La entrada COP26: Con apoyo de Brasil (y una adhesión confusa de la Argentina), anuncian un nuevo acuerdo global para detener la tala de bosques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En la primera década del milenio, hasta que logró implementar su Ley de Protección de Bosques Nativos, la Argentina estuvo entre los países que más deforestaron a nivel global, según indicadores de la propia Naciones Unidas. Un acuerdo de este estilo implicaría poner límites más severos para la ampliación de la frontera agrícola en las provincias del norte del país.
El acuerdo para detener la deforestación se firmó en el tercer día de la COP26, pero en la última jornada en la que participarán los presidentes, entre ellos Alberto Fernández, quien habló ante la cumbre y volvió a vincular la necesidad de vincular el endeudamiento externo de los países con los “servicios ecosistémicos” que brinden al resto de la comunidad internacional. Evitar la deforestación podría ser considerado uno de ellos, pues sabido es que los bosques actúan como sumideros de carbono. En ese sentido, el Presidente solo avisó que el gobierno enviará al Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos.
EN VIVO | El presidente Alberto Fernández participa en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP26 https://t.co/v4iU75GZoz
— Casa Rosada (@CasaRosada) November 2, 2021
En la jornada inaugural de la COP26, el lunes, los diferentes jefes de Estado lanzaron dramáticos llamados a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para “salvar a la humanidad” de los devastadores efectos del cambio climático. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sobre este punto un pacto de 105 países para reducir un 30% ese tipo de emisiones para 2030. La adhesión argentina a ese acuerdo se conocía de antemano, pero a que el metano es el gas que emiten naturalmente las actividades ganaderas, por lo que esta acción podría ser contraproducente para las economías agropecuarias de la región.
En materia de forestación, que también podría resultar un condicionante al avance de la frontera agropecuaria, el anuncio de un acuerdo entre otros 105 países lo hizo el primer ministro británico, Boris Johnson. Contó que el compromiso implicará detener la deforestación en 2030 y movilizará recursos por 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados para lograrlo.
“Estos grandes ecosistemas abundantes, son los pulmones de nuestro planeta y esenciales para nuestra propia supervivencia”, señaló Johnson, que habló de un “acuerdo histórico” y una “oportunidad sin comparación para crear puestos de trabajo”.
“Con las promesas sin precedentes de hoy, tendremos la oportunidad de poner fin a la larga historia de la humanidad como conquistadora de la naturaleza y, en cambio, convertirnos en su custodio”, agregó el británico.
Los expertos tuvieron reacciones diversas respecto al anuncio. Algunos de ellos que lo consideraron positivo, aunque advirtieron que un acuerdo previo de 2014 no logró detener la deforestación en absoluto y que es imperiosos cumplir con los compromisos. Otros, en cambio, denunciaron el anuncio como una “luz verde para otra década de destrucción forestal”.
Bosques y selvas absorben casi un tercio del Carbono global emitido por la quema de combustibles fósiles, pero cada minuto se pierde una superficie forestal equivalente a 27 campos de fútbol, según la presidencia de la COP26. Esto sucede en los países en vías de desarrollo, pues las potencias que ahora pregonan la necesidad de detener la deforestación ya talaron sus propios recursos hace muchas décadas.
Pero el asunto es complejo: según las mediciones disponibles el 23% de las emisiones mundiales de CO2 proceden de actividades como la tala, la deforestación y la agricultura, mientras que a la vez hay al menos 1.600 millones de personas -casi 25% de la población mundial- que dependen de los bosques para su subsistencia.
Según este anticipo, los países que firmarán el acuerdo contienen el 85% de los bosques del mundo. Entre ellos destacan Rusia, Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo. Hasta esta mañana no se conocía la posición del gobierno argentino, aunque se suponía que actuaría de acuerdo con Brasil y el resto de los países del Mercosur.
Finalmente se supo el motivo del intríngulis. En la declaración emitida por el gobierno británico sobre este acuerdo no figuraba la firma de la Argentina porque al parecer ninguno de sus funcionarios se hizo presente al momento de suscribir el pacto. De todos modos, luego fuentes oficiales confirmaron a diversos medios que la adhesión nacional a ese acuerdo para frenar la deforestación no estaba en discusión.
