“Las cifras oficiales lo que dicen es que el mercado es el mismo que antes, pero se demuestra un blanqueo de 700 mil toneladas de trigo a partir de la instalación de caudalímetros determinada por la Dirección de Control Comercial Agropecuario”, indicó Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).

Así se llegó a un total procesado y reconocido de poco más de 6 millones de toneladas de trigo procesado. Pero el directivo de la entidad aclaró que el total a blanquear es de 1 millón de toneladas y eso se alcanzaría cuando se ponga en marcha el remito electrónico que permitirá saber dónde termina la harina. El remito es un instrumento digital que anunció en 2018 la AFIP, pero que nunca se terminó de implementar.

Escuchá la entrevista a Diego Cifarelli:

El referente de la molinería destacó que estos progresos en la lucha contra la informalidad en un sector que tiene una elevada capacidad ociosa fue posible gracias “al trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, donde se tomó el toro por las astas. La propia industria se impuso este trabajo y desembolsó varios dólares para poner el controlador, cámaras y sensores porque no hay industria sólida y con futuro que trabajen en el oscurantismo”.

El volumen blanqueado no es para nada menor considerando que esas industrias muelen poco más de 6 millones de toneladas de trigo, aunque Cifarelli indicó “es un nivel bajo para la capacidad de instalada en el sector que asciende a 13 millones de toneladas”. O sea el sector opera al 50% de sus posibilidades.

Cifarelli además se refirió a la situación económica de las empresas y al impacto de las políticas del gobierno, que en marzo del año pasado, antes de que arranque la cuarentena, les impuso precios máximos. Luego les autorizó subas muy menores respecto de la inflación general y con relación a los costos de la industria.

El representante de los molineros recordó que el 6 de marzo de 2020 se definieron los precios máximos que tuvieron subas de 4% y 5% cuando el trigo, su materia prima tuvo saltos muchos mayores. Al respecto indicó que en marzo del año pasado costaba 12.000 pesos y ahora 19.000 por tonelada. El aumento fue del 50%.

Respecto de nuevos controles ante esta presión alcista, el titular de la Federación Molinera dijo: “No veo necesaria la intervención en el mercado del trigo, pero hay que estar con los ojos bien abiertos, porque nos enteramos sólo cuando el gobierno interviene exportaciones pero ya hay intervención cuando hay precios máximos en la transformación del trigo en harina”, explicó.

“La solución no es intervenir sino no prestarle atención a la participación de la harina en los farináceos. Tenemos pisada la cabeza y la molinería no sobrevive otro año con precios máximos cuando el 80% del costo es trigo”, advirtió.

Cifarelli dijo que su mensaje al gobierno es: “Dejame libre el mercado porque (la harina) incide en nada en el precio de los alimentos”.

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El caso que más preocupaba a las autoridades de ese área del Ministerio de Agricultura era el del Molino del Oeste SA, ubicado en la localidad e 9 de Julio, en territorio bonaerense, que había presentado una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, en la que se impugnaba la ofensiva oficial para controlar los volúmenes de molienda de trigo de cada planta.

Esa firma pedía la nulidad de la Resolución 84/2018, que fue la que dispuso la obligación a todos los molinos harineros del país de colocar equipos de sensores para medir el flujo de granos para el control de la molienda de trigo en cada planta. El CEMT también monitoréa el consumo de electricidad de cada empresa, para evitar que haya trampa.

El argumento de esta empresa para cuestionar los controles fue que esa norma era “contradictoria” con otras previas de 1998, 2001 y 2003, que habían intentado imponer un sistema de caudalímetros. En junio de 2019, una juez de primera instancia le otorgó una medida cautelar que ordenaba a la DNCCA (la ex ONCCA) devolver de modo inmediato la matrícula al molino. Pero el organismo presentó una apelación que esta semana tuvo resultado favorable. La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó aquella primera sentencia. Y ratificó la legalidad de estos controles.

“Este fallo es un gran espaldarazo al objetivo inicial que nos planteamos, que es que no quedara un solo molino sin instalar estos controladores electrónicos, como hizo la enorme mayoría de los molinos”, explicaron fuentes del sector. Desde la Federación de la Industria Molinera (FAIM) siempre se respaldó esta ofensiva, que tiene un capítulo paralelo en el sector frigorífico. En abril de 2019, cuando se implementaba este sistema, el titular de los molineros, Diego Cifarelli, estimaba que se molían cerca de 1 millón de toneladas de trigo de modo informal, y que los niveles de evasión llegaban a los 11 mil millones de pesos.

