El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado un proyecto que planteaba discutir el nivel de retenciones, para ir reduciendo el tributo progresivamente, pero el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto de ley y anuló cualquier posibilidad de cambios en los derechos de exportación.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Recientemente, un grupo de más de 20 diputados del PRO y de Avanza Libertad presentó su propio proyecto: pretenden aclarar que la posibilidad de fijar de derechos de exportación sea potestad exclusiva del Congreso.

Ahora apareció otra iniciativa legislativa. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO y productor bonaerense Pablo Torello, que propone una baja gradual de este impuesto, que pagan los exportadores pero que se termina descontando del precio que cobran los productores por sus granos y otros productos. La soja, por ejemplo, sufre un recorte del 33%, el trigo y el maíz del 12%. En el caso de la carne vacuna y de la leche en polvo la retención se ubica actualmente en 9%.

El proyecto de Torello podría ser presentado en estos días si es que el gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias y además incluye este tema en el listado a debatir, cosa que es poco probable. La convocatoria a extraordinarias, en cambio, es más probable que se transforme en realidad, porque les pidieron a los legisladores que estén disponibles desde enero.

La iniciativa legislativa de Torello repite varios aspectos de los mencionados en el proyecto del CAA que hizo suyo el oficialismo. Por eso se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador, regiría hasta 2025 y establece beneficios varios en cuanto a la amortización del patrimonio y en materia impositiva como es el caso de un crédito fiscal que será deducible del impuesto a las Ganancias en el caso de compra de fertilizantes, semillas fiscalizadas y otros insumos.

Pero la gran diferencia es que vuelve a reintroducir el tema de las retenciones a escena. El propio Torello explicó que “bajarían 5 puntos para la soja en el primer año y 3 puntos maíz y trigo por lo que irían a 28% y 9% respectivamente. Luego la baja sería de 3 puntos porcentuales por año hasta su desaparición”.

Para la soja, eso llevaría las cosas hasta por lo menos 2028. En realidad, la propuesta establece una baja del 0,25% mensual lo que al cierre del año acumula la caída antes señalada.

Escuchá la entrevista a Pablo Torello:

En el caso de los derechos a la exportación de los demás productos, como los de las economías regionales y las carnes y lácteos, bajarían de un saque a cero.

“Lo que hay que hacer es subsidiar en todo caso en forma directa a la demanda, pero no perjudicar al productor, cuyo producto tiene una incidencia muy baja en el precio final de los alimentos. Eso desalienta el crecimiento a la producción”, agregó el legislador.

El punto es cómo hacer eso sin que se dañe la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que el año pasado el sector productivo aportó por esta vía nada menos que el 8,8% del total de los ingresos impositivos.

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Torello explicó: “Insistimos en que no hay magia, lo que sale por un lado falta en el otro, en un juego de suma cero. La clave es que hay que producir 180/190 millones de toneladas en lugar de 110/120 millones. Ese incremento en las cosechas más que compensa por movimiento económico e impuestos varios la baja de derechos de exportación, amén de que el Estado tiene que empezar a recortar enormes cantidades de gastos políticos”.

“Nomás con que se deje de subsidiar a Aerolíneas Argentina se pagan los derechos de exportación con eso solo”, ejemplificó.

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“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”, explicó luego la SRA en un comunicado.

La explicación, más pulida, es que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que desde 2019 delegaba en el Presidente de la Nación la potestad de reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, “convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, según evalúan en la SRA.

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Por eso, desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, Pino exhortó al presidente a dejar de cobrar un impuesto que ya no tendría sustento.

“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el dirigente.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino, que también dejó abierta la puerta a una serie de planteos judiciales por este tema.

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Según el relevamiento, el año pasado el Congreso sesionó menos de la mitad de veces que el año 2020, lo que se replicó en cada Cámara en particular: Diputados realizó 5 sesiones contra 12 del 2020, y el Senado tuvo 11 contra las 21 que registró en el periodo anterior. En cuanto a las leyes sancionadas, en el 2021 se aprobaron 118 proyecto de ley contra los 175 del 2020, una merma del 33%.

