. Reclamó a sus pares productores que no duden en cortar las rutas de ser necesario para llevar adelante sus planteos. “O se mueven o nos llevan puestos”, resumió.

Mariana Gallinger es la titular de la filial de Federación Agraria en Crespo, Entre Ríos. Ella puso el foco en la falta de herramientas -especialmente financieras- que tiene la Mesa de Enlace a la hora de enfrentar a un gobierno que no ahorra recursos a la hora de agredir al campo. Por eso sugirió que cada productor ponga al menos 1 peso por cada una de las 140 millones de toneladas cosechadas cada año, para financiar el gremialismo rural.

Un productor entrerriano llamado Marcelo trató a los dirigentes de la Mesa de Enlace como “ingenuos” porque “se dejaron de usar”. Les pidió no negociar más con el gobierno sino enfrentarlo. “No se puede negociar con los talibanes”, dijo, y les sugirió: “Necesitamos que muestren los dientes y nos digan dónde tenemos que estar”.

Pero los productores que retaron a la Mesa de Enlace y desafiaron al gobierno también recibieron tirones de orejas: sobre el cierre del acto este asesor y comercializador de ganado que había llegado desde Salta les pidió también a los autoconvocados -que generalmente son productores de granos y se quejan prioritariamente de las retenciones- que sean un poco más solidarios ellos también con los reclamos de otros sectores productivos, especialmente de las economías regionales.

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La modificación tuvo que ver con la necesidad de respetar protocolos sanitarios que limitan en determinados lugares la cantidad de personas que puede reunirse, por lo cual la reunión se hará totalmente al aire libre.

Si bien se especulaba que en la asamblea iban a participar los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, los máximos referentes de las cuatro entidades (CRA, FAA, SRA y Coninagro) aún no hicieron pública su voluntad de formar parte de la iniciativa.

Según dijo Iván Castellaro a Bichos de Campo, uno de los organizadores del encuentro, iría Nicolás Pino, el titular de Sociedad Rural Argentina, junto con el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica. Todavía no saben si concurrirán el titular de CRA, Jorge Chemes, y el de FAA, Carlos Achetoni, aunque esperan poder contar con su presencia.

Si bien los autoconvocados priorizan la unidad del agro, lo cierto es que no están del todo contentos con el aval tácito o implícito que la Mesa de Enlace brindó a la nueva versión del “cepo cárnico”. Incluso el Ministerio de Agricultura se dio el lujo de publicar un comunicado en el cual asegura que la medida fue consensuada con los cuatro dirigentes del agro.

¿Y ahora? El Ministerio de Agricultura asegura que la nueva versión del cepo cárnico fue “consensuada con las entidades de productores”

Al respecto, Castellaro afirmó que “hay que saber dónde estamos parados, ponernos firmes y defender las cosas cómo se deben defender: están exterminando a los productores”.

“Esto es sentido común, hay que cuidar la ‘mesa de los argentinos’, pero el productor no es el problema. El Estado se queda con el 70% de nuestro ingreso bruto y con el otro 30% tenemos que hacer frente a todos los costos, impuestos, producir y vivir”, recordó el dirigente autoconvocado.

Estamos analizando en detalle el Decreto y las Resoluciones publicadas por el Ministerio de @AgriculturaAR está en línea con lo que se venía dialogando, es adecuada la medida aunque algunos sectores de la cadena aún esperan definir otros puntos, es un adelanto importante. #carne pic.twitter.com/qfVoaECIAE

— CONINAGRO (@CONINAGRO) January 3, 2022

En tanto, en algunas federaciones que integran CRA, como es el caso de Carbap y Cartez, no cayó del todo bien el posteo del ministro Julián Domínguez elogiando al técnico de CRA Matías Lestani.

Por su parte, Apronor, entidad integrada por productores del NOA, emitió hoy un comunicado para rechazar la nueva versión del “cepo cárnico” al entender que “este tipo de medidas intervencionistas y restrictivas atentan contra la producción, generando así caídas importantes en los stocks vacunos argentinos y produciendo por consiguiente considerables pérdidas de puestos de trabajo en toda la cadena, caída en la inversión directa y pérdida total de confianza por parte de nuestros clientes internacionales, situación que seguramente será aprovechada por nuestros colegas vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay”.