Los países que suscriben la iniciativa se comprometerán con 12.000 millones de dólares de fondos públicos para proteger y restaurar los bosques, junto con 7.200 millones de dólares de inversión privada. Parece ser poco dinero frente a los recursos que moviliza la agricultura, la ganadería y otras actividades que compiten por esa misma superficie.
El Reino Unido destinará más de 2.000 millones de dólares a lo largo de cinco años para apoyar la defensa de los bosques. Ese dinero incluirá casi 500 millones de dólares para los bosques tropicales de Indonesia y más de 270 millones de dólares para la Coalición LEAF, organismo que que facilita que los países con bosques tropicales y subtropicales avancen más rápido hacia el fin de la deforestación.
Los gobiernos que representan el 75% del comercio mundial de productos básicos clave que pueden amenazar los bosques, como el aceite de palma, el cacao y la soja, también suscribirán una nueva Declaración de Bosques, Agricultura y Comercio de Productos Básicos (FACT).
El ministro de Medio Ambiente británico, George Eustice, describió hoy el acuerdo de deforestación como un “avance realmente significativo”. En declaraciones a Sky News, resaltó también que Brasil esté entre los firmantes, considerando que se trata de un compromiso que el país sudamericano no había asumido antes.
“Creo que las cosas están empezando a cambiar en términos de su enfoque. Siempre con estos acuerdos multilaterales, tenemos que trabajar con los países. Necesitamos que todo el mundo se una y haga estos compromisos. Creo que es produjo cierto éxito”, dijo.
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]]>La entrada El Estado argentino se prepara para violar por treceavo año consecutivo la Ley de Bosques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán, equivale a un monto de 30.600 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 15.000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
Increíblemente, a pesar de la violación sistemática de la Ley 26.331, legisladores de todas las fuerzas políticas presentaron el año pasado diferentes proyectos para crear un “Fondo Nacional de Humedales” orientado a compensar a propietarios de zonas de humedales declaradas como área de conservación.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatió los proyectos presentados y consensuó un documento único que fue girado posteriormente a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros.
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]]>La entrada La FAO apoyará a Argentina en la implementación de un Plan de Acción Nacional de Bosques con 82 millones de dólares se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El financiamiento obtenido fue aprobado por el Fondo Verde para el Clima como resultado de la reducción de 18 millones de toneladas de CO2. Esta merma es parte de un total de 165 millones de toneladas que la Argentina logró disminuir en el período 2014-2016, a partir de la deforestación evitada en las regiones del Parque Chaqueño, en la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y en la Selva Misionera.
https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1437850550272417792
Ya en 2011 Argentina había suscripto al mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación de los bosques (REDD+), una herramienta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo. Su función es impulsar la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.
El acuerdo en cuestión fue firmado entre el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, Felipe Solá; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y el Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, y se encuadra dentro del recientemente firmado Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo (Mecnud).
“El desarrollo sostenible precisa de políticas coherentes a todos los niveles, del compromiso de todos los actores y de la adecuada movilización de recursos financieros. Solo desde esa coherencia y participación vamos a poder abordar las causas estructurales del calentamiento global y plantear las mejores soluciones para combatirlo”, dijo el ministro Solá.
Por su parte Juan Cabandié dijo: “Este financiamiento será destinado a preservar nuestras cuencas forestales, a extender el área de bosques bajo manejo sostenible, a trabajar en la ganadería integrada con bosque nativo y a generar mecanismos de integración social para las comunidades que viven alrededor de las cuencas”, dijo Juan Cabandié.
En este sentido, el proyecto impulsará el establecimiento de 7 cuencas forestales sostenibles, apoyando a 7 mil familias de productores. También establecerá 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 planes de manejo de bosques con ganadería integrada que beneficiarán en forma directa a 2.900 familias de comunidades locales e indígenas.