Una de las explicaciones para estas caídas tiene que ver con la realización de las elecciones legislativas, suceso que siempre atenta contra la continuidad en las actividades del Congreso. En cuanto a la pandemia, a diferencia del 2020, en el 2021 se realizaron protocolos de control sanitario que no impidieron el normal funcionamiento como ocurrió en el periodo anterior.

Mirá el informe completo acá:

En materia de nuevos proyectos, el total de iniciativas presentadas fue de 2403, de las cuales sólo 237 estuvieron vinculado al sector, un 10% del total.

¿Qué temas estuvieron presentes en la agenda? La mayoría de los proyectos que rozan el agro tuvieron al Ambiente como temática principal: la ley de educación ambiental, el reciclado de neumáticos, la evaluación de impacto ambiental y otros los principios ambientales. Otros se abocaron a la cuestión impositiva, como aquellos para modificar bienes personales y el pago de ganancias para empresas.

También se discutieron las históricas leyes Ovina y de Biocombustibles, y se presentó una iniciativa para crear una comisión bicameral por la Hidrovía, tema que todavía sigue en discusión.

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Con respecto a las autorías de los proyectos presentados, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están parejos con un 44% y 39%, respectivamente. Al interior del interbloque de Juntos por el Cambio, 53% de las iniciativas corresponden a la UCR; 42% al PRO y 5% a la Coalición Cívica. Luego le siguen otros partidos de terceras vías, con el 8% y casi un 7% de los bloques federales o partidos provinciales. El Poder Ejecutivo tiene casi un 2% de las iniciativas impulsadas que aún no lograron ningún grado de tratamiento

En cuanto los proyectos que tuvieron algún grado de sanción, el 95% fueron impulsados por el oficialismo –entre el Ejecutivo nacional y los diputados y senadores del Frente de Todos- y el 5% por la oposición. Catorce fueron leyes -9 de ellos todavía esperan sanción definitiva- y 8 dictámenes de comisión que ya perdieron vigencia.

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Los artículos 4, 9 y 17 de la Constitución Nacional son muy claros al respecto al determinar que el Poder Legislativo es el único autorizado para fijar derechos de exportación e importación.

Sin embargo, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero –violando lo determinado en el Constitución Nacional– disponen que el Poder Ejecutivo puede gravar y desgravar derechos de exportación.

En ese marco, los veintidós diputados presentaron un proyecto para derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, además de todas las normas complementarias, decretos y resoluciones en la materia, de manera tal que, al hacerlo, desaparecería el actual esquema de derechos de exportación y el impuesto solamente podría ser aplicado y modificado por una normativa específica del Congreso.

Vale recordar que la iniciativa, por el momento, está firmada por apenas veintidós diputados, mientras que el PRO cuenta con 50 legisladores en la Cámara baja, la UCR 33, Evolución Radical 12, la Coalición Cívica 11 y los liberales 4.

Al considerar todos los partidos de la oposición –sin contemplar a los cuatro diputados de la izquierda– la suma de legisladores llega a 135, mientras que el bloque oficialista Frente de Todos cuenta con 118 diputados.

Si bien en la última semana se publicaron en medios y redes sociales desinformaciones sobre el futuro de los derechos de exportación al “caerse” el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional –que habilitaba la posibilidad de incrementar las retenciones agrícolas con topes del 15% para todos los productos, menos los oleaginosos, que tienen un techo (vigente) del 33%–, lo cierto es que los artículos 755 y 756 del Código Aduanero autorizan al Poder Ejecutivo a seguir percibiendo derechos de exportación, a menos, claro, que prospere la iniciativa promovida por los veintidós diputados.