Tal como advirtió en su momento Bichos de Campo desde el minuto uno, la misión de Domínguez consiste en dividir al ruralismo y, tal como están las cosas, lo viene logrando con éxito.

El nuevo ministro de Agricultura ya pasó por el cargo en 2009: Julián Domínguez es experto en dividir al ruralismo e inventar el “relato” agropecuario de los K

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“A fin de año el Estado terminó de devolver parte de los Derechos de Exportación que había anunciado en marzo de 2020 y comenzado a cumplir en parte en noviembre de 2020”, informó la asociación que está convocando nuevamente a una asamblea de productores en Santa Fe para el 8 de enero.

En realidad, lo que se estableció en marzo de 2020 por orden del Congreso fue un mecanismo para compensarle a los pequeños productores de soja por la suba de tres puntos (del 30 al 33%) de las retenciones a la soja dispuesto en ese momento. Por lejos ese dinero quedaba de reintegrar lo que se le quitaba al sector, pero era un aliciente para los productores de menor escala. Al menos así planteó las cosas el ex ministro Luis Basterra.

El gasto total de ese operativo iba a ser de unos 6.000 millones de pesos para “compensar” a unos 43 mil productores. Pero la primera partida que se distribuyó en noviembre de 2020 se quedó corta y quedaron unos 4.000 chacareros sin recibir el dinero en su CBU. Hasta ahora. La semana pasada, el Día de los Inocentes, el dinero comenzó a fluir a esas cuentas.

Claro, aunque los derechos de exportación se descuentan sobre un precio en dólares, las compensaciones se calcularon en pesos argentinos. Y desde marzo de 2020 a esta parte, la inflación hizo estragos en la capacidad de compra de la moneda nacional. Y mucho más si lo que se quiere comprar con esos pesos son insumos agropecuarios, que cotizan en dólares y cuyos precios se han disparado en el mercado internacional a la par de los granos.

De allí que AAPA aclarase que el dinero recibido por muchos productores no alcance ahora, tarde y mal, para hacer demasiado.

En ese sentido, los autoconvocados señalaron que con 100 mil pesos en marzo de 2020 (cuando se subieron las retenciones) se podían comprar 4,41 toneladas del fertilizante Urea. Los que tuvieron la suerte de cobrar compensaciones en noviembre de 2020 ya habían perdido poder adquisitivo y podían adquirir solamente 3,41 toneladas. Y los que cobraron ahora solamente tienen la chance de comprar 0,85 toneladas.

Con el glifosato, otro insumo muy utilizado en el agro, la situación es muy parecida, pues en marzo de 2020 se podían comprar con 100 mil pesos 366 litros del herbicida, en noviembre de 2020 había bajado a 294 litros y ahora apenas alcanza para adquirir 85 litros.

Con once meses de retraso, apareció una nueva tanda de compensaciones para pequeños productores de soja

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La manifestación que tendrá lugar en Cañada de Gómez cuenta con la adhesión de confederaciones y entidades de productores regionales y también participarían los presidentes de la Mesa de Enlace.

Iván Castellaro, uno de los organizadores, dijo que no se trata de una movida de los autoconvocados sino de productores independientes, algunos de los cuales participan de las entidades. Explicó además que los motivos de la protesta son varios: “No puede ser que el Estado se quede con el 70% de nuestro ingreso, entre lo que nos descuentan por derechos de exportación y desdoblamiento cambiario. Además establecieron cupos a las exportaciones de trigo, maíz y limitaron las de carne”.

Iván Castellaro fue uno de los autoconvocados que organizó el acto de San Nicolás: “Quedó claro que el sector no se va a dejar arrastrar a la pobreza ni va a entregar la libertad”

Por su parte Maria Soledad Aramendi, productora y titular de la Sociedad Rural de Rosario, indicó: “Esto no es una asamblea de autoconvocados sino de todos los productores. El gobierno no hace más que perjudicarnos, aumentan los impuestos, generan cupos a las exportaciones que no deberían existir, aplica derechos de exportación y hay desdoblamiento cambiario”.