Además se implementará 6 planes estratégicos de prevención de incendios a nivel provincial y contribuirá a la autonomía económica de las comunidades que viven en el bosque.
Greenpeace denuncia que Chaco no respetó un fallo judicial que ordenó detener los desmontes
“Nadie va a escapar del impacto del cambio climático. Ya no estamos hablando del futuro, sino de hoy. Y una de las formas que podemos enfrentarlo es conservando la riqueza y la salud de los bosques. Argentina está recibiendo fondos por haber alcanzado resultados: y es una gran señal que dedique esos fondos a impulsar el manejo sostenible de los bosques, en un momento en el cual la crisis de COVID-19 requiere una recuperación económica y social desde la óptica de la transformación climática”, sostuvo Julio Berdegué en nombre de FAO.
La iniciativa, que impulsará el manejo sostenible en 4,5 millones de hectáreas de bosques nativos, será ejecutada en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la FAO, junto a socios clave en el Gobierno en la sociedad civil, instituciones de sector técnico-académico y Naciones Unidas.
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]]>La entrada Greenpeace denuncia que Chaco no respetó un fallo judicial que ordenó detener los desmontes se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios deja en evidencia que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, al hacer pública la denuncia.
El 5 de noviembre pasado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió “ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”.
El fallo de la justicia se basó en la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, un proceso que se inició en 2006 con la sanción de la ley. En territorio chaqueño ese trabajo se realizó solo una vez, aunque la legislación requiere una actualización periódica.
Greenpeace citó datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, que ubican a Chaco como la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas.
Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques.
“El gobernador de Chaco tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. No puede seguir siendo cómplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensión establecida por la Justicia y no se siga desmontando”, reclamó la entidad a Jorge Capitanich.
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]]>La entrada Para la Federación de Agrónomos, antes de pretender modificar la Ley de Bosques hay que empezar a cumplir con la normativa vigente se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) emitió un comunicado señalando algunos de los cambios en el texto de la Ley sancionada en 2006 que consideran importantes. Pero ante todo señaló que “antes de pretender una modificación, el desafío es empezar a cumplirla.”
Como primer cambio, los agrónomos remarcaron la necesidad de enunciar de forma clara las definiciones de Sustentabilidad y de Rol del Bosque, tanto en el texto de la Ley como de la reglamentación.
“La Ley 26331, con sus ambigüedades y algunas inconsistencias técnicas, produjo un abuso de los términos ‘bosque nativo’, haciéndolo sinónimo de ‘ecosistema’, aspecto muy alejado de la realidad. Esa falta de definición clara ha causado un inmenso problema de aplicación de la Ley, y que no está contemplada en el proyecto que lo reemplazaría”, afirmaron.
En este sentido agregaron que el establecimiento y la definición de conceptos no debería estar a cargo del COFEMA sino de otras entidades, como el INTA el Conicet, los Consejos de Ingenieros Agrónomos, las universidades, centros de investigación y otros organismos que poseen estudios y experiencias sobre la temática.
Respecto a las categorías de conservación, FADIA indicó que la definición de los tipos de vegetación quedó en manos de las autoridades provinciales que utilizan la metodología que más le conviene a cada una. Por eso afirmaron que la ley “sólo debe fijar un marco y parámetros regulatorios generales, regionales y/o provinciales donde claramente se explicite lo que se debe conservar y cómo aprovechar los productos y servicios del bosque y/o monte”.
Criticaron luego que el proyecto de reforma pretende eliminar la Categoría III (Zona Verde), que define a aquellas zonas que pueden “transformarse” con destino agrícola, utilizando técnicas de conservación que resguarden los recursos naturales. Indicaron que “su eliminación a priori rozaría con el principio de propiedad privada, en el cual los productores no quedan en iguales condiciones ante las actividades productivas que puedan realizar.”
Hacia el final concluyeron que el desafío “es dar el paso siguiente que sea superador, basado en cumplir los compromisos asumidos en la presente ley y actualizar la reglamentación de la misma basado en conocimientos científico-tecnológicos de los ecosistemas nativos.”