No fue la única victoria legal a favor de estos controles contra la competencia desleal en esa industria. En otro fallo de estos días, la justicia consideró “abstracta” una presentación realizada por Molinos Asunción. Si no coloca el CEMT, esa planta ahora podría ser suspendida del RUCA (Registro de la Cadena Agroalimentaria) y debería dejar de operar.

La vigencia de este sistema de controladores electrónicos, que ahora recibió este respaldo en la justicia, permitió que la DNCCA siguiera monitoreando estas plantas de molienda a pesar de no poder estos meses realizar inspecciones presenciales debido a la cuarentena por el Covid-19. En rigor, los sensores emiten de modo permanente datos sobre el funcionamiento de los molinos y su consumo de electricidad, que permiten ir chequeando a la distancia sus operaciones.

En estas circunstancias, esta semana Agricultura decidió suspender al molino Loma Blanca, ubicado en General Rodríguez, tras comprobar que consumía más energía de la que declaraba en sus balances de molienda y que desconectaba de a ratos el CEMT, según contaron las fuentes.

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El texto oficial enviado a la industria molinera es cortito y claro: “Hasta tanto se reanuden las inspecciones in situ, se continúan realizando tareas de fiscalización a partir del análisis y cruce de información de la operatoria tanto entre la DNCCA, la Dirección de Informática del Ministerio de Agricultura (que releva la información recibida por los CEMT) y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). En virtud de ello, en los próximos días, determinados operadores comenzarán a recibir requerimientos específicos de información, a fin de aclarar las inconsistencias o anormalidades que pudiéramos haber detectado”.

El problema es que desde el 19 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, los inspectores de la ex ONCCA tuvieron que cesar con sus controles cotidianos a plantas de molienda, pues no fueron considerados dentro de las actividades esenciales y debieron ajustarse a las normas generales para toda la administración publica.

Con el relajamiento no querido de los controles presenciales, un grupo de empresas volvieron a la carga y a vender harina en negro. Lo dijo a Bichos de Campo con todas las letras el titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli: “Quiero aclarar que el 95% de las empresas hacen las cosas que deben hacer, pero hay un 5% de las empresa que ante la  imposibilidad de las inspecciones físicas comenzaron a hacer de las suyas”.

Trampas Dos: En los molinos ya inventaron un “agujerito” para evitar los controles

Según el directivo industrial, “nosotros tenemos un sistema de denuncias anónimas en la Federación, que de estar muy tranquilo pasó a recibir en las últimas dos semanas denuncias de todo tipo sobre ventas en negro. El Ministerio debe estar observando lo mismo que nosotros y por eso la preocupación es compartida”, indicó Cifarelli, que calculó que “estamos de nuevo en una evasión que, pese a no alcanzar los niveles de otros años, estará entre el 10% y el 15%” de los volúmenes de molienda.

La Argentina demanda unas 6 millones de toneladas de trigo por año para atender su consumo interno, por lo que la industria molinera debe moler cerca de medio millón de toneladas por mes. Por lo tanto, la posible venta en negro implicaría entre 50 mil y 75 mil toneladas.

Para enfrentar la evasión, que en otros tiempos llegó a ser de 20% o 25%, durante el gobierno anterior la oficina conducida por Marcelo Rossi, al igual que lo hecho con las plantas de faena de bovinos y porcinos, obligó a todas las empresas molineras a colocar esta especia de “caudalímetros”, que además disparan de modo constante la información que registran hacia el Ministerio de Agricultura. Este plan se realizó en acuerdo con la FAIM y con APYMINRA, que agrupa a los molinos más pequeños. La molienda en negro, en un sector con alta capacidad ociosa, hace estragos entre los operadores que intentan cumplir con las reglas.

Ver Arrancan los controles a los molinos: Pero solo con el amague ya se “blanquearon” 50 mil toneladas de harina

En tiempos normales, los inspectores de la DNCCA verificaban in situ el buen funcionamiento de los CEMT y sobre todo que no haya habido adulteraciones. Estos controladores son una suerte de cajas negras que registran por un lado el caudal de trigo procesado por cada molino, pero a la vez toman nota de otros indicadores útiles para el control, como el consumo de electricidad en cada establecimiento. Esa es una de las variables que ahora podrían utilizarse para verificar la situación de cada planta.