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Esto es lo que opina Carlos Garetto, productor cooperativista de Leones, Córdoba, y ex presidente de Coninagro durante el conflicto de 2008, quien indicó a Bichos de Campo que el gremialismo agropecuario debe “tomar nota y plantear una nueva estrategia”.

-¿Qué considera que se debe modificar al interior de la representación del sector agropecuario?– le consultamos a Garetto.

-Me parece que ahora que ha mermado un poco la pandemia hay que volver a las fuentes, de manera tal de tener un vínculo más estrecho con los productores. Eso les de la legitimidad y fortaleza. Es importante encontrar en las bases un mayor respaldo en los reclamos que está llevando adelante el gremialismo, en función de hoy la contraparte se ha visto debilitada. Se le ha presentado al gremialismo hoy una oportunidad que hay que aprovecharla para avanzar en aquellas propuestas y proyectos que hasta el día de hoy no han podido encontrar una respuesta favorable.

-¿Considera que hubo un alejamiento de las gremiales al campo?

-Es que la pandemia no permitió ese contacto con los productores. Se había perdido esa legitimidad. Una cosa es manejarse por WhatsApp y otra es estar en una asamblea multitudinaria donde encuentran al conjunto de productores que aprueban o desaprueban cual o tal decisión.

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-¿Qué temáticas se han quedado sin tratamiento?

-Hay temas en agenda que no están resueltos o que han sido resueltos en una forma que el sector no está coincidiendo. Lo que ha pasado con la carne, lo que ha pasado con esta nueva forma de comercializar el trigo y el maíz, la falta de una política impositiva que deje de castigar a la producción. Hoy no hay ajuste por inflación en las existencias que se fijan en el impuesto a las Ganancias, tenemos un diferencial de cambio entre el precio que recibe el productor por sus producciones y lo que tiene que pagar por su insumo. Todo eso le está generando una situación complicada que hay que corregir. Es el momento de sentarse en una mesa de diálogo, en una posición un poco más firme.

-¿Por qué considera que la situación actual permitiría poner en agenda estos reclamos?

-El ámbito de debate natural de las políticas públicas es el Congreso, y hoy el Congreso tiene un equilibrio mucho más racional que permitiría avanzar. Ya no hay más mano de yeso de los legisladores del oficialismo. Hay que sentarse a negociar y en esa negociación hay que instalar la agenda del sector agropecuario lo más rápido posible.

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-¿Cómo se puede evitar que se sigan tomando decisiones impulsivas por parte del gobierno?

-Hay que sentarse a hablar para debatir y llevar las propuestas. Si hay un equilibrio entre los legisladores de las distintas fuerzas políticas es más fácil instalar los temas, en la medida en que también haya consensos dentro de la oposición. Mínimamente cuenta con la mayoría numérica que le permitirá instalar algunos temas que antes no se podían nombrar.

-¿Cómo ve al sector de los productores? ¿Cree que se sienten representados por la Mesa de Enlace?

-Los productores siempre van a respetar a la Mesa de Enlace. Me parece que mas allá de que pueda haber algunos altibajos, han sido siempre respetuosos de acompañar sus decisiones. La participación del productor es importante en todo esto. Hoy la cuestión gremial ya no pasa por los paros o por los cortes de ruta, son situaciones que ya la sociedad no tolera. Hay que generar otro tipo de mecanismo y me parece que se están dando esas oportunidades para instalar y avanzar en una agenda que todavía está pendiente para el sector agropecuario.

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“Los sectores productivos hoy en la Argentina afrontan tasas de tributación impositiva de niveles confiscatorios, la más alta de América Latina según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se suma la reciente modificación del criterio de aplicabilidad del ajuste por inflación en los balances de las empresas, en la Ley de Impuesto a las Ganancias, que básicamente anula la aplicación plena del ajuste y vuelve al esquema de aplicación por tercios”, indicó la entidad.

