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]]>La mayor parte de ese monto, una cifra de 220.482 de millones de pesos, corresponde al régimen de promoción de Tierra del Fuego, el cual contempla liberación de IVA, exención del impuesto a las Ganancias y de derechos de importación, además de alícuotas reducidas de impuestos internos sobre artículo electrónicos.
En el segundo lugar de la lista –con una suma de 199.032 millones de pesos– se encuentra el régimen para Pymes de pago a cuenta de Ganancias del 100% del impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, algo que, más que una promoción, es la devolución de un tributo que es un verdadero robo a las vapuleadas pequeñas y medianas empresas.
En tercer lugar, con un monto presupuestado para 2022 de 33.039 millones de pesos, se encuentra la “no gravabilidad del impuesto sobre los Combustibles”, algo que no corresponde computar como un “régimen de promoción” porque la propia Ley Nº 23.966, con sus respectivas modificaciones, establece que tanto el biodiésel como el bioetanol no resultan alcanzados por ese impuesto.
¿Hay algún régimen de promoción específico para el sector agropecuario? Pues claro, no se pongan impacientes, que el proyecto de Presupuesto 2022 contempla una partida de 116,5 millones de pesos para el régimen de inversiones para bosques cultivados.
Pero en 2021 se habían asignado 279,5 millones de pesos para el régimen de bosques cultivados. ¿Eso implica que se va desfinanciar el año que viene? Para nada, pero la mayor parte de los aportes que recibirá el mismo provendrán de un nuevo impuesto que comenzó a aplicarse recientemente sobre los seguros automotores.
¿Cuánto representa una suma de 220.482 de millones de pesos? Nada menos que casi el 20% de lo que Estado nacional –según el propio proyecto oficial de Presupuesto– planea recaudar el año que viene en concepto de derechos de exportación, un impuesto que, casi en su totalidad, es soportado por el sector agropecuario.
El régimen de promoción de Tierra del Fuego fue creado por la Ley Nº 19.640 del año 1972 con el propósito de subsidiar la radicación de industrias tecnológicas para que las mismas, luego de varias décadas, pudiesen tornarse lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal.
Y ese momento finalmente llegó, porque el régimen finaliza en 2023, pero lo cierto es ya comenzó una intensa campaña para extenderlo por varias décadas más, lo que representa una desvirtuación de la Ley Nº 19.640, cuyo propósito original fue fomentar el desarrollo de un polo industrial y no un “agujero negro” de subsidios estatales financiado hasta la eternidad con dinero de todos los argentinos.
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]]>La entrada ¿Seguro verde o eco impuesto? El Senado aprobó la creación de un programa de sustentabilidad ambiental que permitiría financiar las nuevas forestaciones se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor, en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091“, dice el artículo 2 del proyecto.
Los memoriosos recordarán que algo similar fue impuesto por el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2018. En esa oportunidad, el bautizado “Seguro Verde” consistía en derivar el 1% de todos los seguros automotrices contratados para sostener las nuevas forestaciones, y de alguna forma quitarle un gasto al Presupuesto de Agroindustria en época de ajuste fiscal. Permitió, por aquellos días, comenzar a saldar una importante deuda del estado con los forestadores, que trepaba más allá de los 600 millones de pesos.
De nuestro archivo: Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones
Este ajuste en la alícuota llevaría el presupuesto actual de 70 millones a más de 100 millones de pesos, según indicó el senador misionero, autor de la propuesta Maurice Closs (FDT). El 10% de los aportes recibidos serán aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal para cubrir los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080.
“El sector forestal se quedaba sin presupuesto y los planes y política se discontinuaban. ¿Por qué necesitamos financiar al sector forestal? Porque esas inversiones son de mediano y largo plazo. ¿Por qué obligatorio? Porque así todos los que participen ayudarán a bajar esa alícuota. Esto logrará que nuestro país tenga ventajas comparativas y competitivas en una industria que es sumamente generadora de puestos de trabajo, inversiones y que tiene mucho por crecer”, afirmó Closs.
Agregó luego que la ampliación de los bosques implantados tendrá un impacto positivo en el medio ambiente al generar “un efecto purificante”.
Sin embargo la oposición mostró sus reservas a esta iniciativa. “Un eco-impuesto o un impuesto verde, que es lo que pretende ser esta prima sobre los seguros automotores, es una herramienta fiscal que tiene que cumplir tres condiciones: se debe imponer sobre actividades que han demostrado su impacto ambiental negativo; debe perseguir el fin de modificar positivamente patrones de consumo y de producción; los fondos deben destinarse a la promoción de actividades bajas en carbono”, señaló la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González (PRO-Buenos Aires), que no parecía recordar que la idea original fue de su propio partido.
“En este caso esas tres condiciones no se cumplen porque no desincentivamos a los responsables de la contaminación o de las emisiones de carbono, como podía ser el impuesto a los combustibles fósiles o las industrias, y lo hacemos sobre las aseguradoras, no en quienes deben cambiar hábitos”, agregó.
Según Gonzáles, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas como el pino, el sauce y el eucalipto, y numerosas organizaciones como el Conicet han aclarado que estas no garantizas la absorción de carbono.
“Esta es una ley de promoción de la actividad forestal, no un programa de sustentabilidad ambiental y va a ser financiado por todos los argentinos. Todos reconocemos que la ley de bosques está desfinanciada. Si queremos que aporten respecto a la sustentabilidad ambiental mejor hubiese sido destinar los fondos al fondo nacional de enriquecimiento y conservación de los bosques nativos”, sentenció.
Fue por esa razón que la senadora solicitó la conformación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la implementación de esta ley, porque “hablamos de mucho dinero” y su trabajo permitiría “influir en la política forestal que queremos”.
La iniciativa finalmente fue aprobada por 52 votos afirmativos, 1 negativo y 10 abstenciones, y ya fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
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