“Y a todo esto la sequía ya está instalada y va a perjudicar los rindes de la soja y el maíz por lo que el ingreso va a ser mucho menor al presupuestado, mientras tanto el gobierno nos da señales todas en contra de la producción”, añadió la dirigente.

En cuanto a la participación de la Mesa de Enlace, el titular de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, explicó que están analizando con las bases de cada entidad la invitación hecha por los productores autoconvocados de Cañada de Gómez.

Pero, por otro lado y en paralelo, se va a realizar otra asamblea en Wheelright. Cada grupo hizo su convocatoria supuestamente sin saber que el otro andaba en lo mismo y no se llegó a un acuerdo para que se realice una sola reunión, porque “hubo desencuentros”.

“No sabíamos que ellos estaban pensando lo mismo y cuando nos enteramos ya teníamos gente invitada”, dijeron los organizadores de la manifestación que tendrá lugar Wheelright.

Juan Bilisich es uno de los que está en la organización de esta manifestación. Señaló que “hay que revertir la situación del sector agrícola-ganadero y de las economías regionales, que son saqueadas por leyes que derivan gran cantidad de recursos a las arcas del Estado. Creció la presión fiscal y la intervención en los mercados, nosotros queremos que los recursos queden en el sector”.

Por su parte Jorge Caballe, otro organizador de esa manifestación de autoconvocados, indicó que “queremos que nos escuchen (por los funcionarios nacionales) y nos den una respuesta a nuestros reclamos. No entendemos por qué tanta saña con el campo”.

A pesar del enojo con el gobierno aclaró que “no vamos a tomar ninguna medida de fuerza bajo ningún punto de vista, y se va a agotar todos los recursos para llegar al diálogo”.

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Algunas decenas de productores que hace un mes habían sido claves para el éxito del acto de aquel San Nicolás se reunieron este lunes 9 de agosto en la cordobesa Bell Ville para ver cómo prolongar esa gran protesta.

No se sabe si fue el frío que ahora ofrecía un día gris y ventoso, muy distinto de aquella jornada patria. O sus propias desinteligencias. O que no era feriado. O la evidente distancia que les impuso ahora la Mesa de Enlace. Lo cierto es que los “autoconvocados” lograron una pobre convocatoria que apenas superaba al centenar de personas, incluyendo algunas delegaciones que ni siquiera pueden ser alineadas dentro del sector rural.

A pesar de ese traspié, estos grupos que habían tocado el cielo con las manos hace apenas un mes ahora lanzaron desde esta fría asamblea una convocatoria a redoblar la protesta contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y que podría llevarlos si no al infierno (que en política es sinónimo de soledad) al menos unos meses al purgatorio, como para darles la chance de volver a jugar.

Resulta arriesgada la apuesta que estos autoconvocados tenían preparada incluso antes de la asamblea, y que consistirá en tratar de imponerle a las entidades rurales de la Mesa de Enlace un acuerdo para convocar a un paro agropecuario extenso, de al menos 15 días, que no solo afectaría las ventas de ganado sino también las de granos y otros productos no perecederos. Ya habían intentado hacerlo en el acto  multitudinario del 9 de julio, pero en ese momento hacía calor y todo parecían parte de un mismo todo.

Ya no es así: hay muchos criterios en danza y sobre todo muy distintas necesidades. La reunión de los referentes autoconvocados con los dirigentes nacionales del agro está pautada para este martes, pero varios de ellos -por separado y en off- ya han mostrado reparos y no parecen dispuestos a dejarse arriar por los sectores más ultras del campo.

En CRA, la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria muchos dirigentes perciben sobre todo que la sociedad no recibirá de buen agrado una intensificación de la protesta sectorial justo cuando a comenzar a transitar una etapa electoral, donde los enojos y preferencias pueden y deben canalizarse a través de las urnas.

Flaco favor a sumar al ruralismo institucionalizado hicieron algunos dirigentes de las agrupaciones de autoconvocados, que no solo ya tenía la receta para la protesta cocinada de antemano sino que en el comunicado difundido en la asamblea de Bell Ville criticaron “la inacción de la Mesa de Enlace que dice no sentirse presionada por las bases”.