En efecto, la modificación al artículo 149 de la ley de Ganancias implica el diferimiento en la aplicación del ajuste por inflación impositivo: el impacto en la suba de precios, en vez de computarse en su totalidad en el ejercicio, se diferirá proporcionalmente en tres años.

¿Qué significa esto? Qué si una empresa perdió 150 millones de pesos, en lugar de descontarlos del Impuesto a las Ganancias de forma total, podrá descontar 50 millones en un ejercicio, al segundo año otros 50 millones y al tercero los últimos 50. Así, el Estado se asegura una recaudación sin aumentar el impuesto “en los papeles”.

“Esta modificación actuará sobre las cadenas de la misma forma que lo haría una suba del porcentaje tributado. Esto complicará la ya frágil situación productiva, en un contexto de rentabilidades en los puntos de quiebre para muchos sectores, y a eso tenemos que sumarle una mayor tasa extractiva de impuestos. Es decir menor producción, menor capacidad de reinversión y nulo crecimiento en forma inmediata”, afirmaron desde CRA.

“En un país donde las urgencias se vuelven regla y no excepción, ninguna empresa, ningún emprendedor y ningún productor puede invertir y crecer con semejantes niveles de tributaciones. Las empresas crecen inversamente proporcionales a los retiros que se haga de las mismas. Esta es una ley de producción que nuestros legisladores parecen simplemente desconocer”, concluyeron.

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A diez días de retirarse, al menos por este período, Contigiani presentó tres proyectos de interés para el campo: uno de fomento a la producción agroecológica rural y urbana, otro de emergencia por la situación actual que afronta el sector lechero, y un tercero que pretense instaurar una nueva ley de semillas y creaciones fitogénicas.

La primera iniciativa tiene por objetivo promover el desarrollo de sistemas de producción agroecológica, mediante la regulación de procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos saludables, a los que se entiende como aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Además se busca estimular la adopción de buenas prácticas de producción agroecológica.

Para eso se propone la creación de un registró de productores agroecológicos enmarcado en el Renspa. Los productos provenientes de este sistema serán certificados a través del Sistema Nacional Único de Certificación Participativa, que estará coordinado por el INTA, por el cual se creará la marca “producto agroecológico”. Por otro lado, se creará  el Consejo Nacional de la Producción Agroecologica, cuyo objetivo será el asesoramiento y la proposición de acciones coordinadas en post de este modelo productivo.

“Impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el abastecimiento local, basado en la producción de la agricultura familiar agroecológica, no sólo refuerza el acceso equitativo a los alimentos, sino que también la soberanía alimentaria”, señaló Contigiani en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregó: “Este nuevo enfoque en la producción de alimentos y conservación de los recursos naturales disponibles, sencillamente apunta a un futuro que asegure más resiliencia a las localidades y territorios, además de mitigar efectos en lo que respeta al cambio climático”.

En cuanto a la segunda propuesta, el diputado instó al Congreso a declarar la emergencia económica y financiera para el sector lechero por un año, y a facultar al Ejecutivo a convocar a todos los eslabones de la cadena láctea para intervenir sobre los márgenes de rentabilidad de cada eslabón.

En el mismo sentido propuso crear un Fondo de Emergencia Lácteo y una línea de créditos extraordinaria, con tasas de interés acordes a la situación del productor y de las Pymes industriales.

“La misma deberá contar con recursos que permitan resolver la grave situación financiera que atraviesan los actores más endeudados del sistema productivo lácteo”, se indicó en el texto del proyecto.

“La lechería argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Se trata de una crisis que refleja ausencia de políticas públicas y privadas tendientes a ordenar una cadena de valor como la láctea, actividad con alto impacto social y laboral. Desde siempre hemos planteado que la lechería no puede funcionar bajo las puras reglas del mercado. Que sin marcos regulatorios adecuados el sector no puede crecer ni tener un horizonte de planificación. Los problemas de la actual coyuntura láctea expresan una oportunidad para debatir un plan estratégico de cara al mediano y largo plazo”, sostuvo el santafecino en el documento.