“Se le recuerda a los operadores que las irregularidades graves serán pasibles de la aplicación de las medidas preventivas (suspensión de la matrícula) previstas en la normativa vigente para la actividad, sin necesidad de notificación previa”, dicen el preaviso de la ex ONCCA a los molinos. Y les aclara: “En virtud de que no deseamos aplicar esta medida, solicitamos la mayor colaboración y apelamos a la responsabilidad de los operadores en el cumplimiento de la normativa vigente”.

En el organismo esperan poder retomar los controles presenciales a partir del 24 de mayo, obviamente cumpliendo con los protocolos sanitarios del caso. Una muestra de ello es que ya han hecho los pedidos de barbijos y otros elementos de protección para el personal a las autoridades del Ministerio.

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Esta gente no fue todavía identificada. Pero varios molinos de Córdoba recibieron el ofrecimiento de “esta solución” para eludir los nuevos controles sobre el sector molinero implementados desde la AFIP y la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA). Los CEMT son complejos dispositivos electrónicos que, una vez colocados en los molinos, miden no solo el caudal de trigo que entre a la molienda sino otros factores que permiten controlar la actividad, como el consumo de energía.

“Lo que esta gente ofrece es hacerle un agujerito abajo, sobre la pala donde se pesa el trigo, para que haya una corriente continua de trigo, para que una parte se quede pesando y la otra vaya pasando”, explicó una fuente de la industria. Con ese pequeño agujerito se lograría reducir finalmente el trigo detectado al atravesar el caudalímetro. Esto permite seguir vendiendo en negro parte de la harina producida.

El diagrama que se adjunta es bastante demostrativo:

A raíz de estas denuncias, la ex ONCCA avisó en un comunicado que “las fiscalizaciones de los equipos serán implacables en términos de no permitir ningún tipo de perforaciones, tapas removibles en los caños anteriores ni posteriores adonde los censores toman los datos de molienda ni de consumo eléctrico, cámaras desviadas ni ninguna otra clase de anomalía que se preste a la sospecha de posibles adulteraciones”.

Implementada en etapas, la instalación de los CEMT fue considerada muy exitosa por las autoridades de Agroindustria y de la propia Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), que apoya los controles justamente para evitar que sus socios enfrenten una competencia desleal de parte de empresas que juegan en los límites.

El gran mérito de los controladores es impedir la subfacturación o la venta en negro de harina, ya que los equipos envían cada 20 minutos todos los datos del proceso de molienda directamente a las oficinas de Agroindustria, desde donde se comparten los datos con la AFIP.

En la etapa de adquisición de los equipos fabricados por una decena de empresas habilitadas se vendieron 166 CEMT, ya que otros 20 molinos se negaron a comprarlos y fueron suspendidos hasta tanto lo hagan. Luego, a partir del 1° de junio, entró en vigencia la resolución y había 164 caudalímetros enviando señales. Son esos los que ahora se ofrece adulterar.

“Es un agujero muy chico por el que entran unos pocos granos de trigo por segundo, y que se puede disimular fácilmente en caso de una inspección”, indicó la fuente.

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Los viejos y queridos caudalímetros que la industria molinera tenía que instalar a principios del milenio se han transformado ahora en equipos mucho más sofisticados: los CEMT incluyen balanzas, cajas negras y cámaras de video que transmiten on line y pueden captar todos los datos sobre la operación de un molino, para evitar competencia desleal y evasión.

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Se estima que la informalidad rodea al 30% de la moliendo total (que es de casi 6 millones de toneladas anuales de trigo). “Según estudios y análisis previos, no sería inferior a los $ 10.000 millones”, indicó una gacetilla oficial.

Hasta hace unas semanas, los controladores electrónicos de molienda que se habían vendido eran 160. Ahora hay que añadir estos 25 plantas que no lo instalaron en los plazos previstos, según informó la Secretaría de Agroindustria.

El Artículo 12° de la Ley Antievasión 25.345 establece que los molinos deberán contar con elementos electrónico de transmisión on line de volúmenes de molienda y consumo de energía que son recepcionados por la ex ONCCA, que monitorea así la actividad de cada establecimiento.

Dice la gacetilla que “la información generada mediante estos sistemas online será compartida con la AFIP, con el fin de que cada organismo pueda cumplir con la Ley según con su cometido, el de disminuir la evasión para la agencia, y el de velar por la transparencia del mercado y una sana competencia para Agroindustria”, se indicó.

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