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]]>La entrada La Argentina ya recibe dinero por sus “capturas” de carbono: La ONU prestará 82 millones de dólares para promover un uso sostenible de sus bosques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los fondos fueron otorgados gracias a que “se demostró que Argentina logró disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el período 2014-2016, alcanzando una reducción total de más de 165 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, a partir de la deforestación evitada en las regiones del Parque Chaqueño, en la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y en la Selva Misionera”, dice el comunicado del organismo.
Desde esta mirada, el país está haciendo lo que quisieran hacer muchos productores: recibir dinero por sus capturas de carbono. En ese periodo, la Argentina ofreció una porción de 18 millones de toneladas CO2 de dichos resultados al Fondo Verde, a través de la FAO como Entidad Acreditada. Y a partir de esto es que se le aprobó dicho financiamiento.
Estos fondos serán usados para establecer 7 cuencas forestales sostenibles que alcanzarán a 7000 familias de productores, comunidades y trabajadores y trabajadoras de la madera y servicios forestales; 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 planes de manejo de bosques con ganadería integrada que beneficiarán en forma directa a 2900 familias de comunidades locales e indígenas; y se implementarán 6 planes estratégicos de prevención de incendios a nivel provincial.
El proyecto se enmarca en el avance de la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, y en la estrategia nacional del programa de las Naciones Unidas REDD+ (“Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques”) para alcanzar las metas del Acuerdo de París y el desarrollo sostenible del país, de las comunidades locales, de las mujeres rurales y de los pueblos originarios, que viven y dependen de los bosques.
El nuevo proyecto será ejecutado en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la FAO, y se encuadra dentro del recientemente firmado Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo (Mecnud).
Para acceder al dinero, la Argentina argumentó a su favor que implementó políticas que permitieron reducir emisiones, como la Ley de Bosques 26.331 en 2006 y el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad. Muchas organizaciones ambientalistas como Greenpeace afirman que, aunque esto atenúo los niveles de deforestación, todavía se siguen desmontando miles de hectáreas, sobre todo en las provincias del norte del país.
El Fondo Verde Climático (FVC) fue constituido como mecanismo para ayudar a que los países en desarrollo puedan realizar prácticas de adaptación al cambio climático y mitigar sus efectos.
La entrada La Argentina ya recibe dinero por sus “capturas” de carbono: La ONU prestará 82 millones de dólares para promover un uso sostenible de sus bosques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada A falta de una actualización de la Ley de Bosques, la justicia del Chaco ordenó detener todos los desmontes se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La medida comprende a todas las categorías de conservación establecidas por al Ley de Bisques (rojo, amarillo y verde), en cualquier estado de ejecución en que se encuentre desde el mes de diciembre de 2014, a excepción de los planes y trabajos de conservación que no impliquen la conversión de los bosques. La orden judicial durará hasta “despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes otorgadas con posterioridad al vencimiento del plazo de vigencia y actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo establecido por la Ley Nº 26.331 y el Decreto Reglamentario N 91/09″.
La presentación judicial fue hecha por la organización Conciencia Solidaria. Pero una de las que más celebró el fallo fue la internacional Greenpeace, que además reclamó al gobierno provincial de Jorge Capitanich que este veredicto sea el punto de partida para establecer medidas que terminen con la deforestación.
“Es un paso muy importante que la justicia chaqueña haya suspendido los desmontes. Y un logro de todas las organizaciones y personas movilizadas en defensa del bosque. El gobierno provincial tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. Es hora de que se prohíban los desmontes para siempre”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El reciente fallo consideró “que el artículo 7 de la Ley 26.331 establece la prohibición de toda acción de desmonte hasta tanto se sancione el OTBN local, y que el artículo 6 del Decreto 91/09 obliga a las jurisdicciones provinciales a actualizar sus respectivos ordenamientos cada cinco años desde la sanción del instrumento legal. Entiende que, en la medida en que la Provincia del Chaco sancionó la Ley 1762-R en el mes de diciembre del año 2009, correspondía ingresar al proceso de actualización en el mes de diciembre del 2014″. Por eso porhibe todo lo que se haya hecho de ahí en adelante.
Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas deforestadas.
A fines de 2018, Greenpeace denunció la complicidad del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios, al realizar cambios de zonificación prediales para desmontar donde la normativa nacional no lo permite. Tras la fuerte presión de organizaciones sociales, el 29 de enero de 2019 el gobierno derogó, mediante el decreto 298/2919, las disposiciones que permitían estas modificaciones.
En mayo del año pasado, el Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia suspendió la ejecución de los desmontes en las fincas recategorizadas hasta que haya una resolución sobre el amparo que presentó la Defensoría del Pueblo del Chaco para que se anulen los permisos.
“Más desmontes significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Giardini, que desde Greenpeace está impulsando una petición hacia los gobernadores de Chaco (Jorge Capitanich), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), y Formosa (Gildo Insfrán), para que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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]]>La entrada Ley de Humedales: “Hagan lugar en el conurbano para 800 mil correntinos” por si prospera esa norma, desafía Jorge Vara se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así surgió una docena de proyectos de ley que ya están en el Congreso, los cuales en su mayoría van a tono con lo que piden los ambientalistas, que es que se establezcan políticas más restrictivas a las actividades humanas que se puedan hacer en esos territorios. Así, según cuál sea el criterio que se considere para la legislación, podría quedar improductivo el 70% de la superficie de una provincia como Corrientes, pudiendo afectar hasta 62 millones de hectáreas en todo el país.
Jorge Vara, diputado nacional radical, es oriundo de Corrientes y autor de uno de los 12 proyectos de ley de Humedales en danza. Pero esa iniciativa tiene la particularidad de ser el que más apoyo tuvo de los sectores productivos. “El único proyecto que salió de la comisión de Agricultura es el mío, que en realidad es un proyecto compartido porque lo trabajamos en conjunto con Alicia Fregonese, del PRO, y sus asesores”, dijo Vara a Bichos de Campo.
El pedido inicial de Vara es el no dejar afuera del debate a la comunidad agropecuaria, porque teme que eso puede derivar meramente de una imposición ambiental. “Es un proyecto de ley que puede afectar a unas 62 millones de hectáreas, de las cuales, el 50% están en el Litoral o región pampeana”, aclaró.
Ironizó con que, si eso sucediera, “hágannos un lugar en el conurbano para colocar 800 mil correntinos”, porque será imposible producir en su provincia.
Mirá la entrevista a Jorge Vara:
Vara, que es ingeniero agrónomo y fue ministro de la Producción de su provincia, comentó que todos los demás proyectos entraron por otras comisiones tales como Ambiente, Recursos Naturales, y desde la parte tributaria o penal, pero la comisión de Agricultura tanto de Diputados como de Senadores no fue partícipe. “Es más, se presentaron proyectos que no fueron consultados ni con los legisladores de provincias afectadas como Corrientes y Entre Ríos, ni con la comisión de Agricultura”, remarcó.
El dilema principal pasa por entender qué se considera por humedal, y dependiendo de su definición, el área protegida puede ser del 13% o del 25% del territorio nacional. El Delta, por ejemplo, es un humedal porque está permanentemente surcado por agua, y sería lógico que recaiga sobre este una protección especial.
Pero zonas como la Cuenca del Salado, que incluye distritos como Ayacucho, Bragado, Brandsen, entre otros, ingresan en una zona gris que es preciso aclarar, dado que se inundan de vez en cuando. Según los ambientalistas, deberían ser considerados humedales, mientras que los productores sienten que si esto fuera así, se verían obligados a retirar parte del stock de vacas del país. Allí está el 25% de las existencias.
En esta discusión fina sobre qué debería ser considerado un humedal, Vara aseguró que si prosperan las demás iniciativas legislativas avaladas por los ambientalistas, el 70% de Corrientes pasaría a ser considerado un humedal, Allí, además de los Esteros del Iberá, casi todo se hace entre ríos y bajos que claramente conforman un gran humedal donde hay millones de vacas y producciones claves como el arroz. Por esa razón deberá prestarse mucha atención a qué tipo de definición de humedal se dará.