Finalmente y antes de apagar la luz, el ex funcionario provincial presentó una última iniciativa con la que busca actualizar la vieja ley 20.247 de 1973, mejor conocida como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La misma se desprende del trabajo de la comisión interna de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), de la que Contigiani participó activamente.

“Una ley se hace para que se mantenga por un tiempo, no puede ser dictada por el Congreso solo para la coyuntura. Es por todo esto, que el trabajo que estamos presentando, toma lo mejor de la legislación vigente, pero la supera en cuanto a que se ha intentado actualizar su contenido a la realidad agronómica de estos tiempos, incorporando asimismo conceptos que responden a las exigencias y problemáticas de la actividad semillera”, afirmó el legislador.

A continuación indicó que las directrices del proyecto son la democratización del funcionamiento del sector semillero nacional, para que todos los eslabones de la cadena participen en ámbitos de decisión; la ampliación del articulado referido al “Registro Nacional de Propiedad de Cultivares”, con la finalidad de reforzar el sistema del Derecho del Obtentor Vegetal; y la modificación de las regalías que se cobran por cada bolsa puesta en el mercado, para que la misma sea única e integral y no aumente los costos al productor, entre otras.

Las tres iniciativas cuentan con distingos giros de Comisión, aunque las tres incluyen a la de Agricultura y Ganadería, por lo que de llegar a ser tratadas por Diputados, será sin la presencia de Contigiani en la Cámara.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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“Naturalmente, las razones de la emergencia en aquellas provincias (en referencia a las del noroeste del país) difieren de las de la cuenca del Paraná. La escasez de precipitaciones, de nieve y de formación de hielos en las zonas andinas ha producido en los últimos años una drástica reducción de caudales en ríos de todas las provincias desde Chubut hacia el norte del país”, indicaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregaron: “Algunos de los ríos más emblemáticos y que nacen en la Cordillera se encuentran o encontraron recientemente con mínimos históricos. Tal es el caso del Río San Juan, pilar del bienestar social y productivo de la provincia. A su vez,  se cuenta con diques y embalses que aseguran provisiones, pero solo por el momento”.

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En este sentido, la iniciativa busca impulsar la adopción de medidas que aseguren la sustentabilidad social, económica y productiva en las provincias afectadas.

Para eso, se propone facultar al Poder Ejecutivo para delimitar las áreas sujetas a la declaración de la emergencia hídrica; a adoptar medidas que preserven la continuidad de la actividad productiva; a arbitrar respuestas a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), a realizar tareas de coordinación entre provincias y a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.

Además, se establece que el Ejecutivo podrá, junto con las jurisdicciones implicadas, “determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos y la extracción de pozos acuíferos públicos y/o privados, en la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de actividades productivas”.

“El uso de pozos privados se realizará por razones de solidaridad, siempre que su titular hubiere satisfecho sus necesidades y contra el pago de los gastos de explotación que correspondan”, afirmaron los legisladores.

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Por otro lado, se indica que el Banco Central podrá adoptar medidas en función de que continúen desarrollándose las distintas actividades productivas, y que la AFIP “deberá instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, y de la seguridad social de sujetos comprendidos en áreas afectadas por la emergencia hídrica, que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la ley”.

Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta tres por ciento (3%) mensual durante las seis (6) primeras cuotas.

Finalmente, se prevé la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social, de quienes se vean afectados por esta emergencia.

“Tanto lo que ocurre en la cuenca del Paraná como en la Cordillera de los Andes obedece al cambio climático y a mayor necesidad de consumo de agua. Si bien cada emergencia hídrica tiene sus particularidades, ambas están vigentes en este momento y constituyen por sus implicancias una emergencia hídrica nacional que debe ser abordada por este Congreso y por el Poder Ejecutivo de la Nación”, concluyeron.