Aunque haya sectores del agro institucionalizado que promuevan, como estos autoconvocados, una reacción más enérgica frente a, por ejemplo, la persistencia del cepo a las exportaciones de carnes o la alta presión tributaria que pesa sobre el sector, también son muchos los ruralistas que perciben que en esta etapa hay que modular otras expresiones para manifestar el fastidio del agro con la gestión del gobierno.

Incluso la filial pampeana de CRA, que es Carbap, que suele ser la más vanguardista a la hora de ingresar en tiempo de conflictos, se planteó realizar su propia reunión regional el 21 de agosto en Olavarría para masticar las cosas. De ese modo gana más tiempo para no dejarse llevar de las narices a un conflicto por los autoconvocados, incluso aunque esté de acuerdo con sus reclamos.

“Nuestros reclamos no son nuevos, sino que vienen siendo los mismos desde el año 2006 cuando esté Gobierno empecinado en recaudar fue por la Ganadería y luego en el 2008 por los granos. Estamos soportando desde diciembre del 2019 un embate tras otro contra la producción”, recordaron estos dirigentes díscolos en el comunicado firmado por la AAPA (Asociación Argentina de Productores Autoconvocados), intentando mostrar que tienen motivos más que valederos para llevar adelante su protesta.

“Es hora de parar… para poner freno a este Gobierno de doble moral que ya ni cuida ni respeta nuestras Vidas”, fustigó ese agrupamiento, uno de los más duros de todos los que integran un movimiento más amplio e inorgánico de autoconvocados. Incluso uno de los promotores de esta asamblea, el bonaerense Ariel Bianchi, declaró ante los medios que “vamos a un cese de comercialización , con o sin la Mesa de Enlace”.

Como el escenario de Bell Ville, parece ser este un escenario frío, frío…

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El Índice de Costos de Transporte elaborado FADEEAC exhibió en julio un incremento del 6,32%, resultando el más alto del año. En el periodo enero a julio de este año la suba de casi 34 puntos ya casi alcanza a los aumentos registrados en todo 2020, que fueron del 35%.

En este escenario, sorprendió este lunes una movilización de empresarios pymes del transporte de cereales a las puertas de la Casa de Gobierno, reclamando una actualización de los fletes. Este último valor, que es referencial, se acordó el 3 de junio pasado con los dadores de carga (las entidades de productores y los acopiadores) y pasó a ser para un flete de 400 kilómetros de 3387  pesos por tonelada transportada. Pero por el salto de los costos, parece que no alcanza.

Transportistas Autoconvocados permanecen en zona Plaza de Mayo. Serían recibidos durante la tarde por autoridades del @MindeTransporte
Reclaman actualización tarifas de flete y fijación de valores por ley. Impiden paso por calle Hipólito Yrigoyen. via @HernanMundo pic.twitter.com/zln58Cy8cp

— Solo Tránsito (@solotransito) August 9, 2021

“No estaba prevista esta manifestación, son camioneros que no son del sindicato, son transportistas auto convocados, dueños de camiones que están a las puertas de Casa Rosada para pedir una audiencia con el presidente por los altos costos que tienen y por la baja del transporte de mercadería en los últimos tiempos”, informaba el móvil del canal de noticias A24. Se suponía que funcionarios del Ministerio de Transporte los recibirían esta misma tarde.

Pese a la cercanía temporal del último acuerdo de fletes orientativos para el transporte de granos, en las últimas semanas ya  han comenzado a producirse nuevas protestas de estos sectores del transporte agrícola, que suelen ser de pequeñas localidades del interior cercanas a las zonas de producción. Se trata de empresarios pequeños y medianos, dueños de una o dos unidades que muchas veces manejan ellos mismos y sus familiares. No se trata de una protesta vinculada a los sindicatos.

El telón de fondo de estas protestas de transportistas, que la semana pasada mantuvieron bloqueados por varias jornadas los accesos a los puertos bonaerenses de Quequén y Bahía Blanca, es la fuerte suba de los costos que sufren, y que no llegan a ser compensados por tarifas que, además, se respetan en pocas ocasiones.