¿Qué significa esto para el sector agropecuario? ¿Es una nueva amenaza o una oportunidad de comenzar a ordenar el territorio y evitar nuevas acusaciones del ambientalismo? Para el diputado correntino, “la mayoría de los productores ganaderos de acá tienen menos de 100 cabezas. Son productores chicos, y son cerca de 23 mil, pero no viven de 100 cabezas, sino que es gente que vive de otra cosa y tienen un complemento con la actividad ganadera”.
El diputado agregó que “los ambientalistas sostienen que los principales enemigos del ambiente en la zona nordeste son la forestación, la ganadería y el arroz, todas actividades que, en Corrientes, representan el 85% del producto bruto productivo”.
En referencia a la acusación de los ambientalistas, de que ciertas actividades productivas en provincias como Corrientes atentan contra el cuidado de los humedales, Vara manifestó que “somos la provincia con mayor porcentaje de bosques cultivados, respetamos las 700 mil hectáreas de bosques nativos que tenemos, y sólo 7 mil hectáreas fueron tocadas en los diez años de ley Bonasso o ley de Bosque Nativo, y no lo decimos nosotros, sino Greenpeace en sus evaluaciones, ¿Y saben cuál era la lapicera que firmaba esas autorizaciones? La mía”.
Según el diputado y agrónomo, “todas las provincias de la región norte, salvo Misiones que autorizó tocar sólo 32 mil hectáreas, tocaron de 200 mil hectáreas para arriba. Lo que nos permitió en Corrientes el no tener que tocar ninguna de las 700 mil hectáreas de la provincia, es que plantamos 526 mil hectáreas; el 80% de los establecimientos industriales de nuestra provincia son de la madera. Y luego nos dicen que la forestación es la principal amenaza de los humedales”, se quejó.
Mientras tanto, los proyectos de ley de Humedales siguen desfilando en el Congreso, y de fondo se discute el destino de millones de hectáreas. Una cosa queda clara: la definición de humedal que le den los legisladores puede implicar ciertas restricciones a las actividades productivas, o bien al 85% del producto bruto productivo de una provincia. Este debate recién empezó, y levanta cada vez más temperatura.
La entrada Ley de Humedales: “Hagan lugar en el conurbano para 800 mil correntinos” por si prospera esa norma, desafía Jorge Vara se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Ley de Humedales: “Es muy difícil avanzar con las provincias en pie de guerra”, evalúa Cali Villalonga se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Villalonga cree que es una prioridad de la Argentina legislar sobre sus humedales, pero al mismo tiempo es pesimista con el nuevo envión que tiene esa demorada ley, con más de una decena de proyectos presentados ahora: “Creo que no va a salir, porque volvió a instalarse un diálogo de sordos y es muy difícil avanzar con las provincias en pie de guerra. Hacer decirle a la ley cosas que no dice, genera un circulo vicioso que se realimenta”, explicó a Bichos de Campo.
El ex diputado y ahora consultor ambiental, que tiene un pasado como director político de Greenpeace Argentina, cargo que ejerció durante 16 años, manifestó que en el momento que empezó a trabajar con el tema de humedales comenzó a ver una oposición fuerte en el sector productivo, más que nada encarnado en provincias como Entre Ríos y Corrientes.
“Yo creo que todas las leyes ambientales tienen que tener acuerdo de parte de las provincias, porque en definitiva la aplicación de estas leyes terminará traduciéndose en una política dentro de cada una de esas jurisdicciones. Entonces se necesitan acuerdos, y cuando tenés una beligerancia tan fuerte, es imposible avanzar”, admitió.
Mirá la entrevista completa a Juan Carlos “Cali” Villalonga:
Aunque no hay fumata blanca para una ley de Humedales, Villalonga expresó que el intento y la vocación de sacarla ya estaban presentes desde hace rato. “El 2 de febrero es el día internacional de los humedales, y para esa misma fecha del año 2016 hubo uno de los intentos más serios; en una zona de humedales en Pilar, el entonces presidente Macri anunció en conferencia de prensa que iba a haber Ley de Humedales en Argentina”, remarcó.