El proyecto cuenta con la firma de José Luis Gioja (FDT- San Juan), Lía Verónica Caliva (FDT- Salta), Rosana Andrea Bertone (FDT- Tierra del Fuego), Susana Landriscini (FDT- Río Negro), Hilda Clelia Aguirre (FDT- La Rioja), Blanca Inés Osuna (FDT- Entre Ríos), Mabel Luisa Caparrós (FDT- Tierra del Fuego), Danilo Adrián Flores (FDT- La Rioja) y Esteban Mateo Bogdanich (FDT- Santa Fe).

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“Lo que ya se sabe es que será un Congreso donde va a primar el consenso. Para cada tema, no sólo aquellas de la agroindustria, van a tener que negociar agenda y acuerdos. Por otro lado, va a ser un Congreso con buen nivel intelectual y político. Tanto el oficialismo como la oposición y el resto de los partidos, tienen nombres de trayectoria política bastante interesante”, dijo a Bichos de Campo Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando.

Según un mapeo realizado por esa institución, son 25 los legisladores que -entre los que ingresaron y los que quedan- tienen alguna vinculación al sector, ya sea porque son productores, agrónomos o por algún negocio familiar. Pero no sólo será importante su conocimiento del campo sino el equipo de técnicos especializados que logren conformar.

“En las comisiones buscamos un balance de poder pero también conocimiento técnico. Creemos que es importante identificar a los especialistas en cada materia para hacer una buena legislación. Eso puede contribuir a destrabar el potencial que tenemos como sector para generar oportunidades, para desarrollar el federalismo y en definitiva para contribuir al bien común del país”, aseguró Chiappe.

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Esto será crucial si se tienen en cuenta los temas que hasta el momento permanecen pendientes de tratamiento en la agenda legislativa. Según un análisis de la Fundación Barbechando los mismos son:

• Régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental: establece que será obligatoria la evaluación de impacto ambiental, previo y aplicable a todos los proyectos de obras y actividades, públicas y privadas, que puedan degradar el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población.
• Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar: propone la creación de un Fondo Fiduciario para facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. Tendrá una duración de 50 años y estará coordinado por un comité ejecutivo integrado por los ministerios de Interior, Hábitat, Economía, Agricultura y Ganaría, además del ANSES, el INTA y la AABE.
• Suspensión de desalojos de agricultores familiares: propone modificar la Ley de Agricultura Familiar y suspender toda sentencia o acto procesal que tenga como objetivo desalojar a agricultores familiares que se encuentren en condiciones de usucapitar –o adquirir- las tierras rurales que poseen.
• Prórroga a la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena: busca prorrogar hasta el 2025 la ley 26.160 – de relevamiento territorial de comunidades indígenas-, que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras. El mismo recibirá una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma.
• Actualización del valor de los montos de las sanciones de la Ley de Residuos Peligrosos: propone actualizar los montos de las sanciones. Además de la posibilidad de un apercibimiento, se prevén multas de entre 900 Unidades Fijas hasta 900.000; suspensiones en la inscripción en el registro de entre 180 a 3 años, y hasta la cancelación de la inscripción en el registro
• Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial: crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados. Contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para reglar, controlar y emitir las autorizaciones.
• Presupuestos mínimos de Protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso: busca reducir los desechos de neumáticos fuera de uso; minimizar su cantidad y promover el compromiso de los consumidores con su gestión, a través de un sistema de trazabilidad que permita conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.

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“Tenemos optimismo de que por el nivel intelectual, la calidad de los legisladores y el balance de poder, se van a desarrollar en el Congreso buenos debates y es imperioso que así suceda. Venimos con una situación de país muy complicada, con una fragmentación social y una complejidad económica muy grande, y creo que es el momento de ponerse los pantalones largos y empezar a mirar por el bien común del país. Depende de nosotros, de las instituciones del sector y de los mismos productores el poner los temas que queremos que se den”, concluyó el director.

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