FADEEAC, en ese sentido, remarcó que en julio los principales rubros que mostraron subas fueron Personal-Conducción (20%), incremento que se desprende del primer tramo del convenio rubricado en junio, Reparaciones (8,30%) y Gastos Generales (8,85%). A continuación, se destaca un nuevo aumento del Material Rodante (8,07%), en tanto que Lubricantes (2,5%) y Neumáticos (2,02%) exhibieron menores subas en julio, si bien continúan liderando el incremento de los rubros en el año (60,3% y 48,1% respectivamente).

Se acordó un nuevo esquema de tarifas referenciales de fletes de granos: el valor para 400 kilómetros pasa a ser de 3387 $/tonelada

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En las últimas horas por las redes sociales y teléfonos de los productores comenzó a circular un nuevo texto, que contiene las demandas que este sector movilizado de la sociedad hace a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, pero también a los legisladores. Contiene los mismos puntos de la “proclama de San Nicolás”, y por lo tanto dispara reclamos hacia todos lados: producción, educación, salud, libertades civiles, impuestos, pandemia, cierre de las exportaciones, etcétera. También se ha puesto a circular una dirección de correo electrónico (adhesiones9jsn@gmail.com). La idea es recolectar allí todas las firmas de asociaciones intermedias que sean posibles.

Se verá que en el documento que adjuntamos ese es el rasgo distintivo respecto de los anteriores. Por primera vez se acompañan los reclamos con un extenso listado de avales de entidades y asociaciones. Es un intento visible de los organizadores por comenzar a sacarse el traje de simples “autoconvocados” para comenzar a mostrar una representatividad real desde ciertas entidades de carne y hueso. Por supuesto, entre las firmas obtenidas hasta ahora dominan las del sector agropecuario.

“Emplazamos a los representantes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, a tomar medidas concretas y efectivas que den evidencias claras de su compromiso con lo demandado en esta proclama en un plazo máximo de 20 días. De lo contrario, llevaremos a cabo medidas de fuerza destinadas a preservar los derechos e intereses de todos los ciudadanos productivos, cuyo esfuerzo es parasitado a diario para sostener los privilegios de los que goza la clase gobernante, así como el aparato clientelar del que ésta hace uso para sostenerse en el poder”, afirma como cierre esta Carta, luego de exponer las ocho demandas.

Más claro que el agua está que nadie en su sano juicio podía pensar que en tan solo 20 días un gobierno que se ha siempre mostrado a contramano de este tipo de reclamos les vaya a dar curso. Ni siquiera la “clase política” en general, sumando a los partidos opositores, parece muy preocupada por esta proclama y mucho menos en estos calientes días de cierre de listas para las elecciones. Pero aunque parezca una ingenuidad de los sectores autoconvocados, la movida no es tan inocente como parece.

“Obviamente que sabemos que no nos van a dar bolilla. Primero porque sabemos que están enroscados con el tema de las elecciones. Pero segundo porque la vara que le pusimos es un pco alta”, reconoció uno de los organizadores ante la embravecida tropa de autoconvocados. Pero la estrategia es ir ganando tiempo para que justamente el conflicto vuelva a recrudecer lo más cerca posible de la elección primaria y obligatoria. Las PASO están convocadas para el 12 de septiembre.

Los veinte días de plazo que se han impuesto los motorizadores del acto de San Nicolás para la búsqueda de más y más adhesiones, sobre todo en las localidades del interior del país, los conducen hacia mitad de agosto, un mes antes de esa primera contienda electoral. Desde su mirada, los políticos estarán para entonces de lleno en campaña y les costará omitir sus opiniones sobre este manifiesto.

Advertidos de antemano que desde el gobierno se buscará descalificar la protesta y se los ubicará en el bando de la oposición, con ligazón especialmente con Juntos por el Cambio y sobre todo con el PRO, los productores autoconvocados esperan concitar la atención de los medios con la realización, entre el 15 y el 20 de agosto, de una asamblea en la ciudad de Buenos Aires. Esperan convocar a 200 o 300 dirigentes de todo tipo de organizaciones, no solo agropecuarias, para definir medidas de protesta concretas ante el incumplimiento cantado de las autoridades a sus reclamos.