El especialista recordó que la ley general del ambiente fue la primera ley de presupuestos mínimos aprobada en el Congreso, y que “es bastante sabia, porque si bien no regula nada en especifico, establece los criterios de definición de una política ambiental. El primer instrumento de los muchos que señala para hacerlo es el ordenamiento ambiental del territorio”.
“Uno de los debates más calientes que suelen darse en las legislaciones locales se genera cuando surge la necesidad de modificar el código de planeamiento urbano. Y algo similar ocurre con el territorio. Por eso yo creo que es correcto que comiencen a darse leyes que ordenen parcialmente esto”, agregó.
Para Villalonga, la Ley 26.331 de Bosques Nativos “es un gran ejemplo de ordenamiento del territorio, y creo que los humedales van hacia lo mismo. La idea es identificar las áreas que podrían definirse como humedales en el territorio nacional, y una vez hecho esto, las jurisdicciones son las que plantean el ordenamiento”.
Más allá de que los bosques nativos son ecosistemas más fácilmente identificables, Villalonga cree que alrededor de los humedales “hay muchos malos entendidos”.
“Cuando definís qué es y qué no es un humedal, estás definiendo cuáles son los ámbitos territoriales que se deben inventariar, y además se debe identificar su función y valor como humedal. Si es un humedal, será susceptible de ordenamiento, pero tratar de buscar definiciones restrictivas es oscurantista, y además es no entender la lógica de la ley”, remarcó.
Pero el ex diputado reconoció que “para la política es muy difícil, no solo planificar, sino develar por anticipado lo que quiere hacer. El ordenamiento explicita un proyecto, y esto es algo que le cuesta muchísimo a la política. Una gobernación dura cuatro años y nunca un desmonte es lo suficientemente grave como para hacer un escándalo; el problema se genera cuando hacés la sumatoria de desmontes. La deforestación se produce hectárea por hectárea. Cuando no hay planificación se va produciendo ese deterioro”.
Ver: Frente a los incendios en las islas del Paraná, Julián Monkes pide legislar sobre los humedales
Villalonga resaltó que “quienes definen la cancha, lo deben hacer de modo transparente, a través de cada jurisdicción y provincia, poniéndose de acuerdo con su sector académico, productivo y con la opinión pública. Implica dibujar sobre el mapa qué estamos dispuestos a conservar, qué estamos dispuestos a compatibilizar con la producción, y qué estamos dispuestos a hacer bolsa o perder. Este es el gran valor del ordenamiento territorial, que es en sí mismo es una poderosa herramienta de planificación ambiental”.
En definitiva, para el ex diputado “no se trata de avanzar sobre restricciones, sino que estas luego deben ser definidas en un trabajo posterior, por los estados provinciales con sus sociedades. Así funciona la Ley de Bosques, y así funcionan los proyectos de humedales”.
“La política es muy pícara, particularmente en las provincias. Recordarán todo el debate generado con la Ley de Bosques; y recorrí muchos lugares explicando sus alcances, porque después van los legisladores, le calientan la cabeza a los productores, y se entra en pánico, se transmite a los medios locales, y entonces no entendés la racionalidad”, manifestó.
El ecologista retomó la idea de la Ley de Bosques, y la puso como ejemplo de haber bajado la conflictividad: “Antes de esa ley, todo desmonte era un conflicto, pero después de que salió la ley, nadie hizo escándalos por un desmonte en una zona donde estuviera permitido. El escándalo se genera cuando se viola el ordenamiento”, dijo.
Lo que sucede, en la mirada de Villalonga, es que el sector privado, en general, no confía en la madurez de su clase política. De todos modos, aseguró que “para los productores cierta planificación territorial sería una ventaja, pues la litigiosidad bajaría notablemente”.
