Tal como está planteada la situación legal, quien se autopercibe como integrante de un pueblo originario queda amparado por una normativa que prevé la realización de un censo inconcluso desde 2006, mientras que quienes sufren la invasión de su propiedad quedan con la sensación de vulnerabilidad, desamparo, inseguridad y abandono de parte de los poderes del Estado provincial y nacional. Pero sobre todo de la justicia.

Eso es lo que asegura estar viviendo la familia Galván en la localidad neuquina de Añelo, que está ubicada a pocos kilómetros de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta. Es apenas un ejemplo entre varios casos que llevaron a que el domingo se organizaran dos manifestaciones de productores que temen por más usurpaciones. Las marchas se realizaron en Bariloche (Río Negro) y Añelo (Neuquén).

En diálogo con Bichos de Campo, Carolina Galván -junto a su hermano Fernando- contó que su padre compró el campo que ahora está en litigio en 1977, incluso antes de que hubiera una ruta de asfalto que llegara a esa zona. El vendedor, hace 40 años, fue un particular que tenían los papeles en regla, pues no se trataba de tierras fiscales.

En 2017, sin embargo, sufrieron una primera usurpación de “estos supuestos mapuches que está comprobado que no lo son”, describió Carolina.

En aquel momento, y tras impugnar la presentación de la personería jurídica de esta agrupación, negociaron con los usurpadores y llegaron a un acuerdo: los Galván renunciaron a avanzar con el juicio penal a cambio de que se desalojara la parte invadida del campo. Pero no fue gratis el episodio: al padre de Carolina eso le costó un accidente cerebrovascular.

“Ahora vuelven a usurparnos desconociendo aquel acuerdo que firmaron ante un fiscal y en el que reconocen la propiedad privada a cambio de que nosotros frenemos el juicio penal”, relató.

Escuchá la entrevista a Carolina Galván:

Esta familia de productores tiene un campo de 1.000 hectáreas, en gran parte destinado a la producción frutícola, y estaban arrancando con los trabajos en el suelo para sembrar avena en un lote de 20 hectáreas cuando se encontraron con los ocupantes que ahora controlan 100 hectáreas de su establecimiento.

“Yo no puedo ingresar a mi campo a pesar de que hay una orden de desalojo. Nos dicen que hay un trabajo de investigación para ver el momento apropiado del desalojo. Pero claramente no hay intención de desalojarlos. El gobierno de Neuquén tiene un discurso grave, hablan de paz social con los conflictos mapuches, pero no puede haber paz social con alguien que delinque. Eso había décadas atrás, antes de esta ley que habilitó a cualquier delincuente a hacerse pasar por originarios”, sostuvo Galván.

Con respecto al accionar de los funcionarios, la productora explicó: “Los tres poderes se pasan la pelota; el fiscal me dice que vaya a los medios para meterle presión a la ministra de Seguridad y ésta me habla de paz social ante un delito, mientras que la Policía no se anima a entrar al campo. El ministro de Tierras también me dice que hable con los medios y el de Producción que espere las elecciones”, describió la situación.

La productora dijo que está a favor de que haya una ley que cuide a los pueblos originarios, pero “esta ley está hecha de tal modo que da lugar a que cualquiera se considere originario y arme una comunidad. Por la forma en que se está aplicada, sin controles, sin documentación, yo entro a tu casa y digo que soy originaria y eso es suficiente para que a mí no me desalojen”, explicó.

Galván maneja dos hipótesis respecto de lo que está sucediendo. “A nivel local estas agrupaciones, que en algunos casos logran tener la personería sin ser pueblos originarios, extorsionan a las petroleras y cobran regalías que no son ganadas en buena fe, porque si no les paran los pozos”, aseguró.

Y agregó que “a nivel nacional hay algo mayor que no logramos dimensionar. Creemos que esto es una forma de tener dominio sobre la tierra, pues las usurpaciones nunca se hacen en lugares que no valen nada, hay un interés mayor. Vemos que es el mismo discurso, el mismo modo de operar, hay alguien que digita esto”, alertó.

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Con estas frases, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió este jueves un comunicado en el que pide a los diferentes niveles del Estado que actúen frente a este escenario de creciente tensión social en las provincias sureñas, donde se harían incrementado en estos meses electorales los sucesos de tomas de tierras.

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Para CRA, que es la organización agropecuaria de mayor representatividad territorial, es clara a esta altura la complicidad del gobierno nacional con las comunidades mapuches involucradas en estos conflictos.

“El Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos mesas de diálogo que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”, determinó el comunicado de los ruralistas.

En otro tramo del escrito, CRA recordó que “primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) la que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.

“Tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales”, se quejaron los productores.

la organización -que agrupa a unas 300 sociedades rurales de base en todo el país- consideró que uno de los orígenes de esta alta conflictividad hay que buscarla en la ley 26.160, que en 2006 declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”.

Según esta mirada, esa ley “ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia. Esto en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos que la aludida norma dispone”, se explicó.

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“La Ley 26.160 estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública. Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias”, amplió CRA en su comunicado.

Según los ruralistas, “la Patagonia y el país en su conjunto reclama del Gobierno Nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”.

“Los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos. Reclamamos al Gobierno, que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”, cerró el escrito.

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