Iván Castellaro fue uno de los autoconvocados que organizó el acto de San Nicolás: “Quedó claro que el sector no se va a dejar arrastrar a la pobreza ni va a entregar la libertad”

No será un acto ni una movilización de tractores o camionetas por las calles de la ciudad, como esperaban los productores más entusiasmados. Más bien se plantea como una estrategia para dejar en evidencia que el gobierno poco y nada está dispuesto a negociar con el sector agropecuario y otros actores sociales disidentes con sus políticas.

En materia de política agropecuaria, de esa asamblea seguramente surgirá un mandato contundente para que las entidades de la Mesa de Enlace convoquen a un nuevo paro, mucho más extenso y más amplio que el cese de comercialización de hacienda que se dispuso a fines de mayo, cuando el gobierno aplicó un cierre total de las exportaciones de carne. La idea es incorporar a otras producciones y actividades a ese parate de la actividad, que impactaría en la agenda política justo antes de las primarias.

¿Será?

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La denominada Proclama de San Nicolás tiene puntos que exceden largamente la política agropecuaria, aunque se pronuncia en contra del cierre de las exportaciones de carne y otras intervenciones en los mercados. Recuerda en cambio que “el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio”; recuerda que “la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva”; aboga por el respeto al derecho a la propiedad; pide apoyo oficial para las actividades afectadas por la pandemia; reclama por la apertura de todas las escuelas y también un reconocimiento especial para el personal de salud; y reclama una reducción del gasto público como manera de lograr equilibrio fiscal.

“Quienes nos convocamos en San Nicolás exigimos a los tres poderes del Estado, en los niveles
Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, su compromiso
inmediato con el cumplimiento de lo demandado en dicha proclama”, dicen los organizadores del acto de San Nicolás, antes de amagar con nuevas protestas.

Para ellos la movilización fue un “éxito” por diferentes razones, entre las que citaron:

• Que 65.000 personas se congregaron en San Nicolás para expresar su descontento. “Protestaron en paz y con respeto, sin afectar los derechos de los demás ciudadanos”. Y que al finalizar el encuentro, “dejaron el predio en condiciones impecables, tal como lo habían encontrado”.
• También destacaron que la marcha “fue el resultado del esfuerzo conjunto de cientos de personas, provenientes de diferentes lugares del país, que aportaron conocimientos, trabajo y recursos”. Subrayaron que casi 400 personas aportaron dinero para cubrir los gastos, incluyendo el traslado de los Gauchos de Güemes desde Salta.
• “Hubo, en total, 14 oradores, en representación de distintos sectores, que abordaron los problemas que los aquejan: educadores, estudiantes, comerciantes, productores de alimentos, jubilados. Cada uno de ellos con su reclamo al gobierno. Problemas diversos pero con una raíz común, que es un modelo político, económico y social que desprecia el mérito, el esfuerzo y la libertad individual, y pone los privilegios de la clase política por encima de los derechos de los ciudadanos”, apuntaron.

En el comunicado, que no tiene firma de una organización específica, los organizadores agradecieron “la participación de todos los que hicieron posible este encuentro”.

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Frente a esta situación, la Red recomendó a sus adherentes que no vendan hacienda a este grupo de frigoríficos y menos cuando el DTE (Documento para el Tránsito de animales) sea redactado con destino de exportación. Entre los que convocaron a este boicot figuran varios de los principales organizadores del acto del viernes 9 de julio, que reunió por lo menos unos 30 mil productores a la vera de la ruta 9.

“Como es de público conocimiento el ‘cártel de frigoríficos denominado ABC’ negocia con el gobierno arrogándose la representación del sector agropecuario, al que traiciona cuando debiera sentirse parte solidaria”, indicó la Red en un corto comunicado que de todos modos tiene seis carillas: la primera con el texto y las otras cinco con las firmas de todos los delegados regionales de este grupo de productores que no están enrolados en las entidades tradicionales de la Mesa de Enlace.

Según esta visión, “la jugada de estos ‘cazadores en el zoológico’ (en referencia a los frigoríficos que exportan) es conocida: cierres de exportación, baja del precio al productor, compra de vaca barata que stockean mientras la exportación está cerrada y venden con grandes beneficios cuando esta se abre, como ocurría en tiempos de Moreno con la carne y el trigo”.