“En cualquier país maduro, la legislación ambiental es parte de la seguridad jurídica que el sector productivo necesita. Hoy, toda intervención productiva en áreas de humedales es susceptible de acciones en la justicia”, explicó.
Villalonga, en esa razonamiento, remarcó: “Las leyes ambientales no son anti productivas. Esto se ve cuando vienen inversiones de afuera, con otro seteo en la cabeza, y son ellas las que te piden la regulación ambiental vigente, porque no quieren despelotes imprevistos”.
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]]>La Argentina está dentro de los diez países con mayor pérdida de bosques nativos del mundo, al menos en el período que va del 2000 al 2015, que coincide con una fuerte expansión de la superficie agrícola. Según un informe reciente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 13% de la población del país vive dentro de las áreas comprendidas dentro de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Son exactamente 1.992.877 habitantes, para ser exactos.
Del trabajo participaron especialistas de la Dirección Nacional de Bosques de esa cartera, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Asociación Ingenieros Forestales Chubut. Su versión completa puede ser descargada desde aquí:
Descargar el Informe oficial sobre desmontes y alternativas
Para calcular cuánta gente vive en relación directa con las masas de bosques nativos, o “con el monte” como se diría más coloquialmente, en el análisis se tomó la superficie surgida de los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) que cada provincia presentó en 2017. A esos datos se los cruzó con el último Censo Nacional de Población 2010. De allí surgía que había a esa fecha 40.788.453 habitantes.
El segundo paso fue determinar que de los 527 departamentos/partidos o comunas correspondiente a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había 340 departamentos que contenían bosque nativo en forma total o parcial. Allí vivían 21.521.008 habitantes, el 54% del total. Pero de ellos el 87% era población urbana y solo el 13% era rural.
Profundizando el análisis por radios censales localizados dentro del área afectada por el Ordenamiento Teritorial, la conclusión fue que había allí dentro 5.064.918 habitantes, es decir el 13% del total del país país. Esa es la gente que vive, según el estudio oficial, “dentro de la matriz de bosques”.
El paisaje se pone negro cuando vemos que ese 13% cumpliría con al menos un indicador del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). ¿En criollo? Esas 5 millones de personas tienen viviendas inconvenientes, o carencias sanitarias (por ejemplo no cuentan con inodoros); viven en condiciones de hacinamiento; no pueden asistir a la escuela o no obtienen ingresos que lees aseguren su subsistencia.
Una de las conclusiones del trabajo es que el 8% de la población con NBI vive en los departamentos que tienen bosques nativos. Esto es 61.5% del total nacional.
Nuevamente, de esa masa de casi 5 millones de personas, hubo que discriminar población rural de urbana. Solo el 39% de esa gente vivía en el ámbito rural, un 10% agrupada en localidades de hasta 2.000 habitantes y otros 29% dispersa en medio del monte.
Así se llega a la conclusión de que “la población rural directamente vinculada a los bosques es de 1.992.877 de habitantes”. Esto equivale al 54,6% de la población rural del país.
Según el informe, la pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de hectáreas, ocurriendo el 43% de la misma (aproximadamente 2,8 millones de hectáreas) dentro del período de vigencia de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos. En 2018 se alcanzó una superficie desmontada de 183.368 hectáreas.
Otro dato que contiene el informe es que de las 1.856 comunidades identificadas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), hay 1.218 que habitan los bosques nativos.
Considerando las categorías de conservación definidas por la Ley 26331, el 61% de esas comunidades está en “zonas rojas” (categoría que supone sectores de alto valor boscoso, que no debería transformarse), el 34% está en “zonas amarillas” (sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero tienen un alto valor de conservación) y un 5% restante en “zonas verdes” (sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad).
Un dato interesante, para comparar, aparece en un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS en inglés) de Estados Unidos. En el Amazonas brasilero, aquellas comunidades que cuentan con los derechos de propiedad pueden proteger las tierras y reducir en un 66% la deforestación. Esto no se evidencia en los territorios donde no se les reconoce sus derechos, o se hace en forma parcial.
¿Esto puede traducirse en una alternativa para la preservación de bosques en Argentina?
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