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]]>La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
El año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).
El Estado argentino se prepara para violar por treceavo año consecutivo la Ley de Bosques
Al respecto, Fundación Vida Silvestre expresó su preocupación por la falta de fondos para la protección de los bosques nativos de Argentina.
“Lo que venimos pidiendo año tras año es que se cumpla la ley de manera correcta. Sin el adecuado estímulo financiero, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia”, manifestó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, por medio de un comunicado
“Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación”, añadió.
Pero, además de asignar una cifra ínfima respecto del monto establecido por la legislación vigente, el colmo del colmo es que el Estado mantiene una deuda enorme –en pesos progresivamente devaluados– con compensaciones relativas a propietarios de zonas protegidas.
“La puesta al día de las rendiciones por el total que aún adeudan la mayoría de las provincias, no debería ir más allá de marzo 2022. El cumplir en tiempo y forma, también es una señal de seriedad y compromiso para defender el fondo en el marco de las discusiones del presupuesto nacional”, aseguró Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre.
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]]>La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán, equivale a un monto de 30.600 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 15.000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
Increíblemente, a pesar de la violación sistemática de la Ley 26.331, legisladores de todas las fuerzas políticas presentaron el año pasado diferentes proyectos para crear un “Fondo Nacional de Humedales” orientado a compensar a propietarios de zonas de humedales declaradas como área de conservación.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatió los proyectos presentados y consensuó un documento único que fue girado posteriormente a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros.
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]]>La entrada ¿Siembra directa para cancelar el pasivo con el FMI? Alberto Fernández propuso implementar un canje de deuda por servicios ecosistémicos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Necesitamos aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos y para atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico”, indicó el presidente argentino desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.
“Admito que lo menciono desde la Argentina, un país particularmente afectado por un endeudamiento tóxico y depredador, pero también tiene sentido para el resto de los países que han aumentado su exposición de deuda durante la pandemia”, reconoció Fernández. Argentina, con un monto del orden del 50.000 millones de dólares, es el país con mayor deuda ante el FMI.
“Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental, y de la categoría de acreedores ambientales que ostentan los países menos desarrollados, son otras claves para la salida de la actual crisis”, propuso Fernández.
Si bien no detalló cuáles son los servicios ecosistémicos prestados por la Argentina, entre los mismos se incluyen los brindados tanto por bosques naturales como por los sistemas agrícolas en siembra directa que mantienen plena cobertura del suelo en las rotaciones, una tecnología en la cual el país tiene liderazgo a nivel global.
“La República Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades; es prioridad de este gobierno. Formalizaremos en la próxima Conferencia de cambio Climático (COP) de Glasgow (a realizarse en noviembre próximo) un incremento del 2% en la ambición de nuestra contribución que determinamos nacionalmente, lo que resulta en un compromiso del 27,7% superior al presentado en 2016.
La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos. Pero en diciembre de 2020 Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 360 millones de toneladas para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implica asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.
Para lograr eso, Fernández dijo que “elaboramos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al cambio climático, junto con las provincias y actores de toda la sociedad; además pusimos en marcha una mesa de transición para la promoción de las energías renovables, y el desarrollo de un complejo productor y exportador de energías limpias y de bajas emisiones, basada en el hidrógeno”.
“También promovemos la adopción de tecnologías para la reducción de emisiones de metano y otros contaminantes; el transporte sostenible es otra de nuestras prioridades para reducir las emisiones, impulsando la eficiencia y la electrificación; también adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental; nosotros fortalecemos los sistemas de información climática y meteorológica, y la implementación de medidas de reducción de vulnerabilidad en las comunidades, la infraestructura y los sistemas productivos, con el fin de proteger a los más pobres ante los eventos climáticos extremos”, manifestó.
Será el 29 de julio: Falta muy poco para que llegue el Día de Cinismo Ambiental
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]]>La entrada El Ministerio de Ambiente adjudicó contratos por casi 44 millones de pesos para el estudio de bosques y zonas forestales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El primer contrato, correspondiente a un estudio de diagnóstico ambiental y socioeconómico de las cuencas forestales argentinas, fue adjudicado a la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología (Innova-T) 24,4 millones de pesos exentos de impuestos.
La Fundación Innova-T es una unidad de vinculación tecnológica creada en 1993 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET) para impulsar la transferencia de tecnología.
El segundo contrato, dedicado a determinar el carbono orgánico presente en los suelos de los bosques nativos de la Argentina, se signó a favor de la Fundación ArgenINTA por 19,4 millones de pesos también libres de impuestos.
El estudio deberá cuantificar del contenido de carbono orgánico del suelo de los bosques nativos para relacionarlo con el tipo de bosque, los diferentes usos y el cambio de uso del suelo, de manera tal de contar con información que permita desarrollar medidas de mitigación por incorporar al Plan de Acción Nacional de. Bosques y Cambio Climático.
Creada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) también en 1993, ArgenINTA es una institución sin fines de lucro regida por un Consejo de Administración integrado por representantes de INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación, CRA, CREA, FAA, SRA, Coninagro, Facultades de Agronomía, Facultades de Veterinaria, dos miembros benefactores provenientes de una entidad o empresa agroindustrial y un representante de los Consejos de Centros Regionales de INTA.
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