Los autoconvocados creen que esto implica un “negocio redondo que sería imposible sin las restricciones e intervenciones con las que el gobierno ‘socialista’ afecta el libre comercio”. Es decir, sospechan que se trata de “negocios patrocinados y regenteados por el Estado (que a la larga funde a todos, incluso a los que beneficia, como pasó con empresas avícolas, lácteas y metalmecánicas que creyeron encontrar El Dorado vendiendo a Venezuela)”.

Para los autoconvocados, existe entonces una manifiesta complicidad de los frigoríficos socios del Consorcio ABC, la entidad que preside Mario Ravettino ( en la foto) y que integra a unas 25 plantas que concentran el 80% de los embarques de carne, y las autoridades gubernamentales, que desde junio han impuesto cupos a la exportación de carne vacuna, de los cuales la inmensa mayoría recayó en las plantas de los socios de esa entidad. Por otro lado, alimenta las sospechas el hecho de que ha sido el Consorcio ABC la única organziación de la cadena de la carne vacuna que tuvo línea directa todos estos meses con el ministro de Producción, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

“Del gobierno no vale la pena hablar”, afirma sin embargo el comunicado, que vuelve a endilgar a la gestión de Alberto Fernández tener una ideología socialista. “Sabemos con que bueyes aramos. Socialismo y concentración son frutos del mismo árbol. Su interlocutor natural nunca fue el mercado libre sino el monopolio, con el que se sienten a sus anchas”, explicaron los autoconvocados.

Pero en el escrito, este grupo no ahorra críticas al Consorcio ABC, que agrupa a empresa locales como Rioplatense, Friar, Coto, La Anónima, Gorina y Arre Beef, con otras extranjeras como Marfrig y Swift, del grupo Minerva.

“Del cartel ABC si podemos decir mucho. Medran con el trabajo de los productores que se están fundiendo, de los frigoríficos pequeños que quedan fuera, de los obreros que pierden su trabajo y de la ciudadanía que ve menguar sus libertades y bienestar mientras una ‘nomenklatura’ parasitaria y millonaria se apropia de todo en nombre del socialismo (como en Cuba, China, Nicaragua y Venezuela)”, insisten.

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“El relevamiento buscó recoger la opinión de personas que hayan participado de alguna de las manifestaciones llevadas a cabo por el sector agropecuario en todo el país el pasado 9 de julio”, explicó la consultora.

¿A quién estuvo dirigida la manifestación? Ante esa primera pregunta, fue apabullante las respuestas que apuntaron a Alñberto Fernández y Cristina Kichner como principales destinatarios. El 80% de los consultados consideraron que la misma estuvo dirigida “Al Gobierno”, un 5,3% consideró que estuvo dirigida “A la clase política en general”, un 4,7% “A la ciudadanía en general”, y un 3,3% al propio Alberto Fernández, Presidente de la Nación.

¿Y cuál fue el principal reclamo que se quiso expresar con esta manifestación? Ante esta segunda pregunta, las diferentes respuestas se agruparon en 5 categorías: hubo un 47,6% que señaló que el principal reclamo tenía que ver con aspectos que hacen a la Calidad Institucional (Corrupción, Respecto a las libertades, Respeto a la Constitución, etc.), un 32,3% indicó reclamos que tenían que ver específicamente con aspectos de la Política Agropecuaria, un 10,3% señaló aspectos vinculados al Rumbo General del Gobierno, un 6,5% aspectos vinculados a la Política Económica, y un 3,3% que se inclinó por Otros asuntos como la Educación, la Seguridad y la situación sanitaria.

Finalmente, a la hora de expresar con una palabra el sentimiento que se quiso transmitir con la manifestación, la palabra con mayor cantidad de menciones (16,5%) fue “Hartazgo”, la segunda palabra más mencionada (13,6%) fue “Libertad”, y la tercer palabra más mencionada (8,6%) fue “Bronca”, entre las muchas palabras que se mencionaron para describir el sentimiento que sintetizaba la manifestación.

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